Bolivia. La derecha boliviana se movilizará contra cierre de la investigación del "fraude electoral" en 2019

Luego de casi dos años de investigación del supuesto fraude electoral de octubre del 2019, en el que la oposición de derecha junto a la OEA (Organización de los Estados Americanos), el imperialismo y los gobiernos como el de Jair Bolsonaro, Mauricio Macri, Lenín Moreno y otros encubrieron el golpe de Estado, llega a su fin al no poder encontrar pruebas que permitan continuar con un eventual juicio a los dirigentes del MAS.

El peritaje de la universidad de Salamanca es el resultado de una convocatoria pública e internacional que realizó la Fiscalía para determinar si se habían producido alteraciones o no en el conteo oficial de las elecciones de octubre del 2019. Esta convocatoria tuvo 3 proponentes: la universidad mencionada que se adjudicó el peritaje con un costo aproximado de 30 mil dólares, un grupo de peritos mexicanos y un grupo de peritos bolivianos.

En este marco, el referido peritaje informático, tuvo el objetivo de verificar si en el conteo oficial se había producido alteraciones mediante servidores no autorizados que pudieran haber servido de fuente de datos alterados en el cómputo oficial. El resultado fue negativo, lo que se ha traducido en la clausura de ese proceso.

Como afirmó Corchado, docente responsable del peritaje, su labor solo se limitó a verificar si hubo alteración de datos en la carga de los mismos al cómputo oficial, es decir, el estudio no pretende afirmar o desmentir si hubo fraude o no, tarea que le corresponde a la Fiscalía y a la justicia boliviana, tomando en cuenta todos los elementos de prueba que se hayan incorporado con las denuncias. Sin embargo, pese a que el golpismo estuvo 11 meses en el Gobierno, no pudieron demostrar la existencia del mencionado fraude, situación que llega a su fin después de casi dos años y de múltiples informes que negaron esa posibilidad.

La decisión del cierre y archivo del caso, abona aún más el terreno de otro proceso, el caso “Golpe de Estado” y quita elementos de defensa a Áñez y demás golpistas hoy imputados. Pero no solo eso, ya que el cierre del caso fraude resta de cualquier legitimidad a las movilizaciones reaccionarias de todos aquellos que se agruparon bajo las plataformas del 21F y que actuaron como bandas paramilitares en noviembre del 19, constituyéndose en la base social del golpe, que hoy pretenden nuevamente salir a las calles.

El derechista Comité Cívico de Santa Cruz ha apelado el cierre del caso y ha convocado a una concentración para este jueves 5 de agosto a las 18:hs en rechazo a la decisión de la Fiscalía General del Estado de cerrar el caso “fraude electoral” y exigiendo la libertad de todos los detenidos por el caso Golpe de Estado, a quienes califica como “presos políticos”, entre ellos varios militares, policías, ex ministros hasta la misma ex presidenta Jeanine Áñez que seguirá por lo menos un año en prisión luego de que este martes un juez extendiera la detención preventiva.

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Así mismo el Comité Cívico de Santa Cruz llama a apoyar el paro movilizado con bloqueo de caminos en la Chiquitanía, convocado por el comité cívico regional para el próximo lunes 9 de agosto y que será el inicio de una movilización escalonada.

Con estas medidas, pretenden como ya lo explicitó el presidente de los cívicos, Rómulo Calvo, reagrupar a todas las fuerzas derechistas que formaron parte del golpe de Estado de noviembre del 2019. Lo hacen descalificando el peritaje de la Universidad de Salamanca arguyendo que éste habría sido realizado extemporáneamente y contrastándolo con el informe de la OEA mismo que, como afirmó el representante de la centro derecha Carlos Mesa, habría sido realizado en el momento y con más de 30 personas.

Por su parte, el secretario general de la Fiscalía, ha insistido en que el informe de la OEA no solo que no menciona la palabra “fraude”, sino que es un informe sin firmas. Es decir, se desconoce la identidad de quienes habrían elaborado ese trabajo, motivado por intereses políticos, mientras que el peritaje de la universidad de Salamanca se habría limitado a realizar un estudio técnico y no político.

Parlamentarios del MAS han salido a denunciar que la derecha pretende volver a convulsionar el país, y algunos incluso han afirmado que se estaría tratando de llevar adelante un nuevo intento golpista. Pese a estas denuncias, el MAS actúa como defensor de la institucionalidad burguesa, como si la misma fuera capaz de impedir las aspiraciones de la oposición de derecha. Así, Luis Arce Catacora en un reciente acto, en la localidad de San Julián, donde procedió a la entrega simbólica de títulos de propiedad, afirmó que no iban a permitir que la derecha establezca las reglas de distribución de tierras como pretenden, y que lo impedirían mediante la normativa nacional agraria, pero no apelando a la movilización y organización de los trabajadores del campo. Con esta política Arce pretende mantener la disputa en los estrechos marcos de la institucionalidad democrática, que como ya se ha visto, es absolutamente impotente como para impedir la movilización agroindustrial de cívicos y derechistas.

Es en este escenario que las y los trabajadores del campo y la ciudad, las víctimas de las masacres y de las torturas sufridas durante el golpe, y en definitiva el conjunto de las organizaciones sociales, estudiantiles, vecinales, comunales, sindicales, de mujeres y de las disidencias, deben empezar a discutir de manera urgente cómo prepararnos y organizar la coordinación y la unidad para enfrentar estas amenazas derechistas, sin depositar la más mínima confianza en las instituciones del Estado Plurinacional que ya han demostrado la facilidad con la que las mismas se ponen al servicio de los intereses mas reaccionarios de las clases dominantes. Pero tampoco se puede confiar en el MAS que ya demostró que su estrategia de "contener" a la derecha no solo que ha fracasado sino que se ha traducido en la política concreta de ceder a prácticamente todas las exigencias de la derecha a costa de los intereses y de los derechos de las mayorías populares y trabajadoras del país. No olvidemos que fue el mismo Evo Morales quién abrió las compuertas al golpe cuando desconoció los resultados del referendum del 21F y peor, cuando permitió que la OEA defina la política nacional.