Este miércoles 26 la CGT convoca huelga en Correos, la primera jornada de un plan que busca sumar fuerzas contra el nuevo Convenio que la dirección de la empresa estatal pretende imponer este 2025. Más de 50000 trabajadorxs están llamadxs a secundar la protesta. La resistencia frente este nuevo ataque se enmarca en un proceso de ataque permanente que ha ido generando un enorme descontento entre la plantilla. Hacemos un breve recorrido de cómo los distintos Gobiernos, sean del color que sean, han ido sentando las bases para intentar liquidar a una de las empresas públicas con mayor tradición de lucha.
Lunes 24 de febrero
Correos ha venido sufriendo una evolución acorde con los cambios del capitalismo español, primeramente fue parte de la Administración del Estado, de forma que sus trabajadores tenían la condición funcionarios públicos, la incorporación del Estado Español a la Unión Europea impuso la servicios postales, de forma que a partir de 1998 se desgaja de la Administración y adopta una forma privada empresarial la de Sociedad Anónima Estatal, y con ello comienza a cambiar la condición de los trabajadores que prestan el servicio, de forma que se congela la incorporación de funcionarios y comienza la contratación de trabajadores en régimen laboral. Dicho cambio se hizo con la participación de la burocracia sindical de UGT y CCOO, principalmente ese último, que pasa de ser un sindicato que se oponía a las consecuencias de la liberalización del sector a un destacado impulsor de ese cambio. La apuesta por el personal laboral y no el funcionario para prestar los servicios postales tuvo como justificación en la necesidad de competitividad de la empresa pública para enfrentarse a las empresas privadas postales que concurren en el mercado; pero este proceso de liberalización del sector supuso también la flexibilización de las condiciones de los trabajadores, de forma que los Convenios Colectivo I y II supusieron una pérdida paulatina de derechos que habían sido conquistados a lo largo de los 80 y los 90; ahora bien se mantenía una expansión de la empresa y del número de trabajadores alimentado por el boom inmobiliario, de forma que las nuevas construcciones de vivienda obligan a esa expansión. Pero el estallido de la burbuja inmobiliaria tras crisis financiera del 2008, cambió radicalmente el contexto en el que se desarrollaba Correos, esa crisis dio lugar a las políticas de austeridad y recorte del gasto público. En el ámbito de Correos, eso se concretó en el III Convenio Colectivo de Correos y el Acuerdo de funcionarios de Correos, que fue firmado por CCOO, UGT, CSIF y el Sindicato Libre en abril del 2011, ya que en el mismo se incluyen los recortes laborales que estaban aplicado en todo el sector público.
Con la entrada del Gobierno de Rajoy, a los recortes del Gobierno de Zapatero como fue la reducción del 10% de los salarios de los funcionarios, se imponen, como en todas las Administraciones Públicas, la pérdida de la paga extra de Navidad de 2012, los complementos por Incapacidad y los días de Asuntos Particulares. Pero además, del 2012 al 2018 en Correos se vivió una congelación salarial y de las convocatorias de empleo, de forma que los puestos de trabajo que perdían por jubilación o por traslados de funcionarios a otras administraciones, no eran cubiertas; con menos plantilla se sacaba el mismo volumen de trabajo, por la sobreexplotación de los trabajadores. El ascenso de Pedro Sánchez a la presidencia no modificó este panorama, pues si bien comienzan a aprobar incrementos salariales anuales, siempre son inferiores a la subida del IPC, como consecuencia de la inexistencia de una Cláusula de revisión salarial a partir del IPC real, y las convocatorias de empleo que se aprueban no cubren la totalidad de los puestos de trabajo amortizados. Pero además, aprueban un Plan de Prestación del Servicio Postal Universal SPU que establece que la aportación vía presupuestos del Estado a la financiación por debajo del gasto necesario para financiarlo, con lo cual se ha impuesto a Correos un déficit de financiación que provoca pérdidas anuales en las cuentas de cada ejercicio; esta deuda generada por la infravaloración del coste del servicio público será la justificación futura de nuevos recortes, porque para solucionarlo no se planteará la financiación necesaria costear el servicio, sino que se sostendrá la reducción del gasto, y la empresa alegará que el principal gasto en la misma son los salarios de los trabajadores.
El IV Convenio Colectivo de Correos, la empresa ofrece dinero a cambio de flexibilidad y precariedad
Y es en este contexto de deuda empresarial engrosada por la cuantificación que el Gobierno hace del SPU cuando la dirección de Correos y la SEPI (el holding público que lo gestiona) plantean la necesidad de un “Plan Estratégico”, que bajo fraseología vacía lo que encubre es una “flexibilización” de las condiciones de trabajo personal de la empresa y un plan de salidas voluntarias de las empresa, para rejuvenecer la edad media de la plantilla. Este discurso es el mismo que se plantea en la mayor parte de las empresas del sector industrial público, pero el problema está en que el mismo es asumido por las burocrarias sindicales mayoritarias en Correos, CCOO y UGT, pues las mismas apoyan el acuerdo del Gobierno de aumentar la financiación de Correos condicionado a la adopción de un nuevo marco laboral que incorpore la “flexibilización” y las “salidas voluntarias”, o sea, los recortes en derechos laborales y la pérdida de puestos de trabajo. Y ello se concretó en el Acuerdo Marco de Correos, un plan para incorporar modificaciones en el III Convenio Colectivo en el sentido de la flexibilización, y posteriormente la firma del IV Convenio Colectivo que sustituya al anterior, concretándose entonces el aumento de la financiación pactada del SPU. Ese Acuerdo Marco fue firmado el 31 de diciembre de 2024 por CCOO, UGT y CSIF, y luego se adhirió al mismo el Sindicato Libre.
En cuanto al contenido de este Acuerdo Marco, hay que tener en cuenta que depende de su concreción tras una negociación posterior, pero el mismo si desarrolla unas líneas básicas que suponen un degradación de las condiciones laborales de los trabajadores actuales, ya que imponen salarios variables ligados a objetivos de producción, movilidades geográficas y funcionales que permitan a la empresa cambiar las tareas o los centros de trabajo donde adscritos los trabajadores, así como la distribución irregular del 10 % de la jornada laboral anual a disposición empresa. También plantea una reestructuración de varios centros logísticos que se comporten por el personal del grupo de empresas de Correos, de forma que los mismos serán desmantelados o reducidos y su personal reubicado en otros centros o en otras funciones. Y finalmente, el Plan de salidas voluntarias, a pesar de que teóricamente tiene mejoras para acceder a la jubilación anticipada, la verdad es que cuantitativamente son escasas y mucho más bajas que las que se han ofertado en otras empresas públicas que han sufrido reestructuraciones similares.
Es necesario organizar una respuesta al plan de ajuste de Correos
Desgraciadamente, como ya hemos dicho, la respuesta sindical al Acuerdo Marco se la limitado a la propuesta por el Sindicato CGT, ya que es el único que se ha negado a firmarlo y que ha llamado a movilizarse contra al mismo para conseguir su retirada. Pero el hecho de que la mayoría de la representación en Correos de los trabajadores lo ostenten los sindicatos que hayan firmado y que continúen negociando la concreción del Acuerdo Marco no quiere decir que exista aceptación por la plantilla todo ello.
Los firmantes no han publicitado el contenido del Acuerdo, pero ello ha despertado la desconfianza por parte de los trabajadores, que probablemente por experiencia saben que los recortes laborales siempre envueltos en buenas palabras. Es necesario organizar un respuesta ante el ataque, y por ello es buena la iniciativa de CGT de convocar las estatales para el 26 de febrero y el 14 de marzo y las convocadas a nivel autonómico.
Pero para derrotar al plan de la empresa habría que ampliar la base lo máximo posible en estas huelgas, habría que implicar a todos los trabajadores, incluyendo a los afiliados de las organizaciones sindicales firmantes, pues su afiliación no determina su apoyo al Acuerdo sino que posiblemente sea lo contrario. La negociación sigue en curso, por lo que la respuesta se va a extender en el tiempo, lo que permitirá que se vaya forjando una respuesta que pueda bajar a todos los centros de trabajo y a las provincias y territorios en los que se extiende la empresa, de forma que ésta sienta la presión desde abajo, y de esta forma se pueda recuperar la capacidad de lucha de la plantilla que tuvo en otros tiempos. Pero hay algo también a favor de esta lucha, los trabajadores de Correos no están solos. En estos momentos se están dando luchas en defensa de las condiciones laborales y de la calidad de los Servicios Públicos, tanto en la Educación, en la Sanidad o en los servicios ayuda domiciliaria; los trabajadores postales pueden confluir en esas luchas, esto permitiría fortalecer los distintos conflictos ganando una mayor capacidad de presión al mismo tiempo que crean las condiciones de generar una visión favorable a estas luchas en el conjunto de la población.
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