La derecha se prepara para una escalada destituyente ¿Cómo enfrentarla desde una posición independiente del “progresismo” que le ha abierto las puertas?

Vuelve la España de los balcones. Aquella reacción españolista que en 2017 respondió al referéndum catalán con miles de rojigualdas en las fachadas, hoy ha tenido un revival importante en las calles de las principales capitales. En esta ocasión los alentadores son el PP y Vox, y junto a ellos el conjunto de las agrupaciones de jueces y fiscales, el Consejo General del Poder Judicial, los “sindicatos” policiales y de la Guardia Civil, y hasta los obispos. Una nutrida representación de lo que podríamos denominar como el búnker del 78, que abogan por una reconfiguración del régimen en clave centralizadora, conservadora y antiderechos.

Las concentraciones contra la amnistía convocadas este domingo han superado con creces en asistencia las realizadas estos días frente a Ferraz y otras sedes del PSOE. Los datos dados por la Delegación del gobierno del PSOE reconocen una asistencia de 80.000 personas en la capital, o la Guardia Urbana, dirigida por el también socialista Collboni, da 6.000 asistentes a la de Barcelona. El PP delira con cifras estratosféricas, como los 500.000 de Madrid. Pero más allá de la guerra de cifras, esta mañana la derecha y la extrema derecha han hecho una demostración de músculo y de voluntad de no aceptación de una posible investidura de Pedro Sánchez este jueves.

Nuñez Feijoó ha sido claro “no nos callaremos hasta que haya elecciones”. Los mensajes más repetidos eran los de que “la democracia española está el riesgo”, o “estamos en una dictadura” en la línea de Ayuso o de Abascal que tacha al PSOE directamente como “partido golpista”. El búnker promete así mantenerse a la ofensiva y en clave destituyente en los próximos meses y años.

El PSOE y Sumar, junto al resto de sus socios parlamentarios, se escandalizan de esta ubicación que promete una legislatura convulsa. A la inestabilidad del bloque de investidura en las Cortes y del mismo ejecutivo, como toda coalición, se sumará tener a la derecha, los cuerpos de seguridad y la Judicatura abiertamente en la oposición. Pero estos “lodos” vienen de los “polvos” que ellos mismos generaron y mantuvieron.

Eso de intentar bloquear investiduras y tirar de las togas para ello no es nuevo. El PSOE apoyó en 2017 al PP en su golpe del 155 - que destituyó un gobierno entero y lo encarceló y envió al exilio-. Apoyó también el bloqueo de los jueces a investiduras en el Parlament catalán, como la de Puigdemont y Jordi Sánchez en 2018. Condenaron a cárcel por sedición a los presos catalanes por medio de la Abogacía del Estado en 2019. Ese mismo año orquestaron montajes judiciales con la Guardia Civil como el de la Operación Judas. Destituyeron un president de la Generalitat en 2021, Quim Torra, por no quitar una pancarta y con la expectativa meter a Salvador Illa con calzador en Palau…

En esta legislatura que acaba, el gobierno de PSOE y Unidas Podemos, no derogó la Ley Mordaza ni el resto de leyes liberticidas. Permitió el encarcelamiento de Pablo Hassel en 2021 y el procesamiento de cientos de activistas. Infiltró policías, que se sepa hasta 2022, en los movimientos sociales. Reprimió hasta con tanquetas a trabajadores que luchaban por sus salarios. Asesinó a decenas de migrantes en la frontera, desplegó al Ejército en Ceuta y consolidó las devoluciones en caliente, incluidas las de menores…

Con una izquierda de mentira así, ¿a quién le sorprende ahora que la derecha de verdad esté fortalecida y en una escalada sin precedentes? Como decíamos desde la CRT en la campaña electoral del 23J, no se puede enfrentar a una derecha de verdad, con una izquierda de mentira.

De hecho, el proyecto que se someterá a investidura esta semana en el Congreso no es ninguna alternativa para las y los trabajadores y las demandas sociales, democráticas y antiimperialistas. Es un gobierno que promete una amnistía parcial y cuya aplicación quedará en manos de los mismos jueces que hoy son parte de la escalada semi-golpista de la derecha. Que no pretende derogar ni las leyes, ni la impunidad, que han consolidado un refuerzo autoritario del Estado desde la crisis de 2008. Que viene a volver a poner el candado sobre el derecho de autodeterminación y apuntalar la Corona, como vimos con la fiesta de cumpleaños organizada a Leonor. Que viene a endurecer aún más las políticas de extranjería, tomando a la ultraderechista de Meloni como socia en esta materia en la UE. Que seguirá apoyando al genocida Estado de Israel y la ocupación del Sáhara Occidental. Que ya ha dicho que aplicará el ajuste que demanda Bruselas, mientras sigue regalando miles de millones de los fondos europeos a las empresas….

Por todo esto, a lo que hemos visto hoy en la puerta del Sol y otras calles y plazas del Estado, no se le puede responder cerrando filas detrás del nuevo gobierno “progresista”, como pedirán desde el PSOE y Sumar, y también desde Podemos, ERC, EH-Bildu y las burocracias de CCOO y UGT. El régimen del 78 se ve hoy azuzado por una grave crisis que se expresa, por ahora, en una fuerte división por arriba y una incipiente movilización por derecha. Si la clase obrera y los sectores populares no tomamos la iniciativa, de forma independiente a los dos proyectos de restauración del régimen en disputa, el resultado solo puede ser malo o peor.

Como planteábamos recientemente en la declaración de la CRT ante el acuerdo entre PSOE y Junts “Frente a la disputa entre estas dos versiones de restauración del Régimen del 78, el que fue cuestionado por el 15M y el movimiento democrático catalán, es necesario retomar la lucha por terminar con él por medio de la movilización obrera y popular. Para abrir verdaderos procesos constituyentes en los que poder resolver estas demandas y decidirlo absolutamente todo. Para acabar con la Corona, la reaccionaria casta judicial y poder avanzar sobre los privilegios y beneficios de los grandes capitalistas, en la perspectiva de conquistar una federación de repúblicas socialistas, en la que gobernemos las y los trabajadores”.

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Es necesario, por lo tanto, disputarles las calles a la derecha y a la extrema derecha. Las masivas manifestaciones por Palestina de estas semanas, muestran como hay una fuerza social radicalmente opuesta a la reacción que hoy ha salido a las calles. Somos cientos de miles los que nos estamos movilizando contra el genocidio y apuntando directamente a la responsabilidad de nuestro Estado y el gobierno español en ella. Incluso a los dirigentes de los partidos de gobierno que pretenden instrumentalizar estas protestas para cubrir por izquierda sus derechadas, les cuesta cada vez más. Este mismo sábado Yolanda Díaz tenía que abandonar la manifestación por el Sáhara Occidental, ante los abucheos que recibió por ser y pretender seguir siendo la vicepresidenta de un gobierno que apoya la ocupación de la dictadura de Mohamed VI.

Este es el ejemplo que tenemos que generalizar. Es urgente poner en pie una movilización independiente, contra la derecha y el “progresismo” que le compra gran parte de su agenda. La izquierda anticapitalista, el sindicalismo alternativo y los movimientos sociales, tenemos que movilizarnos, y exigir a las direcciones burocráticas de los grandes sindicatos que rompan su posición de apoyo al gobierno y pasivización.

Es hora de salir a luchar por demandas como la de una amnistía total para todas y todos los luchadores y perseguidos, que no quede en manos de los jueces y, por su puesto, no incluya a los represores. Que esta medida no implique ninguna renuncia, y, por lo tanto, retomar la lucha por el derecho de autodeterminación y contra la Corona. Por terminar con la agenda imperialista del Estado español, empezando por la ruptura de toda relación con el Estado de Israel, la retirada de las tropas del Líbano y el resto de misiones en el exterior, y por la derogación de todas las leyes de Extranjería. Por derogar todas las contra-reformas laborales y de pensiones y aplicar un programa de emergencia contra el paro, la precariedad, la carestía de la vida o la vivienda, que pase por tomar medidas contra los grandes capitalistas, como el reparto de horas de trabajo, la subida del SMI a 1.800 euros y la indexación automática, obligatoria y mensual al IPC de todos los salarios o la expropiación de las distribuidoras, las empresas energéticas y las viviendas en manos de grandes tenedores y la banca.