ESTADOS UNIDOS. La nueva ley antiterrorista de Biden, un peligro para la clase trabajadora

La semana pasada, el mundo vio cómo una multitud de partidarios de Trump de extrema derecha irrumpió en el Capitolio. Esta acción fue producto de los llamados que había hecho Trump ese mismo día para manifestarse; este grupo no solo logró detener temporalmente la certificación del voto del Colegio Electoral, los funcionarios electos y el personal tuvieron que buscar un sitio donde estar protegidos. Ahora, con el apoyo del presidente electo Joe Biden, los funcionarios electos claman por un nuevo proyecto de ley de terrorismo interno, aparentemente orientado a eliminar los grupos neonazis y proto-fascistas. Pero no se equivoquen: tal proyecto de ley solo servirá para fortalecer el aparato represivo del estado burgués y, en última instancia, se utilizará para apuntar y atacar a la clase trabajadora y la izquierda.

Poco después del ataque de la semana pasada, el senador demócrata Dick Durbin anunció que volvería a presentar su propia ley de terrorismo nacional. Presentada por primera vez en marzo de 2019, la Ley de Prevención del Terrorismo Doméstico fue aprobada en la Cámara, pero fue bloqueada en el Senado por Mitch McConnell.

Aunque el texto del proyecto de ley se basó en los hallazgos de la violencia de los supremacistas blancos, las propuestas presentadas por el proyecto de ley fueron de mayor alcance. Procura crear nuevas agencias bajo el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina Federal de Investigaciones diseñadas para encontrar, informar y combatir el “terrorismo doméstico”, incluidos, entre otros, supremacistas blancos. Ahora, el proyecto de ley vuelve a ser presentado por Durbin, y Biden también ha anunciado su intención de redactar y promulgar un nuevo proyecto de ley contra el terrorismo nacional, diciendo que tendrá como prioridad aprobar dicha legislación poco después de que asuma el cargo la próxima semana.

Además de hacer del proyecto de ley una prioridad, también se ha instado a Biden a crear un puesto en la Casa Blanca que supervisará la lucha contra los extremistas violentos de inspiración ideológica y proporcionará más fondos para combatirlos. Las propuestas al equipo de transición de Biden durante los primeros 100 días de su presidencia también piden la aprobación de más "leyes de bandera roja" que permitirán a las autoridades quitar temporalmente las armas y municiones de aquellos que el estado identifique como peligrosos.

A la luz de los acontecimientos recientes, la administración entrante no solo ha ganado un nuevo apoyo de las filas de los republicanos y de la derecha que intentan distanciarse de Trump y el trumpismo, pero también de sectores de la izquierda, que ven estos ataques como presagios de mayores amenazas de la derecha que deben abordarse para "salvar la nación". Con estas fuerzas alineadas ahora detrás de la administración de Biden, es probable que Biden pueda generar el consenso necesario para aprobar su proyecto de ley de terrorismo nacional y otras medidas regulatorias relacionadas.

Demócratas progresistas como Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) acudieron a Twitter para denunciar estas medidas. En un tuit de la semana pasada, dijo que creía que el ataque al Capitolio fue el resultado de una falla en el uso de los recursos existentes, no una falta de recursos al momento de los hechos. Sin embargo, si el historial reciente es una indicación, el ala progresista, que continúa formando un ala minoritaria en el Partido Demócrata, tiene poca influencia en la línea del partido.

Si bien los progresistas afirman usar sus plataformas masivas para hablar "por el pueblo", la realidad es que siempre se terminan alineando en las cámaras del Congreso o forman poco más que una oposición silenciosa. El proyecto de ley de Durbin de 2019, de hecho, cuenta a Bernie Sanders entre uno de sus copatrocinadores en el Senado. Además, AOC y otros, que se postularon para el cargo con la promesa explícita de luchar contra el establishment político bipartidista, simplemente se han alineado con la respuesta del establishment al ataque de la semana pasada. Han repetido la línea del Partido, y han enaltecido las instituciones del estado de los EE. UU. , calificando el ataque como un intento de golpe de Estado, que solo se utilizará para generar consenso en torno al fortalecimiento de las fuerzas represivas de EE. UU. en nombre de "luchar contra la derecha". Una vez más, a pesar de sus declaraciones y su creencia de que pueden “transformar” el partido y reformar la democracia estadounidense, los demócratas progresistas continúan sirviendo a los intereses de la clase capitalista.

Con el Capitolio, símbolo de la "democracia" estadounidense tan violentamente atacado y el régimen estadounidense ahora humillado frente al orden mundial capitalista que lidera, se acentúa el proyecto de restauración que representa Joe Biden. Además de restaurar la fuerza de la hegemonía estadounidense a nivel mundial, la administración Biden ahora también tendrá que demostrar que el estado puede neutralizar de manera efectiva esta amenaza de la derecha. Con el control de 3 de las 4 cámaras de gobierno, el establishment del Partido Demócrata ahora se está preparando para hacerlo a través de este nuevo proyecto de ley, que casi con certeza otorgará recursos y poderes adicionales a las agencias que deban aplicar esta ley y será utilizado contra los trabajadores y la izquierda.

Con sólo ver la aprobación de la Ley Patriota en el año 2001, basta para buscar evidencia de lo que vendrá. Aprobada 45 días después de los ataques del 11 de septiembre contra las torres gemelas, con el “objetivo” de identificar y eliminar todas las amenazas de terrorismo internacional, fue aprobada casi por unanimidad en ambas cámaras, con 66 votos en contra en la Cámara de representantes y solo 1 voto en contra en el Senado. En los años que siguieron, la Ley ganó notoriedad y se ha utilizado para espiar y vigilar a personas trabajadras.

Armados con nuevos poderes, las agencias federales como la Agencia de Seguridad Nacional, pudieron rastrear y recopilar registros telefónicos y de Internet, y movimientos de tarjetas de crédito de prácticamente cualquier persona que quisieran, convirtiendo a inocentes en sospechosos. Con la nueva ley de seguridad, en su aplicación también aumentaron la discriminación por perfil racial de las comunidades del sur de Asia y las comunidades árabes. Esto se dió a través de un mayor y adicional control en los puertos de entrada o mediante la creación de bases de datos especiales para todos los hombres musulmanes de una lista de países islámicos que tuvieron que registrarse y proporcionar huellas dactilares solo en virtud de su origen étnico y religión.

Los funcionarios electos que “temían” que estas medidas de vigilancia pudieran ir demasiado lejos, incorporaron cláusulas de extinción que garantizarían que esas disposiciones expirarían después de un período de tiempo, cláusulas que han sido renovadas por las administraciones de Bush y Obama. El actual presidente electo Joe Biden, de hecho, reclamó con orgullo su papel en la formulación de la Ley Patriota, que se inspiró en su propia Ley Ómnibus de Contraterrorismo de 1995, después de los atentados de Oklahoma City, y lamentó que no fuera lo suficientemente lejos, ya que el nuevo proyecto de ley había eliminado disposiciones que le habrían dado a la policía más poderes de vigilancia.

Que esta ley nacional de terrorismo ahora sea más de lo mismo no es una vana especulación. Con el objetivo de fortalecer a la policía, las fuerzas del orden y las agencias de inteligencia, cualquier nuevo proyecto de ley o medida de terrorismo nacional otorgaría más poder, financiamiento y recursos a agencias como el FBI y la NSA que históricamente han usado sus poderes estatales para perseguir y neutralizar a los Izquierda. Desde infiltrarse y disolver el Partido Comunista en los años 50 hasta apuntar y diezmar al Partido de las Panteras Negras (Black Panther Party ) y la Nueva Izquierda (New Left) durante los años 60 y 70, el FBI ha utilizado programas como el COINTELPRO para aplastar a la izquierda con el pretexto de eliminar el "extremismo".

Los hechos del 6 de enero fueron violentos y aterradores, y demostraron que el trumpismo estará lejos de ser derrotado con la salida de Trump de la Casa Blanca. Pero el trumpismo en sí es producto de los fracasos del orden neoliberal que tenía poco que ofrecer, excepto miseria para los trabajadores y los oprimidos, mientras apuntalaba las ganancias para la clase dominante. Ahora, uno de los mismos cadáveres del neoliberalismo está preparado para asumir el cargo más alto del país, con promesas de “seguir como de costumbre” en medio de una pandemia y una recesión económica que ha afectado en especial a la clase trabajadora. Armado con nuevos proyectos de ley antiterroristas bajo el disfraz de “luchar contra la derecha”, Biden no dudará en desatar estos mismos aparatos contra la izquierda. Desde sugerir que la policía "les dispare en la pierna" hasta la redacción de la Ley contra el Crimen de 1994 y la Guerra contra las Drogas, Joe Biden es el arquitecto mismo de un sistema carcelario que se dirige mayoritariamente contra las personas negras y de color, y las priva de sus derechos. Biden, como los demócratas que han subido a la oficina presidencial antes que él, no es amigo de la clase trabajadora ni de la izquierda.

No podemos dejar la tarea de luchar contra la extrema derecha en manos de los mismos agentes del Estado que nos reprimen impunemente, o creer que los mismos organismos que nos tiran gases lacrimógenos y nos matan, no usarán estas nuevas armas contra nosotros sus reglas estén bajo amenaza. Para luchar no solo contra la extrema derecha, sino también contra la administración Biden y el orden burgués que él protege, debemos unirnos y luchar con todas nuestras fuerzas como clase, con nuestros métodos y nuestro programa.

Este artículo fue publicado originalmente en Left Voice, parte de la Red Internacional de La Izquierda Diario.