Para el Juez López Alfonsín, ex funcionario de la Alianza no hay daño, ni riesgo en la inminente instalación de 80.000 nuevos parquímetros en la Ciudad de Buenos Aires. Avala así la caja recaudatoria de Larreta, sin mediar ni una sola justificación urbanística.
Miércoles 19 de febrero de 2020 09:38
Mediante un fallo insólito plagado de errores y abstracciones, el juez Marcelo López Alfonsín, a cargo del juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad N° 18, puso el gancho para rechazar una medida cautelar presentada por las diputadas porteñas del Frente de Izquierda, Myriam Bregman y Alejandrina Barry.
Con esta medida, las diputadas de la Ciudad buscaban suspender la instalación de miles de nuevos parquímetros con los que el Gobierno porteño pretende ocupar la mitad de la Ciudad. Un negocio millonario que gestionarán las mismas empresas encargadas del acarreo de vehículos y una caja recaudadora para Larreta.
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La sentencia, que pareciera haberse escrito en los despachos de Horacio Rodríguez Larreta por su escaso rigor jurídico, se da en el marco de la política privatista constante del PRO sobre todo espacio público.
Una sentencia a pedido de Larreta
El planteo de Bregman y Barry había sido claro: la instalación de parquímetros solo puede hacerse en el “triangulo” que conforman las estaciones de tren Retiro, Once y Constitución. Así lo establece el Código Urbanístico redactado y aprobado por el propio Gobierno en el año 2018. Ese Código es superior a leyes de tránsito y transporte, como es el caso de la ley que aprobó la instalación de 80.000 nuevos parquímetros.
López Alfonsín incurre en diversas abstracciones, pero evade pronunciarse sobre ese planteo. Solo atina a decir, sin fundamento alguno, que se trata de un “debate complejo”.
Las diputadas porteñas del Frente de Izquierda presentaron esta medida cautelar contra el Gobierno porteño, encargado de licitar las zonas de la Ciudad en las que se instalarán los nuevos parquímetros. Pero para López Alfonsín la cautelar no podría prosperar porque, según dice, la medida se dirigía contra la Legislatura porteña. El juez ignoró (o no leyó) que la medida se inició contra el Gobierno, encargado de implementar la ley.
Para el juez tampoco hay “peligro en la demora”: como la ley se sancionó hace varios meses entiende que no hay urgencia, aun cuando el propio Gobierno ya está en tratativas con las empresas encargadas del acarreo de vehículos para que comiencen a instalar los nuevos parquímetros.
El corolario de las irregularidades de la sentencia aparece cuando López Alfonsín “analiza” la afectación de derechos ante los nuevos parquímetros.
Bregman y Barry denunciaron en la medida cautelar que “El Gobierno local pretende imponer el pago del Estacionamiento Medido a familias sin cochera por estacionar en la puerta de sus hogares; a personas que sufren una urgencia por concurrir a un hospital; a quienes asistan a un establecimiento educativo; a miles de madres y padres que día a día deben llevar a sus hijos/as al club del barrio, al jardín o a la escuela. Son múltiples e incontables las situaciones de la vida cotidiana que se verán afectadas con esta verdadera privatización del espacio público”.
Y fueron categóricas en denunciar el objetivo que busca Larreta con esta ley: “Se trata, entonces, de una política altamente regresiva en la Ciudad. […]. En definitiva, estamos ante una medida de exclusivo tinte recaudatorio, cuyo único objeto consiste en beneficiar a las empresas que tendrán no solo la concesión de las terminales multipropósito, sino también del sistema de acarreo. Todo ello a costa de perjudicar a miles de vecinos y vecinas de la Ciudad”.
Sin mencionar ninguno de estos planteos, López Alfonsín llega al colmo del ridículo al plantear que no quedó “mínimamente acreditada la afectación al derecho a la participación”. El “derecho a la participación” mencionado por el juez no solo no guarda relación con el planteo de las diputadas: no se encuentra mencionado ni una sola vez en el escrito presentado ante la justicia.
El pesado prontuario de Su Señoría
De estrechos vínculos con el gobierno porteño y ex funcionarios del macrismo (llegando a ser considerado un “ilustre” por su “amiga” Laura Alonso), Marcelo López Alfonsín gusta escribir sobre derecho ambiental, pero suele omitir que fue nombrado como Presidente del Directorio de Parques Nacionales por el gobierno de la Alianza.
Con mis amigos @OSammartino y el ilustre Marcelo Lopez Alfonsín celebrando 45 años de @FURPlata pic.twitter.com/uT4CDzWlJ6
— Laura Alonso 🌊 (@lauritalonso) September 17, 2015
Diversos medios periodísticos relatan que durante su gestión quedó involucrado junto a Hernán Lombardi en la entrega de fondos millonarios a los propietarios de un campo en la provincia de San Luis, donde se había proyectado construir un Parque Nacional que nunca se realizó. Por este hecho habría sido imputado en un expediente que se mantiene en absoluto hermetismo dentro de Comodoro Py.
Renunciado en Parques Nacionales y antes de ser juez, López Alfonsín cumplió tareas de “arbitro” para mediar en conflictos internos entre miembros de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), que nuclea a las principales multinacionales del sector.
Todo un Juez a medida del Gobierno de la ciudad y su plan privatizador del espacio público.
Fallo del Juez Marcelo López Alfonsín del juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad N° 18
Fallo Alfonsín sobre cautelar por parquímetros by La Izquierda Diario on Scribd
