Espionaje ilegal. La AFI informó que tiene en su poder al menos 105.000 escuchas ilegales de la época de Macri

La información fue difundida este jueves por medios como Página|12 y La Nación. Según la versión difundida por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, al menos 105.000 escuchas ilegales realizadas durante el gobierno de Mauricio Macri fueron halladas en una base de datos del organismo que condujo en ese período el amigo presidencial Gustavo Arribas.

Se trata de escuchas que, además de ser ilegales en su método de obtención, no fueron “destruidas” (ni siquiera retiradas de la AFI) una vez aportadas a causas judiciales. Un claro signo de “lumpeninteligencia” si se suma a los videos y otras documentaciones encontradas por la actual gestión del organismo de espionaje, entre ellas el video que abrió el escándalo de la “gestapo” macrista.

Entre las 105.000 grabaciones mencionadas por Caamaño se encuentran las realizadas sobre teléfonos de exfuncionarios y empresarios de estrecha relación con el kirchnerismo que durante los años de Cambiemos estuvieron presos, muchos de ellos en el penal de Ezeiza.

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Caamaño le dijo a la periodista Luciana Bertoia de Página|12 que el gobierno de Macri hizo “gatopardismo” con las escuchas utilizadas para espionaje estatal, ya que por un lado “le sacaron las escuchas a la AFI”, pero por el otro, con un método ideado por las huestes de Arribas, “la Corte se las devolvió”.

En concreto, la “innovación” de la AFI macrista se basó en crear un sistema “punto a punto” por el cuál la Dirección Administrativa de Asuntos Jurídicos (DAAJ) del organismo recibía las grabaciones legalmente realizadas por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) de la Corte Suprema. Es decir, que la Corte le proveía una especie de back up de decenas de miles de escuchas a la AFI, que con ellas hacía lo que quería de acuerdo a las conveniencias de los funcionarios de Cambiemos o de jueces y fiscales necesitados de “pruebas”.

Un dato relevante es que en tiempos de Macri la DAAJ estaba dirigida por Juan Sebastián de Stefano, nada menos que uno de los tres representantes de la AFI que aparece en el video del escándalo de la “Gestapo”, sentado junto Marcelo Villegas, entonces ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, el intendente de La Plata Julio Garro y varios empresarios de la construcción.

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Según denuncia Caamaño, De Stefano era el responsable de recibir las escuchas realizadas por la Corte, desgrabarlas y entregar las transcripciones a jueces y fiscales que necesitaban “pruebas” para imputar y procesar a determinados personajes vinculados con la gestión del gobierno de Cristina Fernández.

Tal como ilustra Bertoia en Página|12, uno de los casos más conocidos donde esa mecánica se aplicó es el que involucra al exsecretario general de la Presidencia y exdirector de la propia AFI Oscar Parrilli, varias de cuyas conversaciones telefónicas con su jefa política, CFK, fueron difundidas por periodistas y medios macristas. Se trata de grabaciones obtenidas con el método “punto a punto” (en ese caso, sus teléfonos fueron pinchados usando como excusa de una investigación sobre Mario Segovia, conocido como el “Rey de la efedrina”).

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Una de las cosas que parecen sorprender al actual oficialismo es la poca pericia de los espías conducidos por Arribas, quienes dejaron innumerables evidencias de sus ilegalidades en cajones, computadoras y oficinas de la AFI. Curioso, teniendo en cuenta que durante casi toda la gestión de los gobiernos kirchneristas (2003-2015) quien condujo realmente la agencia de espionaje estatal (más allá de quienes ocupaban los cargos políticos dirigenciales) fue nada menos que Antonio “Jaime” Stiuso, experto en todo tipo de operaciones, carpetazos y delitos camuflados de “inteligencia”.

Frente a lo escandaloso de cada nuevo hallazgo respecto al espionaje realizado en tiempos de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y compañía, bien vale preguntarse cuál es la política del Frente de Todos para terminar realmente con esa usina de ilegalidades y crímenes llamada Agencia Federal de Inteligencia.

¿Qué piensa hacer hoy Caamaño con las 105.000 escuchas que tiene en su poder? Por el momento, desde el Gobierno sólo se anunció que serán puestas a disposición del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene a su cargo la causa por espionaje ilegal realizado en teléfonos de del penal de Ezeiza, donde estuvieron alojados exfuncionarios y empresarios kirchneristas. Se trata de una discrecionalidad que poca luz puede echar sobre el asunto. No queda claro si el Frente de Todos ordenará la destrucción de esas escuchas ni mucho menos si pondrá copias específicas a disposición de las personas cuyos teléfonos fueron pinchados.

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Como ya se escribió en este sitio, los referentes de los partidos tradicionales suelen decir que los “servicios” son necesarios para la seguridad ciudadana y que los desaguisados cometidos por espías son errores involuntarios que deben castigarse. Pero con la información que hoy sale a la luz, queda claro que eso es insostenible. Por eso ningún gobierno ordenó jamás la apertura integral de los archivos de la AFI, ni de las áreas de inteligencia de las fuerzas federales, de las policías provinciales, de las Fuerzas Armadas y los servicios penitenciarios.

Desde hace años, sobrevivientes de la dictadura, familiares de víctimas de la represión estatal y referentes de la lucha por los derechos humanos como la diputada del PTS en el Frente de Izquierda Myriam Bregman han exigido en reiteradas oportunidades que se abran de una vez por todas los archivos del espionaje estatal.

El Estado destina millonarios recursos para sostener esos “servicios” con la excusa de su necesidad. Lo cierto es que cada inquilino de la Casa Rosada los necesita para la persecución y la represión política y de clase. La cuestión de fondo pasa por disolver todo aparato de inteligencia montado para perseguir al pueblo trabajador y a los que luchan. En definitiva, la discusión pasa por qué hacer con los cimientos (y entre ellos las cloacas) del Estado.