Con una correlación de fuerzas a su favor, la derecha va por todo en el consejo constitucional. Republicanos y Chile Vamos se apresuran a instalar sus enmiendas que buscan restringir la actividad de los sindicatos y sus representantes. Mientras los empresarios aplauden, la burocracia sindical espera gestos de buena voluntad del verdugo.
Miércoles 26 de julio de 2023
Agosto será el mes clave para el debate de las enmiendas constitucionales. Si bien los diversos partidos ya se encuentran armando la mesa para la negociación, ahora más que nunca la derecha ha sacado sus dientes para barrer con los pocos derechos que poseen las organizaciones de la clase trabajadora.
Mientras los republicanos han insistido en volver a la idea corporativa de que los sindicatos no pueden entrar a la política a través de enmiendas como las presentadas por Fincheira, Gatica, Hevia, Lopez, Montoya y Rojas que dice:
“Las agrupaciones sociales y sus dirigentes que hagan mal uso de la autonomía que la Constitución les reconoce, interviniendo indebidamente en actividades ajenas a sus fines específicos, serán sancionados en conformidad a la ley.”
Esta enmienda quiere eliminar la idea de la solidaridad entre las luchas, ya que para la derecha la alianza de la clase trabajadora con los sectores populares, estudiantes o pueblos originarios, representa una grave amenaza en sus objetivos de mantener este sistema capitalista que solo beneficia a unos pocos.
Por lo mismo, a renglón seguido agregan: “Son incompatibles los cargos directivos superiores de las organizaciones gremiales con los cargos directivos superiores, nacionales y regionales, de los partidos políticos. La ley establecerá las sanciones que corresponda aplicar a los dirigentes gremiales que intervengan en actividades político-partidistas y a los dirigentes de los partidos políticos, que interfieran en el funcionamiento de las organizaciones gremiales y demás asociaciones que la misma ley señale”. Republicanos, ese partido que dice defender la “libertad”, pretende hacer caer el peso represivo del Estado, y por la vía de los hechos, acabar con la autonomía sindical ya que elegir militantes de partidos políticos sería inconstitucional, lo de los cargos directivos es solo una forma elegante de esconderlo.
Además de los sindicatos en general, Republicanos plantea ir al choque contra el gremio docente, uno de los más organizados y movilizados a nivel nacional. En una de sus enmiendas señalan que: “El Estado deberá garantizar la continuidad del servicio educativo en sus establecimientos educacionales.”, es decir, será tarea del Estado velan porque no vuelvan a existir los paros de profesores o estudiantes, nuevamente buscan atacar los derechos conquistados de la clase trabajadora.
Otro artículo polémico es el intento por circunscribir el derecho a la huelga sólo a la negociación colectiva, una aspiración que por años ha reclamado el empresariado y que ni Guzman en la constitución del 80 se atrevió a explicitar. En su enmienda pretenden limitar el artículo 26 del anteproyecto dejándolo de la siguiente manera: “La libertad sindical. Esta comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga ejercida dentro del marco de la negociación colectiva”. Mientras que la propuesta impulsada por Eluchans, Guerra, Jorquera, Navarrete, Phillips y Recondo (UDI, RN y Evopoli) señala que “La libertad sindical es una garantía que comprende el derecho a la sindicalización y a la negociación colectiva”, es decir, de conjunto la derecha busca cercenar el derecho a huelga.
También los consejeros de Chile Vamos agregan que el ejercicio de la huelga debe ser “pacífica”, algo que ya habían intentado instalar durante el debate de la reforma laboral de Bachelet II.
Otro artilugio para atentar contra la autonomía sindical por parte de republicanos es atacar a los propios dirigentes señalando que “Los dirigentes sindicales deberán observar un desempeño honesto y transparente en el uso y administración de los recursos de la organización sindical, y rendirán cuenta periódica a los trabajadores afiliados en la forma que determine la ley.” Un total absurdo, considerando que muchas de estas cosas ya son parte de los estatutos de las propias organizaciones pero que además, es algo que solo se le pide a los sindicatos y no a los gremios empresariales como la CPC, SNA, CChC o la Sofofa, que han avalado lo delitos de cuello y corbata que incluso intentaron llevar al TC para que no se aplicaran sanciones más duras.
También, y en esto coinciden Republicanos y Chile Vamos, buscan sancionar constitucionalmente la imposibilidad de hacer huelga de los funcionarios del Estado y Municipales y/o trabajadores de fundaciones o servicios ligados al Estado. La enmienda señala que: “No podrán declararse en huelga [...] los funcionarios del Estado y de las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional.”
Estas enmiendas pretenden hacer retroceder, por la vía constitucional, los derechos conquistados de la clase trabajadora y sus organizaciones, las cuales han dado enormes batallas para adquirirlos.
Pero desde el oficialismo y en particular el Partido Comunista han limitado su exigencia a que la derecha respete los bordes del anteproyecto como señaló en una reciente entrevista a Radio Nuevo Mundo, la consejera Karen Araya “Hoy día, vemos, que las enmiendas, van en la línea de retroceder, pero lo más preocupante es que ni siquiera logran respetar los 12 bordes del acuerdo” y refuerza la idea de que están “abiertos al diálogo” mientras hace un llamado a “las organizaciones sociales y a la ciudadanía a pronunciarse por una Constitución que garantice más derechos para el pueblo”. Pero de qué sirve pronunciarse si ya sabemos que a la derecha no le interesan las demandas del pueblo trabajador y que tampoco vamos a convencer al ejercito de Kast de hacer algo diferente a lo que están haciendo ya que defienden intereses de clase diferentes a los nuestros.
Y es que esto no es un problema de voluntad o buenos argumentos, es un problema que se resuelve con lucha y movilización, esa misma lucha y organización que el PC se niega a impulsar, porque prefiere buscar acuerdos con el “progresismo” como señaló el dirigente de la CUT Erik Campos que apuesta por una “movilización unitaria del progresismo y los trabajadores para frenar la ofensiva empresarial”, pero ¿acaso la CUT se la jugó por organizar la convocatoria del No+AFP para rechazar el proyecto de pensiones que está negociando la ministra Jeannette Jara que perpetuará las AFP y el modelo de capitalización individual? o ¿acaso vienen jugando algún rol en el paro de profesores convocado para hoy? ¿Acaso la CUT viene organizando algo?
Las palabras de Campos en verdad son los típicos llamados que ha realizado la burocracia sindical que son para la galería y que no asustan a nadie.
La clase trabajadora no tiene nada que esperar del Consejo Constitucional, en dicho espacio se está cocinando un nuevo ataque contra sus derechos. Los sindicatos tienen la obligación de llevar estos debates a la base de sus organizaciones, de volver a poner en el centro los efectos que este tendrá, preparar una amplia campaña en rechazo a lo que resulte del proceso.
Además, contra los dichos de Campos, las soluciones de las demandas populares como salud, educación, pensiones o vivienda, no vendrán de la mano del progresismo neoliberal, ni del Socialismo democrático ni del gobierno de Boric. Solo organizándonos de forma independiente del gobierno y a través de un plan de lucha que avance hacia el paro nacional podremos conquistar nuestras más sentidas demandas.
A 50 años del golpe, el mejor homenaje que podemos hacerle a los miles de asesinados por la dictadura y las patronales es luchar consecuentemente para acabar con el capitalismo y sus representantes.
