La Matanza. La Justicia confirmó la orden de desalojo del barrio La Nueva Unión: ¿el gobierno quiere un nuevo Guernica?

La cámara de apelación y garantías en lo penal (sala 1) del departamento judicial de La Matanza, rechazó la defensa legal presentada ante la orden de desalojo aún sin fecha, que se dictó el pasado 10 de diciembre a cargo del Juez Ochipinti. Recordemos que las y los vecinos del barrio Nueva Unión vienen peleando hace 2 años por el derecho a la tierra y vivienda logrando con cortes y movilizaciones arrancar una mesa de diálogo al gobierno municipal y provincial que aún no prosperó por la voluntad de sus funcionarios de no garantizar a las familias este derecho tan elemental.

¿Por qué no confiamos en el gobierno?

Durante la pandemia millones de familias se vieron obligadas a tener que buscar un lugar donde vivir ya que la falta de trabajo y las medidas insuficientes del gobierno como el IFE por una sola vez, obligaron a los más vulnerables a tener que elegir entre alquilar o comer. Una situación que a lo largo de estos años se ha hecho desesperante para millones de familias en el país.

Durante el gobierno de Alberto Fernández, se pagó 7 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI), deuda que contrajo Macri de forma ilegal y a espaldas del pueblo. Todo ese dinero se podría haber utilizado para la construcción de un total de 215.000 viviendas populares. La vivienda es un derecho constitucional pero hoy 4 millones de personas no tienen acceso a la misma. En la Matanza barrios como Nueva Unión de Rafael Castillo o 23 de agosto de González Catán han sido los barrios y tierras recuperadas más grandes de la zona y también los más abandonados por el gobierno municipal de Espinosa.
No se puede confiar en un gobierno que les paga a los ricos y les niega a millones un derecho básico. Aunque Cristina proponga que la deuda la paguen “los que la fugaron” esa plata es del pueblo, por lo tanto, si vuelve ese dinero debe ser para vivienda educación y salud, no para pagar una estafa.

En Nueva Unión el gobierno ha hecho oídos sordos ante el accionar ilegal de la policía en el barrio durante estos dos años siendo cómplice de su accionar, como fue la provocación de la bonaerense dejando sin luz a los vecinos, la detención de Rafael Crispín, que con cortes y movilizaciones se logró liberar, uno de los tantos ejemplos de esta “política hostigadora” para las familias.

Al día de hoy el gobierno tampoco dio respuesta al reclamo de los vecinos y vecinas a pesar de la mesa de diálogo que se arrancó a fines del 2021 con el exitoso corte de la rotonda de San Justo que puso al barrio en los principales canales de TV y logró repercusión nacional. En esta mesa los funcionarios de hábitat del municipio y provincia hicieron el compromiso de llevar adelante un censo en las primeras semanas de enero, ¡pero aún no lo cumplen! Los vecinos aceptaron en su momento la propuesta, pero acordaron que dicho censo tenía que ser “controlado” por organizaciones de derechos humanos. Para ello se realizó una reunión solidaria con organizaciones de derechos humanos como Serpaj y Ceprodh entre otras, sociales y políticas, para colaborar con el control del censo que el gobierno viene “prometiendo” hace 3 meses.

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Pero no es solo en Nueva Unión. Las familias de Guernica después del masivo corte en el puente Pueyrredón, luego del desalojo y la represión del gobierno, lograron conquistar una mesa de negociación y la firma de los lotes con servicios, lo que mostró que luchar sirve. Al día de hoy la pelea sigue, el gobierno se niega a entregar los terrenos, pero los vecinos no se resignan y están lanzando una campaña de denuncia al gobierno por el incumplimiento de la entrega de lotes. La unidad y el apoyo con las familias de Guernica y todas las que pelean por tierra y vivienda será esta vez imprescindible para ganar.

Las asambleas de vecinos son más necesarias que nunca para informarse, debatir, decidir y votar.

Esta nueva situación donde la justicia da la razón a quien dice ser el dueño del predio, el presidente de Cerámicas Martin S.A Pablo Martin Lozano y un gobierno que no da respuesta, obliga a que las asambleas, reuniones por manzana, vuelvan al barrio de forma permanente, donde se resuelva todas las acciones que haga el barrio en su defensa e incluso mostrar al gobierno a la justicia y al supuesto “dueño” que el barrio está de pie y organizado por su derecho elemental a la tierra. Las mismas tienen que ser democráticas donde se vote a mano alzada cada paso a seguir y cada propuesta para la negociación con el estado es una necesidad vital para la continuidad de la pelea, sin ellas prima la desorganización, la desinformación y la división, que es el objetivo que tiene el gobierno para no dar soluciones. El debate colectivo de las vecinas y vecinos que pueda resolver de forma democrática cada paso a dar, se vuelve fundamental para esta situación y está al alcance de la mano.

Nueva Unión, un predio recuperado por el trabajo de sus vecinos

Más de 2 años llevan allí las y los vecinos de Nueva Unión. Durante este tiempo, construyeron un barrio y se transformaron en referencia no solo de lucha sino también de trabajo comunitario. Es que a lo largo de su extensión las familias realizaron innumerable cantidad de actividades que en este tiempo transformaron este ex gigantesco basural abandonado por quién hoy dice ser su dueño, en un verdadero barrio.

Lo que era un lugar intransitable, hoy tienen calles que lo atraviesan de punta a punta. Funcionan cerca de 10 comedores comunitarios dónde comen cientos de niños y sus familias, ellos mismos iluminaron gran parte de sus calles, muchos sectores tienen pozos para la extracción de agua potable. Además de muchos emprendimientos para que puedan tener un ingreso económico las familias más necesitadas. Se conformó la comisión de mujeres para ayudar a las vecinas, muchas de ellas madres solteras y víctimas de la violencia de género.

También se realizaron actividades sociales, educativas, culturales y deportivas para recaudar fondos para seguir llevando a cabo las tareas de limpieza, saneamiento, urbanización y mantenimiento del barrio. Además de los insumos para los comedores etc. Todo esto sin un peso ni logística aportada por el gobierno nacional, provincial ni municipal, solo con el esfuerzo de los vecinos y organizaciones solidarias. Cada semana que pasa sin que el gobierno avance en sus promesas hechas en la mesa de negociación, los vecinos hacen múltiples trabajos de urbanización del barrio y lo hacen cada vez mejor.
Hace tiempo que demostraron ser legítimos dueños de este lugar abandonado a la pudrición durante 20 años.
Los vecinos y vecinas lo recuperaron, y de ellos debería ser la tierra

Una campaña democrática en defensa de Nueva Unión por el derecho a la tierra y la vivienda

Los responsables políticos de la falta de vivienda son claros. El gobierno y la oposición privilegian pagar la deuda ilegítima e ilegal con el FMI, pero la deuda con las familias sin techo sigue intacta. Las necesidades del pueblo trabajador están a la vista y no pueden esperar. El pueblo tiene hambre, así lo demostró el acampe de la semana pasada en la avenida 9 de julio por parte de las organizaciones sociales que reclaman al gobierno trabajo genuino, entre otros derechos negados para miles de personas.

Hoy más que nunca es necesario retomar y desarrollar la más amplia unidad posible para defender al barrio con una gran campaña democrática contra la orden de desalojo sin fecha y retomar el camino de la pelea en las calles junto a las organizaciones que vienen acompañando y sumando más. Una campaña que puede arrancar con una juntada de firmas contra la orden de desalojo y por el derecho a la tierra y vivienda sumando el apoyo de personalidades de Derechos Humanos reconocidas, como Nora Cortiñas, Madre de plaza de mayo, referentes del colectivo de mujeres, sindicatos, centros de estudiantes y agrupaciones estudiantiles.
Buscar la solidaridad en cada rincón del país con esta pelea es muy importante para darle un mensaje al gobierno de que las familias no están solas, se mantienen en pie y no van a permitir que se les siga arrebatando su derecho a la vivienda.

Buscar el apoyo en más organizaciones políticas sociales y de derechos Humanos empezando por las locales como APDH, sindicatos como SUTEBA Matanza, en las universidades que volvieron a la presencialidad como la UNLAM, en las familias de Guernica que siguen luchando, concejales del Frente de izquierda como Natalia Hernández del PTS/FIT , el diputado nacional Nicolás del Caño, Myriam Bregman o Alejandro Vilca que vienen apoyando su lucha acompañando en las movilizaciones que se han hecho, puede ayudar a darle un nuevo impulso y apoyo a la pelea que tienen por delante las y los vecinos.

Participaremos en la reunión que están convocando para el próximo sábado 9 a las 15 hs donde invitan a todas las organizaciones solidarias.

Desde el PTS venimos participando activamente de la pelea de las vecinas y vecinos desde sus inicios y estamos orgullosos de hacerlo. Lo seguiremos haciendo porque nuestra pelea es por una vida en la que las necesidades de las grandes mayorías sean satisfechas en su mayor plenitud. Los empresarios y terratenientes (como lozano) nos privan de todo, hasta de lo más mínimo. Peleamos para que las riquezas que produce el pueblo trabajador estén al servicio de las necesidades del pueblo. Una sociedad socialista que termine con todas las miserias y penurias que nos imponen los ricos y sus gobiernos. Esta sociedad no puede ser tal sin una lucha seria por el derecho al acceso a la tierra y la vivienda, para ello confiamos en las fuerzas de los trabajadores que mueven el mundo y la juventud. Por un plan de obras públicas y viviendas en base a NO pagar la deuda externa que le construya hogar para todos los millones de familias sin techo y trabajo genuino para todos los desocupados.
Viva la lucha de las y los vecinos del barrio Nueva Unión.