La CUP vota en contra de los presupuestos neo-liberales. La consecuencia inmediata tendría que ser retirar el apoyo al gobierno y prepararse para luchar y tumbar las cuentas. La dirección de la CUP enfrente ante el cruce.
Martes 23 de noviembre de 2021
Después de que el pasado sábado la CUP hiciera público que mantenía la enmienda a la totalidad de los presupuestos del gobierno para el 2022, ERC se ha acercado a negociar un acuerdo con los comunes para poder salvar las cuentas neo-liberales.
En una reunión de urgencia el president Aragonés expresaba este lunes al resto del gobierno el contenido de las negociaciones con el comunes sobre el presupuesto, para después informar en una rueda de prensa del mismo acuerdo llegado con la formación de Jèssica Albiach. Sin embargo, por parte de Junts y después de la reunión matinal, manifestaban que el pacto entre ERC y comunes "rompe la mayoría del 52%".
Aun así, por la tarde los presupuestos eran aprobados con los votos favorables de ERC y Junts y el apoyo de los comunes. Aragonés manifestaba antes de la aprobación de las cuentas que "como gobierno tenemos que estar por encima de las posiciones de partido". Y hacía también un guiño a la CUP al decir que "le habría gustado que la mayoría hubiera sido más ancha, pero mantenemos la mano extendida con la CUP para el resto de la legislatura”.
Y es que si bien la CUP ha mantenido hasta el final la enmienda a la totalidad de los presupuestos votada por su militancia, a pesar de que después de seguir negociando estos días con el gobierno unas cuentas que responden a "un giro político a la izquierda y a la defensa de derechos sociales y democráticos", la diputada Eulàlia Reguant informaba este sábado que "no rompemos ningún acuerdo", refiriéndose a la legislatura a la que apoyan.
Reguant reafirma así "el compromiso para continuar trabajando en este giro a la izquierda", extendiendo la mano, nuevamente, en el gobierno de ERC y Junts después de la votación de los presupuestos.
En el mismo sentido, Reguant se dirigía ayer desde el Parlamento a los partidos del gobierno diciendo que “si ustedes ponen la Generalitat junto a la gente y ponen en el horizonte la autodeterminación, estaremos. Seremos no solo acompañantes, sino motor si es necesario”. Ni ERC, ni Junts han gobernado nunca para el pueblo, lo hacen para las grandes empresas. Por eso sus presupuestos se basan en los macroproyectos y en un fuerte traspaso del dinero público a las empresas privadas.
Esta decisión de la dirección cupaire es inverosímil en cuanto que la aprobación de los presupuestos es la política fundamental en la que se sustenta la acción de gobierno. Por lo tanto, si una formación parlamentaria no está de acuerdo con esta política, lo consecuente es no arreciar ningún compromiso y, por supuesto, retirar todo apoyo parlamentario.
Si la CUP en verdad quiere un "viraje hacia la izquierda" en aquello referido a las cuentas, no es suficiente con una enmienda a la totalidad de los presupuestos. El primero que se tiene que hacer es romper inmediatamente el acuerdo de investidura con ERC y el apoyo en el gobierno.
No se puede basar toda la oposición en los presupuestos en una lucha parlamentaría. La CUP tiene que enfrentar estas cuentas haciendo un llamamiento urgente a la movilización en las calles. Articular una lucha social que se oponga a las cuentas neo-liberales del gobierno para imponer la fijeza de todas las interinas, la internalización de miles de trabajadores de los sectores públicos, una sanidad pública al nivel que requiere la crisis y un parque de vivienda social que provenga de la expropiación de los pisos de la banca y los grandes tenedores, entre otras muchas cuestiones que conciernen a la resolución de las demandas sociales más urgentes.
Es necesario que el 63% de las bases de la CUP que votaron en contra de los presupuestos, así como también los miles de represaliados y los sectores que luchen por sus derechos laborales como es el caso de las interinas enfrente la Ley Iceta, o los estudiantes con la Ley Castells, puedan expresar el descontento con los partidos de la burguesía catalana que pone en venta las aspiraciones democráticas por el derecho a decidir, mientras ataca los derechos y libertades más esenciales, profundizando en una crisis de por sí misma ya agravada con la pandemia.
Algo que solo es posible en alianza con todos estos sectores y poniendo de pie una verdadera izquierda anticapitalista y con una perspectiva de independencia de clase, sin ningún vínculo con los partidos que solo piensan al beneficiar los empresarios y ricos que poseen negocios como el Hard Rock, iniciativas capitalistas como los Juegos Olímpicos de Invierno o la ampliación de los vuelos al aeropuerto del Prat y la reforma del circuito de Montmeló.
