#LIBERENARODNEYYARUBEN. Impulsan campaña democrática: "alto a las detenciones arbitrarias"

Rodney Álvarez es un trabajador de Ferrominera del Orinoco que lleva preso 8 años sin sentencia y sin juicio, sin ninguna prueba en su contra, las únicas pruebas que hay incriminan a otra persona asociada a los círculos de poder gubernamental. Desde el punto de vista de la propia legalidad de este Estado, no hay justificación alguna para que esté preso, pero lo está. Según la ley, debiera estar libre, pero no lo está. Lo tienen en el centro del país, bien lejos de Guayana, aislado de su familia y ex compañeros de lucha. Ha padecido varios ataques en la cárcel. El fiscal acusador le ha dicho en su cara: “sabemos que eres inocente, pero la única manera que salgas de aquí es que te declares culpable, y así te conseguimos un beneficio procesal”.

Rubén González es el principal dirigente de Sintraferrominera, que ha encabezado las luchas laborales desde hace muchos años, por esa razón estuvo preso casi dos años entre 2010 y 2011, bajo el gobierno de Chávez. Fue encarcelado nuevamente a finales de 2018 cuando volvía a Guayana de una marcha unitaria por los derechos de los trabajadores en Caracas, esta vez la orden venía de un tribunal militar: a un dirigente obrero, un civil, lo someten a jurisdicción militar y le aplican una acusación del Código Orgánico de Justicia Militar, “ataque el centinela” (arts. 501 y 502) y “ultraje a la Fuerza Armada” (art. 505), porque se resistió a la represión militar que enviaron a la empresa para acabar con una huelga.

A estos casos emblemáticos se suman otros casos recientes. Están los de Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba, trabajadores de Pdvsa presos semanas antes de la cuarentena, por negarse a firmar documentos que consideraban parte de movimientos inadecuados, y por denunciar la corrupción en la empresa. Durante la situación de pandemia van ya varios casos del sector salud detenidos por mostrar la realidad y exigir condiciones bioseguridad: Rubén Duarte, médico del Táchira, Carlos Carmona, Julio Molina y Magalys Mendoza, trabajadores de la salud de Monagas.

Periodistas como Darvinson Rojas, defensores de DDHH como Henderson Maldonado, o un joven activista como Josué Ortega, de Ocumare del Tuy, secuestrado de su caso por las FAES, sin ninguna orden y sin dar explicación a la familia sobre los por qué ni a dónde se lo llevaban. Javier Vivas Santana, profesor de la Universidad de Oriente (UDO) y articulista de opinión en algunos medios, fue sacado de su casa hace semanas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y no se sabe su paradero.

Se suman a esta nefasta lista más trabajadores y trabajadoras de las empresas básicas de Guayana: Elio Mendonza, de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), detenido por la DGCIM y Tania Rodríguez de Ferrominera.

Te puede interesar: El Gobierno Nacional profundiza su autoritarismo contra los trabajadores de la salud

Como venimos señalando reiteradamente en este diario, la emergencia por la pandemia y la cuarentena han sido aprovechadas por el Gobierno para profundizar el control policial de la población, el autoritarismo estatal y las represalias contra quienes luchan o denuncian.

Desde La Izquierda Diario nos hacemos parte de esta imprescindible campaña y llamamos a las organizaciones sindicales, estudiantiles, de mujeres, de la izquierda, de derechos humanos y medios alternativos, a sumarse a la misma. Decimos con fuerza: #altoalasdetencionesarbitrarias y #liberenarodneyyaruben.