Si bien varios proyectos fueron presentados en el Congreso en las últimas décadas, ningún gobierno constitucional quiso tocar jamás las jubilaciones y pensiones de privilegio que decretó la última dictadura para beneficio de jueces, funcionarios políticos y eclesiásticos con o sin aportes. Qué dicen estas leyes y porqué la izquierda reclama su derogación.
Sol Bajar @Sol_Bajar
Jueves 14 de noviembre 11:08
El proyecto presentado por quinta vez consecutiva por la izquierda plantea la derogación de leyes que provienen de la última dictadura en Argentina así como del gobierno menemista. “Todas esas leyes fueron creadas para instaurar un régimen de privilegios que funciona para beneficio de funcionarios políticos, judiciales y eclesiásticos”, dice Nicolás del Caño, autor de la iniciativa.
Además, el proyecto impulsado por el PTS/FIT plantea que a todas las personas a las que benefician esas leyes (presidentes, vicepresidentes, jueces, diputados, senadores, obispos, arzobispos) les serán aplicables las previsiones de la Ley N° 24.241, de Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
Se trata de 3 decretos-leyes firmados por Jorge Rafael Videla y Reinaldo Bignone, a las que luego se sumó la Ley menemista de asignaciones vitalicias, que el proyecto también busca derogar. “Como otras normas que siguen intactas, ningún gobierno constitucional se animó jamás a terminar con estas leyes que favorecen a la casta, de la que tanto se habla, con jubilaciones y pensiones de privilegios”, dice el diputado del PTS/FIT.
Qué dicen las leyes de la dictadura
Por un lado, el decreto ley N° 21.540, de 1977, donde Jorge Rafael Videla determinó que los Arzobispos y Obispos y el Vicario Castrense perciba, sea por edad avanzada o por invalidez, una jubilación que equivale al 70% de lo que cobra un Juez Nacional de Primera Instancia, mientras que los Obispos Auxiliares, incluidos los de las Fuerzas Armadas, y el Pro-Vicario Castrense tienen una jubilación que equivale al 60% de la remuneración fijada para el mismo cargo (un Juez Nacional de Primera Instancia).
Como explica el proyecto de la izquierda, aunque esta medida fue dejada sin efecto en 2002, con la sanción de la la Ley N° 25.668, el entonces presidente Eduardo Duhalde la vetó con un decreto y dejó sin efecto 7 de sus 8 artículos, por lo que estas jubilaciones de privilegio lograron seguir en pie.
Por otro lado, vía el decreto-ley N° 22.430 de 1981, Videla también dispuso la creación de una asignación mensual vitalicia “para Sacerdotes Seculares del Culto Católico Apostólico Romano” que tengan 65 años en adelante o que estén “incapacitados”, que hayan desempeñado “su ministerio” en el país como mínimo cinco años y que no tengan los aportes previos. Para ellos, el decreto aún vigente de Videla determinó que reciban una jubilación mensual “equivalente al haber mínimo de jubilación del Régimen Nacional de Jubilaciones y Pensiones para trabajadores en relación de dependencia”, es decir, una jubilación graciable.
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Además, el proyecto apunta contra el decreto-ley 22.731, de Reinaldo Bignone, que otorgó al personal jerárquico del Servicio Exterior de la Nación, que integra la Administración Pública Nacional, el privilegio de jubilarse con el 85% móvil del mejor haber recibido, cuando el resto de los trabajadores registrados perciben alrededor el 60% o menos de su último salario.
“La cuarta ley que traemos a consideración, la ley 24.018 de asignaciones vitalicias fue sancionada durante el gobierno de Carlos Menem y vino a ratificar las pensiones y jubilaciones de privilegio para quienes ocupen los cargos de Presidencia y Vicepresidencia de la Nación, los jueces y juezas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el resto de los funcionarios del Poder Ejecutivo y Judicial, las y los diputados nacionales, entre otros”, señala el proyecto del Frente de Izquierda, que también suscriben los diputados Christian Castillo y Alejandro Vilca (PTS/FIT), Vanina Biasi (PO/FIT) y Mónica Schlottahuer (IS/FIT). Además recuerda que “al calor de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001, el Congreso sancionó la ley 25.668 que derogaba las normas en cuestión”. Sin embargo, el mencionado decreto dejó en pie casi todas las prerrogativas que establecía esa ley.
El proyecto del Frente de Izquierda denuncia que “todos los gobiernos, uno tras otro, han echado mano a los fondos de la ANSES para la cobertura previsional y asistencial a los trabajadores y sus familias, despojando a jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas de recursos y derechos, mientras que con todos estos privilegios a la casta política, judicial y clerical unas 5 mil personas, verdaderamente privilegiadas, cobran jubilaciones millonarias, que superan en decenas y decenas de veces el equivalente a una jubilación mínima, que no alcanza a cubrir siquiera la canasta básica del jubilado.
PDL_Derogación de Las Pensi... by Sol Bajar
