Este vienes 22 de noviembre, la jueza Martini dio inicio a la investigación judicial contra 6 ambientalistas por movilizarse y manifestarse contra el RIGI en Rawson el pasado 15 de agosto. Ese día, la legislatura provincial, en sesión exprés adhirió a esta política del gobierno nacional que impulsa el extractivismo en los territorios al servicio de las multinacionales y de pagar la deuda. Una muestra más de que la justicia y el gobierno impulsan la criminalización de la protesta social.
Viernes 22 de noviembre 13:35
La Jueza Martini dio curso al pedido de la Fiscalía de la provincia para avanzar en la investigación contra 6 ambientalistas y comunicadores sociales por movilizarse y rechazar la adhesión de Chubut al RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) que impulsa el gobierno de Javier Milei y en la provincia el gobernador Ignacio Torres.
En palabras de la propia jueza quedó expuesto lo flojo de los papeles presentados por la fiscalía para avanzar en el proceso de judicializar a los luchadores, poniendo en evidencia la unidad de propósitos entre la justicia, el gobierno y la legislatura en criminalizar la protesta social y perseguir a los que se oponen a las políticas extractivistas de los gobiernos.
Como nos decía Noelia Silva, una de las ambientalistas imputadas por la fiscalía de la provincia señalaba tras la decisión de la jueza Martini de abrir la investigación “a pesar de los pocos elementos de la causa” que “yo me esperaba esta situación, pero entiendo que la jueza de alguna manera está tratando de desligarse de la cuestión política que tiene esto de trasfondo y de básicamente que es la cuestión política la promotora de toda esta causa”. (…) “algo que no me gustó fue que ella les dio el inicio de la apertura para reformular la denuncia. Eso me suena raro, porque si la denuncia no estaba sostenida como para poder decir específicamente de qué se acusa cada uno, a mi entender no se tendría por qué haber dado la apertura de la investigación”.
Y agregó “Me parece importante sí resaltar que la solicitud que se le hace a la jueza después de explicarle y explicitarle con fundamento, incluso con posibilidad de que busque la documentación, de que existe una persecución política, ideológica, específica, por lo menos en cuanto a mi persona se puede comprobar, y que también hizo caso omiso a eso. Así que, nada, la verdad es que yo entiendo que no se debería haber iniciado de ninguna manera”.
Esta claro que avanzar con estos proyectos en una provincia que viene enfrentando el saqueo de los bienes comunes naturales desde hace más de 20 años y donde no hay consenso social para la megaminería requiere del Estado, no solo la propaganda de las bondades de los proyectos extractivistas sino también perseguir y criminalizar a los que luchan en defensa del agua y los territorios.
La tradición de lucha del pueblo trabajador de Chubut que en las calles ha impuesto el rechazo a la megaminería debe tomar la pelea contra la criminalización de la protesta social y el desprocesamiento de todos los luchadores como parte de su programa contra las políticas extractivistas del gobierno nacional y provincial.
Ariel Iglesias
Nació en Buenos Aires en 1969. Es docente (jubilado). Militante del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Escribió en Ideas de Izquierda "La Educación en el país de los soviets"; "Chubut: Crónica de un triunfo popular contra la Megaminería". Escribe y edita La Izquierda Diario+ en Chubut.
