Debate presidencial. La agenda feminista y la deuda de las candidatas

Una mujer presidenta en México será sin duda una novedad en el país del feminicidio. Una conquista del avance en la pelea por mayor representación y participación política de mujeres en la vida pública. Hoy, el gobierno de la 4T presume la feminización de la política con la ley de paridad de género que logró el gabinete con mayor número de mujeres de la historia nacional. Pero, ¿qué tanto impactó el aumento de la participación femenina en los espacios de poder en las vidas de millones de trabajadoras a través de las políticas del gobierno?

En México, de casi 136 millones de habitantes, 50.7 %, es decir más de 68 millones, son mujeres. Según cifras del INEGI, en 2021 70.1 % de las mujeres de más de 15 años en este país han sufrido algún tipo de violencia, y ésta se ha incrementado 4 % respecto al 2016 en particular en los tipos de violencia sexual y psicológica. En promedio, ocurren 12 feminicidios al día, más de 3 mil asesinadas al año. Según la SEGOB, el ingreso anual promedio de las mujeres es 54.5 % que los varones, con una brecha salarial que alcanza más del 34.2 % por hora trabajada y una tasa de desempleo que llega al 16 % según algunos análisis

Los últimos años, un masivo movimiento de mujeres se ha desarrollado en el país exigiendo justicia para las asesinadas, alto al feminicidio y la violencia, alto a la represión, aborto legal y otros derechos. Hemos visto a cientos de miles en las calles, protestando, y también encabezando procesos de lucha contra la precarización laboral y el despojo de nuestros bienes comunes naturales.

Esto es importante para entender por qué las demandas feministas que se colaron en el debate presidencial siendo hoy la preocupación real de los partidos con registro el interés -sobre todo- en atraer votos femeninos. Al agenda feminista se ha colado en todas partes como producto de la lucha que cientos de miles de mujeres cis, trans, personas sexo disidentes, madres buscadoras y familiares de víctimas de feminicidio así como aliados hemos dado en las calles.

Es también una gran conquista del movimiento feminista que hoy se discuta a nivel nacional la necesidad de acabar con el feminicidio y la violencia machista en sus múltiples expresiones, con la impunidad y avanzar en arrancar y efectivizar más derechos, incluido el aborto legal en todo el país que aun no es una realidad. Lástima que el debate mostró poca profundidad, resistencias y respuestas fabricadas por parte de las tres personas contendientes a la presidencia.

Enumeramos algunas apreciaciones sobre las propuestas de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Alvarez Maynez para resolver las demandas del movimiento de mujeres y LGTB+ a partir de lo expresado en el primer debate presidencial. El gran ausente de este bloque de preguntas fue el diálogo real con las problemáticas que enfrentamos millones de mujeres y disidencias, ninguna mención a las causas del feminicidio y cómo enfrentarlo, a la brecha salarial ni a la precarización laboral.

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Xochitl y la crisis de la oposición conservadora

Aunque busque distanciarse de los que firmaron el Pacto por México y se diga ciudadana sin partido, Xóchitl Gálvez fue senadora y alcaldesa por parte del PAN y hoy representa a la coalición con la que el PRI y la oposición conservadora dan patadas de ahogado. Más allá de la lamentable participación de la candidata que seguramente restará algunos votos a su coalición, en materia de género y políticas públicas contra la violencia su programa se reduce a más castigo, cárceles de máxima seguridad y en continuar con programas sociales ahora con nuevo nombre y nueva tarjeta bancaria (rosa para las mujeres, por supuesto).

Además del autogol que significa iniciar el segmento de derechos de las mujeres con una referencia a Dios y asegurando que “fue educada para servir”, también vimos su sesgo conservador en la referencia a la responsabilidad de “los esposos” frente a la manutención de las y los hijos, ya que para ella si no pasó por la Iglesia es claro que no hay obligación ni legal ni moral para los progenitores que dejan a su suerte familias enteras encabezadas por mujeres que hacen malabares para llegar a fin de mes con los bajos salarios.

Quizá su propuesta más concreta en este sentido fue la de red universal de distribución de alimentos, que no desarrolló y que dista mucho de resolver el conjunto de los cuidados e insumos necesarios para la crianza digna. Al final, luego de hacer marmotas para acabar su tiempo de intervención en el debate, hizo alusión a la necesidad de “acabar con el patriarcado” en una participación que empezó con un guiño al movimiento feminista pero terminó con propuestas sobre reforzar a la policía, cosa que aunque sorprende, no parece casual.

No olvidemos que Xóchitl es una empresaria cuya visión patronal atraviesa todas sus propuestas, como la idea de “invertir lo público en lo privado” para mejorar el sistema de salud, su plan de otorgar becas para que se pueda estudiar en cualquier universidad privada o pública como eufemismo para la privatización y el ataque a la educación pública, o la invitación a apostarle al emprendedurismo como salida individual a la desigualdad social.

De cualquier manera, a pesar del esfuerzo de hablar sin titubear de tan complejos temas como el feminismo y la lucha contra la violencia machista, las sexodisidencias y el género, es evidente que la preocupación por atraer el voto está detrás de una candidata que representa a las elites religiosas, la herencia del sinarquismo y los cristeros, y que Xochitl ni tiene ni entiende nada de feminismo, ni siquiera del feminismo más rancio.

Qué decir de Maynez, que se ubicó por izquierda en una retórica fluida y feminista que se desmorona al recordar que de los estados que gobierna Movimiento Ciudadano, Nuevo León es el segundo a nivel nacional en femincidios, Jalisco ocupa el octavo y en ambos se incrementaron los índices de violencia. O los múltiples dichos clasistas y machistas de Samuel García, varios contra la actual candidata a gobernadora, su esposa Mariana Rodríguez.

Claudia frente al despertar del hartazgo de las mujeres mexicanas

En el caso de Sheinbaum, que cuenta con el enorme capital político del sexenio como continuidad del primer gobierno de supuesta centro izquierda progresista en el país, se enfocó en promover los cambios legislativos en materia penal con la tipificación de nuevos delitos y la aprobación de leyes como la ley Vicaria, la ley Olimpia, Malena o la ley del “Agresor sale de casa” implementada en la capital.

Sus propuestas -que no alcanzó a desarrollar pues decidió sumarse a la telenovela de las acusaciones escandalosas que caracterizan las campañas electorales- versaron en mantener los programas sociales, y fortalecer la inversión en infraestructura pública para el acceso a educación y salud.

También destacó la propuesta del sistema nacional de cuidados, que refiere a la enunciación de la responsabilidad del Estado de Bienestar y de sus políticas públicas para cuidar a la ciudadanía.

Esto quiere decir que los avances hechos en materia legislativa al respecto, hasta ahora consisten en el reconocimiento de esta responsabilidad pública. Hoy, el programa de Sheinbaum retoma el sistema público de cuidados implementado en la alcaldía Iztapalapa por Clara Brugada, a partir del reconocimiento del rol de trabajadoras de cuidados, implementando apoyos financieros y el fortalecimiento de CENDIS y Utopias para ayudar al cuidado de adultos mayores e infancias, o personas con discapacidad. Las Utopías cuentan con lavanderías y comedores comunitarios, ludoteca como estancia infantil y actividades culturales y deportivas.

Sheinbaum también presumió sus índices de baja en el feminicidio en la capital, aunque nada dijo sobre el avance de este terrible cáncer a nivel nacional -que se duplicó desde el fin del sexenio de Peña Nieto para alcanzar la cifra de 12 asesinadas al día-, ni de las desapariciones de mujeres, muchas cometidas en colusión con cuerpos represivos, ni de la extensión de las redes de trata y prostitución, todas problemáticas que se profundizaron con la militarización del país orquestada por los gobiernos del PAN y continuada por la 4T.

Tampoco de la precarización laboral que tiene rostro de mujer, ni de los límites de políticas como los aumentos salariales, la reforma en materia de días de descanso vacacional pagado y otras prestaciones, que afectan solo a quienes son trabajadores “en blanco” con nómina y contratación, que son la minoría entre más de 56 millones de trabajadores y trabajadoras (informales, temporales, sin relación laboral reconocida, con contratación simulada como abunda en dependencias públicas donde el gobierno es patronal) del país, entre los que las mujeres somos mayoría.

Por la igualdad ante la ley y la igualdad ante la vida

No obstante, la realidad es que para acabar con la esclavitud doméstica que se impone socialmente a las mujeres, hace falta atacar las condiciones de desigualdad social, pobreza y precarización que enfrentamos millones de trabajadoras en el campo y la ciudad. Vale la pena recordar la política familiar soviética que en 1918 implementaron las y los bolcheviques en el primer Estado obrero de la historia tras la gran revolución de octubre, que buscaba acabar con la opresión femenina a partir de socializar las tareas de cuidados y secularizar el Estado, más allá de la deriva que tuvieron estas políticas y el propio estado soviético con el asedio imperialista y la burocratización estalinista que retrotrajo todas las conquistas en este terreno.

En plena guerra civil, el gobierno bolchevique implementó guarderías, comedores y lavanderías gratuitas, subsidiadas por el Estado, así como la plena igualdad civil y en el acceso a derecho para varones y mujeres, otorgando por primera vez derechos políticas a éstas, y atacando los intereses de las Iglesias. Eliminó la distinción entre hijos legítimos y no legítimos, para que bastara con la denuncia de las madres para que los varones tuvieran que responder con pensión alimenticia. Además, legalizaron el aborto, el divorcio y eliminaron la ilegalidad y persecución de la homosexualidad y de la prostitución -sí, hace más de un siglo-.

Pero estas políticas tenían como base la socialización de la propiedad privada, es decir, la redistribución de la riqueza a partir de la expropiación de las grandes fortunas de los empresarios para reorganizar y planificar la economía en función de las necesidades de las grandes mayorías y a partir de apoyarse en un Estado de nuevo tipo, obrero, que tras la revolución había liquidado las formas de representación de las clases dominantes para sustituirlas por una democracia obrera infinitamente superior y más democrática, que utilizó todo el peso de la ley y de las fuerzas revolucionarias para implementar sus políticas.

La realidad es que el programa de Sheinbaum que presenta como continuidad de la 4T busca reorientar los ahorros obtenidos de la austeridad republicana al reducir algunos altos salarios de funcionarios y el gasto en el aparato administrativo, para mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías y atacar la extrema pobreza. Pero no dice nada sobre la extrema riqueza, como deja ver el que las fortunas de los dos empresarios más ricos del país, Carlos Slim y Garmán Larrea, se hayan duplicado este sexenio.

Si los esfuerzos para obtener recursos estuvieran orientados a atacar las ganancias de los grandes empresarios con impuestos progresivos a sus fortunas, o se dejara de pagar la fraudulenta deuda externa o de destinar presupuesto a los cuerpos represivos para invertir en educación, salud, vivienda, cultura, basificación laboral y en un aumento salarial que incremente según la inflación, estos avances hoy simbólicos podrían profundizarse radicalmente, para lograr así acabar con la pobreza, con los bajos salarios y con la precarización laboral.

Es evidente que el gobierno de AMLO y su continuidad con Claudia Sheinbaum -en caso de ganar- no tiene interés en enfrentar a los grandes empresarios ni en cuestionar la subordinación a la agenda imperialista en materia económica ni de seguridad. Si Claudia Sheinbaum no levantó un pañuelo verde de lucha por aborto legal, que ni siquiera pudo mencionar pues lo más cercano a los derechos sexuales y reproductivos en su discurso fue la referencia a “los derechos de las mujeres en lo físico” es porque no quiere confrontar a sectores conservadores por un preciso cálculo electoral.

En relación la feminicidio, se vuelve un importante obstáculo la relación de la candidata y del gobierno de la 4T con las fuerzas armadas, señaladas por la asociación con distintos cárteles del crimen organizado y redes de trata, pues la militarización ha sido un factor real innegable en el incremento del feminicidio.

Acabar con la violencia y la opresión requiere atacar al Estado burgués y al capitalismo

El feminismo liberal que aboga por mujeres en puestos de poder, incluyendo aquellos de la vida pública y los cargos del Estado y las instituciones de la democracia burguesa, se preocupa por romper los techos de cristal y se olvida del sótano del capitalismo al que quedamos relegadas millones de trabajadoras, estudiantes, indígenas, campesinas y migrantes. Ser mujer no es sinónimo de ser feminista, ni de ser de izquierda, y mujeres presidentas en otros países han dado un gran ejemplo al encabezar la represión contra el movimiento feminista y otros; han apoyado abiertamente golpes militares y blandos como Dina Boluarte en Perú; han hecho uso de las fuerzas armadas para reprimir a la población como Xiomara Castro y el estado de excepción que sostiene hace meses en ciudades de Honduras; o han sido punta de lanza en la aplicación de políticas neoliberales, privatizaciones y despidos como la emblemática Margaret Thatcher en los 80’s en Reino Unido.

Para lograr la emancipación de las mujeres es necesario atacar el poder económico y su complicidad con el poder político que garantiza sus intereses, por lo que la lucha institucional sin la movilización combativa con los métodos de la clase trabajadora como el paro y las huelgas, termina por fortalecer un aparato estatal e institucional que responde a los intereses de los mismos de siempre, los beneficiados con la pobreza y el despojo, los grandes empresarios nacionales y extranjeros.

Por eso, consideramos que frente a la agenda conservadora y la actitud cínica de la derecha que lucra con el dolor el movimiento de víctimas y utiliza nuestras demandas como botín político electoral, no podemos depositar nuestra confianza en el partido de Sheinbaum y en la continuidad de la transformación, que ha significado de fondo la continuidad de la precarización laboral, la militarización del país y los jugosos negocios de los capitalistas.

Hace falta una perspectiva política independiente de los partidos del congreso, que enfrente a la derecha y la agenda de los empresarios, así como de las elites religiosas, de manera consecuente en las calles, y que recurra a la movilización obrera y popular para imponer todas las demandas de las grandes mayorías, para acabar con la violencia, pero también para acabar con la explotación asalariada, otra forma de violencia sobre la cual los políticos y empresarios callan de forma criminal.

Por eso, queremos construir un polo independiente y combativo conformado por organizaciones feministas, sociales, sindicales y de izquierda que pueda apostarse a construir una alternativa política que realmente represente los intereses de las grandes mayorías, jóvenes, trabajadores y mujeres, y que pueda ir hasta el final en la lucha por la resolución real y efectiva de todas nuestras demandas.