Libertades Democráticas. Juicios contra los genocidas, en situación de riesgo

Demoras; falta de personal; secretarías que colapsan; dificultades para conformar muchos de los Tribunales Orales y Cámaras Federales; reiteración de juicios a personas ya condenadas; falta de salas para realizar los debates; fragmentación de las causas y elevación a juicio de pequeños tramos con pocas víctimas y pocos imputados son algunos de los problemas que enumera el informe elaborado por 150 abogados que toman causas de lesa humanidad y que fue presentado a los integrantes de la Corte Suprema.

Un resultado anunciado

Hace 30 años, el informe de la CONADEP reunió más de 9.000 denuncias por crímenes de la dictadura. Hace 20 años, después de los indultos a los genocidas, previo dictado de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final los Juicios de la Verdad recibían nuevos testimonios. Los organismos de derechos humanos establecieron que son 30.000 las víctimas que pasaron por más de 500 centros de detención clandestinos, en las que actuaron alrededor de 200.000 represores. Hace 10 años se anulaban las leyes de impunidad.

Al día de la fecha hubo 131 juicios, se dictaron 663 condenas sobre 538 represores y sólo 21 tienen condenas con sentencias firmes. Pocos fueron los condenados por el robo de los más de 500 bebés. Y a 32 años de la salida de la dictadura solo a 117 se les restituyó la identidad. Faltan 400.

El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), querellante en causas de esa humanidad, y organismos de derechos humanos como la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, entre otros, sostuvieron desde un primer momento que la única manera eficaz, rápida y económica, tanto en recursos humanos y de tiempo, era que las causas judiciales se unificaran por circuito represivo donde se juzgara a todos los represores por todos los desaparecidos, y de este modo evitar a las víctimas y familiares tener que declarar una y otra vez por cada represor que sentaran en el banquillo de los acusados.

No es impericia, es impunidad

Causas como las del exjefe del Ejército, César Milani, están paralizadas por el solo hecho de garantizar la impunidad a estos genocidas. Y las pocas causas en la que estaban implicados civiles por su participación indispensable para realizar el genocidio, las más emblemáticas recibieron el beneficio de la impunidad por parte de la Justicia. Entre las recientes “faltas de mérito” están el empresarios Carlos Blaquier y Alberto Lemos del Ingenio Ledesma de Jujuy; Vicente Massot por la desaparición de dos trabajadores de su diario la Nueva Provincia, Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto por la apropiación de Papel Prensa, y Agustín Botinelli miembro del staff de editorial Atlántida responsable de usar la imagen de Alejandrina Barry, hija de desaparecidos, cuando tenía tan sólo tres años para hacer campaña a favor de la dictadura, así como publicaron un reportaje apócrifo a Thelma Jara de Cabezas, madre de un joven desparecido.

Estos problemas burocráticos y de administración judicial que bien describe el informe redactados por los 150 abogados, no significa ineficacia, impericia. Significa impunidad. Cuando delinearon el modo de cómo juzgar los crímenes de la última dictadura militar, sabían bien que les llevaría años poder juzgar todos los casos. Y a casi 40 años muchos de los represores mueren impunes. Muchos incluso en actividad. Ningún gobierno los ha siquiera exonerado, ni tampoco se promovió la destitución de jueces y fiscales de la dictadura estén aun en el poder judicial

Victoria Moyano, nieta recuperada e integrante del CeProDH, señaló al respecto: “Las condenas que se lograron fueron producto de décadas de lucha de familiares y víctimas de la represión así como de los organismos de derechos humanos y partidos de izquierda que no dejamos de pelear contra la impunidad. Cada vez es más urgente que el estado tome la exigencia que los organismos realizan desde hace 32 años para que abran la totalidad de los archivos de la dictadura, los que están en poder del Estado, los de la SIDE, y la Iglesia, con los cuales podríamos encontrar a los hijos apropiados y conocer, la nomina de represores que actuaron en los centros de detención, en las maternidades clandestinas.”

En el caso de Alejandrina Barry, la propia exSIDE reconoció tener archivos en su poder sobre sus padres. Suficiente muestra de que están y sólo con la lucha es posible conocerlos.

CNU, Triple A, reconciliación ¿Y Julio López?

Este declive en el juzgamiento a los genocidas, cierta naturalización de que los juicios “caminan solos” tiene su contrapartida en la campaña que los sectores más reaccionario, que se reunieron en la Universidad Católica (UCA), para imponer no sólo una reconciliación con los genocidas, sino una amnistía generalizada y una vuelta a la nefasta teoría de los dos demonios.

Por su parte, Alejandrina Barry, también integrante del CeProDH indicó, además de los problemas que señala el mencionado informe, que “existen sectores que están envalentonados, como lo estamos viendo en el juicio contra once integrantes de la CNU en Mar del Plata. Ahí no sólo hay lentitud, hay un imputado, el exfiscal Demarchi, que interroga a los testigos (¡amigos y familiares de sus propias víctimas!), porque se autodefiende y el Tribunal lo permitió. Además una patota del SMATA asiste para apoyarlo y agrede a los presentes. Para completar el cuadro, a los militantes de derechos humanos, familiares y amigos que portaban un pañuelo que decía CNU ASESINA, les obligaron a sacárselo”. Seguramente, que la justicia haya liberado a integrantes de la Triple A, hace que la patota de Mar del Plata y los jueces que avalan esta impunidad, tengan vía libre.

“La respuesta a esta ofensiva debe darse en las calles exigiendo la condena efectiva a todos los represores de la dictadura, sus mentores civiles y eclesiásticos. Esto no va a ser producto de la ’buena voluntad’ de algunos sectores del Poder Judicial”, señalaron desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos.

Tampoco vendrá de la mano de los principales candidatos a la presidencia, de quienes ya conocemos sus opiniones: Massa pretende una ley que ponga a los militares de nuevo en la vida pública del país; Macri fue siempre enemigo de condenar a genocidas y ha hecho con su padre grandes negocios con la dictadura. Scioli por su parte, aunque haya señalado que elevará a rango ministerial la secretaría de derechos humanos, declaró su apoyo a la dictadura y es el gobernador de la provincia en la que hace casi 9 años desapareció Julio López, el 18 de septiembre de 2006.
¿Dirá algo Scioli al respecto? O seguirá callando como la hizo hasta ahora Cristina Fernández, que nunca lo nombró ni hizo nada para saber de su destino, ni para encontrar y castigar a los secuestradores, a pesar de haber suficientes indicios de que la Bonaerense estuvo implicada.

Ese día habrá marchas en varios puntos del país impulsadas por los organismos de derechos humanos independientes del gobierno, exigiendo al gobierno su aparición y castigo a los responsables, la cárcel a a Milani y a todos los genocidas, la apertura de los archivos, y contra la impunidad y la represión. Allí estaremos.