Áñez es sentenciada a 10 años de cárcel tras un proceso que no la juzga como expresidenta sino como exsenadora. Fue hallada culpable de delitos de “incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes” mientras la justicia, hoy en manos del MAS, sigue preservando en la impunidad a los responsables políticos y materiales -incluida Áñez, de las masacres de Senkata, Sacaba y Ovejuyo y de los cientos de torturas perpetradas durante el golpe de Estado del 2019.
Sábado 11 de junio de 2022
Jeanine Áñez en la cárcel de Miraflores. (Foto: Álvaro Valero - La Razón)
A más de un año de su detención preventiva y tras poco más de dos meses de juicio oral por el caso “Golpe de Estado II”, Jeanine Áñez fue condenada, este 10 de junio, por el Tribunal Primero de Sentencia, a 10 años de cárcel. Además de Áñez también fueron condenados 8 ex mandos militares y policiales, 6 de ellos con penas de cárcel entre 2 a 4 años lo que les permite acceder a la suspensión condicional de la pena y evitar la cárcel. Son los casos del excomandante de las Fuerzas Armadas, Sergio Orellana y el exinspector general de las Fuerzas Armadas, Jorge Elmer Fernández Toranzo, ambos condenados a cuatro años de prisión. El excomandante del Ejército, Pastor Mendieta, sentenciado a tres años y, el ex jefe de Estado Mayor, Flavio Arce, con dos años. Por su parte, el excomandante de la Armada, Gonzalo Jarjuri, y el excomandante de la Fuerza Aérea, Jorge Terceros, se sometieron a un proceso abreviado siendo sentenciados a tres años de cárcel.
Los restantes dos excomandantes de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, y de la Policía, Yuri Calderón, también fueron condenados a 10 años de cárcel. Sin embargo, hay que recordar que tanto Kaliman como Calderón están en rebeldía ya que se fugaron antes de que se inicien las investigaciones.
Es importante señalar que esta condena no juzga en absoluto la responsabilidad ni de Áñez ni de esos 8 ex mandos policiales y militares por los crímenes de lesa humanidad, masacres y torturas, perpetradas durante el golpe de Estado.
Los procesos por las masacres de Senkata, Sacaba y Ovejuyo, y por las cientos de torturas perpetradas entre el 10 y 12 de noviembre del 2019, están paralizados y sin haber avanzado ni siquiera en la investigación. Esta parálisis, que ya viene acumulando malestar y rechazo en las asociaciones de víctimas y familiares de víctimas del golpe, garantiza la impunidad de decenas de responsables materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad y la violación sistemática a los derechos humanos producidos en ese momento.
Tras pronunciarse la condena, la defensa legal de Áñez anunció que apelará la sentencia y que incluso recurrirán a organismos internacionales de derechos humanos afirmando la violación al debido proceso ya que señalan que Áñez debería ser juzgada como ex presidenta y no como ex senadora. Buscan de esta manera garantizar la impunidad de Áñez que no podría ser juzgada en el Parlamento debido a que tanto las bancadas de Creemos (de Luis Fernando Camacho) y de Comunidad Ciudadana (de Carlos Mesa) se han negado a garantizar los 2/3, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, necesarios para establecer un juicio de responsabilidades.
Por su parte, la CONADE (Comité Nacional de Defensa de la Democracia), encabezada por el ex guevarista Manuel Morales, ha anunciado la convocatoria a movilizaciones respaldando a Áñez y exigiendo que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, llame a movilizaciones en este Departamento para repudiar este fallo. No olvidemos que Camacho hasta ahora ni siquiera fue llamado a declarar como testigo en ninguna causa siendo una de las figuras claves en el golpe al haber incluso manifestado de manera abierta que financió junto a su padre a militares y policías para alentar el motín policial de noviembre del 2019.
Otras declaraciones de los responsables del golpe fueron la de los ex presidentes, Jorge “Tuto” Quiroga y Carlos Mesa, que calificaron de “infame” y de “linchamiento judicial” esta sentencia.
Por otro lado, el abogado Aldo Michel, del MAS, calificó a esta sentencia como “pálida porque pedíamos más años”. Así también el “Comité Impulsor del juicio a los responsables del golpe del 2019”, constituido por organizaciones sociales en Sucre, calificó a esta sentencia de insuficiente ya que pedían 30 años.
En contraparte otros funcionarios del MAS, como el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, la ministra de la Presidencia, Maria Nela Prada, y, el Procurador del Estado, Wilfredo Chávez, consideraron este fallo como “histórico” y que sienta un importante precedente para evitar que estos acontecimientos vuelvan a repetirse.
La sentencia a 10 de años de cárcel para Jeanine Áñez favorece al expresidente, Evo Morales, al clausurar definitivamente la discusión de si se trataba de un fraude electoral o un golpe de Estado. Es decir, libera a Morales de su responsabilidad por la fuga e incumplimiento de deberes durante la crisis del 2019.
Esta discusión de si hubo golpe o no hubo golpe, a lo que muchos califican de una disputa de “narrativas” solo desnuda que en los hechos, así como antes, durante y después del golpe, el MAS y la oposición negocian lo que en sus términos y para sus intereses consideran aceptable ceder. Es decir, parece que tanto para el MAS como para la oposición es aceptable esta condena. Para el MAS porque les permite hablar de que hacen justicia, y para la oposición, que se ve obligada a sacrificar algunas piezas, como Áñez, le permite garantizar la impunidad de decenas de actores y cómplices de noviembre del 2019.
Desde La Izquierda Diario Bolivia llamamos a las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y del pueblo trabajador a solidarizarse con las víctimas y familiares de víctimas del golpe que continúan en su exigencia de justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos.
