Entrevista. Juan Graña: "Los trabajadores argentinos no aumentaron su capacidad de consumo en casi 50 años"

Juan M. Graña es Doctor en Economía, docente de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA) e investigador del CONICET en CEPED/IIE/UBA. Sus investigaciones se enfocan hacia la estructura productiva y desarrollo económico en Argentina, el mercado de trabajo y la distribución del ingreso. También es Secretario General de la Asociación Gremial Docente, AGD Económicas de la UBA.

- Sobre lo que popularmente se llama el “reparto de la torta”: ¿Cómo se encuentra actualmente la participación del salario sobre el total del ingreso? ¿Cómo viene evolucionando últimamente? ¿Qué variables se toman en cuenta para la medición?

Comúnmente para analizar el reparto de la torta se toma el indicador de la participación asalariada en el ingreso, esto es la suma de todos los salarios pagados -tanto de los protegidos como precarios- en Argentina respecto al ingreso generado en la economía. En los datos oficiales lo que se observa es que luego de tocar un máximo en 2015 -alrededor del 54%- se redujo marcadamente durante el gobierno de Macri (cerca de 8 pp aproximadamente). El año pasado en 2020 se dio la particularidad de que la caída de la economía fue tan grande que, a pesar de una caída importante de los salarios, la participación asalariada aumentó hasta alcanzar el 48%.

Más allá de esta paradoja numérica -que había también ocurrido en 2001- lo que es relevante es qué está ocurriendo con sus variables fundamentales: el salario acumula desde el 2015 una caída del 20% y la productividad del 13%.

- ¿Cuál es el nivel de salario real actual en relación a otros períodos, por ejemplo respecto a 2001 o los años previos a la última dictadura de 1976?

En estos últimos años (2020 y 2021) tenemos un salario real un 8% inferior al de 1970. Esto implica que los trabajadores pueden comprar, en promedio menos bienes y servicios que antes; pero además, ese promedio es engañoso porque hay muchos que están en peores condiciones y solo unos pocos mejor que antes; y esto se ve reflejado en que gran parte de la población tiene empleos precarios, lo cual los coloca en una peor condición aun, ya que tienen peor acceso a la salud y a la seguridad social.

Si evaluamos respecto a otros momentos particulares de Argentina podemos ver otras particularidades. El máximo histórico del salario real es 1974, respecto a ese nivel nos encontramos un 30% por debajo. Es decir que en casi 50 años los trabajadores argentinos no han visto aumentar su capacidad de consumo.
Si, en cambio, comparamos con el año 2001 nos encontramos un 15% por encima, pero se había alcanzado en 2015 un salario real un 40% superior a ese nivel. Claramente el deterioro de los últimos años es muy marcado.

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- ¿Cuáles crees que son los factores que más incidieron en el deterioro salarial? ¿Qué impacto tuvieron en el salario los distintos procesos de devaluación de la moneda en los últimos 10 años?

Me parece que este proceso se explica por tres factores diferentes.

En términos más coyunturales la pérdida de valor del peso en los últimos años ha sido el factor más determinante en la evolución. La depreciación que lleva a la aceleración inflacionaria (particularmente bienes de primera necesidad como alimentos) tiene un factor central en el deterioro de los últimos años.

En segundo lugar, el estancamiento económico que Argentina arrastra desde hace una década -una segunda década perdida- también deteriora las condiciones de vida de los trabajadores tanto directamente -reduce la posibilidad encontrar empleos mejores o multiplicar la cantidad de ocupados en cada hogar- como indirectamente -reduciendo la capacidad de negociación-. Evidentemente los problemas macroeconómicos que se vuelven evidentes en las crisis externas y cambiarias también están detrás de esta falta de crecimiento.

Y, finalmente, de manera más general y de largo plazo, los niveles de productividad -y su muy débil dinámica- van bajando el techo a los niveles salariales que las empresas están dispuestas a abonar para preservar su rentabilidad. Esto es la expresión de un rasgo histórico de Argentina, compartido con los demás países subdesarrollados, donde las escalas de producción y las tecnologías aplicadas generan ese rezago productivo.

En conjunto, los problemas de productividad en lugar de intentar resolverse se han compensado con menores salarios y peores condiciones laborales que, cuando se vuelven insuficientes, se reduce la acumulación de capital, cae la inversión que retroalimenta el problema original y termina explotando en una crisis externa. Esa depreciación del peso reduce el salario lo que genera un espacio renovado de valorización que comienza a agotarse al recomponerse parcialmente el mercado laboral reiniciando el proceso. Este es el ciclo en el que Argentina está y que se encuentra detrás del deterioro de largo plazo de las condiciones de empleo.

- ¿Qué podrías decir sobre las condiciones laborales existentes, sobre la intensificación laboral y la diferencia entre el trabajo formal e informal?

La situación actual, aunque mejor que la del año pasado, es mala. Al primer trimestre de 2021, un 10,2% de los activos es desocupado, un 13,3% son subocupados y un 32,4% de los asalariados no tiene descuento jubilatorio. Ahora bien, parte de esta situación se explica por la coyuntura (crisis, pandemia y cuarentena) pero otra parte es resultado de cuestiones estructurales, como las productivas mencionadas antes. Allí se inscriben las diferencias entre el segmento denominado formal y el informal.

Decir que las condiciones laborales y de ingreso en el segmento formal son mejores que en el informal es una obviedad. Si analizamos el ingreso se observa que existe una brecha entre ambos grupos, aun controlando por sus características individuales (nivel educativo, etc.), cercana al 30% y se mantiene en ese nivel desde hace años. En otras palabras, por igual tarea los trabajadores precarios cobran un tercio menos que los protegidos. Y con ese menor salario deben hacerse cargo a título individual de los gastos de salud, del ahorro para la jubilación, etc. Lo que en muchos casos no pueden hacer y afecta negativamente sus condiciones de reproducción.

Más allá de eso es importante entender que no son dos segmentos completamente separados. Por un lado, porque las empresas aprovechan esas diferencias a través de sus redes de subcontratación y tercerización. Por el otro lado, el segmento informal es el que “amortigua” los efectos de la crisis. Cuando se deteriora el mercado laboral formal los trabajadores necesitan recuperar ingresos entonces se emplean en cualquier condición que puedan o crean sus propios puestos. Pero un puesto en este segmento implica por definición menor ingreso, como vimos, pero también mayor volatilidad de ingresos, jornadas más largas sin francos, no poder tomarse días por enfermedad propia o de familiares a cargo entre muchos otros.

Esto es lo que se vio durante gran parte de la actual década pérdida. Desde 2011 se dio un incremento del mercado laboral informal que compensó parcialmente la caída del empleo formal/protegido. Pero ese crecimiento implica que las condiciones van empeorando progresivamente. Así llegamos a la crisis de 2020, al igual que en 2001-2002, donde el sector informal ya no puede absorber más y es la ausencia de empleo es el resultado. La diferencia es que con la cuarentena esa falta de empleo no se convirtió en desempleo porque no había dónde buscar, condición para ser estadísticamente desocupado. Con el progresivo relajamiento de las restricciones se ha ido recuperando parcialmente la situación previa que ya estaba muy deteriorada.

Veremos si la recuperación se convierte en crecimiento y comienza al menos una lenta recomposición del sector formal, donde los salarios también han sufrido mucho.

- Los sectores empresariales piden reformas para flexibilizar el trabajo. Recientemente se presentó en el Congreso un proyecto para quitar la indemnización por despido. También otra demanda del empresariado es bajar los aportes patronales. En las elecciones algunos candidatos economistas como Milei o Espert argumentaron que esto generaría trabajo. ¿Tiene sentido? ¿Qué implicancias tendrían en el empleo?

Lo primero que hay que decir es que esto no es nada nuevo. No sólo por lo propuesto, sino que el momento en el que lo hacen tampoco lo es. Siempre en momentos críticos del mercado laboral se proponen estas soluciones mágicas para problemas de largo plazo.

Acá hay varias cosas para decir.

En primer lugar, pensar que la situación del mercado laboral argentino se debe a los aportes patronales o a los costos de despido es un sinsentido porque la economía argentina no crece hace 10 años. Evidentemente si no hay crecimiento económico las empresas no van a generar empleo. Entonces el primer paso para empezar a recomponer el mercado laboral es resolver los problemas macroeconómicos que tenemos. Cuando logremos eso podemos ver si la creación de empleo es “suficiente” o no. Ahora bien, si miramos el último período de crecimiento con estas mismas leyes laborales, el 2003-2011, no se observaron problemas de generación de empleo. En los noventa, donde se flexibilizó marcadamente no se generó empleo de manera relevante y el que sí se generó fue precario. Si miramos sectores con regulaciones como las propuestas, el de Construcción que tiene el sistema de indemnización que propone Juntos por el Cambio, no sólo no ha generado empleo en estos años, sino que además es una de las ramas con mayor precariedad. Sin crecimiento económico no hay mayor ni mejor empleo. Una obviedad, pero hay que repetirla seguido porque se olvidan de que estamos en el capitalismo y las empresas contratan únicamente si esperan generar ganancias.

De manera vinculada a esto, me parece que es claro que la “preocupación” por la indemnización es expresiva de la volatilidad de nuestra economía. Si fuera estable no habría tanta recurrencia de episodios de despido por causas económicas y por ende que fuera cara o no, sería irrelevante.

En segundo lugar, hay un problema argumental. Actualmente el empresario puede constituir como prefiera el fondo para hacer frente a potenciales indemnizaciones por despido sin causa. Tranquilamente puede resolver de manera privada lo que el proyecto de la “mochila” convertiría en una obligación. Si se aprobara ese proyecto esos fondos se obtendrían por medio de aportes obligatorios lo que elevaría el costo laboral. Entonces, en su propia lógica, mientras vuelve obligatorio algo que ya hacen los empresarios, encarece el empleo formal lo que desincentiva la contratación.

En tercer lugar, se oculta uno de los ejes centrales del debate sobre indemnizaciones. Los promotores de estas alternativas se centran en una parte de la situación: generar mecanismos para asegurar un ingreso al trabajador despedido. Pero la indemnización tiene por objetivo desincentivar el despido sin causa y no sólo proveer un ingreso. Y eso es así ya que la estabilidad en el empleo tiene efectos relevantes de los que me interesa mencionar dos. Por un lado, amortigua los impactos del ciclo económico en el empleo: “si me cuesta dinero despedir al trabajador quizá lo mantengo a pesar de que en esta coyuntura no lo necesito”. Por el otro, pensar que los despidos sin causa son por cuestiones únicamente económicas es faltar a la verdad. La protección contra el despido arbitrario también aporta a la capacidad de organización de los trabajadores.

En conjunto, simplemente no es posible que la eliminación de la indemnización o flexibilización genera empleo en una economía que no crece. Difícilmente modifique la composición entre empleo protegido y precario. Lo que seguro va a provocar, y por eso no es novedad que lo propongan en este contexto, es debilitar a los trabajadores de manera de forzar una modificación estructural de la pauta distributiva.

Aquí quiero volver a una cosa previa. Si la brecha entre trabajadores protegidos y precarios se ha mantenido relativamente estable implica que estos últimos aún sin tener sindicato ni acceder a las paritarias, por ejemplo, logran mantener el paso con los protegidos. Esto implica que la segmentación no es completa, hay vínculos entre ambos grupos y que, y esto es lo central, el entramado institucional de derechos laborales no es un beneficio para algunos a costa de otros.

Hay muchísimas cosas que modificar, pero estas propuestas que solo intentan quitar regulaciones y derechos no son positivas para los trabajadores -ni protegidos ni precarios- sólo para las empresas. Concentremos el debate donde importa: ¿Cómo salimos de la crisis y el estancamiento de hace 10 años sin descargar mayores costos sobre los trabajadores?