En la provincia de Jujuy se cuece a fuego rápido un cambio de régimen. La UCR que comanda Gerardo Morales presentó un texto de reforma parcial de la Constitución que restringe el derecho a la protesta, quita el derecho a votar legisladores cada dos años y deja al Poder Legislativo como apéndice del gobierno. De concretarse, significaría una suerte de golpe institucional, con el cual se configuraría un régimen totalitario a la medida del gobierno de turno y de los poderosos.

“Se confirmaron las peores sospechas”, afirmó el diputado nacional y convencional Constituyente, Alejandro Vilca, quien junto al bloque de diputados del PTS-FIT denunció desde el inicio de la Convención (el 22 de mayo) que la misma se hacía sin texto oficial, sin transmisión de las comisiones y que el propio Gobernador había cometido una estafa al anunciar el mismo día de inicio de la Constituyente eliminar las elecciones cada dos años, algo que nunca había mencionado en su larga campaña por la reforma de la Constitución iniciada el 13 de septiembre de 2022.

“Toda reforma constitucional que se propone afectar las reglas del juego para beneficiar a quien está en el poder debería ser invalidada”, nos plantea Roberto Gargarella, un destacado constitucionalista argentino.

La gravedad de la situación redobla las exigencias a la CGT y CTA a que convoquen a un paro general. Se trata de unir la fuerza social de los ocupados y desocupados para tirar abajo este plan reaccionario. De imponerse una Constitución así se hará más difícil la organización y la respuesta de la clase trabajadora y los sectores populares para enfrentar el plan de ajuste, entrega y saqueo de los gobiernos que concuerdan con lo que exige el FMI.

Si la cara para este ataque la pone la UCR y el PJ [1], detrás de ellos están las grandes patronales mineras, ingenios azucareros, terratenientes del tabaco y otros empresarios que exigen orden jurídico y respeto por la propiedad privada porque como dicen “en Argentina hay una gran oportunidad de negocios”.

Los actuales dueños del litio fueron muy claros. Martín Pérez de Solay, CEO de Allkem, el grupo australiano que opera Sales de Jujuy y acaba de fusionarse con la norteamericana Livent que extrae litio en Catamarca, en este encuentro sostuvo que “la oportunidad del litio no va a ser eterna, es una ventana de 30 años, tenemos una posición única, esperemos que no esté la tentación de querer sacar la fruta antes de que madure la planta por las necesidades de corto plazo, porque todos quieren meter la cuchara, y la incertidumbre es permanente”. Y el propio Morales se encargó de ofrecerles su pleitesía viajando a la feria Arminera realizada en el predio de la Sociedad Rural de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo día que asumió como presidente de la Convención Constituyente, y para eso se tomó una licencia.

Donde muere la República

En Jujuy las elecciones legislativas son cada dos años y las cámaras legislativas (Legislaturas y Concejos) se renuevan por mitades. Con el cambio propuesto por la UCR, “La Legislatura se renovará en forma total cada cuatro años, pudiendo sus miembros ser reelectos por un período consecutivo. Cumplido el mismo, no podrán ser reelegidos sucesivamente sino con un intervalo legal” (Art. 106, Inc. 2).

Quitar el derecho a votar en elecciones legislativas intermedias significa limitar la expresión política del pueblo, que actualmente, al menos cada dos años, puede elegir a sus presentantes. Es decir, mayor separación entre elecciones, para que los legisladores que ofician de mandantes de las grandes empresas tengan que someterse lo menos posible al escrutinio popular; lo contrario a lo que venimos planteando desde la izquierda, que es la necesidad de que los legisladores –así como todo funcionario electo– sean revocables en todo momento por sus electores y que no tengan ningún tipo de privilegio.

Aunque la implementación de sistemas parlamentarios están ideados como límite al “autogobierno del pueblo”, dado que el poder se delega a los representantes y no se ejerce involucrándose en forma directa; no obstante, la elección de legisladores es una de las formas en que el pueblo trabajador puede expresarse con el voto, frente a un sistema político donde a diario se violan sus derechos más elementales (al trabajo en condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, salario mínimo, vital y móvil).

Desde el oficialismo se argumenta que de esta forma se lograría un ahorro para el Estado. Pero en realidad se hace un uso demagógico del sentimiento “antipolítica”, creado por las propias fuerzas tradicionales, para de esta forma avanzar sobre un derecho. Las elecciones provinciales del 27 de junio en 2021 costaron 140 millones de pesos; mientras que Sales de Jujuy (al tener exención impositiva de ingresos brutos) se ahorró 3.297 millones en 2022. Queda claro para quien es el negocio de que haya menos elecciones.

Si quisieran realmente bajar los costos de la política, deberían terminar con las dietas de privilegio y que todo funcionario y jueces ganen como un trabajador o docente. Sin embargo, este proyecto que el FITU presentó en la Legislatura y los Concejos es rechazado por la UCR y el PJ. A la vez, que en la nueva Constitución el oficialismo (con apoyo del PJ que brega por cargos) prevén ampliar el gasto en la burocracia del Estado incorporando con rango constitucional organismos como el Ministerio Público de la Acusación o el Concejo de la Magistratura. En el caso del primer organismo, desde el mismo se vienen dirigiendo los operativos de persecución sobre opositores u organizaciones sociales; en el segundo, se trata de promover una estructura estatal desde la cual los jueces seguirán siendo designados entre el poder de turno y las fuerzas tradicionales que ocupan la Legislatura.

Otro argumento que comentó en las comisiones de la Convención, la UCR a través del intendente, “Chuli” Jorge, quien no le hace asco a las re-reelecciones (va por su quinto mandato) y también el exgobernador, Walter Barrionuevo (PJ), es el de la “gobernabilidad”. Aseguran que las elecciones cada cuatro años de legisladores le permiten al gobierno de turno (Poder Ejecutivo) contar con más estabilidad en su gestión y evitar un recambio parcial de las Legislaturas o Concejos que les podrían generar “incertidumbres” e “inestabilidades”. Bajo el eufemismo de la “estabilidad” lo que quieren lograr la mayor separación posible del electorado para poder continuar con el ajuste y el saqueo a espaldas de las mayorías. Un ejecutivo con la suma del poder público para ponerlo al servicio de las patronales locales y multinacionales.

Cláusula de Gobernabilidad

El Art. 86 del Régimen Electoral (inciso 11) formula, “El sistema electoral proporcional que regirá para las elecciones de convencionales constituyentes, diputados, el que deberá asegurar al partido que obtenga la mayoría de votos en las elecciones para Gobernador la mitad más uno de las bancas de la Legislatura; y el sistema para concejales y comisionados municipales, de acuerdo a sus características particulares”. Este sistema rige en el municipio de Córdoba capital desde 2011 y, es así, como el partido que gana la gobernación automáticamente se queda con la mitad más uno de los concejales. No importa si el partido ganó con el 25 o 30 por ciento de los votos, igualmente se queda con el 51 % de la Legislatura. De esta manera, el Poder Ejecutivo se hace en forma directa del control del Poder Legislativo concentrando todo el poder en manos del gobernador, que pasaría a ser una especie de Virrey todopoderoso y la legislatura su corte o escribanía.

Esta extraña “proporcionalidad” que propone la UCR profundiza además la desproporcionalidad en la representación política de los electorales que en los hechos provoca la vigencia de un piso electoral del 5 % (sobre el padrón). Un piso que sistemáticamente deja afuera a gran parte de las fuerzas políticas opositoras y consolida la representación parlamentaria del bipartidismo. Un estudio sobre el sistema electoral de la provincia de Jujuy indica que el piso electoral “consiste en excluir de manera previa (al reparto de bancas efectuado por el sistema D’Hont) a los partidos que no logren superar una cantidad de votos equivalente al 5% del padrón electoral. Por ejemplo, en 2021 el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical se llevaron el 100% de los escaños en disputa a pesar de que, en conjunto, obtuvieron solo el 55% de los votos. El 45% de la población que votó a otros partidos se quedó sin representación en la Legislatura (Jorge, 2021). En las elecciones recientes, la desproporción llevada al plano de la Convención Constituyente, deriva en un mecanismo completamente antidemocrático. La UCR, que sacó el 32% del padrón electoral, cuenta con una mayoría del 60% de los convencionales y por reglamento (avalado por el PJ) puede hacer la reforma tan solo con mayoría simple. O sea, con un tercio del apoyo de los electores, pueden imponer a los dos tercios restantes su voluntad sin tener que siquiera consensuar ningún punto.

Nada importa a las fuerzas tradicionales que no se cumplan ni siquiera los propios preceptos de la Constitución Provincial actualmente vigente que ellos mismos dicen sostener, el “sistema de presentación proporcional” [2].

Al contrario, defienden mecanismos limitativos de la proporcionalidad directa como es el piso electoral, algo que la UCR no puso en discusión en esta reforma, bajo el argumento de evitar la “atomización” de la representación política tal como fue la respuesta de la fiscalía de Estado hizo a la demanda de inconstitucionalidad sobre el piso en 2019. Es claro que las reglas las ponen ellos arbitrariamente según su propia conveniencia (de clase).

Si consideramos, entonces este punto introducido por el oficialismo en el texto de reforma, el mismo vendría a cumplir con el objetivo de suturar crisis de gobiernos que nacen débiles desde las urnas. Es el caso de la Intendencia de Palpalá (PJ) que en las elecciones del 7 de mayo, el oficialismo salió reelecto con el 30% de los votos, y no obtuvo ningún concejal, dado que las colectoras que le permitieron ganar la intendencia no llegaron a superar el piso electoral. Con la nueva Constitución este trago amargo para el justicialismo (o la fuerza tradicional que sea) no existiría porque en forma directa se haría con la mitad más uno de los concejales, sin necesidad de preocuparse por la suerte de sus colectoras.

Más mano dura

La quita de derechos de expresión a través del voto y que la población tenga representación política proporcional en el parlamento viene con otro mecanismo de blindaje del régimen, esta vez, en las calles. La introducción del Código Contravencional en la Constitución y una serie de disposiciones orientadas a limitar el derecho a la petición y la protesta.

Se propone incorporar un artículo, “Régimen Contravencional”, que legitima el código contravencional que está en aplicación (Ley 5860, proyecto del PJ aprobado durante el gobierno de E. Fellner) con el cual el gobierno multa a todo aquel que se manifieste: madres del dolor, familiares de víctimas de femicidio, docentes, municipales, organizaciones sociales y con el cual se llevó a juicio a sindicatos, organizaciones sociales y las fuerzas del FIT por haber reclamando por bajos salarios y despidos en el ingenio La Esperanza en la apertura de sesiones de la Legislatura en abril de 2018.

Ahora la UCR pretende acelerar la ejecución de las multas, a modo de endurecer el brazo policíaco del poder ejecutivo. En el artículo propuesto sobre el código contravencional proponen: “La ley podrá establecer un procedimiento diferenciado, de carácter sumarísimo, para aquellas faltas graves cometidas en flagrancia. Serán consideradas faltas graves aquellas que perturben la paz social o afectan a gran número de personas en sus derechos y libertades fundamentales”.

Pero para Morales, la mano dura, siempre puede ser más dura, más cuando en la interna de Juntxs están Patricia Bullrich u Horacio Larreta, quien esta semana presentó las pistolas táser como amenaza a todo manifestante que así podría recibir un shock eléctrico. Para no quedarse atrás, resulta que Morales incorporó en el texto de reforma un artículo titulado, “Derecho a la paz social y la Convivencia Democrática Pacífica”. Allí se establece, entre otros aspectos:

Inciso c: “La expresa prohibición de cortes totales de calles y cortes de la ruta, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de los habitantes de la provincia y sus consecuencias legales”.

Inciso d: “La responsabilidad política y jurídica de aquellos representantes y funcionarios públicos que incentiven, inciten, impulsen o promuevan, por acción u omisión, el surgimiento de grupos que vulneren la paz social y la convivencia democrática”.

Y remata este artículo con el Punto 6: “El derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica es un triunfo histórico del pueblo de Jujuy, y una garantía constitucional que debe ser respetada y protegida por el Estado”.

Distintos abogados constitucionalistas como Gargarella (Derecho a la Protesta, 2005) y fallos judiciales favorables a la protesta [3], han demostrado que en este tipo de manifestaciones los inconvenientes generados por demoras de tránsito (hasta que se encuentra una vía alternativa) son un hecho menor; frente a los motivos que llevan a que se desarrollen las protestas, siendo los mismos, una larga cadena de violación sistemática de los derechos consagrados en la propia Constitución. Quienes postulan a igualdad de derechos (protesta y tránsito), bajo la fórmula “tus derechos terminan, donde empiezan mis derechos”, pretenden pasar por alto una realidad social donde la protesta emerge de grupos sociales perjudicados por la falta de garantía de sus derechos por parte del Estado, quién incluso en muchos casos los viola abiertamente (no garantizando viviendas y acceso a la tierra, por ejemplo, con un déficit habitacional de 30.000 familias solo contando quienes cumplen requisitos de inscripción en el IVUJ), y terminan mediante campaña de estigmatización convirtiendo a las víctimas en victimarios. Detrás del discurso de la “convivencia democrática”, en realidad el verdadero objetivo del régimen de la UCR y el PJ es blindarse porque el ajuste para satisfacer al FMI y a las mineras no pasa sin represión como lo viene mostrando Morales.

Crisis Orgánica

Lo que los politólogos y analistas indican cómo crisis de representatividad, crisis de la política, alejamiento de la población de los partidos tradicionales, es una expresión en el plano político del malestar con los distintos gobiernos que en los últimos años prometieron “pobreza cero” o la “heladera llena” y estafaron al pueblo. Este resultado estaba puesto desde el día uno que cumplieron con sus objetivos preliminares, continuar gestionando un capitalismo donde los grandes empresarios hacen sus negocios, saquean los recursos naturales, practican corridas contra el peso, se benefician del endeudamiento del Estado (para poder fugar dólares) y todo esto va a un camino de cornisa con la vuelta del país a las ataduras con el FMI que no para de exigir ajuste sobre el gasto público en educación, salud, vivienda, mientras sus recetas económicas agregan presión a la inflación.

En el caso de la provincia de Jujuy solo en el segundo semestre del año pasado (respecto al primero) la pobreza aumentó un 24% y la indigencia un 35%. En paralelo, las ganancias de los ingenios azucareros y del litio, el “oro blanco”, no paran de crecer. Sobre esta contradicción estructural, se expresa en el plano político, un régimen bipartidista que actúa como un partido único (UCR + PJ Rivarola) y garantiza el esquema de una provincia rica, con trabajadores pobres. Aunque el mismo solo representa al 48% del padrón de electores. De este total, es el PJ quien acusa la mayor crisis de representatividad dado que en las últimas elecciones alcanzaron el 16% del padrón, y desde que perdieron la gobernación en 2015 no logran salir de esa caída. El PTS en el FITU ha ido consolidándose como la principal fuerza opositora e independiente de la política tradicional que el 7 de mayo logró un resultado histórico obteniendo el 12,8% de los votos (válidos) en una elección ejecutiva como es la de gobernador.

El marxista italiano, Antonio Gramsci, definía a las situaciones de largo plazo, donde se producía una separación de las masas respecto de sus representaciones (políticas) históricas como parte de lo que configura una crisis orgánica donde las soluciones de fuerza entre las clases van a estar a la orden del día, o se instauran gobiernos más totalitarios o las masas avanzan imponiendo en las calles sus demandas históricas.

“La crisis” tiene su origen en relaciones técnicas, o sea en las posiciones de clases correspondientes, o en otros hechos. ¿Legislaciones, subversiones, etc.? Cierto, parece demostrable que la crisis tiene orígenes “técnicos”, o sea en las respectivas relaciones de clases, pero en sus inicios, las primeras manifestaciones o previsiones dieron lugar a conflictos de diferentes tipos y a intervenciones legislativas que pusieron en evidencia la crisis misma pero no la determinaron, o sólo le incrementaron algunos factores [4].

Esta cita de marxista italiano puede servir para ilustrar un poco más lo que estamos evidenciando en Jujuy respecto al avance de la izquierda como expresión del malestar con los partidos tradicionales y también como búsqueda consciente de un sector de la clase trabajadora y sectores populares de un proyecto alternativo.

El régimen político viene haciendo todo tipo de maniobras para frenar a la oposición. En estas últimas elecciones hubo un festival de candidatos a gobernador impugnados (Snopek, Demarco), diputadas opositoras suspendidas y desaforadas, y un historial previo de persecución a opositores que con la detención de la dirigente social, Milagro Sala (por una contravención), inició una cacería que nunca se detuvo. Ahora con estos cambios en el sistema electoral se propone relanzarse en modo totalitario.

Justamente son las crisis orgánicas a decir de Gramsci las que puedan dar lugar a fenómenos morbosos. En el caso de Jujuy la reforma Constitucional que promueve la UCR es propia de este calificativo y llevado al plano de la reorganización del poder del Estado, no hace más que fortalecer al Poder Ejecutivo por sobre los otros poderes, consolidando así una suerte de golpe institucional. Primero, considerando una conquista inicial de Morales, cuando en diciembre de 2015, apenas asumido amplió el Superior Tribunal de Justicia para incorporar a tres jueces propios (dos eran diputados de la UCR) y así garantizarse la mayoría. Ahora con la limitación a las elecciones legislativas y con el mecanismo de mayoría automática en los parlamentos para quien gane el poder ejecutivo, se hace de esta forma de un control estricto de los tres poderes. La decadencia de la UCR es notable, de un partido que supo levantar sus banderas con L. N. Alem contra los conservadores exigiendo el derecho al voto, luego de 100 años, se apuran a definir entre ellos mismos quitarle el derecho al voto y a la representación proporcional al pueblo.

Todos estos movimientos “morbosos” hay que interpretarlos en su sentido anticipatorio a que los síntomas actuales de la crisis orgánica se profundicen. La foto actual es la de un gobierno radical, con sus socios del PJ, dispuesto a todo. Pero también en esa foto no solo se expresa la elección histórica del FIT, sino también elementos de la lucha de clases que pueden estar anticipando un cambio. Azúcareros de Ledesma que volvieron a movilizarse por la ruta 34 junto a sus familias y organizaciones sociales luego de 5 años, mineros de El Aguilar que volvieron a parar luego de un duro golpe que significaron los 700 despidos en enero de 2020 y desde Salta la lucha docente empieza a contagiar a la docencia jujeña. Blindarse como régimen con tal de mostrar cartas al gran capital para que haga sus negocios y su saqueo es una apuesta fuerte de la UCR. Pero como el constitucionalista Juan V. Sola invitado por el oficialismo a la Convención relató que cuando los gobiernos mantuvieron regímenes de votación cada cuatro años, debates que se dieron en los ‘60 ante la elección de Illía, en el ‘72 durante la reforma constitucional de la dictadura que anticipaba la vuelta de Perón, todos los regímenes que intentaron blindarse y seguir ajustando a las masas terminaron mal. Illía fue derrocado por Onganía y este último tuvo que renunciar herido de muerte por la acción de masas del Cordobazo, y en el caso de Perón el resultado fue más contradictorio, dado que el Rodrigazo y las huelgas generales de junio y julio del ‘75, abrieron una profunda fisura al régimen, aunque la misma fue cerrada por el golpe de Estado del ‘76. En ningún caso se pudo evitar la lucha de clases y en ninguno el blindaje salvó a estos regímenes. En el caso de Jujuy no será la excepción.

Que el pueblo decida

Ante escenarios de crisis orgánicas desde una mirada democrática liberal se recomienda ampliar y reforzar los derechos de expresión de los sectores más perjudicados en su violación de derechos elementales. Todo lo contrario a la visión de la “gobernabilidad” que apuesta a reforzar el mando de los poderes de turno responsables de todas las vejaciones al pueblo trabajador.

Desde un punto de vista socialista, nuestra defensa del derecho al voto (y en particular el de manifestación en las calles) en el marco de una sociedad capitalista donde el Estado resguarda y administra los intereses de negocios y ganancias de los grandes empresarios, lo hacemos como parte de fortalecer los derechos democráticos de la clase trabajadora y los sectores populares en pos terminar con el capitalismo, a la vez, que peleamos por que las masas hagan una experiencia hasta el final con los distintos mecanismos del sistema democrático burgués.

Por eso, a la vez, que organizamos la más amplia unidad de acción para que caiga la reforma de Morales y, en ese sentido, exigimos el paro general a la CGT y la CTA; peleamos por conquistar con la lucha una asamblea constituyente, libre y soberana, donde se puedan discutir y resolver, todos los problemas e intereses del pueblo trabajador.

Una asamblea impulsen un conjunto de medidas a favor de la clase trabajadora y los sectores populares, como las que plantea la izquierda. Que resuelva el fin del saqueo del litio, su estatización bajo control obrero y de las comunidades; que resuelva la estatización de Ejesa y la creación junto al parque solar cauchari de una empresa estatal única, bajo control obrero, para terminar con el tarifazo en la luz y brinde un servicio de calidad; que estatice bajo control de trabajadores y usuarios el transporte urbano de pasajeros; que termine con todos los privilegios de los funcionarios que ganen como un trabajador, y que ningún trabajador gane menos que la canasta familiar; en igual sentido elimine los privilegios de los jueces y establezca su elección directa, y los juicios por jurados populares; que plantee la reconversión productiva de las tierras para diversificar la producción y generar empleo todo el año en el campo; que permita el acceso efectiva a la tierra de las comunidades originarias y garantice plenos derechos a las mujeres víctimas de violencia y a la juventud trabajo con derechos, al igual, que el acceso a la educación, salud y vivienda de calidad.

Todos estos derechos, exigen para su satisfacción integral y efectiva, tomar el control de los principales nudos de la economía para desde ahí planificar una nueva sociedad donde las mayorías trabajadoras puedan gobernar. Solo un gobierno obrero permitiría que se amplíen, se garantice y se hagan efectivos derechos individuales, sociales y colectivos.

Un gobierno de trabajadores basado en la democracia directa, donde la clase que produce la riqueza, se organice en organismos que desde los centros de producción involucre al pueblo trabajador y desde allí organice y planifique democráticamente la economía, asumiendo la conducción política de la sociedad en función de las necesidades de las mayorías. Un régimen de estas características sería mil veces más democrático que cualquier sistema democrático burgués como sostenía Lenin.