El ahora exministro de Economía renunció en momentos en que Cristina Fernández de Kirchner hablaba en Ensenada en conmemoración del fallecimiento de Juan Domingo Perón. Hacía tiempo que la vicepresidenta había puesto la política económica en el foco de sus ataques. ¿Guzmán tomó venganza por Twitter con el anuncio de la renuncia para quitarle protagonismo a CFK? La historia develará está incógnita. Las crónicas de la decisión de Guzmán se centran en la interna del Frente de Todos, un factor, sin dudas, muy importante. Pero Guzmán abandona su cargo en momentos en que el programa con el FMI había empezado a hacer agua y el organismo formulaba mayores exigencias. No solo eso. Hace semanas enfrentaba una corrida cambiaria y contra los bonos en pesos que trajeron el fantasma de un default de la deuda en moneda local. Además, no lograba poner freno a la inflación. En estas horas, en medio de una crisis creciente, el régimen capitalista baraja alternativas frente a una economía que no encuentra la salida hace una década. La clase trabajadora, en unidad de los trabajadores ocupados y desocupados, tiene el desafío de formular su propio programa para derrotar el ajuste del FMI, el gobierno, la oposición derechista y los empresarios.

En la carta de renuncia, dirigida al presidente Alberto Fernández, Martín Guzmán formula una defensa de su gestión. Dice allí que “nuestro primer objetivo era tranquilizar la economía”. Contra quienes no les genera mucho entusiasmo ese concepto, el ahora exministro le otorga un valor supremo a esa “épica” (así la califica) de tranquilizar la economía. El dardo parece dirigido a los kirchneristas. Cuando se cerró la negociación con el FMI, todos los que defendieron el acuerdo (de Martín Guzmán a Sergio Massa, entre otros), como así también muchos que no lo defendieron, pero votaron el nuevo endeudamiento en el Congreso (Juntos por el Cambio), e incluso quienes lo criticaron en el último minuto porque creían que un acuerdo mejor era posible, pero no tomaron ninguna medida para evitar que se lleve adelante (los kirchneristas), adscribieron a una tesis: se trataba del mal menor. No acordar era el caos económico.

A principios de marzo, en el Congreso, en su defensa del acuerdo, el ahora exministro de Economía afirmó que “Es nuestra responsabilidad marcar lo desestabilizante que potencialmente es la situación que Argentina enfrenta en caso de no contar con las condiciones para poder refinanciar la deuda del programa Stand-By de 2018. El acuerdo que se trae a debate al Congreso establece un camino transitable ante un problema realmente muy grave. La alternativa es un crecimiento de la incertidumbre que va a generar una situación de profundo stress cambiario con consecuencias negativas sobre la actividad económica, la inflación, el empleo y la pobreza”.

El exministró manifestó una fe casi ciega en la capacidad estabilizadora de la varita mágica del Fondo. Es interesante traer esta larga cita con los argumentos de Guzmán porque expone una a una las plagas que se prometía exorcizar. A solo tres meses de firmado el nuevo acuerdo neocolonial con el Fondo, todas las plagas azotan nuevamente el país. El acuerdo se articuló alrededor de tres objetivos: el primero es la reducción del déficit fiscal basado en la licuación de partidas presupuestarias por la inflación y en la reducción de subsidios energéticos; el segundo es la reducción del financiamiento del déficit a través de la emisión del Banco Central en beneficio de su financiamiento a través del mercado financiero; el tercero es la acumulación de reservas en el Banco Central.

Los tres ejes del programa convergen alrededor de un objetivo superior: juntar dólares para pagar la fraudulenta deuda que dejó el Gobierno de Mauricio Macri, tanto con acreedores privados como con el propio FMI. Pero a poco de andar, el Gobierno enfrenta dificultades en los tres objetivos fundamentales fijados en el acuerdo.

La guerra de Rusia contra Ucrania afectó los precios de la energía y, por ende, la posibilidad de reducir los subsidios energéticos a pesar de las subas de las tarifas de la energía eléctrica y del gas que se están implementando. Además, el oficialismo, en el laberinto de su interna, no logra ordenar la política energética. Según informó en la red Twitter la periodista María O’Donnell, “La demora en la publicación del formulario para segmentar tarifas y quitar subsidios de luz y gas fue una de las últimas trabas internas que precipitó la renuncia de Guzmán (el secretario de Energía introdujo sin aviso un régimen diferente para la Patagonia)”.

Los trascendidos indican que el exministro habría reclamado tener bajo su mando todo el panel de control de la economía, pero el presidente que gobierna con el método de la procastinación permanente no le habría dado respuesta. En la nota que dirigió a Alberto Fernández se trasluce este reclamo: “considero que será primordial que trabaje en un acuerdo político dentro de la coalición gobernante para que quien me reemplace, que tendrá por delante esta alta responsabilidad, cuente con el manejo centralizado de los instrumentos de política macroeconómica”, señala Guzmán.

A los problemas para reducir los subsidios energéticos, se suman otros factores, como desembolsos imprevistos que desordenaron relativamente la ecuación fiscal. Es lo que ocurre con la nueva ronda de un IFE, que el gobierno tuvo que activar para hacer control de daños en una situación social muy grave azotada por la espiral del proceso inflacionario. De este modo, las cuentas públicas empiezan a mostrar desvíos en relación a lo que manda el acuerdo con el FMI.

El fantasma del default

Como un dominó, el problema fiscal opera creando dificultades en otro objetivo del acuerdo con el FMI: el Ministerio de Economía viene enfrentando dificultades para colocar deuda en pesos en el mercado local. Para intentar superar ese inconveniente, Guzmán hizo una ofrenda a los “mercados”: elevó las tasas de interés. En un país donde todos los ingresos de la clase trabajadora y del pueblo pobre se licuan, los especuladores financieros son los únicos que tienen resguardo, garantía, para ganarle a la inflación y a la posible devaluación. Este concepto está en la letra del acuerdo con el FMI, en tanto indica que la tasa de interés real (descontada la inflación) tiene que ser positiva.

Aun así, Economía enfrentaba dificultades crecientes para lograr financiamiento. La semana que terminó, la cartera que conducía Guzmán logró pasar un test crítico de renovación de deuda (roll over), pero al costo se agrandar la bola de nieve de deuda en pesos. Además, la renovación de deuda se consiguió gracias a la compra que realizaron organismos públicos (como el FGS de la ANSES, entre otros). Se trata de una suerte de canje de deuda sui generis. Los especuladores financieros se sacan de encima los bonos y se van a comprar dólares. En algunos casos para sacarlos del país. Otros test como el de la semana deberá afrontar todos los meses quien reemplace a Guzmán. El esquema económico está sometido al humor de los “mercados” a causa del acuerdo con el Fondo: allí se establece límites para recurrir al financiamiento a través del Banco Central. No es que ese financiamiento sea bueno, pero es una obviedad que entregarse a la buena voluntad del financiamiento de los que viven de la especulación es peor.

No obstante, para evitar que se derrumbe la cotización de los bonos locales en pesos, el Banco Central está interviniendo mediante la compra de un volumen importante de estos títulos. Pero lo hace volcando más pesos a la calle. En este contexto, los “mercados” especulan con una posible reestructuración de la deuda pública en moneda local y muchos de los pesos que entregó el Central en la adquisición de bonos también fueron a comprar dólares. Otros los absorbió con Leliq, lo cual agranda la deuda del Central. Es decir, tapa un agujero y abre varios otros.

Los economistas de la oposición de Juntos por el Cambio, además, alientan la idea de una reestructuración: dicen que el endeudamiento en pesos es insostenible. Esta idea toma cuerpo frente a un eventual cambio de gobierno en 2023 basado en la experiencia práctica. Es que, Hernán Lacunza, el último ministro de Hacienda de Mauricio Macri, cometió una herejía para un gobierno de CEO: impuso un default de la deuda en pesos ¿Por qué no lo haría de nuevo un gobierno cambiemita? Entre otros factores, esta posible reestructuración de la deuda en pesos que se olfatea en el aire es la que está detrás de la corrida cambiaria en curso, que disparó la cotización de los dólares paralelos.

El stress cambiario que Guzmán buscó evitar con el acuerdo fondomonetarista ahora invade cada día de la gestión económica. El programa económico acordado empieza a hacer agua por todos los frentes. El oficialismo superó con algo de “contabilidad creativa” la primera revisión del Fondo, que corresponde a las metas del primer trimestre (enero-marzo) del año, es decir de un trimestre que estaba prácticamente concluido cuando se firmó el acuerdo. Pero, ahora empezó a sentir el rigor del organismo que dice que las metas anuales se mantienen, no obstante, se flexibilizan las metas trimestrales. Parece un Fondo más benévolo, pero no lo es.

En realidad, lo que pide el Fondo es que, para el segundo semestre del año, que arrancó este viernes 1/7, se haga un ajuste más profundo para corregir las desviaciones ocurridas durante el segundo trimestre (abril-junio). La “flexibilidad” del Fondo es no aceptar que se repita lo que pasó en el segundo trimestre. El último documento del staff señala que para alcanzar la meta de este año se “requerirá políticas fiscales más estrictas en la segunda mitad del año”: más precisamente, reclama, que el gasto real disminuya al 7,8 % anual en el segundo semestre. No solo eso. Además, empieza a hablar con voz más alta de reformas estructurales en el ámbito previsional y energético.

La reestructuración de deuda que hizo Guzmán en 2020 en beneficio de los lobos de Wall Street pateó la mayor parte de los pagos de la deuda en dólares hacia adelante: los vencimientos más duros empiezan en 2025. A priori parecía que este capítulo del endeudamiento no traería problemas hasta entonces. Sin embargo, los grandes fondos de inversión observan que los bonos reestructurados se devalúan al calor de los desequilibrios económicos. Por eso exigen al Fondo vigilar y castigar con más dureza las cuentas de la Argentina.

La interna del Frente de Todos, no hay dudas, afectó la continuidad de Martín Guzmán en el Gobierno. Pero reducir a ese factor su renuncia es desconocer los profundos desequilibrios que afectan a la economía argentina, que atraviesa una década de estancamiento y cuya decadencia hay que rastrearla hace al menos cuatro décadas atrás. El discípulo del premio Nobel Joseph Stiglitz y especialista en reestructuración de deuda se retira del gobierno asediado por los buitres internacionales, los buitres locales y el FMI, es decir por todos los que lucran con la especulación financiera.

El estruendoso ajuste inflacionario

Hace tres meses Guzmán presentó en el programa fondomonetarista un sendero de desinflación. Pero, en realidad, ese acuerdo tiene como requisito que la inflación sea alta. ¿Con qué objetivo? Con el fin de erosionar las partidas presupuestarias de salud, de educación, las jubilaciones, las remuneraciones de las trabajadoras y trabajadores públicos. Y, más en general, todos los ingresos populares. El acuerdo original contempla la suba de tarifas de energía eléctrica y de gas. Más leña al fuego inflacionario.

El último informe del staff del Fondo deja más claras las intenciones: habla de una “una gestión salarial prudente para mantener sin cambios la masa salarial del gobierno como porcentaje del PIB”; valora que el presupuesto en jubilaciones caiga como porcentaje del PIB (más ajuste) gracias a la fórmula jubilatoria del FDT, a la vez que invita a evitar aumentos discrecionales; llama a que se reduzcan los subsidios al transporte (aumento de tarifas), entre otros “detalles”.

El acuerdo también comprende el aumento del dólar oficial que, aunque gradual, mueve todo el esquema de precios hacia arriba. Con el desarrollo de la crisis no está descartado un salto cambiario que devalúe más los salarios. Es lo que le sugirió Carlos Melconian a Cristina Fernández de Kirchner en la reunión que sostuvieron recientemente. Es una política para poner un freno a la actividad económica, pero que también puede disparar más los precios.

Desde que se aprobó el acuerdo, la inflación no baja del 5 % mensual: 6,7 % en marzo; 6 % en abril; 5,1 % en mayo. Para junio se anticipa una cifra por encima del 5 %. En este contexto, Guzmán había reestimado por enésima vez la proyección de inflación para este año hasta el 62 %. Es muy probable que se haya quedado corto. Un 5 % anualizado ubica la inflación anual en el 80 % mientras que un 6 % anualizado la lleva al 101 %. Es claro que al oficialismo no le conviene un desborde inflacionario, pero juega con esa arma de fuego que le es útil para el ajuste generalizado. Este jueguito, seguramente, también hay que incluirlo entre los factores que dejó fuera de juego a Guzmán.

Pero el devenir del exministro es mucho menos importante que lo que sufren las mayorías. Los datos del Índice de Salarios de abril, difundidos esta semana por INDEC, grafican la situación. Los salarios del sector privado registrado aumentaron 5,6 %, los del sector público 2,7 % y en el sector informal un extraño 7,1 %. Cuando se toma el promedio de todos los salarios el aumento fue del 5 %, por lo cual quedaron por detrás de la inflación del mes de abril que fue del 6 %. Comparado el poder de compra de abril con el que existía cuando comenzó el Gobierno de Alberto Fernández (diciembre de 2019), el resultado es el siguiente: en el sector privado, el poder de compra está estancado; en el sector público, retrocedió casi 3 %; en el sector informal se redujo casi 7 %. A eso hay que agregar el sacudón de entre el 20 % y el 30 % (aproximadamente) que les dio Macri y que Alberto Fernández prometió devolver. Falsas promesas.

Las centrales sindicales están en una tregua infinita, subordinadas a la interna del gobierno. Es una tarea para la clase trabajadora la organización desde abajo para pelear por recuperar el robo salarial de los últimos años, exigir que las centrales convoquen de inmediato a un paro nacional y a un plan de lucha por las demandas más urgentes, en la perspectiva de la huelga general. Es urgente recuperar todo lo perdido desde la gestión de Macri hasta actualidad y establecer la actualización automática de las remuneraciones según la inflación. Al mismo tiempo, es necesario que nadie cobre un salario menor a lo que cuesta una canasta básica de pobreza ($100 mil para el mes de mayo) en el camino de conquistar un mínimo equivalente al costo de una canasta familiar ($161 mil para el mes de mayo, según ATE Indec). El mismo reclamo vale para los haberes jubilatorios.

Los dueños de la lapicera de remarcar

En algunos aumentos de precios, es cierto, inciden factores internacionales, como la suba de las materias primas. Eso se ve claro, por ejemplo, con el incremento del precio del trigo que impacta en el aumento del pan, los fideos y otros productos alimenticios. Pero la vía de transmisión de esos aumentos de precios internacionales hacia el mercado interno tiene lugar gracias a que el comercio exterior de granos está dominado por un puñado de empresas, mayormente multinacionales, pero también algunas nacionales. Se trata de Cofco-Nidera-Noble (China), Cargill (EEUU), ADM-Toepfer (EEUU), AGD (Argentina), Moreno (Glencore, Suiza), LDC (Francia), ACA (Argentina), Molinos (Argentina).

Estas empresas, fundamentalmente las multinacionales, dominan las cadenas mundiales de valor agroindustriales: establecen pautas financieras, productivas y tecnológicas. En Argentina hacen lo que quieren gracias a que gozan prácticamente de un oligopolio privado del comercio de granos. Es por eso que, desde la izquierda, se plantea el monopolio estatal del comercio exterior: para que las ventas externas (y también las importaciones) se realicen en función de las necesidades de la población; para que en un país donde existen condiciones para reorientar la producción hacia fines sociales, los alimentos estén accesibles para todos; para que no existan los niveles de pobreza e indigencia inauditos para los parámetros históricos del país.

La estructura oligopólica (es decir, dominada por unos pocos grandes jugadores) del comercio exterior se repite a nivel de la producción. Un par de ejemplos lo ilustran. Según CEPA (Centro de Economía Política Argentina) tres cuartas partes de la facturación de los productos de las góndolas es explicada por veinte empresas. Entre el 2016 y el 2019, tres empresas (Mastellone, Sancor y Danone) explicaron casi el 75 % de la facturación del rubro lácteo. Otras tres empresas (Coca-Cola, ADA y Pepsico) concentran el 85 % de la facturación de bebidas sin alcohol. En aceites, las compañías Molinos Ríos de la Plata, Molinos Cañuelas y Aceitera General Deheza (AGD), explicaron el 90% de la facturación. Otro tanto ocurre con la concentración en las grandes cadenas de supermercados, que son el eslabón final por el cual llegan los productos al consumidor.

En este entramado está la clave de porqué los Precios Cuidados y otras tímidas regulaciones estatales resultan medidas impotentes para frenar la suba de precios. Es que, si no se afecta esa estructura donde unos pocos son los dueños de casi todos los alimentos que se producen, las armas para ganar la guerra de la inflación las tienen los que suben los precios, los que tiene la lapicera para remarcar. La clase trabajadora tiene el potencial para garantizar el abastecimiento a precios accesibles para toda la población. Para eso, es necesario acabar con los secretos comerciales y abrir toda la contabilidad de las empresas para develar el verdadero costo de los productos y poner toda la información al servicio de comités de trabajadores y sectores populares.

Los trabajadores de las distintas empresas podrían contar con la colaboración de contadores públicos y técnicos para esta tarea. Esos mismos comités estarían en condiciones de detectar las maniobras y trampas de los capitalistas en todas las etapas de la cadena de producción y comercialización e impedir que se lleven adelante. Las empresas que se nieguen a dar toda la información, que sigan especulando con los precios y el abastecimiento deberían ser nacionalizadas y puestas bajo la gestión de sus trabajadores en colaboración con profesionales de las universidades públicas, como parte de una planificación racional para acabar con el hambre y garantizar una alimentación de calidad.

Los dueños de los dólares

El Banco Central tiene dificultades para lograr alcanzar las metas de acumulación de reservas pactada con el FMI. Recién esta semana logró comprar U$S 1.300 millones luego de aplicar algunas restricciones para el acceso al dólar, por ejemplo, para las importaciones. Hay quienes indican que Miguel Pesce, el presidente de la entidad monetaria, llegó tarde, con la crisis en un grado de desarrollo avanzado.

El lunes 20/6 en el plenario de la CTA en Avellaneda, la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, había afirmado que existía un festival de importaciones. ¿Qué pidió la vicepresidenta? Que Daniel Scioli, ahora a cargo del Ministerio de Desarrollo Productivo, área donde se “regulan” las importaciones, y Guillermo Michel, un funcionario que llegó a la Aduana de la mano de Sergio Massa, se dediquen a “reencauzar” la situación luego de la salida de Matías Kulfas. Este capítulo de la interna incluyo la respuesta de la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti: rechazó que exista un “festival de importaciones” y afirmó que las mayores compras al exterior se deben al crecimiento industrial. Aunque admitió algún tipo de “tirantez” con el sector industrial.

A favor del argumento de Cerruti, es cierto que, por ahora, existe una recuperación industrial relativamente fuerte (aunque la crisis preanuncia al menos un desaceleramiento) y que, dada la estructura industrial, que es atrasada en relación a las potencias económicas, esa recuperación demanda dólares para la compra de bienes intermedio y de capital (por ejemplo, máquinas). Pero, también a favor de Cerruti lo que ocurre es que aumentaron los precios internacionales. Esto afecta en particular las importaciones de combustibles y lubricantes, que aumentaron 205 % interanual en el acumulado entre enero y mayo de este año. Las importaciones del año la lideran las empresas públicas Cammesa e Ieasa, que compraron gasoil y gas natural, respectivamente, según información oficial.

Por otro lado, en favor del diagnóstico de CFK, cuando se observa el resultado agregado del comercio exterior, resalta que las importaciones acumuladas en los primeros cinco meses del año alcanzaron el nivel más alto de la serie que comienza en 2012: se importaron casi U$S33 mil millones, lo que implica un aumento del 44 % en relación a 2021.

Por eso, no son pocos los que ven allí importaciones especulativas: esto es empresas que adelantan importaciones o sobrefacturar las compras al exterior con el fin de obtener dólares baratos por parte del Banco Central. O incluso, en un país con casi 40 % de la población pobre, es probable que estén aumentando las importaciones de bienes suntuarios: por ejemplo, autos de alta gama, embarcaciones u otros bienes de lujo. Por eso, el Gobierno anunció la última semana restricciones para la importación de bienes considerados suntuarios.

Aunque la verdad es probable que esté a mitad de camino entre lo que denunció CFK y lo que dijo Gabriela Cerruti, lo interesante de este debate es que se expone a un público más general el comportamiento de los dueños del país. CFK habló de 600 empresas que explican el 75 % del total de las importaciones nacionales. Esas empresas, presuntamente, son las que sobrefacturan importaciones o anticipan compras al exterior para sacarle dólares baratos al Banco Central.

Pero, por el lado de los exportadores se observa una concentración mayor. Como se señaló más arriba, el comercio exterior de granos está dominado por una decena de empresas. Es conocido, como demostró el caso Vicentin, que estas empresas subfacturan las exportaciones para eludir el ingreso de dólares al país o que directamente triangulan las operaciones para, no solo no entrar los dólares, sino también para eludir el pago de impuestos.

Aún con todas las maniobras que hacen las empresas importadoras y exportadoras, la escasez de dólares no se explica por ese solo factor. Entre los años 2000 y 2021, el país acumuló un ingreso neto de U$S 184 mil millones de dólares en el comercio exterior: se trata de la diferencia entre exportaciones e importaciones. Más recientemente, desde 2019, el comercio exterior muestra números positivos muy altos. Aun así, en el país escasean dólares. ¿Por qué? Porque existe una fabulosa y sistemática fuga de capitales a guaridas fiscales. Además, hay empresas que simulan pagos de deuda al exterior para sacar dólares baratos del país, dólares que provee el Banco Central. A eso se suma que los pagos de deuda pública insumen una gran cantidad divisas y otro tanto ocurre con la remisión de ganancias de las empresas extranjeras que operan en estas tierras.

Es decir, así como la salida de Guzmán no se puede reducir a la interna, la escasez de dólares no se puede reducir a maniobras (que obviamente existen), sino que se explica por un saqueo sistemático, estructural, del país por parte del empresariado local y extranjero. Y en ese debate estructural, profundo, nadie se quiere meter. Para terminar de raíz con este saqueo es que la izquierda propone, como se señaló, el monopolio estatal del comercio exterior del comercio exterior bajo el control de los trabajadores.

Pero esta medida en sí misma no es suficiente. El sistema bancario en manos privadas es el que organiza la evasión impositiva y la fuga de capitales que hacen los dueños del país hacia el exterior por todas las vías posibles. Para evitar ese saqueo es necesaria la nacionalización del sistema bancario, con la expropiación de los bancos privados (pero no para apropiarse de los ahorros de los sectores populares, sino para preservarlos) y la conformación de un banco público único, bajo gestión de sus trabajadoras y trabajadores.

Salidas de distinta clase

Este fin de semana las formaciones políticas que defienden el régimen capitalista cocinarán sus salidas frente a la crisis. Querrán cambiar los fusibles, pero con el Fondo en el timón de la economía seguirá el hambre y la miseria. Hay quienes especulan que CFK pacte con Alberto Fernández un nuevo gabinete que implemente un plan de estabilización tipo el Plan Austral, siguiendo la experiencia de Raúl Alfonsín bajo el tutelaje del FMI. Todo plan de estabilización tiene como fundamento ajustar a la clase trabajadora, al pueblo pobre.

La vicepresidenta dio señales en la última semana de un giro a la derecha con el ataque a los movimientos sociales y su simbólica reunión con Carlos Melconian, que está al frente del centro de estudios de la Fundación Mediterránea, un “think tank” neoliberal que regaló al país a Domingo Cavallo. Tampoco se puede descartar un salto mayor en la crisis con mayores desavenencias entre Alberto y Cristina. Los próximos días develarán hacia dónde se mueve el gobierno. En la oposición de Cambiemos, con sus propias internas a cuestas, tal vez se ilusionen con otra salida alfonsinista: la del caos de 1989. Les dejaría la mesa servida para su sueño eterno: un ajuste de shock que reconfigure la relación de fuerzas entre las clases sociales.

No bastó con el endeudamiento fraudulento del macrismo con los lobos de Wall Street que financió la “bicicleta financiera” y una fuga de capitales escandalosa. Un motivo para desconocer esa deuda. No bastó que el FMI, bajo la impronta de Donald Trump, haya apostado a la continuidad de Mauricio Macri en el poder y también financiado la fuga de capitales de la burguesía nacional e internacional que opera en el país. Otro motivo para desconocer la deuda. ¿No basta que a tres meses de firmado el acuerdo la crisis económica se haya devorado al ministro que fue el ingeniero de la negociación? En un país con cuatro de cada diez habitantes pobres, con más de la mitad de las niñas, los niños y las adolescencias en la miseria y con la inflación ajustando a todas y todos, el Gobierno del Frente de Todos, más allá de las internas, no tiene en agenda otra alternativa que seguir subordinado al capital financiero internacional que saquea todo lo que encuentra a su paso.

La unidad de los trabajadores ocupados y desocupados, en pie de lucha, es el único camino para derrotar el ajuste del FMI, el gobierno, la oposición derechista y los empresarios. Es urgente el desconocimiento soberano de la deuda en manos de los especuladores y romper con el Fondo. Liberarse de la dependencia del capital financiero internacional es la única vía para reorganizar la economía y utilizar todos los recursos disponibles en función del desarrollo económico y la atención de las necesidades sociales más urgentes. Es bajo esta perspectiva que el Frente de Izquierda Unidad, junto a organizaciones sociales, políticas, de trabajadores convoca a una masiva movilización para este 9 de Julio.