Viernes 21 de junio
Foto: David Choquehuanca, Luis Arce Catacora y Evo Morales en una concentración en La Paz. (imagen de archivo, AFP)
La aprobación de la ley antipróroga 075 gracias a la audaz iniciativa del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, arrancó al parlamento de su estancamiento legislativo de los últimos meses y está catalizando la crisis de gobernabilidad que amenaza al gobierno de Arce. Gremiales, empresarios del transporte, médicos, las Federaciones del Trópico cochabambino, la región de Yapacaní en Santa Cruz, amenazan con bloqueos y paros, esto es, presionar al ejecutivo para que acate sus demandas. Se presenta ante nuestros ojos el despliegue de una crisis que comenzó el 2019 cuando ocurrió el golpe de Estado que defenestró a Evo Morales de la presidencia y que ahora es necesario evaluar porque, a pesar del retorno del MAS al ejercicio del poder estatal, dicha crisis no ha cesado de profundizarse y difundirse desde el Estado hacia los diferentes campos del cuerpo social.
La ley 075 mediante la cual se da fin a la autoprórroga de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional era necesaria, pero ¿era necesario que la facción evista del MAS la apruebe en coalición con sus enemigos de clase, CREEMOS Y COMUNIDAD CIUDADANA? Una resolución alternativa igualmente válida y legal hubiese sido que la magistratura de ese órgano fuese determinada por sufragio universal. Esta última era la posición de la facción arcista que optó por el repliegue en la inacción y empantanó el parlamento durante los últimos meses al evitar que cualquier otra iniciativa legislativa pueda ser discutida ni mucho menos aprobada. En ese marco debemos entender la constante parálisis de la reforma de la justicia, papa caliente que el gobierno de Arce, con su impronta desarrollista e industrializadora, nunca se tomó en serio. No convenía hacerlo por las siguientes razones. En el 2017, de manera incoherente con los postulados de una democracia realmente popular, que el MAS en cuanto supuesto movimiento hacia el socialismo postula, pero justificado por la utilidad de prolongar su mandato caudillista, Morales logró que el TCP sentenciara que su persona, en cuanto ser humano, tenía el derecho a ser relecta indefinidamente pasándose por donde ustedes saben el artículo 168 de la CPE. En el 2024 ese mismo órgano se autoprorrogó con la anuencia del gobierno de Arce porque, al fin, de ese modo obstaculizaba las anteriores pretensiones políticas de Morales al haber sentenciado en el 2023, contradiciendo su anterior sentencia, que la reelección presidencial indefinida no existe y que tampoco es un derecho humano. Hasta aquí, es evidente que el antagonismo político entre ambas fracciones se refleja cada vez con mayor claridad en su espejo jurídico, el Tribunal Constitucional.
Por tanto, que la necesidad haya impulsado a una facción del MAS a negociar con la oposición revela que entre la facción arcista y evista del MAS, supuestamente ambas representantes de lo nacional-popular, las diferencias sobre el cómo se debe gestionar el Estado son insalvables. Con todo, si bien es posible constatar en el devenir del acontecimiento coyuntural que por un lado existe una división profunda entre dos facciones, sería ilusorio dar por sentado que puesto que entre las dos facciones existe una división es porque entre ellas existe también dos proyectos históricos diferentes en pugna. El método para distinguir y al mismo tiempo descubrir si ambas facciones son iguales o diferentes consiste en sopesar su accionar concreto. Como dijo una vez un profeta judío que fue crucificado por el imperio romano: por sus frutos los conocerán. La izquierda es izquierda en cuanto habla y actúa como izquierda.
Hagamos memoria: semanas atrás se le reprochaba a Arce el haber logrado una serie de acuerdos y concesiones con los empresarios, a puertas cerradas. Ante la falta de fuerza para la movilización popular no tuvo otra opción que negociar con sus enemigos para amortiguar un poco los efectos negativos de la escasez de dólar. Cambian los personajes y el escenario pero el proceder es el mismo. Lo mismos sucedía meses atrás cuando el actual presidente del Senado, Rodríguez, logró la presidencia gracias al apoyo de la bancada opositora con la cual se firmó un acuerdo de varios puntos.
Si la política del masismo se ha vuelto una cuestión de conveniencias antes que de principios creo que conviene recuperar los principios. Y ello porque una de las debilidades de la izquierda no solo boliviana sino latinoamericana en general, sobre todo aquella generación de la denominada Primavera Política de la primera década del 2000 es su incapacidad para lidiar críticamente con las incoherencias de su pasado reciente.
El golpe de Estado del 2019 no fue solo obra de una contra revolución de parte de la burguesía liderada por un ímpetu neofascista. Una revolución, si es tal, no resiste solo por la fuerza de su ejército y/o milicia (algo que no existió ni existe, por cierto, en el Estado Plurinacional). Resiste porque hay ‘algo’ que resiste y que pese a los embates constantes no se ha quebrado. Ese algo es el pueblo en cuanto sujeto consciente de su humanidad y lleno de mística revolucionaria.
Esto es, si el golpismo tuvo éxito es porque rompió con ese ‘algo’ y doblegó al sujeto popular que residía en el Estado en sentido restringido. No hubo nada que pueda resistir el embate porque no existía pueblo en el Estado sino una masa burocratizada que cercaba al mito y que, en el momento del peligro, huyo en desbandada.
El golpismo fue una contra revolución externa pero también interna. Los procesos de autodeterminación nacional son atacados desde afuera pero también son socavados desde adentro. La contra revolución viene del imperio, sin duda. Lo menos evidente es que viene de aquellos mismos que perjuran ser los revolucionarios.
El golpe del 2019 mostró de qué estaba realmente hecho el MAS y desde entonces la contradicción entre lo que decía ser y su deber ser comenzó a generar malestar al interior de su propia militancia y estructuras de mando durante todo el año 2020, periodo que duró el gobierno golpista de Jeanine Añez. Si el MAS pretendía retornar debían hacerse reformas al interior de sus estructuras y prácticas.
Durante su exilio en Buenos Aires Morales eligió a Arce como su candidato, un presidente de transición, pensaba él, que lo sustituiría temporalmente hasta que él pueda volver y repostularse, una vez más, a la presidencia. En modo alguno Morales asumía el malestar que ya cundía en una fracción importante de su partido. Una vez ganadas las elecciones por la dupla Arce-Choquehuanca, Morales cruzó la frontera y volvió al país, a su bastión, el Trópico cochabambino, a operar como el poder detrás del trono. Conforme pasaba el tiempo y para su desagrado comprobó que Arce tenía sus propias ideas sobre el cómo gobernar al país y que estaba dispuesto a hacerlas respetar. La disconformidad con la figura del liderazgo mítico e irremplazable comenzó a ser enunciada. Era necesaria una renovación al interior de las estructuras del MAS.
Si bien Arce tuvo el mérito de reconocer la necesidad de reconstituir su partido como un movimiento de movimientos sociales y no como lo que últimamente viene siendo, un partido tradicional fundamentado en el carisma autoritario de un liderazgo mítico que tiene como horizonte una industrialización burguesa que, en la situación actual no puede ser sino un Estado que gestiona benignamente la crisis del capitalismo, en los hechos nunca pudo ir más allá de un discurso bienintencionado. Las razones son tanto estructurales como subjetivas, a saber, las prácticas de cooptación de los movimientos sociales que se hizo hábito para poder lograr una hegemonía basada en el acatamiento a cambio de favores político-económicos; el estatuto del MAS que sacraliza el mando de un líder por sobre el movimiento que lo sostiene lo cual es una contradicción escandalosa para un movimiento que se dice socialista.
Es a Arce a quien le tocó asumir el fin de la bonanza por exportación de las materias primas y la recesión internacional post-pandemia seguida de la guerra comercial y bélica entre Estados Unidos, China y Rusia; la pasividad ante el cooperativismo aurífero y el agro negocio solo catalizó aún más la presión corporativa que esos sectores ejercen sobre su gobierno, tornándolo dependiente de los mismos para lograr implementar políticas económicas factibles que alivien la escasez de dólares debido al aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. En un escenario tan adverso resulta cómodo para Morales sostener que “en sus tiempos”, cuando él “era presidente”, Bolivia era próspera (olvidando que su ministro de economía fue Arce) e inferir falazmente que, si él vuelve, todos seremos una vez más felices y comeremos perdices.
En realidad, la angurria lo consume. Hace pocos días atrás, en una reunión de su facción en Cochabamba, Morales dio un plazo de 10 días para que el gobierno de Luis Arce pueda promulgar la ley 075, caso contrario, “el pueblo lo hará” en las calles.
Arce, pues, se ve impedido por la fuerza compulsiva de los hechos a llevar adelante cualquier tipo de reformas tímidas al interior de su partido porque, para ello, debería antes crear una nueva conciencia que trascienda el sentido común de que, en Bolivia, para hacer política, el poder no radica en una persona sino en un movimiento, o sea en el pueblo, en la comunidad política, en las masas. El devenir autoridad es solo una delegación temporal de la soberanía popular en una persona, no un atributo personal permanente ni mucho menos un derecho humano. Empujar una transformación moral en ese sentido es algo que Arce no puede ya realizar, falto ya del ímpetu renovador de su primer año, la presión sobre su autoridad crece.
¿Qué resta entonces?
Solo queda la confrontación de baja intensidad entre facciones que aspiran al simple y puro control del Estado Plurinacional en proceso de aburguesamiento. Ante ese panorama y como forma de salida resulta improbable que el actual gobierno declare un Estado de Excepción. De hacerlo justificaría una insurrección sobre todo en el Trópico de Cochabamba y en los Valles engrandeciendo la figura de Morales lo cual, estratégicamente sería suicida para el gobierno de Arce.
Contrariamente a lo que se podría suponer, una situación de ese tipo tampoco sería provechosa para Morales. La estabilidad del sistema de partidos y la certeza de salir victorioso de las próximas elecciones presidenciales, si logra que los poderes instituidos avalen su repostulación, nos muestra que solo busca ejercer una presión considerable sobre el gobierno actual para debilitarlo. Sin embargo, puede salirle el tiro por la culata.
Hasta el momento el Tribunal Supremo Electoral es el único órgano del Estado que actúa conforme a la Constitución y en apego a la Ley de Organizaciones Políticas (aprobada durante la última gestión de Morales). Pocos reconocen que en las polémicas elecciones generales del 2019 su actuación fue neutral, aunque calumniada por la OEA de Almagro y que fue también responsable de dar por ganador al MAS, en las elecciones del 2020 a pesar de las presiones del gobierno golpista de Áñez. Ese mismo poder es el que señaló hace poco el incumplimiento del estatuto del MAS que no puede hasta el momento renovar su directiva según su propia normativa. Por tanto, si el MAS no resuelve legalmente sus vacíos procedimentales corre el riesgo de ser suspendido para las elecciones del 2025. Evo no podría postularse a la presidencia.
Sin embargo, el problema no es solo ni apenas que el MAS este siendo presa de sus propias contradicciones, su populismo caudillista, el abandono progresivo de los principios de izquierda y su cinismo discursivo sino que en sus luchas intestinas por el ejercicio del poder estatal está destruyendo la legitimidad y la credibilidad de un proyecto histórico de liberación económico, cultural, tecnológico y político de izquierda. El golpe de Estado del 2019 fue solo una advertencia de lo que puede suceder cuando no se asume el camino recorrido, se corrigen errores y se asumen incoherencias. En efecto, que el MAS haya vuelto al ejercicio del poder en las elecciones del 2020 se debe más a la estupidez del gobierno golpista de Áñez que a los méritos de un MAS ya desgastado por el insulso esfuerzo de justificar la injustificable repostulación al infinito de Morales.
En el sentir común de la gente la política es una cuestión referente a cómo la política nos afecta, nos conmueve, nos repele, nos produce sufrimiento o alegría. La forma de percibir ese afecto puede ser visibilizado de modos completamente desgraciados para la izquierda en este momento. Poco o nada importan los razonamientos que buscan explicar la conducta de las dos facciones. El MAS está perdiendo legitimidad de modo acelerado. Y no es apenas por la situación económica. En el 2019 Bolivia podía ufanarse de contar con uno de los mejores índices de crecimiento de la región y sin embargo el golpe sucedió. La clave de su éxito fue el haber pautado la opinión pública en torno a una idea política algo que el MAS, el mismo movimiento de movimientos sociales que en su momento trajo a la palestra legislativa una agenda nacionalista frente a la rifa neoliberal de finales del siglo pasado, es incapaz de hacer en el presente, ocupado como se encuentra en sus disputas personalistas.
La derecha tiene la mesa servida.