Siguiendo las órdenes del gobierno federal, las fuerzas represivas se despliegan contra los movimientos sociales en Guerrero, y encuentran resistencia.
Sábado 31 de enero de 2015 20:30
Luego que miembros del ejército mexicano dieran un plazo de diez minutos a la policía comunitaria del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), para desalojar un retén que habían improvisado en la carretera federal al sur de Chilpancingo, un grupo de pobladores arribaron al lugar de los hechos, donde se encararon con los militares y les pidieron retirarse.
Entre los gritos de desapruebo se escuchaban voces que denunciaban, que son lo mismo los militares, los policías y los narcos y que en vez de brindar seguridad, es todo lo contrario.
Esta reacción se da en el marco de desconfianza generalizada a los distintos mandos armados del gobierno y la gendarmería, que han invadido el estado de Guerrero por orden federal.
Mientras las desapariciones de los normalistas de Ayotzinapa siguen impunes, crímenes que han destapado la alianza entre el narcotráfico y el gobierno.
Al mismo tiempo que mostró el uso de la policía al servicio del crimen organizado, como “halcones” pagados por los cárteles, de distintos grupos delincuenciales.
Asimismo, en un estado históricamente vejado y víctima de sinnúmero de abusos por parte de militares, sobre todo en comunidades marginadas, como el famoso caso de repercusiones internacionales, de Inés Fernández y Valentina Rosendo o el caso de Rosendo Radilla, por mencionar algunos.
Estas expresiones de descontento, muestran una población que busca en otros sectores la seguridad que el estado no garantiza y que ha perdido el temor al enfrentarse cara a cara con el ejército.
La resistencia y la denuncia de las guardias comunitarias a la presencia del ejército es una expresión del descontento en el estado y la crisis de legitimidad de sus instituciones de seguridad. La exigencia no cambia: la salida del ejército del estado.
