El referente de Correpi grafica la escalada represiva en el país, cuestiona las complicidades oficiales y llama a “redimensionar lo antirrepresivo como una respuesta política amplia” ante lo que se viene.
Daniel Satur @saturnetroc
Domingo 28 de junio de 2020 00:00
Foto Ismael Jalil
La Izquierda Diario viene dando cuenta de los diversos casos de violencia estatal, gatillo fácil y demás ataques de las fuerzas represivas del Estado sobre la población trabajadora y pobre, en un marco donde las restricciones de la cuarentena obligatoria por el Covid-19 es la excusa perfecta para dejar hacer impunemente a las policías provinciales y federales.
Este diario conversó con el abogado Ismael Jalil, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), sobre la sucesión de muertes por balas o golpes policiales, así como de sus causas y complicidades políticas y judiciales.
¿Qué evaluación está haciendo Correpi sobre los casos de gatillo fácil y demás brutalidades policiales que se suceden en en el marco de la cuarentena?
En simultáneo se produjeron actos represivos de toda índole, desde el emblemático asalto a la casa de los vecinos qom en Fontana (Chaco), hasta miles de hechos de menor trascendencia pero de singular impronta represiva. Como el rigoreo a pibes de La Matanza obligados a cantar el himno y la retención de DNI a demorados por infracción de la cuarentena. Todos cometidos por fuerzas de seguridad de todos los colores, revelando un más que preocupante avance de las respuestas represivas.
Sin dudas se ha agravado la situación de superviviencia en el contexto de la pandemia y de la crisis económica que venimos arrastrando.
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Si tuvieras que graficar la situación con algunos casos testigo, ¿cuáles mencionarías?
En materia de muertes en contextos de detenciones arbitrarias es el de Florencia Morales en la comisaría de Concarán (San Luis), no sólo por la condición de mujer de la víctima sino por el contexto abusivo de su detención, sin razón valedera para encarcelarla, sin orden judicial que la prolongue, sin extremar el cuidado y la contención necesarias para personas en situaciones críticas, entre otras razones.
El otro caso emblemático es el del asesinato en la Isla Maciel de Lucas Barrios, que recibió de un policía federal el vaciamiento del cargador de su reglamentaria.
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¿Y cómo ven la reacción de los gobiernos nacional, provinciales y municipales ante la salida a la luz de esos casos?
Pero se requiere mucho más. Por ejemplo, siguen siendo excepcionales las detenciones de los policías, salvo en muy pocos casos como el de los autores del crimen de Espinoza en Tucumán.
La brutal represión a los trabajadores del Frigorífico Penta es otro ejemplo de que no alcanza con lo discursivo. Todos los funcionarios, desde Mayra Mendoza hasta el impresentable de Sergio Berni salieron a despegarse, pero no se conoce en qué situación procesal están los que llevaron adelante la represión.
No fundamos nuestro requerimiento de prisión en ninguna otra cuestión que no sea el grado de trascendencia social que encarnan. Pero siempre se juega al revés, el uniforme y la reglamentaria garantizan sino impunidad, al menos beneficios procesales que en iguales circunstancias al pueblo se les niega.
¿Cómo creen que será la poscuarentena y sus consecuencias económicas en la población trabajadora y pobre?
Lo está demostrando el emblemático caso de Vicentin, donde es imprescindible la expropiación. El Gobierno tiene a mano respuestas que pueden rumbear en sentido positivo, como el impuesto a las fortunas o la investigación y suspensión del pago de la deuda externa. Se impone “militar” esas medidas.
Es difícil proyectar en una situación de tanta incertidumbre como esta. Pero si no existe una decisión política de favorecer a los trabajadores, a los sectores empobrecidos, aún más allá de respuestas asistencialistas, la respuesta represiva siempre resulta tentadora para el establishment. Hay que dar una gran pelea, alentando la unidad popular, sin sectarismo, reivindicando la movilización como herramienta. Hay que militar para transformar la realidad.
Paralelamente a lo que planteás se está sembrando nuevamente el discurso y el clima de la llamada “inseguridad”. ¿Cuál sería la justificación de ese reverdecer reaccionario?
Y el catastrofismo con el que muchos suelen responder es funcional a ese discurso. Que Berni esté al frente de la seguridad en el principal distrito del país no significa que sea inevitable decantar hacia un modelo reaccionario. Hay que estar atentos y desactivar los intentos de poner en acto lo reaccionario con la organización popular, reportar, discutir, generar iniciativas que lo deslegitimen. Redimensionar lo antirrepresivo como una respuesta política amplia.
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¿Qué pensás del intento de religitimazión de las Fuerzas Armadas a través de su supuesta “vocación” de servicio social?
Aunque es evidente que las tareas en la cuarentanea apuntaban a eso (lo que hicieron podrían haberlo hecho los movimientos sociales, por ejemplo) es más una aspiración a largo plazo.
Confío en la respuesta popular que expresan los organismos de derechos humanos independientes, que sigue vigente. Tal como quedó demostrada con la respuesta de Nora Cortiñas provocando el recule del gobierno en marzo pasado.
El viernes se cumplió un nuevo aniversario del crimen de Maxi Kosteki y Darío Santillán, ¿qué reflexión podés hacer de aquella masacre estatal a la luz de estos 18 años?
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Mirá la entrevista a María del Carmen Verdú, de Correpi
Daniel Satur
Nació en La Plata en 1975. Trabajó en diferentes oficios (tornero, librero, técnico de TV por cable, tapicero y vendedor de varias cosas, desde planes de salud a pastelitos calientes). Estudió periodismo en la UNLP. Ejerce el violento oficio como editor y cronista de La Izquierda Diario. Milita hace más de dos décadas en el Partido de Trabajadores Socialistas (PTS).
