La actualidad del sistema científico nacional es de franca crisis. Caída de salarios, paralización de proyectos, falta de fondos para el mantenimiento de los institutos y más de 2.100 científicxs expulsadxs del CONICET en abril del presente año constituyen algunas de las tantas pruebas irrefutables de ello. En este artículo vamos a analizar tres factores de larga data, que consideramos que inciden en esta situación. Concretamente: 1) la relación entre el sector científico y el sector empresarial; 2) la falta de democracia interna y la injerencia de instituciones e intereses privados en los organismos de gobernanza del sistema científico; y 3) la precariedad laboral de la gran mayoría de lxs trabajadores del sistema científico nacional. Veamos punto por punto.

Ciencia, gran capital e injerencia del sector privado

Como trabajadorxs de la ciencia, nos preocupa enormemente la reducción del ingreso y la permanencia de lxs investigadorxs de CONICET. En los últimos años se acometió un ataque feroz, motivo por el cual la lucha por la incorporación de todxs lxs que quedaron fuera del sistema es prioritaria. Pero entendemos que si esa lucha se disocia de una discusión seria acerca de las bases estructurales sobre las que está asentado el sistema científico argentino, corremos el riesgo de considerar que con un poco más de presupuesto estamos a las puertas de una “ciencia para todos y todas”. Esta perspectiva es, cuanto menos, ingenua, porque los ajustes macristas no hicieron más que profundizar un modelo científico nacional al servicio de los intereses privados, como reflejan los convenios con empresas farmacéuticas y del agromodelo, o la persistencia de la biotecnología como una línea de investigación con financiamiento prioritario. Al respecto, cabe destacar la continuidad ininterrumpida de Lino Barañao como Ministro de Ciencia desde la última gestión kirchnerista hasta la actual gestión macrista (ahora Secretario), que personifica esta continuidad en la política científica.

El Plan Argentina Innovadora (PAI) 2020 [1] (elaborado durante el mandato de Cristina), la Agenda 2016-2020 [2], los adelantos que hasta ahora se conocen del Plan Argentina Innovadora 2030 [3] y el reciente Plan Estratégico de Gestión Institucional (PEGI) [4], muestran la continuidad de una orientación en la cual la Ciencia y la Técnica tienen un destinatario privilegiado: el empresariado, particularmente el transnacional, a pesar de las declamaciones sobre la pequeña industria local. Los conceptos de “emprendedorismo”, “trasferencia de conocimientos e innovación”, “protección de la propiedad intelectual” y “creación de riqueza” son una constante en todos estos planes. El tan mencionado incremento anual del número de investigadores de CONICET, queda supeditado a este incremento de la injerencia del empresariado en la ciencia pública, tal como aclara el PAI 2020: “si las empresas incrementaran su dotación de recursos humanos vinculados a I+D en un 50 %, Argentina podría alcanzar en 2020 una tasa de 5 investigadores y becarios por cada 1.000 trabajadores” [5]. Empresas como Syngenta, Chevron, Enargas, Glaxo, entre otras, fueron las grandes beneficiarias de esta perspectiva estratégica de la ciencia al servicio del agronegocio, la megaminería, la renta petrolera y la industria farmacéutica, tal como puede apreciarse en los “Núcleos Socio Productivos Estratégicos” del PAI 2020 [6].

Por su parte, la agenda 2016-2020, que se define como la continuidad del PAI 2020, y su enlace con el nuevo PAI 2030 profundiza esta orientación, planteando la articulación con “mercados potenciales y estrategias de adquisición, desarrollo y fidelización”, la creación de una “Plataforma del Mercado de la Innovación Argentina”, especificando tipos de financiamiento provenientes del sector privado como la “reinversión de utilidades”. En esta misma línea se encuentran el PAI 2030 y los lineamientos del nuevo Plan Estratégico de Gestión Institucional, que con un lenguaje directamente empresarial expresan la intención deliberada de reforzar y continuar esta lógica abiertamente neoliberal. Esto se conjuga ahora con nuevas directivas marketineras que se expresan, por ejemplo, en la reciente inclusión de un video como requisito de una de las comisiones evaluadoras, en el cual el postulante que busca ingresar a la Carrera de Investigador Científico debe “venderse” a sí mismo y a su proyecto. Es importante destacar que tanto el nuevo plan como los anteriores, fueron firmados por todos los integrantes del directorio del CONICET y que ninguno de ellos realizó públicamente críticas sobre los mismos.

La persistencia de esta política científica conlleva reabrir el debate desde la pregunta ¿ciencia para quién?, y lo plantea como estratégicamente urgente y prioritario no solo para lxs trabajadorxs de la ciencia, sino para todos los sectores sociales que quedan relegados en este modelo pro-empresarial. Este debate, a su vez, nos conduce inevitablemente a la pregunta sobre ¿quiénes elaboraron esta orientación científica?

Entre la falta de democracia y la representación del sector empresarial

Desde su fundación como ente autárquico dependiente del Estado Nacional hace 61 años, el CONICET está conducido por un Directorio conformado por ocho miembros y un presidente designado por el Poder Ejecutivo Nacional. De los ocho miembros, solo cuatro son elegidos por los miembros de la Carrera del Investigador Científico, repartidos en las grandes áreas del conocimiento: Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Biológicas y de la Salud, Ciencias Exactas y Naturales, y Ciencias Agrarias e Ingeniería y de Materiales.

¿Quiénes quedan afuera de las decisiones cruciales de la política científica? Por un lado, lxs investigadores en formación con becas doctorales y posdoctorales, como así también lxs miembrxs de la Carrera del Personal de Apoyo (CPA) y administrativos. Entonces, en un sistema compuesto por 25.530 trabajadores: 10.619 Investigadores, 10.895 becarixs (entre doctorales y posdoctorales), 2.636 técnicxs y profesionales, 1.380 administrativxs y especialistas en gestión en ciencia y tecnología, solo los investigadores votan ternas para completar la mitad del Directorio; en otras palabras, un 60 % de lxs trabajadorxs no participa de las decisiones del organismo. Y más allá de este mecanismo de democracia degradada, la última palabra sobre la designación del Directorio la tiene el Poder Ejecutivo, que puede no designar al candidato más votado.

Entre los cuatro miembros restantes, se encuentran desde representantes de las universidades y los organismos de ciencia provinciales, hasta del sector industrial y las patronales del agro. En este último caso, organizaciones como la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, la Federación Agraria Argentina y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, proponen una terna al Poder Ejecutivo de la Nación. Mientras que el representante de la industria resulta de la propuesta de la Confederación General de la Industria, el Consejo Argentino de la Industria y la Unión Industrial Argentina.

¿Por qué se sienta la UIA que expresa el lobby, por ejemplo, de las grandes farmacéuticas y no se sientan los y las pacientes de hospitales públicos que expresan las necesidades del pueblo trabajador? ¿Por qué se sientan los representantes de las patronales agrarias que expresan los intereses del agronegocio y no se sientan representantes de las comunidades indígenas que son despojadas de sus territorios para enriquecer los negociados de aquellos? Porque, como expresa el PAI2020: “No se trata de la cantidad de personas involucradas, sino de la calidad de su compromiso en la concreción de metas de carácter estratégico para nuestro país” (PAI en Acción:3). Y la “calidad del compromiso” que se reivindica es la de los representantes patronales, en desmedro de los aportes e intereses de la mayoría de la comunidad científica y de la sociedad en su conjunto, esa enorme cantidad de personas “no involucradas” en las definiciones políticas del sector. De más está decir que, en este grupo de excluidos, se encuentran quienes reclaman contra un modelo productivo que amenaza su salud y sus vidas, y quienes se ven amenazados por los efectos nocivos de los agrotóxicos, el extractivismo del fracking y la megaminería, asi como también lxs afectadxs por “enfermedades de la pobreza” endémicas en amplias regiones del país.

A su vez, este régimen antidemocrático y “clasista” impacta directamente sobre la definición de los criterios de evaluación, selección y jerarquización de los temas de investigación. La fijación de temas estratégicos, como “Cultivos y semillas” (AGROINDUSTRIA), “Nuevas tecnologías de extracción de petróleo y gas” (ENERGÍA E INDUSTRIA), “Fitomedicina” (SALUD HUMANA Y ANIMAL [7]) está directamente relacionado con este sistema de gobierno y con las “voces que importan”.

La falta de democracia se vincula, además, con una discusión que surge frecuentemente en el marco del ajuste actual: la pregunta sobre la utilidad de la ciencia. Este interrogante recae mayormente sobre las ciencias sociales y la investigación básica, casualmente áreas que poco pueden aportar al gran capital o que guardan una perspectiva crítica del sistema. Así, la discusión válida sobre la utilidad de la ciencia es cercada desde una óptica mercantilista. La pregunta que cabe, entonces, es ¿quiénes definen los usos de la ciencia y qué intereses representan? Porque mientras la utilidad de la ciencia requiere un tratamiento necesario y urgente, la definición arbitraria e inconsulta de “temas estratégicos” resulta oportunista si miramos quiénes, cómo y para quiénes las definen. Y lo mismo aplica sobre la definición de los cupos para la incorporación de becarios e investigadores, la política hacia las universidades, la definición de los criterios de evaluación, la conformación de las comisiones de evaluación y toda la batería de decisiones que se toman en un círculo cerrado, donde son el Estado y los representantes de los grandes capitales quienes tienen la última palabra.

Precarización, competencia y exclusión

El ajuste actual afecta desde los salarios hasta el financiamiento de los proyectos en curso y el propio mantenimiento de los institutos. Pero es igualmente cierto, que este ajuste se asienta en un sistema de ingreso y permanencia al CONICET signado por la precariedad laboral, que ninguna gestión modificó ni cuestionó. La ausencia de derechos laborales básicos para lxs becarixs es generalizada y va desde la privación de aportes jubilatorios, aguinaldo y obra social para el grupo familiar, hasta la inexistencia de licencias por enfermedad, licencia por familiar enfermo, vacaciones pagas, y aún son relativos los avances en materia de licencias por maternidad. Estas condiciones precarias de trabajo se combinan con una pérdida del poder adquisitivo del salario de casi el 30 % en tres años, configurando los niveles salariales más bajos para el sector en la región. No obstante, la caída salarial no remite a la gestión macrista, sino que se retrotrae hacia el año 2010. Tal como se expresa en el reciente informe de CIFRA [8], el salario de lxs trabajadores de la ciencia, que había mostrado gran recuperación entre los años 2004 y 2009, experimentó una caída de 23 puntos entre 2010 a 2015, que se profundizó en los últimos 4 años de la gestión de Cambiemos.

En el marco de la crisis actual, la reducción en los ingresos a la Carrera del Investigador Científico, que se traduce en la expulsión compulsiva de miles de becarixs –este año fue del 83 %– es un elemento más de esta lógica mercantil que, como cualquier empresario podría explicar, constituye una combinación ideal de salarios a la baja y precariedad laboral con despidos encubiertos.

La meritocracia, el individualismo y la competencia son los valores neoliberales que se fomentan desde un sistema de cupos, que es excluyente desde sus orígenes. Mediante el mismo, la selección de los ingresantes no se asienta tanto en los contenidos que se producen, sino en la medida de su cuantificación y en las posibilidades de su “transferencia” (sobre todo hacia el sector privado).

A su vez, gran parte del personal de apoyo y de trabajadores administrativxs de los organismos están en similares o peores condiciones laborales que lxs becarixs, con contratos anuales –que amenazan con discontinuarse cada año– y salarios por debajo de la línea de pobreza, que para abril de este año rondaban entre 16.000 y 20.000 pesos [9].

La salida es por izquierda

El ajuste actual dejó en evidencia las contradicciones profundas de un sistema basado en los intereses del capital, que da la espalda a las necesidades sociales y funciona desde una lógica mercantil y neoliberal. Por ello, la resolución de la crisis actual del sistema científico nacional, tiene que ir más allá del necesario aumento presupuestario, y por eso mismo superar las expectativas del retorno al 2015. En otra oportunidad definimos que la crisis del CONICET era su orientación estratégica. Ahora agregamos que esa crisis es, también, debido al carácter antidemocrático y clasista de su régimen de gobierno, la profundización de las condiciones precarias de trabajo y de la mercantilización de la producción de conocimiento.

Si bien hasta ahora el peso del recorte ha caído mayoritariamente sobre las ciencias sociales y básicas y sobre los sectores más precarizados, aquellas áreas financiadas mediante convenios con multinacionales han seguido floreciendo. Bajo el ajuste que implicarán los pagos al FMI desde 2020, solo podemos esperar que esta tendencia continúe o se profundice si no se plantea seriamente la ruptura con esta entidad financiera, así como el desconocimiento de la ilegítima, ilegal y fraudulenta deuda externa. Lo que proponemos, más que un golpe de timón, es la necesidad de cambiar profundamente el rumbo de la política científica nacional y revertir las tendencias que la crisis actual dejó al desnudo.

Ante el divorcio de la práctica científica de los problemas que sufre la inmensa mayoría de la población, planteamos el fin de la intromisión del sector privado en el gobierno de los organismos de ciencia y técnica, y el desarrollo de una ciencia comprometida con las necesidades del pueblo trabajador y los sectores populares y oprimidos. Abogamos por una verdadera democratización de los organismos científicos, expulsando de su directorio a los representantes empresariales. El sistema científico y tecnológico debe ser puesto bajo gestión y control de sus trabajadores, que mediante una votación directa sean quienes elijan los órganos de dirección y administración.

A su vez, es ineludible el desarrollo de un proyecto serio de articulación entre CONICET y las Universidades Nacionales para que, lo que de facto sucede (que la gran mayoría de lxs investigadores del CONICET son docentes universitarixs) sea parte de una proyección por la cual la investigación enriquezca la enseñanza universitaria y viceversa. De este modo, lxs estudiantes estarían en condiciones de integrarse a participar en equipos de investigación del CONICET como parte de su formación, liquidando así la idea y la práctica de un organismo de elite, alejado de la vida universitaria.

También es necesario conquistar derechos laborales plenos para lxs investigadores en formación y un convenio colectivo de trabajo para todxs lxs trabajadores del organismo.

Por último, promovemos la libre investigación científica y técnica, sin las restricciones impuestas por intereses mercantiles, que no esté centrada en la transferencia de conocimiento al sector privado, la obtención de patentes y la competencia por escalar en un sistema elitista. En resumen, sin la deformación que impone el lucro privado sobre la investigación.

Agradecemos por su colaboración con la escritura de esta nota a Mariela Cambiasso, Gabriel Paissan, Brian De La Haye, Juan Ignacio Román, Valentina Castor y Daniel Gorber.