GOBIERNO DE MENEM. Indultos y escraches

Como planteamos en la primer nota de esta serie “Juicios, indultos, anulación de las leyes de impunidad”, desde 1983 la política de la UCR y el PJ fue establecer una serie de normas jurídicas y crear condiciones para salvar y recomponer a las Fuerzas Armadas. La CONADEP, el juicio a las juntas, la instrucción a los fiscales, la ley de Punto Final, el acta de Semana Santa después del primer levantamiento carapintada (1987), la ley de obediencia debida y los indultos de Menem, fueron parte de este propósito. Pero no lograron reconciliar a las Fuerzas Armadas con la sociedad. Desde mediados de los 90, con el pedido de “perdón” del General Martín Balza, se trató de imprimir un giro hacia este objetivo.

Indultos, derrota carapintada

El 8 de julio de 1989 asumió Carlos Menem la presidencia. El conflicto con los militares persistía y para intentar subordinarlas políticamente negoció con las cúpulas, a cambio de lealtad sanciona las leyes de impunidad. Entre el 7 de octubre de 1989 y el 29 de diciembre de 1990 firmó los decretos de indultos a los condenados y detenidos por terrorismo de estado, que no habían sido beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, satisfaciendo en los hechos la principal demanda política que dio origen al levantamiento carapintada de Semana Santa de 1987. Además, indultó a los partícipes de las rebeliones militares durante el gobierno de Alfonsín; a militantes de Montoneros y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), procesados en el gobierno de Alfonsín bajo la nefasta teoría de los dos demonios; y a los ex-miembros de la Junta de Comandantes, condenados por los delitos cometidos en la Guerra de Malvinas.

Pero antes que fueran firmados estos decretos, en las calles de todo el país se expresó el repudio. El 9 de septiembre de 1989 se realizó en Capital Federal una inmensa movilización de los organismos de derechos humanos, sectores populares y la izquierda. Menem pidió perdón a las Fuerzas Armadas y sostuvo: “Ha llegado el momento de pacificar los espíritus y de proceder con valentía para que se instale la reconciliación en la Argentina” (Clarín, 24/08/89).

Seineldín fue asesor de Menem en el inicio de su gobierno y si bien los carapintadas fueron indultados, en noviembre de 1989 el Gobierno decidió quebrar las aspiraciones “nacionalistas” que mantenían. Pasó a retiro a los coroneles Mohamed Alí Seineldín y Aldo Rico junto con 19 oficiales del Ejército que se habían sublevado durante el gobierno de Alfonsín, y destituye de los mandos a quienes simpatizaban con ellos.

Mientras que Rico fundaba el partido político MODIN, Seineldín dejaba el diálogo con el gobierno. El 3 de diciembre de 1990 lideró un nuevo levantamiento contra Menem y la cúpula militar, y ante la inminente llegada del presidente de los Estados Unidos, George Bush, denunció a Menem de proimperialista por apoyar las misiones de la ONU.
El levantamiento militar fue rápidamente reprimido, con un saldo de 14 muertes entre civiles y militares y decenas de heridas como consecuencia de los enfrentamientos. A diferencia de lo que había ocurrido en los levantamientos de Semana Santa de 1987, en esta ocasión las fuerzas leales al gobierno cumplieron las órdenes de reprimir a los carapintadas, recomponiendo la cadena de mandos. Seineldín fue sometido a juicio por el alzamiento y estuvo preso hasta que fue indultado por el presidente Eduardo Duhalde en 2003.

Si bien Seineldín se presentó como un militar nacionalista, fue el mismo que después de haber combatido en Tucumán contra el ERP en el “Operativo Independencia” en épocas de Isabel Perón, López Rega y la Triple A, y posteriormente a la guerra de Malvinas, se dedicó a instruir a grupos contrarrevolucionarios en Centroamérica, esta vez bajo el mando de la CIA, y luego a la Guardia Nacional Panameña en tiempos de Noriega.

Asimismo, otro avance del gobierno menemista sobre los militares fue la reconversión de las FF.AA: redujo el presupuesto castrense, liquidó la casi totalidad de la industria militar que provocó el deterioro del poder logístico de estos; usó el odio social que provocó la muerte de un conscripto para anular el servicio militar obligatorio, y avanzó en formar fuerzas armadas profesionales, garantizando el monopolio de las armas y del conocimiento de cómo utilizarlas en manos de la casta de oficiales genocidas. Una política a la medida del imperialismo, que junto al envió de tropas a conflictos bélicos como la Guerra del Golfo y la colaboración en misiones “humanitarias” (política que lleva dos décadas), subordina a las fuerzas castrenses a los dictámenes de las demandas de las Naciones Unidas.

En ese marco, potenciado por las constantes muestras de aprobación de los Estados Unidos, nombraran a la Argentina aliada “extra OTAN”. Según Menem, mediante estas misiones “humanitarias”, el país expresaba su compromiso por lograr la “armonía internacional” (06/07/93). Cuando el objetivo era mostrar, después del aventurismo militar en Malvinas, que éstas FF.AA. podían volver a ser confiables para el imperialismo.

Además, sancionaron la ley 24.059 (1991) de Seguridad Interior, en la que se prohíbe que las FF.AA. actúen en dispositivos de seguridad interior y los retiró de la dirección del Ministerio de Defensa.

En el año 2013 Menen fue absuelto por la voladura de Fabricaciones Militares en 1995, con lo que pretendió encubrir el tráfico de armas a Ecuador y Croacia.

El pedido de “perdón” de Balza

Después que el genocida Adolfo Scilingo confesará los atroces crímenes cometidos por la dictadura que bendijo la Iglesia Católica, se abrió un amplio debate social que promovió a que el 25 de abril de 1995 el entonces jefe del Ejército, general Martín Balza, hiciera pública una “autocrítica” en la que reconoció el terrorismo de Estado e instó a sus miembros a aportar datos que pudieran contribuir a esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos. En este discurso estuvieron ausentes los culpables, y con el objetivo de reconciliar a la sociedad con las FF.AA, Balza dirá que "no hay un solo culpable", sino que "somos casi todos culpables por acción u omisión". Pero este intento de reconciliación fracasó. El 24 de marzo de 1996 una multitud en Plaza de Mayo continuó exigiendo juicio y castigo a los culpables sosteniendo que “no perdonamos, no nos reconciliamos”.

Juicios por la Verdad, escraches

Los Juicios por la Verdad comenzaron a mediados de 1998, cuando todavía estaba vigente el reclamo de la derogación de las leyes de impunidad por parte de los organismos de derechos humanos. El Estado Argentino tuvo que aceptar la disposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que sostuvo que la legislación local no podía prevalecer sobre las obligaciones internacionales.

La Corte Suprema falló a favor de que las Cámaras Federales llevaran adelante los Juicios por la Verdad. Aunque sin consecuencias punitivas, fue a partir de estos juicios que se pudo conocer parte de los crímenes cometido por los dictadores.

Algunos de estos testimonios permitieron, después de la anulación de las leyes de impunidad, que se procesara a genocidas como el capellán Christian Von Wernich y al ex jefe de la Bonaerense Miguel Etchecolatz, condenados por crímenes de lesa humanidad.

En los Juicios por la Verdad declararon civiles, como los gerentes de la fábrica Ford, por la desaparición de obreros y dirigentes sindicales.

Menem intentó, a través de reparaciones económicas a familiares y víctimas del genocidio, acallar el reclamo de justicia. Los organismos de derechos humanos se dividieron entre los que estaban a favor y los que se opusieron denunciando que era un intento de cooptación del gobierno. A pesar de estas diferencias profundas no bajaron las banderas de juicio y castigo.

Pero a los militares les esperaba el escarnio público. En 1998 la organización H.I.J.O.S, que reúne a los hijos de desaparecidos, comenzó a realizar escraches a los genocidas. El objetivo era señalar quiénes eran y dónde vivían. Una política para mantener la memoria viva y repudiar la decisión del gobierno de sostener las leyes de impunidad. Estos escraches llevaban al enfrentamiento contra la policía que acudía al resguardo de los represores. Centenares de jóvenes se sumaron al reclamo de H.I.J.O.S por el juicio y castigo a los genocidas. Este movimiento democrático juvenil fue más allá. En los “levantamientos del hambre” se movilizaron contra las represiones que en algunos casos, como en el Cutralcazo, se cobraba la vida de una trabajadora, Teresa Rodríguez.

En definitiva, el gran logro burgués del gobierno de Menem fue subordinar a las fuerzas armadas y liquidar los restos del partido militar. Dividió a las dos alas que hasta semana Santa actuaron como una corporación: a los “nacionalistas” y los pro imperialistas. Derrotó militarmente a la primera y fortaleció a la segunda para recomponerlas y hacerlas confiables después de la aventura en Malvinas poniéndolas al servicio de las Naciones Unidas.

Desfinanció a las fuerzas castrenses y privatizó la mayoría de las industrias militares. Impedidos de usar a los militares en la represión interior, dictaron las leyes de la “democracia”, que implícitamente reconocía esa debilidad del Estado.

Debido a esto fortaleció en número y equipamiento a la Gendarmería, Prefectura, policías provinciales y los cuerpos antimotines de élite, que bajo el menemismo se convirtieron en las fuerzas de choque del Estado burgués. El pedido de perdón del General Balza, en nombre del “nuevo ejército democrático”, no logró reconciliar a la sociedad con las FF.AA. genocidas. Juicio y castigo continuó siendo una consigna que movilizaba.