La ofensiva represiva mediante la vía judicial contra el independentismo avanza sin tregua. Las penas de prisión penden sobre las cabezas de los consellers que han acudido a declarar. Lo mismo para Puigdemont y los miembros de la Mesa del Parlament.
Jueves 2 de noviembre de 2017 11:34
Foto: Concentración que se ha celebrado en la plaza de Sant Jaume de Barcelona el mediodía del jueves. EFE
La Fiscalía solicita el ingreso en prisión incondicional para ocho de los consellers que han ido a declarar, entre ellos el vicepresident Oriol Junqueras. Una medida, la del ministerio público, de carácter político e idéntica a la que pesa sobre los presidentes de ANC, Jordi Sànchez, y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
Los consellers del Govern cesado de Catalunya estaban citados esta mañana para declarar en relación con la querella presentada por la Fiscalía que los acusa de rebelión, sedición y malversación de fondos, todo ello en el marco de la declaración de independencia de Catalunya el pasado 27 de octubre.
Nueve de los consellers del Ejecutivo catalán, entre ellos el vicepresident y conseller de Economía, Oriol Junqueras, junto a Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Meritxell Borràs, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Carles Mundó y Santi Vila han acudido a la citación de la jueza Carmen Lamela en la Audiencia Nacional.
No obstante, los consellers se han limitado a contestar las preguntas de sus abogados. La excepción ha sido Santi Vila, exconseller de Empresa i coneixement, que dimitió la víspera a la declaración de independencia, quien ha acudido solo y ha declarado más de 45 minutos ante la magistrada.
Al concluir las declaraciones, la Fiscalía ha pedido prisión incondicional para siete de los miembros del Govern con el argumento de que existe riesgo de fuga, reiteración delictiva o riesgo de destrucción de pruebas. No así para Santi Vila, por el que la Fiscalía pide una fianza de 50.000 euros.
Además, la jueza Lamela, la misma que lleva la causa por sedición contra Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y el ex major de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, pide una fianza de 6,2 millones de euros para todos los consellers en un plazo de tres días bajo pena de embargo de bienes.
Pese a todo, la mayor incertidumbre se encontraba en ver que haría Carles Puigdemont. El president cesado junto a otros cuatro consellers permanecen en Bélgica. Llegaron a ese país el lunes para buscar el apoyo de la Unión Europea con el objetivo de lograr “garantías” para un juicio “justo”, según declaraciones de Puigdemont.
Al no haberse apersonado ante la Audiencia Nacional, Puigdemont y los consellers, Antoni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig, que también están acusados de rebelión, sedición y malversación, podrían enfrentarse a una Orden Europea de Detención.
Por otra parte, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha aplazado la declaración de la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, y el resto de miembros de la Mesa. Forcadell junto a Anna Simó, Lluís Maria Corominas, Ramona Barrufet, Lluís Guinó y Joan Josep Nuet están también citados por delito de rebelión.
Los abogados de los acusados habían denunciado la falta de garantías para preparar las defensas, ante lo que el juez ha aceptado aplazar la citación para el jueves 9 de noviembre. Pero al mismo tiempo se ha aceptado la petición de la Fiscalía para que los miembros de la Mesa tengan vigilancia policial hasta la próxima vista.
Sin duda, la vía judicial es en estos momentos la punta de lanza de la escalada represiva del Gobierno de Mariano Rajoy contra el pueblo catalán y sus aspiraciones democráticas. A la vez, mantiene la aplicación del artículo 155 mientras se juega a derrotar al “procesisme” mediante las elecciones del 21D.
La ANC y Ómnium convocan esta tarde a nuevas concentraciones ante el Parlament y numerosos ayuntamientos de Catalunya en apoyo al Govern y contra la represión. Sin embargo, esto se muestra insuficiente frente al nivel de ofensiva del Estado español. Para hacer efectiva la aspiración del movimiento democrático catalán y enfrentar los ataques del Régimen del 78 que intenta aplastarlo con el 155, las querellas judiciales, presos políticos y las elecciones amañadas, es necesario organizar, junto a la izquierda sindical y los CDR, huelgas en los sectores claves (enseñanza, administración pública, medios de comunicación y transporte...) en vías de preparar una nueva jornada de huelga general, al mismo tiempo que se busca fortalecer una política alternativa a la dirección del proces.
Al mismo tiempo es fundamental impulsar la extensión, masificación y coordinación de los CDR en barrios, centros de estudio y trabajo, para debatir y plantear una alternativa a la dirección del bloque soberanista que viene dejando en el cajón la defensa de la República y ha acatado mayoritariamente las elecciones del 21D impuestas por el Gobierno, al mismo tiempo que se niegan a impulsar cualquier tipo de movilización decidida en las calles.
