En plena campaña de reelección, el gobernador firmó un convenio para buscar litio y tierras raras en suelo bonaerense, cuyos primeros resultados estarán en 2024. Las consecuencias ecológicas pueden ser muy graves.
Miércoles 20 de septiembre de 2023 14:04
Hace unos días, en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, aparecía la resolución Nº 549-MPCEITGP-2023 que habilita la exploración de litio en el territorio bonaerense. La nueva iniciativa extractivista se suma a otras prácticas de alto impacto en el ambiente y la población, como las del agronegocio o la del petróleo offshore que Kicillof busca concretar lo más pronto posible. Podría traer graves consecuencias ambientales.
En plena campaña electoral, el convenio firmado por la Subsecretaría de Minería del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires y el Servicio Geológico Minero de la Argentina (SEGEMAR) buscará explorar en suelo bonaerense la presencia de litio y de tierras raras, que es el nombre común que recibe un grupo de elementos químicos utilizados para fabricar distintos productos tecnológicos hasta armamento.
Según señala el sitio Minería Panamericana, el impulso para esta investigación proviene del Consejo Federal Minería y se basa en la exploración de depósitos de arcos volcánicos antiguos. En la primera etapa, de "prospección", con una duración estimada de cuatro meses, se identificarán áreas con “anomalías” geológicas que podrían indicar la presencia de litio o Elementos de Tierras Raras. Concluido esto se realizarían los pozos de exploración, para extraer y analizar el material.
Como es clásico en cada avance extractivsita, la etapa de exploración comenzará sin ningún tipo de consulta previa a las comunidades. Según la nueva resolución, se proyecta la exploración en áreas tan sensibles como Salinas Grandes de la provincia de Buenos Aires, Médanos, las sierras de Tandil y varias lagunas del interior de la provincia.
Es importante recordar que todos los métodos actuales para la extracción del litio desde salmueras ―ya sea “evaporítico” o de “extracción directa” ― implican la destrucción de las fuentes de agua subterránea y de los humedales asociados en las cuencas, por la evaporación para depurarlo o por la contaminación cruzada, con la consecuente destrucción de la vida y de las comunidades que las habitan. Es precisamente lo que denuncian las comunidades de Salinas Grandes en Jujuy.
Por supuesto, el avance extractivista se reviste de un discurso “desarrollista”: “en el marco del contexto económico global ―dice uno de sus fundamentos en referencia al litio y las tierras raras― presentan un carácter estratégico o de importancia económica estratégica para el desarrollo industrial de la provincia y el país”.
Como ya se ve con los casi 30 años de agronegocio, los 10 años de fracking en Vaca Muerta y el desarrollo dado a la megaminería, se trata solo de palabras vacías: esta falsa idea de desarrollo económico, que trata a los bienes comunes naturales bajo la óptica de meros recursos económicos, convalida una práctica de entrega de bienes comunes naturales y de destrucción de ecosistemas y la salud de las poblaciones.
Axel Kicillof busca su reelección sumándose al coro de gobernadores fervientemente preocupados por hallar litio, el “oro blanco”, de lo que nada positivo queda en Argentina salvo las consecuencias más degradantes como denuncian las comunidades afectadas a lo largo del país, el movimiento ambiental y la izquierda.
Tampoco su discurso de “transición energética” frente al calentamiento global tiene sustento: el litio tiene destino de exportación para la fabricación de baterías eléctricas en países imperialistas como EEUU, lo que no resuelve el problema de desfosilización de la matriz energética, ya que los gobiernos –Argentina en el triste podio mundial– siguen abriendo "bombas de carbono" ― la clave urgente hoy― ni la transición, que no va a pasar por vender autos individuales de lujo, sino por redes de transporte público ecosustentables. Aplicada por gobiernos capitalistas no significa otra cosa que nuevos negocios a costa de la naturaleza (destrucción de humedales, en el caso del litio) y a costa de la clase trabajadora (como ocurrió en Francia con el impuesto a la nafta que desató el movimiento de los chalecos amarillos, o el peligro de la pérdida de fuentes de empleo ligadas al turismo y a la pesca en la costa patagónica).
En este sentido, ninguna conclusión ha sacado UXP en la Provincia de Buenos Aires sobre las tasas de cáncer y otras enfermedades en los pueblos fumigados y de la cantidad de estudios científicos que así lo demuestran, consecuencias del agronegocio extractivista para el cual gobiernan. Mucho menos, reconocer la resistencia al robo del litio que llevan adelante las comunidades en Jujuy, como vienen denunciando el Tercer Malón por la Paz, entre otros sectores.
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Como vemos, una vez más, el supuesto “progresismo” de Unión por la Patria se devela una versión más o menos edulcorada del extractivismo salvaje que caracteriza a toda la clase política y los partidos patronales, que no es otra cosa que un negacionismo en la práctica, del cual tuvimos la máxima expresión hace pocos meses en la provincia de Jujuy con el represor gobernador Morales, amigo de Massa.
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Gobernar para el extractivismo y el FMI no es enfrentar a la derecha
A tono con el consenso extractivista de todos los candidatos de los partidos patronales, la nueva resolución que habilita la exploración de litio en la provincia es otra muestra más del modelo que seguirá profundizando Kicillof, un modelo que beneficia al FMI, las multinacionales petroleras y del litio y el agronegocio, destruyendo todo a su paso. Como vemos, cada voto a Massa - Kicillof significa fortalecer esta avanzada extractivista. Ni qué decir respecto a Milei, Bullrich o Schiaretti.
Solo el Frente de Izquierda Unidad de Myriam Bregman y Nicolás del Caño denuncian las consecuencias ecocidas y el saqueo económico del extractivismo y propone un programa para ponerle fin, que permitiría encarar una verdadera transición energética, con medidas elementales como el desconocimiento de la deuda con el FMI, la nacionalización de todo el sistema energético bajo el control de trabajadores y comunidades, para avanzar en una desfosilización de la matriz energética.