Estado Español. La central patronal española propone una contrarreforma laboral

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha presentado un extenso documento de 18 páginas, con el asesoramiento de Deloitte (una de las consultoras empresariales más grandes del mundo) y ESADE (Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas).

En el informe “Estrategia España para la recuperación de la crisis del COVID-19”, la gran patronal española plantea un diagnóstico de la situación económica del país, hace una evaluación de la “desescalada” y analiza los escenarios post Covid-19 para poner blanco sobre negro una serie de exigencias con un único objetivo: preservar sus beneficios a cualquier costo. O más precisamente, a costa de las condiciones laborales y de vida de millones de trabajadores y trabajadoras.

Más ayudas financieras del Estado, menos impuestos, más medidas para flexibilizar aún más el empleo, facilitar el cese de contratos y despidos, disponer de la jornada laboral de los trabajadores de acuerdo con las necesidades de la empresa, imponer mayor movilidad geográfica y descuelgue de los convenios. Estas son algunas de las medidas que pide la CEOE. Una verdadera “reforma laboral” del coronavirus.

Despido fácil y suspensiones flexibles

Con el objetivo de recuperar su total capacidad de despedir masivamente (aun cuando están recibiendo ayudas mil millonarias del Gobiernos “más progresista de la historia”), la CEOE plantea “recuperar las causas de extinción de los contratos como medida de salvaguarda de la pervivencia de las empresas y con ello del empleo. De forma que no se limite la extinción derivada de causas válidas que ninguna relación guarden con el coronavirus y el estado de alarma”. O dicho de otro modo, contar con todas las facilidades para despedir sin justificación de acuerdo a los parámetros de la última reforma laboral.

También solicitan “la posibilidad de afectación y desafectación flexible de trabajadores afectados por Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) en función de la variación de la actividad mientras dure el periodo de transición”, para enviar a casa a parte de la plantilla cuando consideren necesario (haciéndose cargo el Estado del pago de los salarios). Es decir, que los ERTEs se pueden ejecutar a gusto y placer de la patronal -porque siempre que la patronal quiere ajustar y mantener sus ganancias alega “variación de la actividad”- haciendo aún más precarias las condiciones laborales.

Modificación discrecional de las condiciones de trabajo

Como si esto fuera poco, la CEOE también propone “simplificar los procesos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, movilidad geográfica y descuelgue del convenio” así como “incrementar el porcentaje de jornada de trabajo que puede distribuir irregularmente la empresa y el tiempo para su compensación.”

Las exigencias continúan: “Prolongar las medidas excepcionales en materia de suspensión de contratos de trabajo y reducción de jornada y articular otras nuevas, de manera que se permita adecuar la plantilla de las compañías a la paulatina recuperación de la actividad, limitando el alcance del compromiso del mantenimiento del empleo y los efectos de su posible incumplimiento”.

Toda una declaración de intenciones: aprovechar la crisis del coronavirus para imponer una nueva vuelta de tuerca a las reformas laborales antiobreras que ya hicieron los principales partidos de la burguesía, el PSOE y el PP. Estas verdaderas contra reformas garantizaron durante décadas beneficios multimillonarios a los capitalistas de la “maraca España” a golpe de precariedad y ataques a los derechos conquistados por la clase trabajadora con años de lucha.

Salvataje del Estado y rescate bancario

En materia de ayudas financieras, entre las primeras medidas que plantean se encuentra “agilizar el proceso administrativo de las líneas ICO. Ampliar el alcance de estas líneas o crear nuevos programas específicos de financiación, que deberían adaptarse a las especificidades propias de cada sector, incluso elevando el riesgo avalado hasta el 100% si las condiciones lo requirieran”.

Las líneas ICO son líneas de crédito con la banca pública y privada para las empresas, donde el Estado sale como “aval” (es decir, que cubre el crédito si la empresa no lo paga). Las empresas pueden solicitar los créditos en Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell y Bankia.

Hasta ahora, el gobierno ha habilitado dos tramos de una línea especial por el coronavirus de hasta 20.000 millones de euros cada uno, donde el Estado “avala” entre un 70% y un 80% del préstamo. Una operación que en realidad es un nuevo rescate bancario, sólo que por anticipado. Los bancos están empleando estos avales para refinanciar los créditos ya existentes.

Ahora la CEOE quiere que se amplíen los créditos y que el Estado avale el 100% de estos, lo que es un negocio redondo tanto para las empresas como para los bancos: se reduce el “riesgo” a cero y en caso de aumento de la morosidad, la deuda estará garantizada en última instancia por el Estado.

Socializar las pérdidas y pagar menos impuestos

Otra de las medidas exigidas es la “Deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades o en los rendimientos de actividades empresariales y profesionales del IRPF, de las donaciones de bienes y servicios y de las condonaciones de deudas acordadas en el contexto de la crisis sanitaria”. ¿Os acordáis de las famosas “donaciones” de mascarillas o insumos médicos por parte de las empresas hace unas semanas en medio de la crisis? Pues la CEOE propone que se las descuenten del impuesto de Sociedades o el IRPF. Como siempre, los capitalistas son expertos en socializar las pérdidas y pagando menos impuestos como sea.

Y para ello cuentan con la gran colaboración del Gobierno PSOE-Unidas Podemos que, a pesar de la catástrofe económica en curso, no ha establecido ni un solo impuesto a los más de 50 mil millones de beneficios de las grandes empresas agrupadas en el índice IBEX35 o a los más de 30 mil millones en que se incrementó el patrimonio de las grandes fortunas en 2019.

Menos aportes a la Seguridad Social

También piden “suprimir las cuotas empresariales a la Seguridad Social en ERTEs y reducir las cuotas a la Seguridad Social para aquellas empresas que se comprometan a mantener el empleo en condiciones y plazos claramente delimitados”. Esta medida tiene doble trampa. Por un lado, piden no pagar las cuotas a la Seguridad Social durante los ERTES (mientras el Estado se hace cargo del 70% del salario y los trabajadores son los que reciben un 30% menos de salario). Por otro lado, piden reducir las cuotas a la Seguridad Social para los empresarios que se comprometan a mantener el empleo… “en plazos delimitados”. Es decir, que el empresario paga menos cuota a la Seguridad Social mientras mantiene el empleo, digamos que tres meses. ¿Pero al terminar ese plazo? ¡Tiene vía libre para despedir!

Por último, por si quedara alguna duda de hacia dónde apunta todo el plan patronal, el documento de la CEOE afirma que “se ha de evitar, en la medida de lo posible, revertir las reformas estructurales realizadas en la anterior crisis, y que funcionan adecuadamente, para evitar introducir rigideces adicionales y destruir parte de la resiliencia y la competitividad conseguida por nuestro tejido empresarial”. Exigen que se garantice la “libertad de empresa”, y que se evite cualquier medida tributaria que pueda ser considerada confiscatoria, así como casos de regulación expropiatoria.”

Que la crisis la paguen los capitalistas

Como lo hicieron después de la crisis de 2008, una vez más, los capitalistas aprovechan la crisis para que la paguemos los trabajadores y el pueblo. Hay que decir basta a salvar bancos y corporaciones, mientras el pueblo se hunde en la miseria y nuestros mayores mueren en condiciones inhumanas en las residencias. Que los que se llenaron los bolsillos durante años a costa de precarizar hasta límites impensables las condiciones de trabajo sean los que se ajusten esta vez el cinturón.

Para que la crisis no la paguemos los de siempre hace falta luchar por imponer la nacionalización de la banca y todo el sector financiero bajo control de comités de trabajadores y trabajadoras. Esta es una medida elemental, junto con monopolio estatal del comercio exterior, para impedir que los grandes capitales se vayan a los paraísos fiscales y centralizar todo el ahorro del Estado en función de las necesidades populares. De este modo se podrán establecer ayudas, condonación de las deudas y créditos baratos a los pequeños comerciantes, trabajadores autónomos y demás personas que dejaron de percibir ingresos por la crisis.

Al mismo tiempo, lejos de bajar los impuestos y dar más ayudas a los capitalistas, hay que luchar por impuestos extraordinarios a las empresas del IBEX35, las grandes fortunas y a los beneficios empresariales que aumentaron obscenamente el último año. Una medida de emergencia para que los más ricos sean los que de una buen aves paguen por la crisis, que debe ir acompañada del cese al pago de los intereses de la deuda -que fueron 30 mil millones el año pasado- y la condonación de la deuda que mantienen con el Estado español los países semicoloniales que son saqueados por las multinacionales españolas.

Para hacer efectiva la aplicación de estas y otras medidas de un programa anticapitalista y de clase para enfrentar la catástrofe económica que viene, hay que imponer desde abajo un plan de lucha a las burocracias de los sindicatos mayoritarios que se encuentran subordinadas al Gobierno y las empresas.

La clase trabajadora tiene el desafío de llevantar un programa de hegemonía obrera para dar respuesta a los padecimientos del conjunto de los sectores populares y las clases medias empobrecidas, tanto de la ciudad como del campo, disputando esa influencia a los que buscan canalizarlas hacia variantes de extrema derecha.