El aumento de 4,2 % en el Índice de Precios al Consumidor en el mes de agosto expuso la mala praxis de los pronósticos mileistas: la inflación encontró un piso desde el cual el oficialismo encuentra dificultades para un descenso rápido hacia su objetivo de un 2 % mensual. La calma de los dólares paralelos se explica por la rifa de reservas del Banco Central: dólares baratos subsidiados para la timba financiera. La economía sigue sin mostrar signos de recuperación: las tendencias recesivas persisten y se pueden agudizar debido a la cruzada oficialista por el déficit cero, por congelar los salarios públicos y por pisar las paritarias en el sector privado. Los “mercados” no creen que el gobierno tenga los dólares para pagar una deuda odiosa: posibles turbulencias financieras en un horizonte no lejano. El FMI corre a un negociador molesto, pero no pierde las mañas. Estabilizaciones parciales, problemas estructurales irresueltos.

El mes pasado, en una reunión con Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs), el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la inflación de septiembre sería del 1 %. El 4,2 % de inflación de agosto es un golpe a las expectativas creadas por el gobierno y muestra las dificultades para romper el piso de 4 % de inflación: ¿entrará Caputo en la categoría de “econochantas” inscripta en el diccionario de Milei?

El día miércoles, el gobierno se anotó un triunfo con alto costo político con la defensa del veto presidencial que evita un aumento mísero de unos $17 mil para las jubiladas y jubilados. Milei ganó perdiendo: en la votación en la Cámara de Diputados, hubo 153 afirmativos para insistir con la nueva movilidad mientras el gobierno logró 87 votos gracias al PRO, bloques afines, 3 tucumanos ex Unión por la Patria y 5 diputados de la UCR. Los dos tercios para voltear el veto no se consiguieron por apenas 13 votos.

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Santiago Caputo, Karina Milei y el presidente no terminaron de festejar que recibieron un golpe en la Cámara de Senadores con la votación de una ley que habilita un aumento para el presupuesto de las universidades y para sus docentes. El presidente anticipo un veto total y, ahora, la discusión pasa a las calles con la preparación de movilizaciones masivas contra ese eventual veto. No fue el único golpe: el Senado también rechazó el DNU que habilitó fondos reservados para la SIDE.

La semana podría resumirse en una enumeración de triunfos y derrotas, pero este es un método inadecuado. Lo que caracteriza a la situación son las indefiniciones en varios terrenos: un gobierno con fragilidad política expuesta y con una economía que luce una estabilidad precaria, sufre una recesión fuerte y exhibe la buena salud de todos sus problemas estructurales.

El PRO dividido entre funcionarios del gobierno, como Patricia Bullrich, a quien sus pasadas de rosca represivas le costaron caro esta semana; y entre quienes negocian con el oficialismo desde afuera, como Mauricio Macri. El problema estratégico del PRO es que La Libertad Avanza no se quede con todo el espacio de la derecha. La UCR votó dividida en relación al veto, con diputados que se vendieron a la Casa Rosada y una crisis que parece un eco de una larga crisis que comenzó en el 2001.

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El peronismo procesa el estrepitoso fracaso del Frente de Todos que le abrió las puertas al triunfo de la ultraderecha con una crisis a cielo abierto. La carta de Cristina Fernández de Kirchner es un intento de explicación de esa crisis, pero ninguna alternativa de superación. Esto resulta evidente en un punto nodal: la expresidenta, al mismo tiempo que ubica adecuadamente la dependencia de la deuda externa como uno de los problemas centrales de la economía, no llega a plantear la ruptura con el FMI, ni a repudiar la deuda ilegítima, ni a cuestionar el “mandato exportador” (así lo llaman los autores de Con exportar más no alcanza, un libro de reciente publicación) extractivista que tiene como objetivo pagar esa deuda. El peronismo, en todas sus vertientes, incluidos los Grabois y los Kicillof, no tiene nada distinto para ofrecer. El gobernador bonaerense prepara su propio RIGI “progre” con concesiones impositivas, ya no solo a las actividades extractivistas, sino también a las industriales.

El régimen político capitalista de conjunto está sumergido en una profunda crisis. El estancamiento económico de más de una década y una población que en más del 50 % fue hundida en la pobreza son un testimonio que el régimen capitalista argentino no tiene nada para ofrecer.

Inflación mata teoría monetarista

La inflación de 4,2 % de agosto significó una aceleración, aunque leve, en relación al registro de julio (4,0 %). Pero el gobierno esperaba un movimiento en el sentido contrario: una desaceleración rápida. La inflación interanual está en 236,7 % y la acumulada hasta agosto en 94,8 %.

El comunicado que publicó el INDEC esta semana detalla que, en agosto, “A nivel de las categorías, Regulados (5,9%) lideró el incremento –por las subas en las tarifas de servicios públicos–, seguida el IPC núcleo (4,1%), mientras que los Estacionales aumentaron un 1,5%”.

La teoría mileista que reza que la inflación es siempre un fenómeno monetario está en bancarrota. El oficialismo no para de cerrar todos los grifos de la emisión monetaria, pero la inflación no cede. Es que, en simultáneo, abre los grifos de todos los tarifazos posibles y esto empuja los precios hacia arriba: el rubro electricidad, gas y otros combustibles aumentó en el acumulado del año hasta agosto un 352,8 %, muy por encima del 94,8 % del nivel general del Índice de Precios al Consumidor.

Tarifazo y ganancias

Los tarifazos son la contrapartida de la reducción de subsidios en la cruzada por el “déficit cero”. Pero también un anabólico para las ganancias empresarias.

De acuerdo a un informe de CIFRA, Metrogas ganó 19 mil millones de pesos en el primer trimestre de 2024, un aumento de 1.630% en relación al mismo período de 2023, y Edenor (que está en manos del Grupo Vila-Manzano, uno de los principales sostenes de Sergio Massa) obtuvo 51 mil millones de pesos en los primeros tres meses del año. Es decir, ambas empresas ganaron $769 millones por día. Naturgy, en su balance como empresa multinacional, también muestra un aumento interanual de sus ganancias medidas en euros durante el primer semestre.

Habría que debatir si el criterio más importante es que aumenten las ganancias empresarias o los servicios públicos sean considerados como un derecho esencial para toda la población. La defensa del segundo criterio debe partir del rechazo de los tarifazos, algo elemental para evitar un mayor retroceso en las condiciones de vida.

Pero, en perspectiva, una salida de fondo, inscrita en un programa más general de salida a la crisis, requiere la eliminación de la ganancia empresaria, lo cual produciría un gran ahorro, mediante la estatización de todo el sistema, la gestión democrática por parte de sus propios trabajadores, de técnicos especializados y en la cual participen comités de usuarios populares.

Esto permitiría una planificación racional, garantizar el acceso de toda la población a un servicio barato y de calidad, en camino hacia el abaratamiento de los costos energéticos en base al desarrollo productivo y llevar adelante una transición energética que cuide el ambiente.

Dólar intervenido mata dogma liberal

El gobierno busca la desaceleración de la inflación a través de la receta de imponer una recesión hasta que duela, pero al mismo tiempo empuja los tarifazos que limitan esa desaceleración. Como la inflación no cede, la política de evitar una devaluación mostrando como logro la convergencia de la inflación al nivel del “crawling peg” (suba administrada del dólar) del 2 % mensual todavía no resulta creíble para los “mercados”. El aumento de la inflación a un ritmo mayor al que sube el dólar encarece los productos y servicios que el país exporta al mundo y mantiene viva la perspectiva de una devaluación.

El equipo económico logró el control de las cotizaciones paralelas del dólar, que desde mayo amenazaron con dispararse, con una alta dosis de intervencionismo cambiario. En primer lugar, el gobierno se aferra al cepo cambiario más que Milei a los libros de Friedrich von Hayek. En segundo lugar, desde mediados de julio, Caputo anunció la intervención del Banco Central en el mercado del dólar Contado con Liquidación. El dogma liberal se quema en la hoguera del desorden cambiario pampeano.

El costo de esa intervención es carísimo: un reporte reciente de Epyca Consultores estima en apenas por debajo de los U$S2.000 millones el costo de las intervenciones del Banco Central. Esta política de vender reservas implica rifar dólares baratos, subsidiados, en el altar de la especulación financiera.

A principios de julio, las reservas netas [1] del Banco Central, su verdadero poder de fuego, se encontraban en terreno positivo, en alrededor de U$S750 millones. Esta última semana de septiembre, Caputonomics de por medio, se ubicaron en un terreno negativo mayor a los U$S3.500 millones. Un retroceso de más de U$S4.000 millones en dos meses. No todo tiene que ver con la intervención, también pesan otros conceptos. Pero las cifras dan cuenta de una sangría enorme.

Epyca Consultores indica que el blanqueo de capitales, por el momento, aportó U$S2.000 millones y la apertura de 25.000 nuevas cuentas. El gobierno le prende una vela a los evasores para que el blanqueo de capitales le regale un poco de aire. Pero los dólares que ingresan por esta vía, si bien ayudan, no contabilizan en las reservas netas que son las que valen al momento de analizar el poder de fuego para sostener el dólar y las perspectivas de poder cumplir con los futuros vencimientos de deuda pública.

Con la falta de convergencia de la inflación a la tasa de “crawling peg”, el escenario de presión devaluatoria no se borró del horizonte: con sectores como negocio agroexportador y de la industria que creen que una devaluación no se le niega a nadie; una restructuración de deuda con acreedores privados como posibilidad y una negociación de un nuevo programa con el FMI en la agenda de los próximos meses.

Entre los economistas de la ortodoxia se expresan posiciones extremas: Ricardo Arriazu advierte al gobierno que “si devaluamos se acaba todo”. Domingo Cavallo defiende lo contrario: señala que “una fuerte devaluación, sin liberalización y unificación simultánea del mercado cambiario, podría provocar una crisis de gobierno”, pero cree que una liberalización y unificación cambiaria daría como resultado un salto del dólar que podría dar lugar a una estabilización duradera y a que el oficialismo consiga financiamiento externo.

El “ancla” antiinflacionaria: salarios y jubilaciones

Milei impulsa una campaña engañosa para defender su gestión. Dice que los salarios y jubilaciones se están recuperando. Lanza medias verdades. Cuando no, mentiras totales.

En cuanto a salarios, según datos oficiales del INDEC (llegan a junio), es cierto que en el sector privado formal existió una recuperación en abril, mayo y junio. Pero esto no permitió recuperar el zarpazo de los primeros meses de la gestión libertariana. El poder de compra en el sector privado formal se ubicó en junio un 5 % debajo que su nivel de noviembre de 2023. En el sector público (de todos los niveles) el poder de compra del salario fue más oscilante, pero no mostró esa recuperación parcial durante tres meses que exhibió el sector privado: en junio, el sector público, mostró un retroceso del 19 % en relación a noviembre de 2023. El conjunto del sector formal (público y privado) presentó una caída del 10 % en junio en relación a noviembre de 2023 y el informal un retroceso del 19 % para el mismo período.

La política que habría anunciado el gobierno a los gremios estatales de cero aumento para los meses de noviembre y diciembre, junto con la idea de la Secretaría de Trabajo de no homologar más paritarias privadas por encima del 2% mensual, indican que la caída del consumo seguirá su camino. La política oficial es recesión hasta que duela, como ancla para intentar bajar la inflación. La inmovilidad de la CGT y las mímicas de la lucha de las dos CTA contribuyen al objetivo del gobierno. Habrá que ver hasta dónde le da la nafta al mileismo. Hay gremios que muestran que la lucha vale la pena: aceiteros, por ejemplo, rompió el techo paritario.

En relación a las jubilaciones, es cierto que la movilidad estuvo por encima de la inflación desde diciembre, pero esto no cambia el signo del ajuste porque los haberes no se recuperan del zarpazo que recibieron. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el poder de compra promedio de las jubilaciones de ocho meses (enero-agosto) de 2024 registra una caída real (descontada la inflación) de 26,6% en relación al mismo período de 2023. En tanto, que los haberes mínimos (con bonos) perdieron 16,7% en términos reales. Incluso el poder de compra del haber mínimo, en septiembre, es un 6% menor en relación a diciembre de 2023 debido al congelamiento de los bonos.

El veto presidencial a la ley que implicaba una mínima suba de $17 mil a los jubilados y jubiladas, más allá de las exageraciones perversas de Milei, tienen por objetivo intentar preservar el superávit fiscal, pero también mantener a raya el consumo para buscar bajar la inflación con el sufrimiento de los adultos mayores. El presidente miente al asegurar que la ley que vetó “implica un aumento del costo en términos del PBI de 1,2 puntos”. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó un gasto extra de 0,44% del PIB para 2024. Para 2025 el gasto extra ronda entre 0,69 % y 0,80 del PIB.

El gasto tributario comprende lo que el Estado deja de recaudar por diversos beneficios que alcanzan mayormente al gran capital: para 2024, fue estimado en 2,34 % del PIB por el Ministerio de Economía. Es decir, "sobra" para que se le aumenten a los jubilados y jubiladas. De este total, considerando solo los regímenes de promoción económica, se podría generar un ahorro de 0,61 % del PIB. ¿Quiénes se benefician de estos regímenes? Entre otros, Mercado Libre (Ley de Economía del Conocimiento), Mirgor de la familia Caputo (sí, la familia del ministro de Economía) y Newsan de Cherñajovsky (promoción económica de Tierra del Fuego), los barones feudales de los ingenios del NOA y el agronegocio pampeano (Ley de Biocombustibles) y la megaminería (Ley N° 24.196).

La jubilación mínima en agosto fue de $295 mil (con bono incluido) mientras que la canasta de los jubilados, que elabora la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, se ubica en alrededor de $850 mil. El haber mínimo permite vivir solo diez días del mes. El drama de los jubilados se agudizó con Milei, pero no empezó en los últimos meses. Según estimó La Izquierda Diario, entre 2015 y 2024, los haberes máximos perdieron un 53% de poder de compra, los haberes mínimos (sin bono) cayeron 49% en términos reales, en tanto que los haberes con bono perdieron 33%. Peronistas, macristas, en el mismo lodo, todos manoseando las jubilaciones.

El Frente de Izquierda presentó en varias oportunidades proyectos de ley para que ninguna jubilada ni ningún jubilado perciba menos que el equivalente a la Canasta de los Jubilados y para otorgar el 82 % móvil del mejor salario en actividad ¿No hay plata, como dice Milei? Sí hay plata si se restituyen las contribuciones patronales al 33 % vigente antes de la reforma menemista impulsada por Domingo Cavallo, si se eliminan todo tipo de exención a las contribuciones patronales, si se terminan con todo el resto de beneficios y rebajas impositivas al gran capital. La defensa de las condiciones de vida de los jubilados y jubiladas choca de frente con las recetas del FMI y las imposiciones del capital financiero.

Sin recuperación en “V”

El oficialismo planteó la idea de que la economía tendría una recuperación en “V” durante el segundo semestre del año. Por el momento, ya cumplidos dos meses completos del segundo semestre, no parece verificarse tal recuperación. En el mejor de los casos, la actividad está encontrando un piso.

En una presentación virtual, Epyca Consultores ponderó que la industria (todavía no se habían conocido los datos oficiales del INDEC de julio) estaba en su peor nivel de los últimos veinte años y analizó que las Pymes están capitalizadas de años anteriores, pero se preguntaron cuánto más pueden aguantar esta situación.

En este panorama, sonó más agresiva la provocación de Javier Milei durante la celebración del Día de la Industria en la sede de la UIA: afirmó que “para proteger a la industria se le robó al campo”. En la industria también preocupa el fin del Impuesto País que decretó el gobierno (se redujo en septiembre y se termina en diciembre) porque empeora la competitividad industrial frente a las importaciones.

Según Marcelo Bonelli, el columnista del diario Clarín, el discurso de Milei en la UIA responde a una bronca más general del presidente y del ministro Caputo contra los empresarios porque no ponen la “tarasca”. El enojo también es porque no bajan los precios, en particular apuntan a la Copal (industria de la alimentación), la UIA y las cerealeras. El vicejefe de Gabinete, José Rolandi, fue más explícito. En una celebración por el aniversario de Shell afirmó que "Nosotros dimos el primer paso pero si el sector privado no da el segundo paso, esto se cae, no importa el consenso".

El oficialismo se aferra a los “brotes verdes” que lee en algunos datos. Por ejemplo, esta semana, el INDEC informó una recuperación de la industria de 6,9 % durante julio en relación a junio. Pero en el acumulado del año hasta julio la producción industrial sigue casi un 15 % debajo de su nivel de 2023.

Los datos de la Asociación de Fábricas de Automóviles (ADEFA) correspondientes a agosto también exhiben un aumento intermensual importante: 16,2 % en relación a julio. No obstante, en relación a agosto del 2023 la caída es importante: 18,6 %. En el acumulado del año hasta agosto también persiste un retroceso de 23,4 %. Habrá que esperar para ver si esta industria, dominada por las grandes terminales multinacionales, logra sostener el crecimiento en los próximos meses, pero es muy difícil que recupere los niveles de producción de años previos. Los despidos en la industria automotriz y del neumático dan cuenta del panorama recesivo.

El Índice Construya, que elabora una cámara empresaria del sector de la construcción, en sus estadísticas de agosto, luego de cuatro meses de subas, volvió a exhibir una caída intermensual (-4,3 % en relación a julio). Además, agosto de 2024 se ubicó 20,1% por debajo del nivel de agosto de 2023. En el acumulado del año hasta agosto, el retroceso es de 29,3 % interanual.

Más datos negativos. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que, en agosto, las ventas minoristas retrocedieron 1,6 % en relación a julio y un 10,5 % en relación a agosto del año pasado. En el acumulado del año hasta agosto, la caída es del 16,2 %. El descenso en el rubro alimentos y bebidas, el más sensible en relación a las necesidades básicas, fue 11,8 % interanual.

Habrá que esperar más datos de cámaras empresariales y de las estadísticas oficiales del INDEC, pero, aunque el gobierno habla del “semáforo verde” en relación a sectores que estarían comenzando a mostrar crecimiento, el panorama no es tan nítido. Como se dijo, en todo caso, la actividad está encontrando un piso. Pero, todavía no se observa ninguna recuperación en “V”. Más bien parece primar lo contrario. Los únicos sectores económicos donde la situación es de claro crecimiento son el agroexportador, por la recuperación de la sequía del año pasado, y la minería. Estos sectores crecen “hacia afuera” y generan poco empleo.

La política oficial es recesión hasta que duela. Considerando los componentes Producto Interno Bruto (PIB = consumo + inversión + gasto público + exportaciones – importaciones) se puede entender, tal vez, un poco mejor. El consumo está en retroceso por la caída de los ingresos de los hogares y el gasto público por el ajuste del sector estatal: estos dos componentes explican más del 75 % de la demanda global de la economía. El gobierno apunta a las inversiones, pero nadie pone la “tarasca” y los anuncios que hubo de la minería y el de YPF-Petronas, más allá de los números rimbombantes, comprende de planes que, de concretarse, se concretarán recién en unos años y no en lo inmediato.

Las exportaciones sí están creciendo, pero no por virtudes del oficialismo, sino, principalmente, por la recuperación del sector agroexportador luego de la sequía del año pasado. Aun así, los agroexportadores esconden parte de la cosecha “bajo el poncho” para especular con una devaluación. Según un informe de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), el 60% del total de la producción de soja y el 38% del posible saldo exportable de maíz estaban sin vender hasta agosto de 2024.

En este panorama crítico y con la política del gobierno de utilizar los salarios, las jubilaciones y todos los ingresos populares como “ancla” para buscar reducir la inflación al 2 % mensual, lo más probable es que las tendencias recesivas persistan y no está descartado que la economía caiga en una situación de depresión.

La recaudación tributaria de agosto cayó 13,6 % interanual y volvió a registrar caídas notables en todos sus conceptos, incluido el descenso, por primera vez en el año, de la recaudación por Impuesto País (aún antes de que se reduzca la alícuota, lo cual tuvo lugar a partir de septiembre). Más en general, la recesión, en perspectiva, puede liquidar los logros fiscales del oficialismo. Aunque el superávit primario (diferencia entre recaudación y gasto público) se mantiene, en los “mercados” indican que el gobierno hace contabilidad creativa para dibujar los datos del superávit financiero (cuando al resultado fiscal se le incorporan los pagos de deuda).

La Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas (ASAP) estimó para agosto un resultado financiero negativo de $1,92 millones, lo cual se explica por el aumento del pago de intereses de la deuda gracias a las alquimias financieras del ministro de Economía, Luis Caputo.

En el Fondo

Desde que asumió, Milei realizó pagos por unos U$S 13 mil millones de capital e intereses en moneda extranjera, sin embargo, la deuda pública pegó un salto muy importante: pasó de U$S 371 mil millones en diciembre de 2023 a U$S 452 mil millones en julio de 2024. El 56% del stock de deuda corresponde a deuda en moneda extranjera. Pero, el aumento de la deuda pública en un 22 % desde que asumió Milei se explica, fundamentalmente, por el incremento de la deuda nominada en pesos gracias a las alquimias financieras del ministro Caputo: entre ellas, el aumento de la deuda del Tesoro por el traspaso de pasivos del Banco Central.

El foco hacia el año próximo está en la deuda en dólares. Esa deuda, reciclada desde la dictadura, califica como deuda odiosa porque, en su último capítulo fraudulento, fue incrementada durante el Gobierno de Mauricio Macri contra los intereses del pueblo trabajador y en asociación ilícita con el capital financiero: está plagada de operaciones escandalosas, como la emisión de un bono a cien años o la dilapidación del préstamo del FMI en fuga de capitales, dos obras con el sello del propio Luis Caputo, que en ese entonces también manejaba las finanzas del país.

Martín Guzmán, durante el Gobierno del Frente de Todos, reestructuró la deuda privada en favor de los lobos de Wall Street y alcanzó un nuevo acuerdo con el FMI que “despejaba” el panorama de pagos. No obstante, el gobierno enfrenta un cronograma de pagos de la deuda en dólares muy exigente.

En 2025 vencen U$S 13,5 mil millones; en 2026, U$S 14,4 mil millones; en 2027, U$S 18,8 mil millones. A este cronograma hay que adicionar la deuda que el Banco Central genera por la postergación en el pago de importaciones. Se trata de cifras que la economía argentina no resiste pagar ni con el superávit comercial. Entre enero y julio de este año, el superávit comercial (exportaciones menos importaciones) acumulado fue de U$S12.262 millones y se espera que podría sumar casi U$S19 mil millones durante todo 2024, aun así, esto no quitó presión sobre el dólar ni permitió acumular reservas.

El equipo económico no logró, hasta el momento, fuentes de financiamiento que despejen el panorama de pagos de deuda hacia el año próximo. Según el columnista Marcelo Bonelli, los lobos de Wall Street quieren cobrar un exorbitante 18 % de tasa de interés para otorgar un auxilio financiero al mileismo. En los “mercados” también se menciona que un informe de J.P. Morgan a inversores abre la posibilidad de que Argentina pueda ser recalificada como “economía emergente” facilitando el acceso a financiamiento. Pero esto depende de un “detalle”: levantar el cepo. Hay informes más duros: el banco Barclays indicó que “Argentina no tiene reservas para abonar la deuda externa”.

El acuerdo con el Fondo que alcanzó Guzmán vence este fin de año. Esta situación podría abrir un espacio para que el país atraviese el año electoral sin un acuerdo, pero esa falta de acuerdo sería una mala señal para los “mercados” que consideran a los programas con organismo como un plafón para cobrar sus acreencias.

El FMI exige hacia una futura negociación tres condiciones: unificación cambiaria, que implica una devaluación de al menos el 30 %, la liberación del cepo y terminar con el Impuesto País (que el gobierno ya anunció que se termina a fin de año).

Esta semana hubo una novedad. A través de su vocera, Julie Kozack, el Fondo informó que Rodrigo Valdés, el director del Hemisferio Occidental, “delegó plenamente” las discusiones con el gobierno argentino en favor de Luis Cubeddu, el subdirector del Hemisferio Occidental, quien reportará de manera directa a Gita Gopinath y a Kristalina Georgieva, las principales dirigentes del organismo.

¿Quién es Rodrigo Valdés? Es un economista chileno que era responsable, hasta esta semana, de las negociaciones con Argentina y que estaba en el foco de las tensiones con el Gobierno de Javier Milei.
El corrimiento de Valdés puede interpretarse como un triunfo de Milei quien venía lanzando declaraciones encendidas contra el chileno. De hecho, Kozack habló de “señales de recuperación de la actividad económica” y apoyó el veto al aumento de las jubilaciones. Pero todo indica que el FMI quiso eliminar el foco de tensión que implicaba la presencia de Valdés, pero para insistir sobre sus postulados.

La apuesta de Milei parece ser la de ganar tiempo para ver si en las elecciones de Estados Unidos resulta ganador Donald Trump. Esta hipótesis tiene varios interrogantes: el primero es si gana Trump; el segundo es si Trump querrá ayudar al gobierno, no solo con gestos, sino con dólares frescos; el tercero es si Estados Unidos logrará, con la reputación que tiene Argentina y con la oposición de las otras grandes potencias con las que Milei confronta (entre ellas, Francia, China), que el Directorio del Fondo favorezca a Milei.

El panorama internacional presenta otros interrogantes. Uno de ellos está vinculado al desarrollo de una crisis financiera con el reacomodamiento de tasas de interés en Japón y en los Estados Unidos (la FED podría bajar la tasa de referencia la semana entrante), un factor que en las últimas semanas repercutió en turbulencias en las cotizaciones bursátiles mundiales.

Aunque la reducción de la tasa de referencia en Estados Unidos podría ser visualizado como un aliciente para un gobierno, como el argentino, que necesita financiación, el desarrollo de turbulencias financieras puede producir “vuelo a la calidad”, es decir salida de capitales de países emergentes. No solo eso. Detrás de las turbulencias financieras está operando una perspectiva de recesión en Estados Unidos y otras potencias económicas, un escenario crítico para un país donde todas formaciones políticas, desde La Libertad Avanza hasta el peronismo en sus distintas vertientes, creen en la necesidad de exportar más como salida milagrosa de un estancamiento que lleva más de una década.

Milei busca cambiar la relación de fuerzas en beneficio del gran capital y en detrimento de la clase trabajadora. Quiere una reorganización del país a imagen y semejanza de lo que desea el capital financiero imperialista, apoyado en los sectores minero y agrario exportadores para conseguir dólares para pagar una deuda odiosa y eterna. En ese “mandato exportador” coinciden oficialismo y la oposición burguesa del peronismo y radicales.

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El periódico británico The Economist alertó esta semana sobre el creciente rechazo que están provocando las políticas fondomonetaristas alrededor del mundo: Kenia, Bangladesh, Pakistán, Ghana, Sri Lanka, Nigeria. Las compara con las protestas de la década de 1980. Y advierte que algunas de las protestas recientes condujeron a la caída de los gobiernos que aplican las recetas del Fondo. Pagar la deuda y seguir sometidos al FMI es una condena a la miseria y a la decadencia económica sin fin. Las protestas alrededor del mundo son un punto de apoyo para que nuestro país sea parte de la lucha internacional para mandar al FMI al basurero de la historia.

Una alternativa distinta que ponga en el centro las necesidades urgentes de los adultos mayores, de los asalariados, de los que no tienen trabajo, que termine con el régimen de los tarifazos y las privatizadas, requiere cortar los lazos de dependencia con el imperialismo, requiere romper con el FMI y sus recetas empobrecedoras, requiere el desconocimiento soberano de la deuda odiosa con los lobos de Wall Street, y requiere que todos los recursos estén orientados a una reorganización de la economía, bajo nuevas bases, mediante la planificación democrática, desde debajo.