“Casta” vs. “anticasta”, “orden” vs. “caos”, “mal menor” vs. “derecha”, y hasta “democracia” vs. “fascismo” son algunas de las oposiciones que sobrevuelan el debate político y con las cuales Milei, Bullrich y Massa apuestan a establecer algún tipo de grieta política a su favor. A la hora de definir esta operación básica de la política, Ernesto Laclau afirmaba que la articulación de demandas insatisfechas debía cristalizarse en algún significante de este tipo que trazase una frontera interna capaz de dividir en dos campos enfrentados el escenario político. En contextos de crisis, esta tendencia va de suyo, el problema, como siempre, es quién divide a quién.

Si solo se tratara de operaciones discursivas y marketing electoral sería una cuestión menor. Pero hay una gran política detrás que consiste en disimular la grieta social –y potencialmente política– entre los dueños de todo y las mayorías trabajadoras, escenificada en la reciente reunión del Council of America con el desfile de candidatos ante lo más granado de la burguesía local y extranjera. Lo que se está discutiendo es quién paga los costos de la crisis. A continuación, algunas consideraciones sobre cómo se expresa esta grieta de clase en torno a tres oposiciones en boga: devaluación-dolarización, “dinamitar” o no el Banco Central, y casta vs. anticasta.

Devaluación, dolarización o blindaje de ingresos de la clase trabajadora

La aceleración inflacionaria que atraviesa la Argentina no puede reducirse a un único factor. Pero sin duda uno de los principales es el descalabro del precario “bimonetarismo de facto” que viene implementando el gobierno del Frente de Todos, habiendo convalidado el endeudamiento serial de Macri y los compromisos con el FMI. Los dólares del comercio exterior se fueron en pagos de deuda pública, incluso mientras se renegociaba, y en pagos de deuda de los grandes empresarios (una vía fundamental de saqueo del Banco Central durante 2020 y 2021). La sequía dejó este mecanismo de expoliación contra las cuerdas.

Massa se consagró como uno de los pocos políticos en aplicar una devaluación del 22 % en medio de una campaña electoral, y con eso la inflación inevitablemente pasó a tener un nuevo piso, como se comprobará cuando se conozca el índice de precios de agosto. No hay que tener mucha imaginación para anticipar las devaluaciones que vendrán, incluso antes de las elecciones si la cosa se complica todavía más para Massa. El mecanismo de la devaluación, con su secuela inflacionaria, genera transferencias de ingresos que se producen de manera indirecta e impersonal, a diferencia de lo que ocurre cuando las patronales o el Estado recortan nominalmente los salarios. Aunque en tiempos de inflación galopante la pérdida de poder de compra de los ingresos es perceptible de manera casi inmediata para todos y todas, parece casi como un fenómeno de la naturaleza, un producto de las “fuerzas del mercado”, cuyos responsables últimos quedan desdibujados.

Pero los beneficiarios son bien concretos. En primer lugar, los grandes exportadores que tienen sus ingresos en dólares, el agropower y, en particular, las empresas que tienen el monopolio del comercio de granos, así como los exportadores industriales y los capitalistas que acuñan dólares en paraísos fiscales. Los banqueros obtuvieron su tajada con una suba de 21 % de las tasas de interés. Los grandes monopolios alimenticios tomaron su parte del botín con remarcaciones “preventivas” superiores en muchos casos a la devaluación. El perjuicio recayó, obviamente, en quienes vivimos de nuestro trabajo. La complicidad de la CGT, CTA y los movimientos sociales oficialistas fue un elemento indispensable para que la operación se concrete. Como contrapartida, quienes aún tienen la posibilidad de estar bajo convenio recibirán miserables 60 mil pesos a cuenta de las paritarias. Para el 42 % de los asalariados que están en la informalidad, ni siquiera esto.

Ante esta perspectiva de espiralización de devaluación-inflación-devaluación, en la que ganan los de siempre, es que cobró fuerza el planteo de dolarización de Milei. La potencia del discurso sobre la dolarización –más allá de sus intenciones concretas de implementación– se basa en el carácter cada vez más fantasmal del peso argentino como moneda. Así, Milei logró resignificar un viejo tópico de lo que Alberto Bonnet llamó la hegemonía menemista, en su momento ligado a la convertibilidad (1 peso = 1 dólar) que pudo imponerse luego de la hiperinflación de 1989-90. El saldo fue una década de grandes negocios para las multinacionales y sus socios en la burguesía local, una hiperdesocupación del 21,5% y un índice de pobreza que supero el 50 %.

En el caso de aplicarse una dolarización en la Argentina actual, si nos basamos en las reservas y el conjunto del patrimonio neto del Banco Central, las estimaciones del tipo de cambio al que se dolarizaría van de 1 dólar = 2.000 pesos hasta 1 dólar = 10.000 pesos. Así, un salario de 200.000 pesos que hoy, al “blue”, representa 270 dólares podría desplomarse hasta 100 dólares o, incluso, caer hasta los 20 dólares. A su vez, probablemente traiga aparejada algún tipo de confiscación para los ahorristas del tipo de la que hubo en Ecuador cuando se dolarizó en 1999 o la que precedió a la Convertibilidad en la Argentina con el plan Bonex. Los grandes ganadores serían las empresas, en particular, las multinacionales que obtendrían sus ganancias directamente en dólares para remitir al exterior y ofrecería fabulosos negocios para el capital financiero internacional.

El gobierno promete más de lo mismo con la idea de que si gana podrá “estabilizar” el peso (no se sabe cómo), las “alternativas” van por la dolarización (Milei) o “semidolarización” (Bullrich), pero todos estos planteos tienen un presupuesto común: buscar la “estabilización” prometida después de un shock y licuación de ingresos, en lo que difieren es en las vías para alcanzarlo. Presentadas como “soluciones” monetarias, son diferentes dispositivos de transferencia masiva de riqueza dentro de la economía nacional desde la clase trabajadora y sectores de las clases medias hacia los capitalistas –incluso entre los propios sectores de la burguesía, por lo cual tradicionalmente se han dividido entre una u otra alternativa–. La dolarización y la devaluación son dos formas de descargar la crisis sobre las grandes mayorías.

Por eso, desde el punto de vista de clase, lo primero frente a ambas es defender los ingresos (poder de compra) de los trabajadores y sectores populares. Hay un nivel inmediato, que tiene que ver con medidas como el aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y planes sociales, así como el establecimiento alguna especie de IFE que alcance a los trabajadores que están en la informalidad. Pero la cuestión de fondo es cómo puede “blindarse” la clase trabajadora frente a estas políticas.

Un aspecto es la actualización automática de los salarios según la inflación, es decir, que los convenios colectivos de trabajo aseguren la correlación de los salarios con el aumento de los precios. Ahora bien, la fragmentación de la clase trabajadora hace que hoy más de la mitad de sus miembros, incluyendo trabajadores informales y desocupados, esté por fuera de cualquier convenio. Una medida como esta tendría que ir la mano con una reorganización integral del trabajo, comenzando por la reducción de la jornada laboral a 6 horas 5 días a la semana, como viene planteando el Frente de Izquierda, para crear puestos de trabajo con plenos derechos tanto para desocupados como para trabajadores informales. Esta reducción de la jornada podría generar un millón de puestos de trabajo nuevos solo enfocándonos en las 12 mil empresas más grandes del país, del total de 600 mil grandes, medianas y pequeñas empresas que emplean trabajo registrado en Argentina. Con lo cual, el potencial de creación de puestos laborales supera largamente ese millón (más aún desarrollando un amplio plan de obras públicas que encare las necesidades urgentes de las mayorías, empezando por la vivienda). Esto es posible a costa de las ganancias de las empresas. Y es más que pertinente si consideramos que, para 2021, en el sector privado, los números macroeconómicos indican que el “trabajo no pago” –el que excede el valor del salario y se queda el empresario– representó el 61 % del total de la jornada laboral, mientras que el “trabajo pago” constituyó solo el 39 % restante. Una clase que reinvierte proporcionalmente poco de sus ganancias, se queda con una tajada cada vez mayor de la “torta” de los ingresos generados, a costa de la clase trabajadora.

Ahora bien, desde un punto de vista más general que incluya la conservación de los ingresos de las clases medias que trabajan (cuentapropistas propiamente dichos, comerciantes, profesionales, etc.), entre otras medidas para el control de precios, una clave en un país como Argentina donde gran parte de los bienes de consumo básico son exportables es la nacionalización del comercio exterior. Terminar con virtuales monopolios privados, como es el caso de los granos, donde implicaría desbancar a solo 7 empresas que controlan el comercio exterior. Se trata de que los exportadores entreguen lo que se va a exportar a una institución creada por el Estado que sea el que comercialice y administre la relación con otros países para poder definir los precios internos al tiempo que apropiarse de rentas, como la agraria.

¿“Dinamitar” o no el Banco Central? El planteo de un banco único al servicio del pueblo trabajador

El Banco Central demostró ser parte de una “asociación ilícita” con el capital financiero. Sus “regulaciones” del sistema bancario, como pueden ser los requisitos de encajes, las condiciones del seguro de garantía de depósitos, el establecimiento de límites para la tasa de interés que aplican los bancos o la reglamentación de las operaciones con moneda extranjera, entre otras, no impiden la continua fuga de capitales. Bajo la sombra de este “control” se desarrollaron ampliamente métodos ilegales como la triangulación a través de paraísos fiscales, con el caso emblemático de la banca paralela que, en la crisis de 2001, hicieron HSBC, J.P. Morgan, BBVA, Citibank, Banco Galicia y otros bancos para sacar los dólares de los principales empresarios y multinacionales durante el “corralito”. Pero están, sobre todo, los métodos legales, como los giros de utilidades de las multinacionales a las casas matrices o los pagos de deudas de empresas al exterior que, en muchos casos, involucran mecanismos de créditos dentro de un mismo grupo corporativo, es decir, un fraude para sacar fondos al exterior. Todo este sistema cuenta con el paraguas legal de la Ley de entidades financieras y la Ley de inversiones extranjeras sancionadas durante la última dictadura. A lo que hay que agregar hoy, junto con la sangría de la deuda externa, la montaña de $17 billones en “Leliqs” con la que se endeuda el Banco Central para sacar pesos de circulación, y que no hizo más que alimentar el crecimiento de los ingresos de los banqueros.

La “solución” de Milei, popularizada como “dinamitar el Banco Central”, se propone hacer un regalo a la medida de los grandes responsables de todos estos desfalcos: los grandes bancos y administradores de fondos locales e internacionales que supieron lucrar en todos los episodios de bancarrota nacional. “Dinamitar el Banco Central” es el corolario de la propuesta de dolarización. Obviamente, en un país que deja de tener moneda propia se vuelve superfluo sostener una institución que tiene entre sus principales roles la emisión de moneda e intervenir para sostener la solvencia del sistema financiero. Ya ocurrió parcialmente durante la Convertibilidad, cuando las herramientas del Banco Central se vieron limitadas a las de una “caja de Conversión”, que emitía pesos en la medida en que entraban dólares, y tenía poco margen para actuar como prestamista en última instancia (es decir, intervenir algún banco puntual o el conjunto del sistema cuando entra en situación de vulnerabilidad), en la mayoría de los casos, por supuesto, privilegiando salvar a los bancos y no a los ahorristas. Pero la idea de suprimir estas funciones, lejos de limitar los beneficios que obtienen los banqueros del Banco Central frente a las crisis, tiene por objetivo dejarle su resolución a la acción directa del capital financiero, despejando cualquier obstáculo para el saqueo. De hecho, la propia Convertibilidad terminó con la expropiación masiva de los pequeños ahorristas con el “corralito”. La dolarización es una versión extrema, y más difícil de revertir, de la misma receta, la de anclarse a una divisa internacional, con el objetivo básico de frenar la espiral inflacionaria después de una profunda licuación de poder adquisitivo al momento de establecer la paridad de dolarización. Así, la estabilidad del sistema financiero local queda supeditada a la afluencia de capitales puramente especulativos o dólares vía comercio, inversiones o créditos. Cuando estos ingresan todo va viento en popa, cuando se cortan la economía queda a tiro de recesión.

La “dinamitación” del Banco Central es una piedra libre para profundizar la concentración de las operaciones bancarias (como ocurrió desde la desregulación financiera de la dictadura y se aceleró en los ’90, pero todavía “más rápido”, por citar a un entusiasta de Milei como Mauricio Macri) y para facilitar la salida de capitales liberándola de las módicas restricciones que esta encuentra bajo las regulaciones cambiarias (“cepo”), que, como vimos, no impidieron el vaciamiento nacional. El canto de sirena es que este combo de estabilización de precios anclado en el dólar y la desregulación haría florecer el crédito hoy inexistente para todas y todos. Pero lo cierto es que esta eventual recuperación de los préstamos solo irá dirigida al florecimiento de los negocios de los sectores más concentrados, los únicos que quedarán en pie después de la licuación de ingresos requerida para dolarizar. Dolarización e “inclusión financiera” no van de la mano. La moneda “fuerte” y estable, que para las mayorías obreras y populares es una legítima aspiración ante el creciente descalabro inflacionario, será un bien escaso para estos mismos sectores, ya que la dolarización solo puede profundizar el país dual y fragmentado, con casi la mitad de la población en la pobreza, que se configuró en las últimas décadas al calor de crisis sucesivas.

Que hacen falta medidas radicales, es indudable, empezando por la ruptura con el FMI y el repudio de la deuda odiosa, pero van en sentido contrario de la dinamitación del Banco Central para premiar a los bancos que propone Milei. Para romper la lógica del sistema financiero como coto de ganancias para un sector de la clase capitalista, es necesario nacionalizar el sistema financiero creando una banca estatal única. Esto significa integrar todos los activos y pasivos de las entidades privadas en un sistema estatal único (sin ningún tipo de compensación a los banqueros privados, ni hace falta aclararlo, considerando cómo vienen lucrando los accionistas a costa de la economía desde hace décadas) con participación directa de la clase trabajadora de las entidades en su administración. Esto volvería completamente superfluo al Banco Central, como regulador de un sistema ahora convertido en completamente público, pero lo haría para darle una orientación dirigida a favorecer a las mayorías populares.

Una banca pública única debería tener tres objetivos directamente vinculados: 1) apuntar a la estabilidad de precios, de manera entrelazada con las iniciativas para blindar los ingresos de la clase trabajadora que señalamos más arriba; 2) resguardar los depósitos para los pequeños y medianos ahorristas que, por todo lo que ya hemos señalado, hoy en ningún modo están seguros; 3) canalizar el ahorro nacional hacia el crédito que permita desarrollar las actividades más urgentes para responder a las más acuciantes necesidades sociales, es decir, para inversión en vivienda, infraestructura urbana y rural, generación de energías sustentables, pero también para financiar con créditos baratos a pequeños comerciantes, talleristas, etc.

Casta y anticasta

Si hacía falta una postal de “casta” separada totalmente de los intereses populares, la dio esta semana la cámara de diputados. En medio de la disparada de la inflación, sesionó para perjudicar a 10 millones de inquilinos e inquilinas reduciendo los contratos a 2 años, aumentando la frecuencia de las actualizaciones a 4 meses y flexibilizando el índice de actualización. La reforma la empujó Juntos por el Cambio, con la ayuda del bloque de Schiaretti, Milei dio quorum para que se pueda tratar y 13 diputados del Frente de Todos / Unión por la Patria se ausentaron para que se pudiera aprobar. El lobby inmobiliario sentó y paró diputados hasta que quedaron ratificados sus intereses. Para completar el cuadro, la policía de Berni y Kicillof reprimía este sábado a familias sin techo en La Matanza.

Como afirmó Myriam Bregman en aquella sesión, no se podía esperar otra cosa de un Congreso que está lleno de propietarios que ni van al supermercado. Dietas de lujo –que en noviembre ascenderán a 1.500.000 pesos promedio–, privilegios de todo tipo, negocios a la mano (“legales” y no). Otro tanto podría decirse de la cámara de senadores que, sin votación proporcional, es el coto de caza de las oligarquías provinciales. Y ni hablar de la casta judicial, situada más allá del voto popular, vitalicia, a la que ni siquiera alcanza el impuesto a las ganancias. Si le agregamos la llegada a los despachos del poder ejecutivo, tenemos el cuadro que permite a los capitalistas “votar todos los días”, a diferencia del resto de los mortales que solo podemos hacerlo cada 2 años.

Milei viene realizado una operación discursiva que, desde el punto de vista de los dueños del país, es estratégica al limitar el blanco de la bronca de amplios sectores de la población a la dirigencia política. O, lo que es lo mismo, al alejar del foco de esa bronca a banqueros, terratenientes, grandes empresarios, es decir, a quienes usufructúan la existencia de aquella casta política para convertirse en los grandes ganadores de la crisis aumentando su participación en la torta de riqueza producida del 40,2 % al 45,3 % entre 2016 y 2022. Presentándolos, incluso, como financiadores del Estado por el pago de impuestos, cuando según datos oficiales el 48 % de los ingresos tributarios provino, en 2021, de impuestos al consumo que recaen, sobre todo, en los sectores populares. Sumado a que en el presupuesto 2023, bajo los auspicios de Massa, “grupos empresarios y grandes firmas” se llevaron el grueso de exenciones impositivas equivalentes al 2,5 % del PIB.

Con el sorteo de su dieta, Milei construyó un símbolo que tiene un subtexto. Protegido de Eurnekian, dueño del holding Corporación América y uno de los burgueses más ricos del país, viviría de hacer conferencias cobrando entre 10 y 25 mil dólares por cada una, según el mismo declara. No es difícil adivinar quiénes le pagan esas “conferencias”. Efectivamente, hubo un tiempo donde los diputados no percibían ingresos por ser tales. Era el Estado liberal clásico, cuyo sistema electoral era censitario, solo podían elegir y ser elegidos quienes tenían un determinado nivel de ingresos o propiedades. El salario para los diputados fue una de las demandas de la clase obrera británica durante el movimiento cartista allá por 1838 (junto con el sufragio universal masculino, el voto secreto, etc.). Contra lo que dictaba “la casta” de representantes de la burguesía en aquel entonces, buscaba que un trabajador que dependía de vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario para sobrevivir, tuviera condiciones para ejercer efectivamente el cargo en caso de ser electo.

Años después, los trabajadores y las trabajadoras que pusieron en pie la Comuna de París en 1871 fueron mucho más allá y formularon, por primera vez, toda una serie de directivas para eliminar “la casta”. Entre ellas, que todo funcionario cobrara el equivalente al salario de un trabajador y no tuviera ningún privilegio asociado a su cargo. Este planteo es el que retomó, desde su fundación, el Frente de Izquierda, aplicándolo a sus propios diputados y destinando el resto de las dietas al apoyo a las luchas y causas populares, así como presentándolo en varias oportunidades como proyecto de ley –a nivel nacional y provinciales– para que todos los legisladores y funcionarios políticos cobren lo mismo que una maestra. Como era de esperarse chocó contra la defensa corporativa del resto de los partidos. Junto con este punto, el FITU plantea que los propios electores puedan revocar los mandatos, la elección directa de los jueces, la instauración de jurados populares, entre otras medidas que son parte de un programa de conjunto, no solo contra la “casta política” sino contra sus mandantes de clase.

La grieta de fondo

Devaluación y dolarización, “dinamitar” el Banco Central o defenderlo, a favor o en contra de la casta política dejando al margen a sus mandantes son el tipo de oposiciones que buscan acotar las opciones políticas dentro de los límites de grandes consensos como el ajuste y la depreciación de los ingresos de las grandes mayorías, el pago al FMI o el saqueo extractivista de los bienes comunes naturales. En estos consensos está la verdadera grieta de fondo entre los intereses del pueblo trabajador y los de los banqueros, el agropower, las mineras, los grandes empresarios, el FMI. Cuestiones como las que fuimos mencionando a lo largo del artículo como la actualización automática de salarios y la reducción de la jornada laboral para repartir el trabajo, el monopolio estatal del comercio exterior, la nacionalización de los bancos, el repudio soberano de la deuda, el ataque a los privilegios de una casta política al servicio de los intereses patronales, son parte de una salida opuesta, que es la que sostiene el Frente de Izquierda.

Pero también apuntan a otro proyecto de sociedad que deje de estar regida por la necesidad de ganancias de los capitalistas. La reducción de la jornada laboral a 6 horas sin afectar el salario, y asegurando un piso de ingresos que cubra la canasta básica, es un primer paso de un objetivo mayor: reducir al mínimo el tiempo que cada individuo debe dedicarle al trabajo como imposición utilizando los recursos de la ciencia, la tecnología y la cooperación social, arrancados del mando del capital. La creación de un banco público único que concentre todos los recursos financieros es parte de las medidas para una planificación democrática de la economía en función, no de la ganancia, sino de las necesidades de las grandes mayorías. Que los funcionarios cobren como una maestra y que sean revocables también es parte de un proyecto de otro tipo de democracia, sin casta, y otro tipo de Estado, un Estado de los trabajadores, donde tanto el rumbo político como la disposición de los recursos económicos se decida desde abajo. Es decir, aspectos que hacen a la lucha por terminar con el capitalismo y poner en pie una sociedad socialista.