BOLIVIA. La división en el Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP) se profundiza

Las acusaciones internas se exacerban en la cámara de diputados entre parlamentarios del Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP). El sector evista acusa al sector de renovadores, de Arce, de realizar una persecución política. El diputado del MAS-IPSP, Ányelo Céspedes, acusa a los renovadores de implicarlo en audios de tráfico de influencias y corrupción. Estas acusaciones se endurecen luego que el MAS-IPSP y su ala renovadora llegaron a un acuerdo con la derecha por la ley del censo.

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El diputado Héctor Arce, en otra de las internas, acusó a Gustavo Torrico de venderse por el puesto de viceministro de Coordinación Gubernamental “Compañero (Gustavo) Torrico, he sentido vergüenza de usted, sabe por qué, porque usted nos ha venido a buscar y qué nos ha dicho: que usted es evista y que no está de acuerdo con muchas cosas de lo que hace Luis Arce Catacora, nos ha buscado, yo me he reunido por ahí, lo he llamado algunas veces y hoy se ha prostituido por una pega”. A esto suma los descuentos que el ala renovadora estaría realizando a los evistas por faltar a las sesiones en la cámara de diputados. Y recientemente con esa división en el oficialismo no lograron aprobar el Presupuesto General del Estado (PGE) 2023. El ala evista se sumó a las bancadas de la derecha opositora para impedir su aprobación.

Esta fragmentación del oficialismo es el resultado del acuerdo con la derecha política con la ley del censo luego de las movilizaciones reaccionarias realizadas por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y el Comité Interinstitucional de Santa Cruz. Un proceso dirigido por los empresarios agroindustriales de Santa Cruz y con el guiño de los empresarios a nivel nacional. Un sector con el cual el MAS-IPSP viene confluyendo no solamente a nivel estructural, como dar mayores ventajas con subvenciones para la producción, sino que el gobierno de Arce viene actuando como patrón neoliberal: al eliminar sindicatos, precarizar los trabajos y negar el básico derecho a la organización sindical (con la ley del Estatuto del Funcionario Público), perseguir dirigentes, y despedir trabajadores sin beneficios sociales.

La ley por el censo acordado entre la derecha y el ala de renovadores del MAS lo único que hace es poner en evidencia lo que ya venía haciendo el gobierno de Arce. Un gobierno que ató las manos a los movimientos sociales, al no permitir la movilización de sectores obreros y campesinos para “cercar” a los empresarios o patrones del comité cívico y liquidar su reaccionario paro. Destruyó organizaciones sindicales, en lo que va de su gestión, son varios los sindicatos destruidos como AASANA, SABSA, Correos y muchas más. Coopta o despide a los trabajadores y trabajadoras que no estén con el gobierno, y que no se sometan como los actuales dirigentes de la COB entregados a los mandatos gubernamentales sin ningún respeto a la independencia político sindical. Con todo esto no podrían estar más contentos los empresarios a nivel nacional ya que tiene un gobierno a sus exigencias.

Tenemos que recordar que fue Evo Morales, quien puso esa agenda de acuerdos con la derecha en su gestión de 14 años. Recordemos como la derecha fue avanzando poco a poco, la masacre del Porvenir cuando surgía una asonada derechista, luego, en la negociación de la nueva Constitución, que se llevó por fuera de la Asamblea Constituyente, entre las cúpulas del MAS y la derecha empresarial de la media luna que no permitieron que se mueva sus intereses referidos a tierra, la gran propiedad privada sobre los medios de producción y su gestión mediante la autonomía y el uso indiscriminado del presupuesto designado a las regiones.

A cambio de gobernabilidad de esos momentos Evo Morales y su gobierno cedió a la media luna, lo que llevó, años después, al agrandamiento de la derecha con el 21F y como consecuencia de ceder y ceder, el envalentonamiento y el crecimiento económico que permitió el sangriento golpe de Estado de 2019.

Hoy Arce y su gobierno se divide por su giro cada vez más a la derecha, tenemos que reflexionar en el agotamiento de estos partidos progresistas, nacional populistas, cuyas experiencias en nuestro país y en la región ponen cada vez más de manifiesto que con solo tibias reformas no alcanza. Los empresarios y sus partidos de ultraderecha, conservadora radical, como CREEMOS que representa a la gran burguesía agroindustrial, y de centro derecha liberal, como Comunidad Ciudadana, de Carlos Mesa, no van a permitir que se muevan los intereses de los más ricos del país.

La derecha separatista de Santa Cruz busca tener una política más nacional, no solo regional. Los proyectos de Doria Medina, Carlos Mesa son más de lo mismo, viejos proyectos neoliberales. El MAS-IPSP está demostrando la conciliación para enfrentar a estos partidos sino es que va incorporándose a ellos y se conforman con ser sus administradores.

Las y los trabajadores precarizados y desempleados, sectores campesinos, sectores de la vanguardia de mujeres, juntas vecinales de Senkata y Sacaba hemos aprendido la lección del golpe de Estado, que cuando la derecha empresarial crece es para castigar al pueblo. Hoy estamos viendo que la derecha con el régimen de prebendas y corrupción, característica de un estado burgués, está dividiendo al partido de gobierno. Y tenemos que pensar que no se conformará con eso.

Ante el avance de la derecha debemos organizar, sobre la base de los sectores que resistimos el golpe de Estado, los que estamos sufriendo la crisis económica, y ante el giro creciente a la derecha de todas las alas del MAS, un partido de nuestra clase. Es decir, un partido de las y los trabajadores, del campo y la ciudad, que tenga como principal fundamento la independencia política de las y los trabajadores y que combata en las calles a la derecha reaccionaria y no le otorgue ninguna confianza a la política de conciliación del MAS-IPSP. Con estos sectores organizados tenemos que abrir una brecha política que combata en las calles todo lo viene pasando en el país. Sabemos que cuando vuelva la derecha, que se cree dueña del país, va a castigar al pueblo con la crisis económica en marcha.