Crimen De Estado. La Cámara de Comodoro Rivadavia debe resolver la reapertura de la causa Maldonado

“Todas las querellas expusimos y fundamentamos por qué no se debe cerrar la causa”, dijo Sergio Maldonado a La Izquierda Diario este martes, luego de haber participado en la audiencia de apelación ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Chubut.

El hermano mayor de Santiago explica algunas de esas razones. “Porque no se hizo siquiera algo tan simple como la reconstrucción de lo que pasó el 1° de agosto de 2017; porque no se les tomó declaración a tres testigos (claves) de la comunidad mapuche; porque nunca ampliaron los puntos de pericia de la autopsia; porque desligaron por completo a Gendarmería de los hechos, como si no hubiera sido partícipe directa; y todo el tiempo encubrieron, desde el Gobierno y desde la jueces y fiscales”.

Tan convencido está Sergio sobre lo que dice, que inmediatamente afirma que “está claro que ninguno de los que están del lado del Poder Judicial quiere saber la verdad de lo que pasó. Si está todo documentado, es cuestión de agarrar y empezar a investigar. Con todo lo que se presentó no había razón alguna para cerrar la causa”.

Cara a cara

Con esos sólidos argumentos, junto a su tenaz abogada Verónica Heredia, a la incansable Nora Cortiñas y a representantes de las otras cuatro querellas (el CELS, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Comisión Provincial por la Memoria y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), Sergio Maldonado ingresó a los tribunales de Comodoro Rivadavia a las 9:30 de la mañana.

Frente a los camaristas Javier Leal de Ibarra, Hebe Corchuelo de Huberman y Aldo Suárez, las querellas expusieron los argumentos de su apelación. A pocos metros, escucharían y luego darían sus versiones los representantes del Ministerio Público Fiscal y los abogados de Emmanuel Echazú, el gendarme que se autoimputó en la causa para poder darle acceso al expediente a sus sospechados superiores del Ministerio de Seguridad.

Luego de las diligencias de rigor, Sergio salió del edificio judicial más convencido aún de “cómo mienten. En la audiencia tanto el representante del Ministerio Público Fiscal como los abogados de Echazú dijeron cosas que no se condicen con lo que llegó a probarse y consta en el expediente. Afirman como ciertos datos que son irreales. Es como si estuvieran tomándonos el pelo”.

La apelación de la familia

Maldonado y su abogada Heredia presentaron un escrito de 52 páginas, con datos, fechas, nombres y apellidos, muchos de los cuales constan en el expediente archivado, que demuestran que el cierre de la causa fue una medida caprichosa e injustificada (salvo que tenga el objetivo claro de encubrir a los culpables de un crimen de Estado).

En el escrito solicitan que se declare nula la sentencia del 29 de noviembre de 2018, dictada por Gustavo Lleral, por entender que el juez violó el “cumplimiento de los plazos procesales” dando lugar a “la consecuente falta de intervención de la querella”. Así, por “el infinito dolor, humillación, desolación, angustia, que generó a la familia Maldonado, sumado a los innumerables nuevos ataques que la sorpresiva sentencia habilitó”, junto a la apelación piden el apartamiento de Lleral como juez de la causa.

Para los Maldonado, el juez omitió durante la instrucción “tratar cuestiones oportunamente planteadas y que afectan el derecho de defensa en juicio”. Cuestiones que, “de haberlas tratado, otra hubiera sido la resolución de la causa”. Y lo acusan de hacer una valoración “absurda, errónea y fragmentada” de “los elementos y constancias”, de violar los derechos a “tomar vista, controlar y confrontar la denominada ‘prueba’” y a “ofrecer prueba a fin de acreditar la hipótesis de desaparición forzada que jamás fue investigada en esta causa”.

Pruebas de sobra

La apelación relata diversos hechos registrados durante los meses de búsqueda de Santiago (del 1° de agosto al 17 de octubre de 2017) que demuestran palmariamente la connivencia entre el juez Guido Otranto, la fiscal Silvina Ávila y altísimos funcionarios del Ministerio de Seguridad como Gonzalo Cané y Pablo Noceti.

Algunos de esos hechos constan en el mismo expediente sin que que hayan causado nunca la alarma del sucesor de Otranto. Para Maldonado y Heredia, en verdad, Otranto nunca buscó a Santiago. Por el contrario todo hace sospechar que, dando por hecho la desaparición forzada, el juez estuvo siempre más preocupado por hallar rastros de Maldonado a los que pudiera manipular.

Por los mismos motivos también en su momento las querellas recusaron a la fiscal Silvina Ávila, que no corrió la misma suerte que Otranto (el apartamiento de la causa) sino que se mantuvo (o la mantuvieron) incólume hasta el cierre del expediente.

La apelación detalla una gran cantidad de pedidos de producción de prueba, realizados por las querellas, que fueron rechazados por los jueces Otranto y Lleral y por la fiscal Ávila, sin dar ninguna explicación. De haberse concedido tan solo un puñado de esos múltiples pedidos “otra hubiera sido la conclusión” del juez federal de Rawson y la causa no se habría cerrado.

También presenta información provista por especialistas externos al proceso judicial que analizaron los resultados de la autopsia de Santiago y demás pericias y concluyeron indubitablemente en que muchos de esos resultados son contradictorios e insuficientes y fueron tomados de forma muy irregular.

“El Informe de Autopsia ‘carece de controles’, ‘los análisis biológicos no aportan evidencia alguna. Carecen de rigor científico’, ‘se trata de datos generales, imprecisos, incompletos, especulativos. Omite datos. La toma de muestras no asegura la no-contaminación del material’”, les aseguró a los Maldonado una eminencia en Biodiversidad y Biología Experimental de la Universidad de Buenos Aires, investigadora principal del Conicet y de paso también por el INTA.

Un cierre que no cierra

Una de las conclusiones de la querella, volcada en la apelación, dice que “frente a la complejidad de esta causa y las innumerables pruebas por producir, el a quo (se refiere al juez) recurre al argumento del plazo razonable para archivarla. El a quo debió escribir en todo caso que el plazo que tuvo en cuenta fue el comienzo del G20 el 30 de noviembre de 2018 en Argentina y la preocupación internacional en el caso Maldonado”.

Al mismo tiempo denuncian un hecho de extrema gravedad: el reconocimiento público por parte del mismo Lleral de que durante el proceso se armaron más de 400 legajos paralelos al expediente (es decir que no tienen valor de prueba) y que se mantuvieron ocultos a las querellas (presumiblemente no así al Ministerio), que recién se enteraron de esa existencia al leer el fallo del 29 de noviembre.

A su vez la querella denuncia a la negativa sistemática de Lleral a propiciar una “investigación exhaustiva, efectiva, imparcial e independiente a fin de determinar las circunstancias de la muerte de Santiago”. Siguiendo recomendaciones de la ONU, propusieron que la investigación estuviera en manos de un equipo de expertos sin vinculación alguna con el Gobierno. La negativa del juez a aceptarlo tenía una razón de Estado. Nada podía develar el accionar criminal y de impunidad del Ministerio de Seguridad con Patricia Bullrich a la cabeza.

Finalmente la querella ratificó ante la Cámara “la reserva de acudir ante la CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación)” por entender que están en juego “los derechos fundamentales de Santiago y su familia, incluso por arbitrariedad de sentencia”.

La lucha está abierta

“Por suerte siempre nos sigue acompañando mucha gente, esta vez también contamos con el apoyo en Comodoro Rivadavia”, dice Sergio Maldonado luego de una mañana cargada de sensaciones. “Ahora tenemos que esperar a ver qué dice la Cámara”, responde cuando se le pregunta cómo sigue la pelea.

Decidido, el hermano de Santiago le tira la pelota a los tres camaristas que, si quieren tener una consideración popular algo diferente a la que tienen Otranto, Ávila y Lleral, deberán estar a la altura de las circunstancias, reabrir la causa y atender las requisitorias investigativas de las querellas.

“Vamos a agotar todas las instancias. Y si no se resuelve acá se tendrá que resolver en los tribunales internacionales”, sentencia Sergio. Y concluye con una frase contundente: “es importante pensar en que si este caso queda impune, con toda la visibilidad que tuvo, ¿qué queda para todas esas familias vulnerables, que no tienen el acompañamiento que tuvimos nosotros de tanta gente? Les pueden hacer lo que se les antoje”.

En la tarde del martes, los Maldonado publicaron un comunicado con algunos de los detalles de la apelación.