La Judicatura continua y endurece su cruzada contra el independentismo catalán. La Audiencia Nacional asume las tesis de la Fiscalía. Un golpe que se produce a solo unos días de que esta misma institución recurriera la absolución de Tamara Carrasco.
Martes 14 de septiembre de 2021
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, confirmaba este martes que los 13 detenidos en la llamada “Operación Judas” el 23 de septiembre de 2019, se sentarán en el banquillo acusado de pertenencia a organización terrorista. Para uno de ellos se le procesará también por “tenencia, deposito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista”.
El magistrado asume así la petición de la Fiscalía que, el pasado 20 de agosto, solicitó que se mantuvieran los cargos que se desprendían de los informes de la Guardia Civil.
Este fue el cuerpo encargado de los registros y detenciones, y de elaborar el enésimo informe contra activistas independentistas que ha sido puesto en tela de juicio y considerado un montaje más por sus abogados, familiares y defensores de los derechos humanos.
La tesis de la Benemérita sostiene que los acusados formaban parte del denominado “Equipo de Respuesta Táctica”, a la que consideran una “célula” de “gran radicalidad”. Supuestamente este grupo se dedicaría a realizar “acciones más sensibles” y actuaría desde la clandestinidad. Un elemento este último que, en un momento en que hay más de 3.300 procesados por el proceso independentista, se convierte casi en una prevención elemental para muchos activistas.
Entre estas supuestas acciones “más contundentes”, como también se refieren, estarían cortes de carretera o el levantamiento de barreras de peajes. Acciones que no son más que parte del derecho a la protesta y manifestación, acerbo no solo del movimiento independentista, sino de otros movimientos como el estudiantil o el obrero.
Según el informe y la doctrina de la Operación Judas las movilizaciones mineras contra los cierres de los pozos, de los estudiantes de la UAB cortando la AP7 contra las subidas de tasas o de los trabajadores sanitarios bloqueando las rondas de circunvalación de Barcelona contra los recortes, serían propias de pertenencia a organizaciones terroristas.
La Judicatura sigue pues al frente de la guerra contra el independentismo catalán. Que esta decisión llegue a solo un día de la reunión de la Mesa de Diálogo, es también un intento de injerencia desde la derecha y el Estado profundo contra el proceso de restauración autonómico que protagonizan Sánchez y Aragonés.
El ataque contra los detenidos del 23S llega solo un día más tarde de que la misma Fiscalía recurriera ante el Tribunal Supremo la sentencia absolutoria de Tamara Carrasco. Esta activista de los CDR fue detenida y condenada a no salir de su municipio durante 13 meses. Otro informe de la Guardia Civil la acusaba de terrorista por haber enviado un audio de WhatsApp donde animaba a movilizarse en la Semana Santa de 2018 hacia el aeropuerto de El Prat. Ahora la Fiscalía demanda siete meses de prisión por “divulgar mensajes que incitan a la alteración del orden público”.
La ofensiva represiva contra el independentismo catalán no se detiene y está asentando una doctrina judicial cada vez más represiva y liberticida sobre derechos fundamentales como el de expresión, reunión o manifestación. Unos ataques que no solo recaen contra los independentistas catalanes, sino que cada vez con más frecuencia se aplican a otros luchadores sociales, juveniles o del movimiento obrero.
Los partidos del procesismo parecen haberla asumido, y la aplican cuando les toca tanto con los Mossos d’Esquadra o con el mantenimiento de las acusaciones de la Generalitat en numerosos procesos judiciales, como con la aceptación de la Mesa de Diálogo y el abandono en los hechos de la reivindicación de amnistía. La “izquierda” en la Moncloa de Unidas Podemos, sigue siendo cómplice desde sus asientos en el Consejo de Ministros y Ministras, donde sigue sin siquiera abordarse la derogación de la Ley Mordaza.
Es hora de reprender la denuncia y la movilización contra esta oleada represiva, peleando por la amnistía total de los 3.300 procesados catalanes y los otros cientos sociales y políticos del resto del Estado, así como por la derogación de todas las leyes liberticidas.
