El intento de cierre de los Sitios de la Memoria constituye una ofensiva contra las conquistas de la movilización popular en el terreno de los derechos humanos. Se quiere instaurar un nuevo discurso de Estado sobre el genocidio. Derrotarlo es una necesidad imperiosa para impedir la impunidad y en defensa de las libertades y derechos democráticos.

En el debate presidencial de octubre del 2023, Javier Milei anunciaba cual iba a ser su política en el terreno de los Derechos Humanos, cuando hizo una reivindicación expresa del discurso de los genocidas replicando textualmente las palabras de Massera, sobre un supuesta “guerra” donde se cometieron “excesos” . La elección de su compañera de fórmula, la militante progenocida Victoria Villarruel, lo confirmaba. Luego, el 24 de marzo del 2024, el gobierno difundió un video por la “memoria completa”. En agosto de ese mismo año una comitiva de diputados de La Libertad Avanza se fotografiaba junto a un grupo de genocidas, entre ellos el Tigre Acosta y Alfredo Astiz, de la patota de la ESMA. Si bien la alianza con su vicepresidenta se encuentra aparentemente rota, la decisión de avanzar con una política que ataque las conquistas de las movilizaciones por los derechos humanos no ha variado. El macrismo intentó una ofensiva similar, pero fue frenado por la movilización callejera durante su gobierno.

¿Memoria completa?

Las discusiones sobre el pasado no son discusiones neutras o de simple revisionismo, son intentos de imponer sentidos a las políticas del presente. Concordamos con el estudioso sobre el genocidio Daniel Feierstein cuando plantea que

nunca cuando uno está discutiendo el pasado está discutiendo el pasado. Siempre son los usos del pasado en el presente. Y entonces esta relegitimación, el carácter más peligroso que tiene es que busca relegitimar la respuesta represiva en el presente. [1]

La reivindicación de la ultraderecha de una “memoria completa” parte de atacar las conquistas en el terreno de los derechos humanos y de instalar la idea de que la memoria histórica ha sido tergiversada para justificar el avasallamiento de los derechos de las “victimas” de lo que ellos denominan el “terrorismo subversivo”. Esta doctrina, como señala Feierstein, sería una especie de “teoría de los dos demonios recargada”, pero ya no utilizada para condenar toda violencia y lograr un juicio limitado a las Juntas y los jefes guerrilleros (como hizo Alfonsín) sino para justificar una línea represiva y de liquidación de los derechos democráticos y populares.En ambas versiones de la teoría de los dos demonios se recurre, en palabras de Feierstein, a

la trampa de remitir una violencia a la otra, de esconder los sentidos estratégicos de la violencia represiva, así como sus diferencias cualitativas con cualquier otra modalidad. Y de esconder, en ambos casos, la violencia estructural, que explica ambas de un modo más preciso. Hasta aquí, las dos versiones coinciden.

El discurso de la memoria completa busca que se juzgue a los sobrevivientes del genocidio y una relegitimación de los represores, pero además se nutre de la idea de “si no aceptamos extender las responsabilidades a los autores de la violencia insurgente, tendríamos que renunciar a aplicarla a aquellos que implementaron la violencia represiva”. [2]

El discurso de la “memoria completa” matiza el presupuesto de la “guerra antisubversiva” de los genocidas. Centrarse en las organizaciones guerrilleras como responsables de la violencia, tiene el fin de ocultar que el genocidio fue la respuesta de la burguesía y las FF. AA. a una fabulosa insurgencia obrera y popular que amenazo de raíz, en las fábricas, las escuelas, las universidades y los barrios, al país burgués. La guerrilla y su política de una guerra de aparatos por fuera de la lucha de clases real, estaba prácticamente derrotada: fue una excusa para el golpe genocida. [3]

Aplastar la insurgencia obrera y popular fue el objetivo promovido por la Embajada norteamericana, los grandes grupos de la burguesía nacional y extranjera. Son los mismos que vimos actuar durante todos estos años: la Sociedad Rural, la AEA, los Acevedo, los Macri, los Rocca. Una clase social que busca mantener la impunidad. La Junta Militar que planteó querer salvar al país del peligro subversivo quedó en la historia con el lastre del genocidio, de la apropiación de niños, del latrocinio de los bienes de los desaparecidos y de los fondos del Estado, que aceleró vertiginosamente su endeudamiento. Los llamados “excesos” constituyeron un régimen sistemático de terror estatal para garantizar la disciplina social y el enriquecimiento obsceno de una élite, conformada por los grandes grupos de la burguesía nacional y el capital financiero, a costa de la correlativa degradación del nivel de vida de los trabajadores, y de la destrucción de la industria local. Terminó en la capitulación vergonzosa frente al imperialismo (inglés y norteamericano) durante la Guerra de Malvinas. Durante cuatro décadas de democracia burguesa, estos sectores empresariales que el golpe genocida elevó a la cúspide de las clases dominantes, gozaron de impunidad y del servicio de todos los gobiernos democráticos, a la par que se profundizaba en el sometimiento nacional y en la degradación de las condiciones de vida del pueblo trabajador. La particularidad de Milei es que busca radicalizar la idea impuesta por la impunidad de este sector social, del derecho de la burguesía a hacer lo que se le antoje con la fuerza de trabajo.

Los dos demonios

La “teoría de los dos demonios” de 1983 sostenía que durante la década del ‘70, la sociedad argentina había estado presa de una violencia simétrica entre el terrorismo estatal y la violencia popular, la cual se reducía a la política de las organizaciones guerrilleras. En el antiguo prólogo del Nunca Más se puede leer: "Durante la década del ’70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda”. Para no ser acusados de “parcialidad” continuaban:

Se nos ha acusado, en fin, de denunciar sólo una parte de los hechos sangrientos que sufrió nuestra nación en los últimos tiempos, silenciando los que cometió el terrorismo que precedió a marzo de 1976, y hasta, de alguna manera, hacer de ellos una tortuosa exaltación. Por el contrario, nuestra comisión ha repudiado siempre aquel terror.

Pero las terribles denuncias que él Nunca Más contiene, contradicen un prólogo que iguala la insurgencia y el terrorismo de Estado.

La crítica central de la doctrina alfonsinista sobre el genocidio se centraba en que la represión se aplicó fuera de los marcos legales. Este discurso buscó deslegitimar la lucha política de la generación setentista, presentando aquel combate como una utopía sangrienta, que sólo podía engendrar la violencia terrorista del Estado como respuesta. La “teoría de los dos demonios” constituyó, en última instancia, el nervio central del discurso público con que se promovió la reconciliación nacional y el perdón del genocidio. Fue el manto ideológico que acompañó la impunidad para las FF. AA. y de seguridad, para los industriales golpistas y cómplices, para los políticos patronales que avalaron, para la Iglesia Católica que bendijo, para los dirigentes sindicales que entregaron activistas, y para muchos anónimos funcionarios que fueron parte de la maquinaria del terror.

La teoría de los dos demonios fue la doctrina justificadora de un Pacto de Impunidad que a través de las leyes del perdón impulsada por la UCR y el menemismo, buscó la reconciliación con las FF. AA. como política de Estado.

Nuevo relato y pasivización

La continua movilización popular, y sobre todo, la rebelión social de diciembre del 2001, obligó a un cambio en la doctrina estatal y la política de derechos humanos. Nos permitimos traer nuevamente las reflexiones de Feierstein al respecto:

la repolitización de la sociedad y la posibilidad de avance en determinadas políticas de derechos humanos tuvo que ver con una lucha que viene desde el ’83, que cobra mucha fuerza a partir del ’96 con el 20º aniversario del golpe, que tiene un nuevo empujón en 2001 con la crisis y la repolitización a partir de la mecánica asamblearia [4]

Para intentar legitimar a un régimen político que había sido el instrumento de la política neoliberal de entrega nacional, destrucción de los derechos obreros y populares y la impunidad a los genocidas, Néstor Kirchner tuvo que pilotear un viraje discursivo pidiendo perdón por los crímenes del Estado y bajando los cuadros de los genocidas. Se comienza a agrietar al Pacto de Impunidad, fundante de la democracia argentina. Poner de su lado al movimiento de derechos humanos, que nunca había abandonado la movilización contra la impunidad, era un capital político necesario para rescatar al poder político que tiempo antes había sido cuestionado violentamente en las calles. Para lograr ese fin tiene que cambiar la doctrina estatal que dejaba de ser la teoría de los dos demonios, para encaramar la del Estado que pedía perdón a las víctimas. Los Sitios de la Memoria, la derogación de las leyes de impunidad y la apertura de los juicios a los genocidas, fueron conquistas que la movilización popular logró imponer en este este periodo.

Este cambio de doctrina fue acompañada de un nuevo relato del pasado que partía de la reivindicación de la juventud idealista de los ‘70, pero en términos puramente éticos, planteando que el objetivo de las luchas políticas del nuevo tiempo eran la profundización de la democracia burguesa y de utilización del Estado burgués como únicas formas posibles de realizar un programa político transformador. Sin embargo, el relato de los ‘70 y el genocidio estaban puestos al servicio de negarle el protagonismo a la insurgencia obrera y popular, para poner en el centro a la juventud idealista de las organizaciones guerrilleras y del peronismo. Así, el discurso oficial desplazaba del centro de la explicación del pasado reciente la irrupción revolucionaria del pueblo trabajador como forma de resolución del conflicto social. El Cordobazo y las gestas de los trabajadores y la juventud setentista pierden su protagonismo.

La nueva política y el relato que la legitimaba tenían por objetivo desactivar las distintas fuerzas y movimientos de oposición callejera. En el relato oficial, la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad dejaba de ser patrimonio de la movilización popular y eran presentados como conquistas desde el Estado. Como señala Feierstein:

el relato kirchnerista nos arrancó dos décadas de lucha. El modo en que se conectó el 2003 con los ’70 planteó que los ’80 y los ’90 salieran de la escena. Perdimos la noción de cómo se llegó a las conquistas a las que se llegó. La reapertura del proceso de juzgamiento sólo fue posible por un proceso largo de lucha que desembocó en 2001. Al arrancar esa historia de la narración, te impide comprender los cambios en los últimos años.

Desterrando la movilización popular como el medio para conquistar nuevos derechos e imponer el castigo a los responsables del genocidio, se procedía a borrar la génesis de las nuevas conquistas que permitieron poner en crisis el gran pacto de impunidad de la democracia capitalista. Con el correr del tiempo, los elementos de reivindicación social o democrática que decía encarnar el kirchnerismo en el poder fueron menguando, la degradación del relato sobre los ‘70 y los derechos humanos fue inevitable. El Proyecto X, las represiones en Panamericana a las luchas obreras y el gendarme carancho, junto a la designación del militar colaborador del genocidio César Milani, fueron su corolario.

Pasado y presente

El discurso político sobre los derechos humanos está cruzado por lo que ocurrió en los ‘70. El Cordobazo de mayo de 1969 fue una semiinsurrección obrera y popular que hiere de muerte a la dictadura de la autoproclamada Revolución Argentina, abre un ascenso fenomenal de la lucha de clases que dio lugar a una masiva vanguardia radicalizada que anidaba en fábricas, universidades y barrios. [5] En ese marco la burguesía argentina de conjunto decide el retorno de Perón para conjurar la amenaza revolucionaria de la insurgencia obrera y popular. Entre 1969 y 1976 se sucedieron 7 presidentes y una lucha de clases que, sin solución de continuidad y apelando a distintas formas de combate, atravesó todo el periodo impidiendo la estabilización burguesa. La guerrilla, con toda la importancia política que tenía como dirección de la vanguardia militante entre jóvenes y trabajadores, no fue más que un elemento subordinado de la guerra de clases real que se sucedía.

Como dijimos, la memoria completa de Milei es una forma matizada de reivindicación de la política contrarrevolucionaria de los genocidas, que es el discurso de una burguesía que reclama avanzar sobre las conquistas de los trabajadores y legitimar la represión. Los dos demonios reivindican la democracia burguesa como valor universal, para desterrar la idea de revolución del horizonte, como otro costado del totalitarismo.

El discurso del Estado que pide perdón a sus víctimas y la reivindicación de la generación idealista de los ‘70 busca rescatar al Estado responsable del genocidio y al régimen político de la impunidad, que mantuvo intacto el dominio de los grupos económicos que se erigieron en dominantes durante el genocidio y sus políticas de sometimiento nacional al imperialismo y el FMI. Esta lectura se complementa con la idea de que el golpe no tuvo como fin derrotar la insurgencia obrera y popular, sino derrotar un modelo de país industrialista y su representación, un “gobierno popular”. En palabras de CFK:

Esa Argentina que construyó Perón cuando fue derrocado persistió como forma aspiracional de vida. Tenía muchas dificultades, pero se cae el 24 de marzo del 76 con un modelo absolutamente antagónico, de valorización financiera. Ahí se modifica culturalmente la Argentina.

Pero el ataque al “modelo” económico que se reivindica, vino desde las filas del propio peronismo. Luego de la muerte de Perón, el gobierno peronista queda en manos de Isabel y José López Rega, apoyado en el accionar de las bandas fascistas de las Tres A y la intervención de las FF. AA. en el Operativo Independencia. En 1975, con la economía en bancarrota por una crisis mundial extraordinaria, el gobierno peronista va a intentar un ajuste brutal, el Plan Rodrigo, que será la base de los posteriores ajustes de Martínez de Hoz y Domingo Cavallo. Basta recordar que detrás del Plan Rodrigo se encontraba, Ricardo Zinn, como secretario de Programación y Coordinación Económica del Ministerio de Economía de la Nación, quien luego se desempeñará como asesor de Martínez de Hoz y es uno de los autores de la ley de entidades financieras de Videla, que perdura al día de hoy. El Plan Rodrigo va a ser derrotado por una extraordinaria movilización, dando lugar a las coordinadoras interfabriles de Capital, Gran Buenos Aires y La Plata, que fueron las organizaciones que permitieron articular e impusieron a la burocracia sindical colaboracionista con Isabel Perón, la huelga general de junio y julio de 1975. Representando a más de 130 mil trabajadores y 143 organizaciones de base junto a algunas seccionales sindicales, las coordinadoras expresaban el embrión de un doble poder fabril que hacía imposible la conciliación de la clase obrera con la burguesía argentina. Fue la persistencia de la insurgencia de los trabajadores la que impide que el capital logre sus fines. Es el agotamiento del peronismo en el poder y su capacidad de contención de la clase trabajadora, lo que convence a la burguesía de la salida golpista. Esta es la causa del golpe y el objetivo, liquidar la amenaza revolucionaria de la insurgencia obrera y popular. [6]

Derrotar la ofensiva contra los Sitios de la Memoria y sus trabajadores

La defensa de los Sitios de la Memoria y sus trabajadores, de las conquistas en el terreno de los derechos humanos y el juicio y castigo a los genocidas, las libertades democráticas y los derechos populares, tienen que ser defendidas con la más amplia unidad democrática posible. No se puede especular, hay que derrotar esta política que busca empujar la represión e incluso el cercenamiento de las libertades democráticas en función de la más cruda dictadura social del capital. Especular para enfrentarlo es dejarle la vía libre a Milei. Mientras impulsamos la más amplia unidad en busca de enfrentar la política y el relato del gobierno ultraderechista, mientras apoyamos la autoorganización de los trabajadores de los Sitios de la Memoria, nosotros, socialistas revolucionarios, reivindicamos la lucha contra los genocidas como una revancha histórica contra sus verdugos, de los explotados que se levantaron contra el capitalismo y el imperialismo. Apelamos a la memoria de los combatientes vencidos para extraer los fragmentos revolucionarios del pasado como un arma de lucha contra una clase social y sus representaciones políticas, que están llevando a la sociedad a la catástrofe. [7]