San Salvador de Jujuy. Jujuy: el municipio deja sin trabajo a vendedores ambulantes

Sancionada en el año 2016 con los votos del radicalismo y miembros del PJ, la ordenanza 6884/16 establece la regimentación de la venta callejera y en las ferias. Es utilizada cotidianamente para hostigar y secuestrar mercaderías de feriantes y vendedores ambulantes.

La venta ambulante y ferias: una realidad jujeña que se profundiza

La venta ambulante y en ferias, es una extendida práctica que abarca el ancho y largo de las ciudades de San Salvador de Jujuy-Palpalá, considerada por estudios del INDEC la cuarta ciudad con mayor pobreza del país, que también ocupa los primeros lugares en bajos salarios, sobreocupación horaria y trabajo en negro.

Gerardo Morales anuncia que bajan los índices de pobreza, sin embargo la realidad demuestra lo contrario: inflación, tarifazos, paritarias de miseria para los sectores en blanco. En el segundo trimestre del año la sobreocupación ascendió a un 27,7%; como también el salto del trabajo en negro que alcanza 100 mil trabajadores no registrados en toda la provincia. Son más de 250.000 jujeños y jujeñas que viven en la pobreza!

La venta ambulante y desarrollo de ferias es consecuencia de esta situación estructural, que viene arrastrándose de los gobiernos peronistas pero que en esta situación de ajuste ha pegado un salto.

Así como también aumenta quienes compran mercaderías en las ferias, debido a que acceder a estos productos en supermercados, en un contexto de creciente inflación y salarios devaluados, es cada día más difícil.

Este es el motivo por el cuál al oficialismo cuando se denuncia esta persecución, es como meterle el dedo en la llaga en una política completamente impopular, con el fin de recaudar y controlar el espacio público como si fuera propio y no del pueblo trabajador, política que el radicalismo toma de Macri con la persecución a senegaleses, artistas y vendedores ambulantes.

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La ordenanza que recauda sobre quiénes menos tienen

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Con leer la misma se entiende su imposible cumplimiento: les exigen una serie de requisitos para que les sea otorgado un permiso de la Intendencia, tienen que demostrar que no tienen "otro medio de subsistencia" en la familia -literal-; inscripción a la AFIP, Monotributo, inscripción de Dirección de Rentas, etc. Como si una madre desesperada como la que se puede ver en el vídeo podría cumplir con estos requisitos (art 7 y 8).

El artículo segundo prohíbe directamente la venta en el microcentro y en los puentes del ejido de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, dejando a salvo las plazas y parques, no sin antes pagar un "canon" a la municipalidad.

Debiendo también pagar impuestos según la zona en la que se ubiquen. Por ejemplo un vendedor de pochoclo que se ubique en la plaza Belgrano debe pagar alrededor de $3000 mensualmente. Un delirio, considerando que cerca de un 30-25% de su ingreso debería irse en el pago a la municipalidad.

Lo que la ordenanza no deja claro es la cantidad de permisos que otorgará, pero da a entender que son restrictivos ya que establece un orden de jerarquía para ser otorgados (art. 9 y 10).

Otra cuestión importante son las sanciones: los artículos 50º, 51º y 52º habilitan, ante la falta de autorización, el secuestro de la mercadería y multas que van de 50 al 100% de los productos incautados.

La política del radicalismo y sus cómplices peronistas. Si hay pobreza que no se note

Ante la intervención de los concejales de la izquierda en defensa del derecho al trabajo, consagrado en el artículo 14 Bis de la Constitución Nacional, el mismo Secretario de Gobierno, Gastón Millón, salió a defender la ordenanza, diciendo que esta reglamenta principios constitucionales. Sin embargo en los hechos prohíbe y limita esta práctica ante la falta de un trabajo estable. Le recordamos al funcionario que los derechos establecidos en la Constitución Nacional, plantean un piso, y un principio de progresividad de derecho, al cual no se puede retroceder con una ordenanza municipal.

Lo que molesta al municipio es que se cuestione la ordenanza 6884/16, que más que regular el espacio público, busca avanzar en una política recaudatoria, cobrándole a los sectores más golpeados por la crisis, vulnerabilidad que llegó producto de la política de más de 40 años de gobiernos peronistas y radicales que garantizaron la ganancia de los grandes empresarios de la provincia, manteniendo la pobreza latente de Jujuy como una constante.

Otras de las razones para "regular el espacio público", es que el turista y las clases "pudientes" puedan caminar tranquilamente por el centro, sin que se vea la pobreza de San Salvador de Jujuy, estableciendo lugares de primera, de segunda y tercera, para que se concentren los vendedores ambulantes y feriantes, y no haya "competencia desleal” para los negocios comerciales. Entre ellos se encuentran los grandes supermercadistas, cuyos dueños son actores de la política provincial como Pedro Segura, dueño del Supermercado Comodín, donde la precarización laboral, el trabajo en negro y los despidos son moneda corriente.

El gobierno no te garantiza trabajo, sueldos acordes a la canasta familiar, y tampoco te permite ganarte unos pesos vendiendo mercadería en la calle. Pero sí arma verdaderos operativos policiales criminalizando a los vendedores, generando el más amplio repudio en la población.

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No vemos el mismo empeño de la municipalidad, con la ocupación del “espacio público” en finas confiterías de la calle Belgrano, o para denunciar el trabajo en negro, tampoco, se ven sanciones comparables a sacarle la mercadería a personas que tienen como único sostén la venta callejera. Lo que si hay es beneficios, exenciones de impuestos, como los del “paquete” café “Los dos chinos” al que la municipalidad le paga los servicios de recolección (actualmente LIMSA), desde el año 1997, como así también a las Iglesias, instituciones anti-derechos que tienen numerosas exenciones impositivas.

La ordenanza 6884/16, es recaudatoria y persecutoria contra los sectores de la sociedad más vulnerables. Desde el PTS-FIT, la rechazamos, y convocamos a los vendedores ambulantes, feriantes, organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y políticas a rechazarla también, defendiendo el legítimo derecho de los vendedores ambulantes y feriantes a ejercer libremente sus actividades. Mientras peleamos, por el reparto de las horas de trabajo, sin afectar el salario, para trabajar 6 hs al día, 5 veces a la semana, garantizando el acceso a un trabajo genuino, que elimine la necesidad del cuentapropismo y la precariedad laboral permanente.