Grave. Irregularidades en la autopsia de Facundo Molares, encubrimiento a la Policía porteña

Cualquiera que, con algo de honestidad, vea los diversos videos que muestran el momento de la represión en el Obelisco del último jueves, cuanto menos debería coincidir en que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta decidió, antes que reconocer cualquier verdad, encubrir como sea a los efectivos sospechados de haber provocado la muerte de Facundo Molares.

Habrá que ver si la administración porteña cuenta con la complicidad absoluta o relativa de la fiscal Marcela Sánchez, a cargo de la investigación penal que se tramita en el Juzgado Criminal y Correccional 2 de la Ciudad de Buenos Aires que conduce el juez Manuel Gorostiaga.

Por lo pronto, la titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción 30 apartó de las pesquisas a la Policía de la Ciudad y ahora las tareas investigativas se las encomienda a la División Judiciales de la Policía Federal (como si eso fuera garantía de algo). Además, pidió al Gobierno porteño que individualice a quienes intervinieron en la represión y releve las cámaras de seguridad de la zona.

El Obelisco está plagado de esa tecnología de vigilancia. Pero, curiosamente, aún ninguna empresa periodística aliada o financiada por el oficialismo capitalino difundió ninguna de esas imágenes. ¿Por qué se privan de las “primicias” mostrando a “violentos” atacando a policías? Tal vez porque esas grabaciones en verdad muestran otra cosa, menos funcional al discurso amarillo.

A priori, cuando apenas pasaron dos días de la muerte de Facundo Molares, lo que sí se puede decir es que tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo ya anticiparon su voluntad encubridora de quienes provocaron la muerte de Molares, el militante del Movimiento Rebelión Popular que el jueves participaba de una asamblea en la Plaza de la República junto a un grupo de compañeras y compañeros.

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Sólo quien busca ese encubrimiento puede negar que el operativo policial y su consecuencia fatal deben ser investigados bajo el prisma de una acción violenta decidida por agentes del Estado contra una porción de la población que no sólo no estaba cometiendo ningún delito sino que, además, estaba ejerciendo su derecho elemental a manifestarse de forma pacífica. Y para ese tipo de investigaciones judiciales el Estado debería aplicar dos protocolos internacionales: el de Minnesota y el de Estambul, oficializados desde hace años por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Ante nuestros ojos

Para entender la necesidad de la aplicación de esos protocolos, alcanza con analizar parte de la secuencia filmada por un anónimo desde un edificio ubicado frente al Obelisco. Específicamente el momento en que Molares es “reducido” (según la jerga policial).

Primero se ve cómo un policía agarra a Facundo y empieza a forcejear con él. Enseguida se suman dos más y lo “chupan” hacia el cordón policial mientras le pegan. Él sólo intenta zafarse, no puede agredir. Entre dos quieren tumbarlo. Aparece una agente de apoyo y los ayuda a tirarlo al piso.

Lo arrastran, lo ponen boca abajo. La mujer policía junta un bastón policial y otro objeto. Se los entrega a uno de sus compañeros para que siga usándolo. Ya son cinco policías neutralizando a Molares. Lo agarran de diferentes partes del cuerpo. Uno le pone la rodilla en la espalda, aunque él ni se mueve.

Otro video, registrado por la fotoperiodista independiente Susana Maresca, aporta más evidencias.

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Al lado de Molares, otra manifestante (luego detenida) también está boca abajo, controlada por tres efectivos (posiblemente dos sean hombres). Una mujer se le monta con las rodillas en la espalda. Ella grita “¡no puedo respirar!”. Imposible saber si Facundo la escuchó. Los policías que mantienen inmóvil y agonizando a Molares hablan entre ellos.

Más de un minuto después de mantenerlo inmóvil boca abajo, los policías deciden darlo vuelta. No porque quieran. Es Maresca quien, mientras filma la secuencia con su celular, les grita con insistencia “¡está morado!” y “¡le va a dar un ataque!”.

La mirada de Facundo hacia la nada preanuncia lo peor. Y ellos, cínicos, cuando probablemente ya saben que está muerto, comienzan a hacerle maniobras de reanimación. Cuando llega la ambulancia (tarde, pese a ser el Obelisco) Facundo es trasladado al Hospital Ramos Mejía sin signos vitales.

Esa sola secuencia amerita que la investigación judicial ponga el foco en todas y cada una de las acciones de la Policía. Desde quién estaba a cargo del operativo hasta quiénes maltrataron a Molares previo a su fallecimiento. Incluyendo, claro, todo tipo de comunicaciones antes, durante y después entre la fuerza represiva y sus jefes políticos.

Y más aún amerita la aplicación de los protocolos de Minnesota y Estambul cuando desde el mismo Gobierno se salió inmediatamente a bancar a la Policía. Alberto Crescenti, titular del SAME, tardó apenas un par de horas en armar un discurso autoexculpatorio. Dijo que Facundo “aparentemente” se “descompensó” y tuvo un “infarto”. Y buscó salvar a la Policía: “No puedo decir que fue por un golpe, nosotros no vemos golpes, creo que el hombre cae porque se descompensa. La autopsia va a decir qué pasó”.

También se habló encima Eugenio Burzaco, ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad, quien con todo el odio que lo caracteriza completó el relato. “La Policía actuó correctamente, detuvo a los que ejercieron violencia contra ella, los redujo y los llevó. Lamentablemente esta persona tuvo una descompensación y terminó falleciendo en el hospital”.

Cuando en la tarde del viernes la fiscal Sánchez emitió un escueto comunicado con la información preliminar de la autopsia, donde prácticamente le faltaba decir “la Policía no tuvo nada que ver”, Larreta, Burzaco, Crescenti y compañía brindaron a su salud.

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Indicios de encubrimiento

Ante todo, la fiscal y el juez intervinientes deberían resguardar al máximo la integridad de las pruebas y, a la vez, convocar a participar de la investigación a la familia y la organización a la que pertenecía la víctima. Ninguna pericia, ningún testimonio ni otra medida de prueba debería despertar la más mínima sospecha de encubrimiento. Todo lo contrario a lo que está sucediendo.

Según pudo averiguar este diario, apenas se presentaron en el despacho de la fiscal los abogados que patrocinan a la familia de Molares le dijeron que querían poner un perito de parte para la autopsia. Sánchez primero les dijo que “no se puede”. Después los citó para el día siguiente. Cuando el viernes volvieron, la fiscal les dijo que la autopsia ya se había realizado.

Horas más tarde, la misma funcionaria difundió la “noticia” de los resultados de la autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia. Allí dice que Molares murió por una “congestión, edema, hemorragia pulmonar-cardiopatía dilatada”. Y aunque el cuerpo presentaba fracturas en las costillas e infiltraciones de sangre en el tórax, los forenses afirman que seguro fueron producidas por las maniobras de RCP. Para completar el cuadro, la fiscal “aclara” que “no se observaron lesiones traumáticas con características punzantes, cortantes o penetrantes”.

Según consignó La Izquierda Diario, hasta este sábado los abogados no habían tenido siquiera acceso al expediente.

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Minnesota y Estambul

El Protocolo de Minnesota trata sobre la “investigación de muertes potencialmente ilícitas” y fija una serie de pautas que deben cumplir los Estados cada vez que se investiga la posibilidad de una “ejecución extralegal, arbitraria y sumaria” por parte de policías, gendarmes, prefectos, militares, penitenciarios y demás agentes estatales. También si los involucrados son grupos paramilitares o de fuerzas de seguridad privadas.

El Protocolo de Estambul es un “manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. Allí se define como tortura “todo acto por el cual se inflijan intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de (...) intimidar o coaccionar a esa persona”. Su aplicación en causas judiciales permite tener precisión sobre el tipo y la cantidad de violencia ejercida sobre alguien antes de su muerte. Y, de allí, determinar responsabilidades materiales y políticas.

Ambos protocolos son relacionados principalmente con causas por crímenes de lesa humanidad. Pero su espectro es de largo alcance. La muerte de Facundo Molares, con evidencias fílmicas y fotográficas de cómo se produjo, debería ser investigada, precisamente, según esas premisas.

La aplicación real del Protocolo de Minnesota podría impedir que los funcionarios interfieran con sus acciones y sus omisiones en las causas. Incluso una de sus recomendaciones es que, ante casos de este tipo, se pongan en pie comisiones investigadoras independientes, a las que se les asignen las facultades y los recursos necesarios para analizar los casos y llegar a la verdad de lo sucedido. Pero eso en Argentina directamente no existe.

Respecto a las autopsias en casos de este tenor, el mismo protocolo fija un modelo de realización que incluye los parámetros de conducta para las y los profesionales que realicen las pericias, así como la participación de las partes, la cobertura de la prensa y qué tipo de información debe recibir la sociedad para garantizar la “transparencia” de las investigaciones.

El lema de ambos protocolos es que las investigaciones para casos de desapariciones, torturas, gatillo fácil, represiones letales y demás crímenes del Estado deben ser prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes.

A su vez, a los familiares y entornos de pertenencia de las víctimas no sólo se los debe proteger de todo ataque o amenaza (quienes son investigados tienen el poder de amedrentar) sino que se los debe hacer partícipes directos de la investigación.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, redactor de ambos protocolos, ha cuestionado (no sin una cuota importante de hipocresía) al Estado argentino en diversas oportunidades por no haber aplicado esas normativas. Es que ese listado de recomendaciones para la actuación policial, fiscal, judicial y ejecutiva ni siquiera se aplicó en casos de extrema sensibilidad social como los de Santiago Maldonado, Magalí Morales, Facundo Astudillo Castro, Luis Espinoza, Daiana Abregú o Alejandro Martínez, por nombrar algunos de los más recientes.

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La médica forense Virginia Créimer, con dilatada participación como perito de las familias de víctimas de represión estatal, afirma que la muerte de Molares se encuadra claramente en un “campo de acción violenta”, donde las conductas de los diversos agentes del Estado coadyuvan en una acción común cuyo resultado, por la propia violencia de los hechos, es la muerte o su posibilidad manifiesta.

Consultada por este medio, Créimer confirmó que al ver los videos no dudó en identificar el “nexo de causalidad” entre el ataque recibido por Molares y su posterior deceso. Es más que probable que la compresión extrínseca del tórax que se ve en los videos no lo haya dejado respirar (de hecho otra manifestante gritó estar recibiendo el mismo trato) y se haya producido la hipoxia que devino en muerte.

La realización de una nueva autopsia, como en muchos otros casos, sería fundamental. Siempre y cuando participen peritas y peritos especializados en la temática en representación de la querella y no pase un tiempo tan largo que, por la propia acción de la biología, se dificulte la obtención de resultados indubitables. Lógicamente, tampoco debería hacerse en el lugar donde se hizo la primera. Ya son varios los casos en los que el Cuerpo Médico Forense de la Corte firma informes funcionales a la impunidad de policías, políticos y jueces.