La imputación a la Presidenta Cristina Fernández por presunto “encubrimiento” de la llamada “pista iraní” en la causa AMIA, es un salto en la escalada de la corporación judicial, aliada a una fracción del aparato de espionaje y a los medios opositores, en la guerra de desgaste con el gobierno. La transición presidencial ya no se presenta tan ordenada como preveían.
Fernando Rosso @RossoFer
Sábado 14 de febrero de 2015
En un nuevo capítulo de la crisis política, la presidenta Cristina Fernández fue imputada en la tarde de ayer por el fiscal Gerardo Pollicita por presunto encubrimiento de funcionarios de la República Islámica de Irán en la causa por el atentado contra la AMIA. Con esta medida, el fiscal da curso a la endeble denuncia que había hecho antes de su muerte el fiscal Alberto Nisman.
Inmediatamente salieron a la luz denuncias que relacionan al fiscal Pollicita con el macrismo. Trabajó como asesor para el Club Atlético Boca Juniors en tiempos en que el Jefe de Gobierno porteño presidía la institución y fue recusado, por complicidad con el macrismo, en la causa que investiga la denuncia de Lorena Martins contra su padre, el exespía de la SIDE Raúl Martins, por regentear prostíbulos en la Ciudad de Buenos Aires. Más atrás en el tiempo (2004), Pollicita fue quien archivó la causa en la que el exministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de Néstor Kirchner, Gustavo Béliz había denunciado al espía “Jaime” Stiuso y a las mafias judiciales. El fiscal le dijo simplemente que era un “irresponsable”. Su historia sintetiza su ubicación política.
El juez Daniel Rafecas, a cargo de la causa, puede tomar medidas que vayan desde desestimar judicialmente la denuncia de Pollicita, hasta avanzar con la investigación o dejarla abierta por un buen tiempo. Pero más allá del curso judicial que tome la causa, el dato político es que la imputación a la Presidenta se produce a pocos días de la llamada “marcha de los fiscales”, convocada por una fracción de la casta judicial y la oposición tradicional. Una movilización probablemente importante que configurará otro elemento en esta guerra de desgaste que puede tener consecuencias cualitativas para uno y otro lado (por ejemplo, si los opositores se pasan en el "tono" y/o las acciones, no descartando operaciones “serviciales”). Los grandes medios y la oposición de derecha están trabajando la marcha de manera “inteligente”, poniendo al frente de la convocatoria a los fiscales (y no a los políticos) con un discurso "de homenaje", cuando la realidad es que son uno de los poderes más reaccionarios del estado.
La afrenta y la escalada que empezó con una fracción de los servicios de inteligencia y ahora suma a parte del aparato judicial, si bien no llega a la categoría de un “golpe blando”, en el sentido de intentar la interrupción del mandato presidencial, sí busca un desgaste cualitativo de la coalición de gobierno en general y de la fracción kirchnerista en particular, en el año de recambio presidencial.
Por su parte, el oficialismo postergó hasta el miércoles el debate de la reforma de la Ley de Inteligencia, convocando a la oposición a concurrir, algo imposible ya que ese mismo día, todos irán a la marcha “del silencio”. Al mismo tiempo, Gils Carbó nombro a cuatro fiscales y 45 asesores para reemplazar a Nisman en la unidad fiscal especial para el seguimiento de la causa AMIA (UFI-AMIA) con el propósito de conducir la causa a no se sabe que puerto en medio del impasse gubernamental.
El gobierno calificó la denuncia presentada por Pollicita de “entramado ficcional” y a través de la Procuraduría del Tesoro presentó ante el juez Rafecas documentos que responden a la causa presentada por Nisman. Pero esta defensa ante las inconsistencias de la denuncia de Nisman que da lugar a la imputación de Cristina Fernández llega relativamente tarde: el poder de daño de la imputación a la máxima autoridad estatal pegó primero.
Cosecharás tus bestias
El kirchnerismo alentó el armado de la llamada “pista iraní”, por lo menos desde el año 2006, puso a trabajar a Nisman con los servicios de inteligencia y especialmente con “Jaime” Stiuso, para fortalecer la “fabricación” de esa pista, descartando otros posibles responsables y la conexión local. La causa se armó en base a informes de una SIDE “colonizada” por los servicios extranjeros de la CIA y el Mosad. En el 2013, el Gobierno da un giro pragmático con el memorándum de entendimiento con Irán. Por lo tanto fue el Gobierno quien, además de mantener intactos a los aparatos de inteligencia y de la casta judicial (de esta último solo hizo cambios por arriba), alimentó a las bestias a las que un día dejó de darles de comer y hoy lo desafían.
Cuando se produce este giro, el kirchnerismo denuncia que comenzaron operaciones que muy probablemente tenían su origen en la Secretaría de Inteligencia (SI, ex – SIDE) y eso explica la repentina purga de la cúpula de la Secretaría y de Stiuso a fin de año pasado, junto a 45 agentes de los 1500 que conforman la planta permanente y reconocida de espías. Hoy se habla de nueva purga de otros 180 que para la estructura general es menos de un 20 %, pero incluso si así fuera potenciaría la “mano de obra dispuesta” para operaciones de cualquier tipo.
Por lo tanto, en lo que se refiere a la causa por los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel, donde murieron 85 personas y que lleva más de 20 años de impunidad; la pelea actual es un enfrentamiento de encubridores. Viejos socios, el Gobierno, los servicios y una parte de la casta judicial que fabricaron juntos la impunidad y luego se pelearon por cambios pragmáticos en la política y terminaron respondiendo a diferentes lealtades. Nisman y Stiuso como lo revelaron los wikileaks respondían a la embajada norteamericana, a la CIA y al Mossad.
Políticamente, la audaz movida de la oposición político-judicial pretende debilitar lo más posible a Cristina Fernández como la “gran electora de la sucesión”. Pero incluso más que eso: que el kirchnerismo no quede ni como factor condicionante de un eventual gobierno de Scioli y /o como movimiento de oposición pos 2015.
La izquierda y la crisis
En la llamada “crisis del campo” en el año 2008 se demostró que una debilidad estratégica del kirchnerismo fue no crear fuerza propia, incluso luego del triunfo del 54% hasta rompieron la coalición con Moyano y una parte importante de los sindicatos, quedándose solo con algunos aliados sindicales (los más impresentables).
Esta crisis de fin de ciclo, pese a que no hay catástrofe económica, reviste un carácter de crisis estatal, donde se desprestigia la autoridad de instituciones del Estado que el kirchnerismo decía haber “restaurado”. La conquista del Frente de Izquierda, en tanto postulante de una representación de la independencia política de la clase trabajadora debe ser un factor claramente diferenciado de los campos capitalistas en esta nueva crisis nacional. El fortalecimiento del FIT como polo de la izquierda clasista en la política nacional, sobre todo desde el 2013, se constata en esta crisis no sólo en el hecho de que hemos tenido una posición de separación de los bandos capitalistas y hemos sido una voz en la escena (aunque con diferencias tácticas y de consignas), sino también en que hemos influido en sectores de la izquierda (como el MST o el PCR) que son siempre proclives a ceder a alguno de los bandos en disputa. Esta vez no convocan a la marcha, a diferencia de la crisis del 2008 donde se alinearon con el campo.
Manteniendo esa posición independiente que en cierta medida se hizo “hegemónica” en la izquierda, el FIT interviene en la crisis política, apuntando a desarrollar una salida por izquierda al fin de ciclo kirchnerista. En primer lugar, no solo desestimando cualquier participación en la marcha “de los fiscales del encubrimiento” del próximo 18 de febrero, sino también levantado demandas irreconciliables con toda la oposición y el gobierno como lo es el reclamo de la apertura de todos los archivos de inteligencia y la puesta en pie de una comisión investigadora independiente, con plenos poderes, para investigar la verdad en las causas de la AMIA y la muerte de Nisman.
