El miércoles 8 de julio el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires aprobó un Convenio Colectivo de Trabajo para los docentes universitarios que desconoce el homologado seis días atrás a nivel nacional. El gremio docente AGD denuncia que impide el proceso de regularización docente, es antidemocrático e ilegítimo.
Sábado 11 de julio de 2015
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Luego de que el año pasado la UBA, la universidad más grande del país, decidiera abrirse del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) suscripto por primera vez para toda la docencia universitaria nacional, el pasado miércoles el pacto entre el kirchnerismo, la UCR y el PRO en el Consejo Superior reafirmó dicha decisión. Fue aprobado un CCT propio bajo el argumento de que el nacional no se corresponde con el estatuto universitario. El Convenio de la UBA fue avalado por el gremio oficialista ADUBA conducido por Daniel Ricci el 30 de junio, momentos antes de que se homologue por decreto del CCT nacional el día 2 de julio, al cual la UBA no suscribió.
Hasta el convenio nacional, los docentes universitarios eran los únicos trabajadores del estado que carecían del Convenio Colectivo de Trabajo. Sin embargo, el convenio nacional que acaba de ser publicado, luego de un año de acordado, no incluye la cláusula que generaría un adicional salarial del 25%. Asimismo, el debate central en la UBA gira en torno a la regularización de las relaciones laborales, ya que alrededor del 70% de la planta docente es interina y no goza de estabilidad. Una gran proporción se encuentra trabajando bajo el eufemismo de “ad honorem”, o o sea, sin ninguna remuneración.
Según el gremio opositor AGD-UBA, “el corazón de por qué hay dos convenios es la defensa a ultranza del rectorado de la UBA, de la precariedad laboral y del padrón electoral. Para el rectorado es intolerable que se entrometa el CCT en los criterios de ingreso, permanencia, promoción y extinción de la relación laboral”. El acuerdo entre la UBA y ADUBA impide el proceso de regularización que fija el CCT nacional basado en la antigüedad en el cargo. Asimismo, se excluye a los docentes preuniversitarios, lo cual de conjunto implica un 80% de los trabajadores que no gozarían de derechos políticos, asegurando así el control del padrón electoral por las camarillas universitarias.
Para el titular de la oficialista ADUBA, Daniel Ricci, el acuerdo “regulará toda la contratación laboral entre las partes, que serán el gremio y la universidad, que decidirán y controlarán que se cumplan en tres años los llamados a concursos y se tengan en cuenta antecedentes, trabajos de investigación y extensión de los docentes en calidad de interinos”.
Sin embargo, los docentes nucleados en AGD denuncian que “el acuerdo pretende mantener las designaciones interinas sin límites para ingresar y sine die para mantenerlas, planteando un supuesto plazo de 3 años para ofrecer alguna solución que saldrá de una comisión integrada por los propios Ricci y Barbieri, excluyendo a los docentes y a la AGD”. Asimismo, “no prohíbe el trabajo gratuito y debido a la preminencia que le da al Estatuto de 1958 legaliza el trabajo ad-honorem de más de 10.000 docentes. Tampoco menciona la necesidad de nuevos cargos habida cuenta de los miles de docentes sin designación que hoy sostienen diversas actividades en la UBA”.
Las maniobras de la camarilla universitaria para mantener los privilegios y designios del rectorado, gobernado por el acuerdo entre el kirchnerismo junto a Barbieri y la UCR, quedan expuestas ante este nuevo acto antidemocrático a espaldas de las grandes mayorías de trabajadores docentes, al extremo de votar un acuerdo ilegal que corre por fuera del decreto 1246, que homologa el CCT nacional, lo que permite la continuidad de las condiciones de precariedad laboral.