El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó un vergonzoso arraigo nacional y firma quincenal para los ex-generales Ricardo Yáñez, Diego Olate y Mario Rozas. Los tres más altos mandos de carabineros encargados de la represión contra la población durante el estallido, fueron formalizados por el delito de “apremios ilegítimos por omisión con resultado de lesiones graves y homicidio”. Se denuncia la complicidad de fiscalía en arreglar con la defensa de los ex generales estas medidas cautelares irrisorias en una causa que involucra directamente violaciones de Derechos Humanos.
Viernes 18 de octubre
Ayer terminó el proceso de formalización de los tres más altos mandos de carabineros que dirigían esa institución durante la rebelión popular iniciada exactamente hace 5 años. Fecha en la que bajo el gobierno de Sebastián Piñera, el ex general Yáñez ejercía como director de Orden y Seguridad, Rozas como general director, y Olate como subdirector de Carabineros, y que estaban al mando de carabineros cuando estos cometieron estos crímenes de Estado con masivas violaciones a los derechos humanos contra la población civil.
El juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago Cristián Sánchez, decretó luego de 6 jornadas de formalización, que partieron el 30 de septiembre y que terminaron recién ayer jueves 17, arraigo nacional y firma quincenal para los generales (r) de carabineros Ricardo Yáñez, Diego Olate y Mario Rozas tras la formalización por el delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio. Además, determinó un plazo de investigación de 120 días.
Unas medidas cautelares, como son el arraigo nacional y la firma quincenal, que resultan incoherentes para la gravedad de las acusaciones que involucran masivas violaciones a los derechos humanos. Consultada en CNN la única querellante en la causa que solicitó la prisión preventiva, la abogada Karinna Fernández, está señaló que la defensa de los ex generales acordó con la fiscalía el arraigo nacional y la firma quincenal, mientras que el otro querellante, el INDH solicitó la prisión preventiva domiciliaria.
El juez incluso, tomo la consideración de fiscalía que señaló la conducta cooperadora de los ex generales, y la inexistencia de hechos que hayan perjudicado la investigación “así no se observa entonces un peligro procesal relevante debidamente fundado que haga necesaria la medida cautelar en análisis”. Lo que es totalmente ridículo, ya que las defensas y los mismos ex generales han puesto todo tipo de trabas para el desarrollo de la investigación, como quedo comprobado con todas las maniobras dilatorias, el intento de remoción del fiscal Armendáriz en su momento, la desaparición de documentos, así como toda la operación del regimen político chileno por darle impunidad a los ex generales, tanto desde la derecha como del mismo gobierno de Boric.
“En consecuencia, el tribunal desestimará el régimen cautelar de prisión preventiva también y sólo otorgará respecto de los imputados, o más bien impondrá, el régimen reclamado por la Fiscalía, esto es, las medidas cautelares de arraigo nacional y de firma viernes por medio en la unidad del Ministerio Público correspondiente a los domicilios de cada uno de los imputados”, sostuvo.
Ahora comienza la investigación, que durará 120 días, pero desde donde ya se advierte la atmósfera de impunidad desde el poder judicial y de protección del regimen político sobre estos ex generales.
