Un comunicado de prensa de las Asambleas de Curru Leufú (Rio Negro) propone un pliego de reivindicaciones para que el humo de la tragedia no tape la responsabilidad política de funcionarios y gobiernos en el desfinanciamiento de los organismos de combate y prevención. Pero también sobre políticas para el futuro de la población y las tierras arrasadas por el fuego.
Domingo 14 de febrero de 2021 16:15
Con la brasa del bosque aún caliente, el espacio que nuclea a las asambleas ambientalistas de Río Negro, denuncia que “la inversión en prevención, control, y combate de incendios, No Está a la Altura de las Circunstancias”. El desfinanciamiento y la precarización tanto en el Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) dependiente del Ministerio de Ambiente de la Nación, como en el Sistema de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales (SPLIF) dependiente de la provincia de Rio Negro, son el trasfondo de la catástrofe que ha consumido 7800 hectáreas en 22 días según los últimos datos disponibles.
Poniendo el debate en el marco de los incendios que arrasaron gran parte del país este 2020, pero también de las amenazas que representa el cambio climático, las asambleas toman la exigencia de revertir la falta de medios aéreos, personal, equipos y políticas de prevención efectivas en base al no pago de la deuda externa. Una sangría constante para el país que en el último pago de intereses al FMI el pasado 25 de enero, significó el equivalente a 12 aviones hidrantes tipo Canadair.
Ante la negligencia estatal y el abandono a brigadistas y combatientes destacan la “inmensa campaña de solidaridad y acción de vecinos auto convocados por verse sobrepasada la infraestructura estatal en el intenso combate por extinguir el incendio.” Desde las bancas del PTS-FITU, Myriam Bregman y Nicolás Del Caño, acaban de realizar un aporte de $ 50 000 para los voluntarios auto convocados en la Plaza Pagano, desde donde se organiza la solidaridad con vecinos y combatientes.
La intención del gobierno de individualizar la responsabilidad por tamaña catástrofe ambiental en quienes apagaron mal el fuego de un asado, fue acompañada por el gobierno nacional en la figura de Sergio Federovisky, vice ministro de ambiente de la nación en una conferencia de prensa la semana pasada. Allí, junto al intendente local Bruno Pogliano, Federovisky volvió a hablar de “la responsabilidad individual y colectiva” en sintonía con la política del gobierno provincial de Arabela Carreras. Una cobertura punitivista para la negligencia y la política de recortes presupuestarios de los gobiernos nacional y provincial. “Un asado no se puede convertir en el gran asado nacional”.
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El comunicado finaliza con un pliego de reivindicaciones que plantea la necesidad de asistencia económica estatal para familias y productores que perdieron todo y un plan de reforestación que dé empleo a desocupados de la zona, financiado mediante impuestos a la gran propiedad terrateniente. Porque como reza el saber popular en la zona “donde hubo fuego, negocios quedan”, y muchos intereses inmobiliarios buscarán hacer negocios con la desesperación de los pobladores rurales. Por otro lado, en la provincia en la que Lewis se “robó” un lago, la legislatura provincial voto en 2019 eximirlo del pago de impuestos al sello e ingresos brutos por 20 años, pero no es el único terrateniente que paga nada por sus enormes propiedades ¿De cuántos recursos y medios podría disponer la provincia con ese dinero?
Este pliego de reivindicaciones fue una propuesta presentada por el PTS-FITU a la asamblea de activistas de la plaza Pagano de El Bolsón el pasado 7 de febrero, y que las Asambleas de Curru Leufú han tomado en sus manos para impulsarlo. Un aporte para poner en discusión una salida de fondo ante esta catástrofe ecológica que, de no revertirse políticamente, amenaza repetirse.
