OFENSIVA ANTIDERECHOS. La extrema derecha desatada: Vox quiere ilegalizar a ERC, JxC, Bildu y la CUP

Tras más de una semana con el foco mediático puesto en el pin parental, ahora aparece el nuevo mantra de la extrema derecha. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha registrado este lunes en el Congreso una reforma de la Ley de Partidos Políticos para ilegalizar a todas las formaciones independentistas y a las que promovieron el procés catalán: Esquerra (ERC), Junts per Catalunya (JxCat), la CUP y EH Bildu, entre otros.

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Completamente desatada, la extrema derecha no descarta incluso pedir también la ilegalización del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el Bloque Nacionalista Galego (BNG). En rueda de prensa en el Congreso, Abascal ha dicho que pretenden es ilegalizar "a todos los partidos que busquen destruir la unidad y la soberanía de España", y si el PNV o el BNG también pretenden ese objetivo, se verán afectados igualmente por su reforma.

Abascal ha cargado contra los partidos que expresan en sus estatutos su voluntad de "romper España" y el orden constitucional, y que según él han incitado "a la violencia, a la desobediencia de los tribunales, al incumplimiento de las leyes, al abuso de poder" y han "justificado" el terrorismo.

En concreto, Vox se propone ilegalizar a aquellos partidos que se nieguen a incluir expresamente en sus estatutos el acatamiento de la Constitución de 1978, que justifiquen la violencia como "método de acción política", que ataquen las libertades y los derechos fundamentales, que apoyen organizaciones terroristas o vinculadas a la destrucción de la unidad de España o que promuevan referendos o leyes contra la soberanía. En su iniciativa, también plantea que aquellas formaciones políticas que han incumplido "esas bases mínimas" tengan que devolver los fondos públicos recibidos.

El PP catalán ha salido a desmarcarse de la iniciativa y considera “un error” ilegalizar a partidos independentistas como propone Vox. El presidente del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, ha dicho en su cuenta de Twitter que entre “pastelear” con los independentistas e ilegalizarlos “hay una tercera vía nunca explorada en España”: apoyar de verdad a los constitucionalistas catalanes para que ganarles en las urnas, “con paciencia y perseverancia, sin atajos autoritarios ni cesiones al separatismo”.

Cuando el PP, del mismo modo que los grandes poderes económicos, el establishment neoliberal y la gobernanza de la Unión Europea, recela de las formaciones populistas de derecha o extrema derecha o de algunas de sus políticas como es este caso, es porque los consideran elementos desestabilizadores, que pueden generar mayor polarización política hacia los extremos.

Pero a pesar del “desencuentro” en este tema, entre Vox y el PP no hay muchas distancias. Tanto Vox como el PP tienen una agenda común antiderechos. Envalentonados, la derecha y la extrema derecha emplazan cada día una nueva batalla contra el “gobierno progresista” y los “enemigos de España”.

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Aunque la proposición de reforma de ley que hace Vox no tienen ninguna chance de prosperar, es parte de la performance permanente que la secta de Abascal viene ejecutando con determinación desde las últimas elecciones. El cálculo es que el doble discurso del gobierno de coalición PSOE - Unidas Podemos, al que no le falta retórica y gestos simbólicos pero que en su programa económico y social poco tiene de diferencia con la derecha, de lugar mas temprano que tarde a una crisis que les permita cosechar el descontento.

Si Vox se ha fortalecido es tanto por “la consolidación de una subjetividad reaccionaria producto de la ofensiva recentralizadora y represiva contra el movimiento democrático catalán”, como por “el descrédito de las formaciones políticas tradicionales y la crisis de representatividad”.

Pero, sobre todo, por la arena común en la que se mueven todos los partidos del régimen monárquico. Lejos de que “el PSOE es el único dique contra la extrema derecha”, como decía poco antes de las últimas elecciones José Luís Ábalos, el PSOE es el partido de la reforma del artículo 135, de la reforma laboral, el que ha hecho bandera de la expulsión a los migrantes, el fiel agente del IBEX35, el del bloque del 155 con la derecha y la extrema derecha y, en virtud de ello, uno de los principales apoyos del Régimen monárquico contra las aspiraciones democráticas del pueblo catalán y todos los pueblos del Estado. ¿Puede entonces ser el gobierno del PSOE y Unidas Podemos la vía para frenar el auge de la extrema derecha y su ofensiva autoritaria y liberticida? No.

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Como venimos diciendo desde las páginas de Izquierda Diario, a las políticas reaccionarias y antiderechos de la derecha y la extrema derecha no se las puede enfrentar con políticas de derecha. Lo que hace falta es una izquierda valiente que defienda a rajatabla los derechos democráticos y sociales, que plantee que la crisis del sistema la tienen que pagar los capitalistas, que entienda la participación en las instituciones de esta democracia para ricos no como un fin en sí mismo, sino como una tribuna puesta al servicio del desarrollo de las luchas sociales y la autoorganización de la clase trabajadora, las personas migrantes, las mujeres y la juventud. Una izquierda que diga la verdad: a la derecha y la extrema derecha, sólo se la puede parar con la lucha de clases.