Europa. La economía española creció 2,5% pero no mejora la vida de la clase trabajadora

Este martes el INE ha confirmado el crecimiento de la economía en el Estado español durante 2023 con un aumento del 2,5% del PIB. Un dato favorable sobre todo si lo comparamos con el raquítico crecimiento de la economía en el conjunto de la eurozona (0,5%) durante ese período. Algunos países centrales dentro de la UE como Alemania, Francia o Italia están en plena desaceleración económica y al borde de entrar en recesión (dos trimestres consecutivos con decrecimiento del PIB), algo que hace que la expansión económica relativa que vive la economía española brille más. Sin embargo, se cierne sobre ella la amenaza de que termine embarrancada más pronto que tarde, teniendo en cuenta que sus socios comerciales de la UE más importantes son precisamente los países que se encuentran en plena desaceleración. El fuerte crecimiento experimentado en el cuarto trimestre de 2023 de la economía española (0,6%) parece de momento que asegura una buena marcha de la economía para una gran parte de 2024.

Los fundamentos de este crecimiento del PIB se han sostenido sobre el gran incremento del gasto público que ha continuado en 2023, causado entre otras cosas por facilitar multitud de ayudas y financiación barata a las empresas, mediante el desvío de recursos públicos y los fondos Next Generation. Así, han inyectado miles de millones de euros sobre todo a las grandes empresas del IBEX 35 para fomentar la inversión y los beneficios empresariales. La fuerte creación de empleo se mantiene sobre la base de bajos salarios y precariedad laboral que.

El aumento del consumo, por el aumento del empleo, enmascara la realidad de las dificultades económicas para la mayoría de la población que vive con enormes problemas para pagar la vivienda y poder mantener a sus familias.

Por otra parte, existen otros factores que están contribuyendo al crecimiento económico, como el impulso de las exportaciones, gracias entre otras cuestiones a los bajos salarios, y los costes energéticos bajos en relación al resto de la mayoría de los países europeos. El nuevo “boom” del turismo hasta niveles superiores a los récord históricos alcanzados antes de la pandemia también aporta a estas cifras en alza.

Las ayudas a las grandes empresas del IBEX 35, contando con los fondos europeos Next Generation, han sido fondos públicos desviados para garantizar sus beneficios. Estos han alcanzado niveles históricos en 2002 y 2023, al llevarse la parte del león de todos recursos públicos. Pero todo ello a costa de lo que serán los próximos recortes en gasto público social que ya vienen exigiendo desde la UE.

Las condiciones de vida de la mayoría social empeoran pese al crecimiento económico

El crecimiento económico del PIB de todo el período de recuperación desde la pandemia bajo el Gobierno “progresista” no se está trasladando hacia una clara mejora de las condiciones de vida de las clases trabajadoras.

Esto es así porque la inflación no ha parado de golpear los salarios, algo que el Gobierno ha sido incapaz de abordar, por no atacar los beneficios de las grandes empresas y las grandes fortunas. Solo en el año 2022, el poder adquisitivo perdido por los salarios alcanzó el 5,3%, niveles muy superiores a la gran mayoría de los países de la eurozona y una de las peores de toda la OCDE. Y se ha continuado perdiendo poder adquisitivo durante 2023, a pesar de lo que dicen muchos analistas sobre que se estarían recuperando los salarios. Puesto que los precios han seguido creciendo, aunque se hayan moderado y los salarios sujetos a convenio no han subido lo suficiente -existe además una gran parte de las y los trabajadores que ni siquiera cuentan con ese paraguas- por lo que no han recuperado el terreno perdido.

La cuestión es que pese a haber quintuplicado el crecimiento medio del PIB de la eurozona el año pasado, el Estado español se encuentra a años luz de alcanzar la convergencia con Europa respecto al producto interior bruto per cápita, una medida que refleja de una manera más precisa los niveles de vida de la población respecto al crecimiento del PIB. En concreto se situó nada menos que 11 puntos por debajo de la media de la UE en 2023, según una estimación reciente preliminar realizada por Eurostat, la oficina estadística comunitaria. Actualmente el Estado español está ocupando la decimosexta posición en riqueza de entre los 27 estados de la eurozona por detrás de Estados miembros como Chipre, Eslovenia o República Checa. Lo que demuestra la debilidad de las políticas sociales de las que tanto ha presumido, y presume, el Gobierno “progresista” que para nada ha revertido la situación de precarización laboral y bajos salarios.

En cambio, llaman la atención los enormes beneficios de la banca (22.000 millones en 2023) o las eléctricas (33.000 millones de beneficios entre 2021 y 2023), solo por poner el ejemplo de dos sectores a los que el Gobierno de Sánchez ha exigido una exigua contribución de 3.000 millones en impuestos extraordinarios frente a sus enormes beneficios. No digamos de sectores como la alimentación donde tan solo Mercadona en 2023 obtuvo un beneficio de 1.009 millones de euros, sector al que no se le ha exigido ninguna contribución ante la crisis pandémica, ni posteriormente con la crisis inflacionaria de la que se ha beneficiado tras la guerra de Ucrania.

Pese al crecimiento experimentado del PIB en 2023, todavía existen 932.000 familias con todos sus miembros en paro (4,8% del total). Además, los índices de pobreza no han remitido a pesar de la mejora sostenida en el mercado de trabajo, algo que indica claramente la existencia de bolsas de precariedad laboral y bajos salarios endémicos. La Encuesta de Condiciones de Vida que elabora el Instituto Nacional de Estadística ha reflejado que la proporción de personas en riesgo de pobreza o exclusión social aumentó en 2023, al escalar del 26% al 26,5%, el cuarto peor registro de los 27 países que recoge Eurostat. Es decir, medio punto más de riesgo de exclusión social cuando el Gobierno “progresista” está presumiendo de un crecimiento económico muy por encima de la media de la UE y presume de basar sus políticas en un “escudo social” que supuestamente debería proteger precisamente de esas situaciones.

La vivienda es otro factor esencial para determinar las condiciones de vida de la mayoría social. Pues bien, lo cierto es que el precio de los alquileres ha crecido en torno a un 50% en la última década, destacando, sobre todo, precisamente en los años transcurridos desde la pandemia.

Otro dato que ha empeorado enormemente en el último período es el del porcentaje de población con carencia material y social severa. Es la población que no puede irse de vacaciones, ni pueden mantener una temperatura adecuada en sus casas, por ejemplo. Con el huracán inflacionista esta población se ha disparado al 9%, el nivel más alto desde 2014, cuando la tasa de desempleo era el doble que la actual.

Por otra parte, durante el último período han aumentado en un 50% el número de trabajadores despedidos a través de un ERE, que han pasado de 24.215 a 36.505 -100 diarios en un año- con una gran relevancia por parte de los ejecutados por las grandes empresas que superan las 300 bajas semanales. Eso pese a los ingentes recursos públicos derivados hacia sus cuentas de resultados, privatizando ganancias y socializando las pérdidas, y los enormes beneficios obtenidos a partir del parón de la actividad económica por la pandemia de la covid 19. Las cifras de despido colectivo son las segundas más elevadas de la última década.

Este Gobierno” progresista” neoliberal del PSOE y Sumar con sus políticas que no cuestionan los intereses de las grandes empresas y las grandes fortunas es incapaz de hacer frente a la situación de emergencia social que sufren amplias capas de la mayoría social- Y esto está ya provocando un incremento y avance de las fuerzas reaccionarias del PP y Vox, aprovechando el caldo de cultivo para crecer hacia las próximas elecciones.

Levantar una alternativa política anticapitalista y de independencia de clase que impulse la autoorganización de la clase obrera, la juventud, las mujeres y las clases populares es fundamental. Sobre la base de un programa para la recuperación de los servicios públicos bajo control de usuarios y trabajadores, por el derecho a la vivienda para todos, mediante la expropiación de viviendas de los fondos buitre y grandes tenedores, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, la prohibición de los despidos, la nacionalización de las empresas de los sectores estratégicos, entre otras reivindicaciones. En definitiva, un programa de emergencia social que frene los ataques que vendrán y revierta los derechos sociales perdidos.