Chubut. La marca de la gorra: el caso Antillanca, el debate presidencial y la lucha contra la impunidad

El pico de politización despertado por el balotaje crece como un alud a medida que se acerca el 22 de noviembre. Este método pergeñado por las clases dominantes de nuestro país para darle mayor legitimidad a los partidos patronales que no alcanzan una proporción contundente de votos en las elecciones generales, es de por sí una estafa antidemocrática ya que no expresa el real apoyo recibido por los contrincantes. De ahí la falsa disyuntiva entre dos opciones que, más allá de sus matices, son claramente de derecha, además de su conclusión lógica para quienes se arrodillan frente al hecho consumado: elegir un supuesto mal menor.

El 23 de noviembre, cuando Daniel Scioli o Mauricio Macri festejen su acceso a la presidencia, el tribunal a cargo de los jueces Martín Montenovo, Nelly García y Rafael Luchelli resolverá sobre el pedido de impugnación de sentencia que realizara la defensa de los policías condenados en julio pasado por el asesinato de Julián Antillanca. El 5 de noviembre se realizó la audiencia de impugnación.

El propósito de este artículo es tomar algunos elementos de las declaraciones de César Antillanca, padre de Julián, y de los condenados para caracterizar no solo el rol social del aparato represivo del Estado, sino adelantar una lectura posible de los tiempos que se aproximan ante el triunfo de cualquiera de los dos candidatos a presidente, y cuál es la única posición correcta ante esta situación reaccionaria que se terminó de consumar el 9 de agosto. Al final de nuestro artículo compartimos el audio completo del pasaje de la audiencia en cuestión.

Los asesinos de Antillanca y sus argumentos macristas y sciolistas

Si bien fue César quien abrió el momento de declaraciones, comenzaremos por uno de los policías condenados a perpetua: Martín Solís. El agente, machete en mano, dirige su mirada hacia el lugar donde se encuentra la familia de Julián y luego de plantear que él no lo asesinó, se refiere a la función social que ejercía como efectivo de la Policía de la Provincia del Chubut: “once años sirviéndole a la comunidad como policía, sin importar quién. Somos seres humanos también, no es que el policía es un represor, no tenemos la marca de hace treinta años”. En el mismo sentido se refirió excomisario Carlos Sandoval, condenado a tres años de prisión por encubrimiento agravado: “(…) yo particularmente no trabajo en ninguna corporación de nada, los menos corporativos que hay son los policías”.

Esta concepción del agente policial como supuesto servidor público, reconociendo con un hipócrita halo de culpa no llevar consigo la marca de la dictadura y, como si todo esto fuera poco, no tener prácticas corporativas, es algo que cualquier pibe o piba de una barriada popular de Trelew o cualquier ciudad de la provincia y el país puede desmentir sin demasiado esfuerzo. Ni hablar de los trabajadores y sectores populares que luchan en defensa de sus derechos.

Frente al avance de un histórico personaje de la derecha argentina como Mauricio Macri, el kirchnerismo y sectores independientes llaman a votar por el “mal menor”, que sería Daniel Scioli, otro rancio derechista de nuestro país y, al igual que su contrincante, hijo político de Carlos Menem. Veremos a continuación cómo un informe pone en crisis no solo lo dicho por Solís y Sandoval sobre el rol social que cumple la policía, sino también al propio Scioli como garante de una supuesta opción más democrática que Macri.

Como ya adelantamos en otra oportunidad, el informe anual 2015 “Sobre el sistema de encierro y las políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires”, proporcionado por la Comisión Provincial por la Memoria es contundente. En su introducción denuncia que “La política criminal impulsada por el gobierno de la Provincia ha desencadenado una situación de grave crisis en materia de derechos humanos.

En el período analizado en este informe se registra la mayor tasa de encarcelamiento de la historia de la Provincia, que ha implicado una agudización del hacinamiento en cárceles y comisarías, y un agravamiento en la situación estructural, ya existente, de vulneración masiva y sistemática de los derechos de las personas detenidas. La población encerrada es de casi 35.000 personas, un record histórico que supera ampliamente las 27.840 personas detenidas en 2008 al comenzar este gobierno”. La inmensa mayoría de ellos, obviamente de sectores populares. La “mano dura” no es algo que vaya a venir a instalar Macri, sino que ya existe y con pésimos resultados en todo el país, de la cual no es una excepción la provincia del candidato de los “progres”.

En otro pasaje se señala que “también ha aumentado considerablemente el ejercicio de la violencia policial no sólo en prácticas sistemáticas de tortura y detenciones arbitrarias sino también en el uso letal de la fuerza”. Agrega que: “Las muertes en el encierro alcanzan cifras muy elevadas: durante 2013-2014 murieron al menos 286 personas bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense y al menos otras 18 en comisarías de la Policía provincial. La policía bonaerense informó al menos 111 personas “abatidas en enfrentamientos” entre abril y octubre de 2014. Pero la misma lógica del desprecio por la vida se reproduce en los neuropsiquiátricos: sólo en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero murieron 133 personas entre febrero del 2012 y febrero de 2014. Estas 548 muertes, que además son un sub-registro, se produjeron por acción u omisión del Estado; algunas las produjeron agentes estatales cumpliendo funciones, otras las sufrieron personas bajo custodia y protección del Estado”. Fuentes cercanas a la casa de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confiaron que el extinto bigote de Macri se habría erizado de envidia ante la publicación de estos datos.

Hay más: “Al cierre del Informe los detenidos en comisarías sumaban 2.178, alojados en 1060 camastros que no reúnen ninguna condición de humanidad. En la Departamental La Matanza la sobrepoblación supera el 600 %, lo que se reproduce en los restantes distritos del Conurbano llegando en Lomas de Zamora, por ejemplo, a superar estos índices”. Y más: “En este Informe se da cuenta de 20.986 hechos de torturas o malos tratos contenidos en los 9.822 habeas corpus o acciones urgentes que se presentaron ante el Poder Judicial sólo por parte de nuestra institución. A su vez, el Registro nacional de casos de torturas o malos tratos registró, durante 2013-2014, 4.987 hechos de torturas padecidas por 1.136 personas en la provincia de Buenos Aires”.

Como no podía ser de otra manera, una de las conclusiones que se constatan en el informe es: “Lo que se soslaya de manera recurrente es que la persecución y represión asociadas con el delito -cuando ocurre- se concentra en el delito desorganizado y/o de aquellas personas que forman parte de las estructuras más débiles de la cadena delictiva. No ha habido ninguna propuesta consistente ni efectiva para los mercados ilegales de drogas, autopartes, arma, trata de personas, que son los que organizan el delito en toda su complejidad”. ¿Corporativismo policial, la marca de la dictadura? Para nada, eso solo puede estar en la mente de los trotskos del Frente de Izquierda, siempre funcionales a la derecha, que llaman a votar en blanco o impugnar.

Volviendo a la declaraciones de los condenados a perpetua por el asesinato de Julián, Jorge Abraham, tomó la palabra y manifestó que César “no busca la verdad”, además “quiere que la provincia le pague, quiere un puesto laboral. ¿No me cree? Candidato nacional a diputado. Ahora se postuló a gobernador. Qué esta buscando entonces, está buscando la verdad o está buscando un puesto político”. Antes de los condenados, fue César quien tomó la palabra y con la claridad que lo caracteriza adelantó lo que vendría después: “vienen a bastardear nuestro dolor”, refiriéndose a los asesinos de su hijo. Finalizó diciendo “estar acá después de cinco años, de venir pateando la pesada rueda de este monstruo que es el Poder Judicial, para conseguir esto, hoy me parece una actitud miserable después de todo lo que pasó”.

Pseudodebate presidencial: del hecho al dicho sin trecho

Como se esperaba, en el debate presidencial no se observaron diferencias sustanciales respecto a las políticas en general que aplicarán cualquiera de los postulantes si resultasen electos. En lo que hace a la sección “Seguridad y derechos humanos” posiblemente fue el momento donde se pudo apreciar con mayor claridad las similitudes de los proyectos, chicaneándose el uno al otro siempre, pero siempre, por derecha. ¿Derechos humanos? Bien, gracias. Ninguno dijo ni muh.

Scioli abrió refiriéndose tangencialmente a la cuestión social como base para que se desarrolle la “inseguridad”. Luego de esos escasos segundos de culposa autocrítica clasemediera al mejor estilo del “padre progresista” de Capusotto, no pudo con su genio y se despachó con el discurso y las prácticas que denunciamos más arriba, al señalar que convocará “cien mil efectivos para fortalecer la Gendarmería, la Prefectura y contribuir de esta manera con las fuerzas provinciales. Las policías locales, que ya hemos incorporado veinticinco mil, las vamos a llevar a las grandes ciudades. Orden, autoridad y legalidad”. Macri, con una chicana para abroquelar a su electorado de derecha le preguntó por qué no hizo esas cosas en estos años.

En otro pasaje el candidato K por enésima vez en la noche le imploró a su contrincante “debatí conmigo que soy quien aspira como vos a ser presidente”, desligándose de los doce años de gobierno kirchnerista. Empecinado, volvió con su discurso para demostrar que de facho no tiene nada que envidiarle a Macri: “noventa y cinco mil policías es la mayor renovación cuantitativa y cualitativa de la historia de la provincia de la policía Buenos Aires, contra cinco mil que vos evidentemente no mostraste ni toda la voluntad ni la decisión ni la inversión. Aparte una policía Metropolitana limitada a muy pocas comunas (Sic, mil veces sic). ¿Y si todavía no pudiste resolver el problema de los trapitos en serio creés que la gente va a creer que vos vas a solucionar el problema del narcotráfico?” Desde ya, Macri no se podía quedar atrás y adelantó “tomar el control de nuestros territorios…y volver a entrar con el Estado en los barrios más peligrosos….profesionalizar las fuerzas de seguridad… trabajar en red con los países que combaten el narcotráfico”.

Ninguno se esforzó por disputar el llamado al voto en blanco del Frente de Izquierda

A esta altura del partido nadie puede negar el corrimiento a la derecha del escenario político nacional. Esta situación que adelanta tiempos más convulsionados, donde las clases dominantes necesariamente precisan de un ajuste, implica con muchas probabilidades más luchas de clases. Es allí, justo allí, donde deben inscribirse los proyectos en disputa de cara al balotaje. Lamentablemente sectores independientes y compañeros de lucha se equivocan apostando por un supuesto mal menor que evitaría que “lo peor de la derecha”, en este caso Macri, acceda al poder. Es difícil entender, por ejemplo, cómo Adolfo Pérez Esquivel, uno de los firmantes del informe de la Comisión Provincial por la Memoria que presentamos más arriba, con los datos concluyentes que se desprenden del mismo, llame a votar a Scioli.

El Frente de Izquierda es el principal impulsor de la campaña militante por el voto en blanco o la impugnación para fortalecer la resistencia de cara a los ajustes que se vienen. El debate de anoche demostró que ninguno de los candidatos tiene la más mínima intención de disputar este llamado al voto en blanco, sino más bien se pelean por los votos del otro candidato de la derecha argenta: Sergio Massa. Por eso ambos coincidirán en su política de persecución a los luchadores sociales, como ya lo demostraron al frente del Poder Ejecutivo que dirigen. Como señalamos acá respecto del discurso antipiquete de los candidatos: “el piquete es una medida elemental de resistencia. Como la huelga. Por eso nacieron junto al mismo movimiento obrero, con sus primeras luchas.
Piquetes hicieron aquellos trabajadores que conquistaron las 8 horas. Piquetes hicieron obreros y estudiantes en el Cordobazo y el Rosariazo. Y los desocupados que en los 90 enfrentaron las privatizaciones y el hambre en Mosconi, Cutralcó y La Matanza. Piquetes hacen las madres de las chicas secuestradas por las redes de trata y las mujeres que gritan Ni una menos. Los asambleístas que resisten el saqueo de Monsanto y Barrick Gold. Piquetes hicieron los tercerizados, Mariano Ferreyra, Carlos Fuentealba, Angel Verón. Los obreros de Lear, MadyGraf, WorldColor que dijeron “familias en la calle nunca más”.
La defensa del piquete y del derecho de huelga es una necesidad vital. Son parte de la preparación de la izquierda y el movimiento obrero para la etapa que viene”.

No es cierto que el kirchnerismo podrá ser un contrapeso a esta situación si Scioli llega al poder. Ya demostraron durante años cómo apoyaron la mayoría de los proyectos macristas en la legislatura porteña. Ni hablar que después de los resultados del 9 de abril quedaron más debilitados de lo que venían, al perder la provincia de Buenos Aires en manos de Cambiemos, no acceder a la gobernación en Santa Fe, Córdoba ni Mendoza, principales provincias del país. Les queda un bloque más o menos numeroso en la Cámara de Diputados, pero que nada garantiza que no se pasen de bando ante la nueva coyuntura política. En este informe también demostramos que fueron importantes ante la política reaccionaria de Daniel Scioli durante ocho años al frente de la provincia de Buenos Aires. La única opción que tenemos lo trabajadores, el pueblo y los luchadores es votar en blanco o impugnar para preparar la resistencia frente a los difíciles tiempos que se aproximan.