El juez Ercolini llamó a 12 ferroviarios a indagatoria por la colisión de trenes que dejó a más de 50 usuarios hospitalizados en el mes de mayo. Entre las citas no aparecen funcionarios de Transporte ni de Trenes Argentinos, abandonando la pista de la desinversión que dejó el tramo sin señalización durante meses.
Martes 3 de septiembre 17:32
El pasado 30 de agosto el juez federal Julián Ercolini citó a 12 trabajadores de diferentes especialidades ferroviarias incriminados por “incumplimiento de sus deberes”. La operación judicial acompañada por grandes medios de comunicación que amalgaman nombres de los ferroviarios implicados, rubros y comunicaciones laborales filtradas para detallar la citación, no hace mención a responsabilidad alguna del Estado sobre el hecho. A pesar de que está documentado que desde febrero el tránsito en la sección permaneció continuamente alterado por falta de cables y una desfinanciación en el mantenimiento. El juzgado persigue el mismo argumento que el gobierno nacional "error humano".
Te puede interesar: Accidente en Palermo: tras ajustar el gasto y despedir, el Gobierno intenta culpar a operarios
Te puede interesar: Accidente en Palermo: tras ajustar el gasto y despedir, el Gobierno intenta culpar a operarios
La Justicia pretende ocultar que la responsabilidad estatal, mientras los procedimientos manuales utilizados durante meses en forma ininterrumpida: notificaciones por escrito, señales de mano, pedido y concesión de vías verbal, hablan de un ferrocarril que en pleno 2024 continúa contando con los mismos mecanismos de seguridad que hace un siglo. Y en aquellas áreas donde efectivamente se incorporó tecnología (como en el sistema de frenado del vehículo que recibió el choque) se volvió obsoleta por la situación del conjunto del sistema ferroviario.
Además, un informe de la Junta de Seguridad del Transporte (JST) especializada en hacer informes técnicos señaló problemáticas en la capacitación y en la comunicación radial del personal.
Sin embargo, las citaciones exponen que lejos está la investigación de abordar el estado de las telecomunicaciones, la señalización o las instancias de formación laboral. Convocar a indagatoria a los funcionarios de Gestiones de Infraestructura y Desarrollo de Capital Humano, empezando por Alejo Maxit y Patricio Gilligan, no parece estar dentro de las prioridades de Ercolini, pese a que meses antes estas instituciones fueron vaciadas y decenas de sus trabajadores resultaron despedidos. Tampoco al ministro de Transporte, Franco Mogetta, quien aparentemente durante los primeros 6 meses de gobierno libertario no tuvo responsabilidad alguna sobre el estado de los trenes.
Otra cuestión llamativa es que entre las citaciones tampoco se encuentren funcionarios del gobierno anterior, corresponsables del vaciamiento del sistema ferroviario por instrucción del Fondo Monetario Internacional.
Es que los problemas de seguridad en el viaducto tampoco son exclusivos de la gestión actual: de hecho, el informe de la JST anteriormente mencionado relaciona directamente este choque con otro que hubo en la misma sección hace un par de años, en el cual "casualmente" tampoco se encontraba funcionando la señalización automática.
El hecho de que un accidente así se reitere bajo condiciones casi idénticas habla cuanto menos de un grave nivel de desidia, que sumado al sesgo de la investigación y la campaña de medios y redes sociales atacando exclusivamente a los trabajadores por "ineficientes" se acerca cada vez más a una política consecuente para relegitimar la privatización frente a la opinión pública, después del descrédito que implicó la Masacre de Once.
Cabe recalcar que, tras el incidente, funcionarios del actual gobierno se reunieron con las dirigencias sindicales del sector, incluyendo al públicamente enemistado dirigente de La Fraternidad, Oscar Maturano, para descomprimir tensiones con el anuncio de nuevas inversiones en el marco del Decreto de Emergencia Ferroviaria.
De esta manera la gestión Milei se deslindó tardíamente de sus responsabilidades allanando el camino hacia la privatización, con cambios en las formas de contratación y una mayor flexibilidad laboral, y autorizando partidas para implementar un plan de retiros “voluntarios” en un contexto de creciente persecución laboral.
El anuncio es complementario a lo sancionado en la Ley Bases, donde todo el holding de Trenes Argentinos pasa a conformarse como sociedad anónima. La respuesta de los gremios en comunicados y entrevistas brindadas por sus referentes ha sido, hasta el momento, aprobatoria de la disposición que avanza con la privatización de los ferrocarriles.
