Embarazo y Salud. “El progreso en la reducción de la mortalidad materna podría desaparecer”

La crisis económica y sanitaria agudizada por el Covid-19 a nivel global genera en los sectores más vulnerables retrocesos históricos que demandará décadas para que vuelvan a sus niveles pre pandemia.

Diferentes organismos internacionales y Ong’s elaboraron informes en donde señalan que las mujeres son el grupo que más ha sufrido deterioros en sus condiciones de vida: económica (aumento de la pobreza), laboral (precarización y despidos) y serios problemas en el acceso a la salud.

En el marco de un nuevo Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer la Organización Panamericana de la Salud (OPS) dio a conocer un análisis sobre las consecuencias en la interrupción de los servicios de salud para las mujeres embarazadas debido al Covid-19.

Carissa Etienne, Directora de la organización advirtió que “el progreso en la reducción de la mortalidad materna podría desaparecer”. En este sentido indicó que los Estados deben garantizar a las mujeres, adolescentes y niñas el acceso a la atención durante la pandemia.

Es que los números hablan y muestran un panorama sumamente desalentador. Antes del Covid-19 la tasa de mortalidad materna en América Latina y el Caribe mostraba una reducción de 96 a 74 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos entre 2000 y 2017, una reducción global del 23,1%.

El análisis de la OPS señala que “Datos de 24 países indican que más de 200 mil mujeres embarazadas se han enfermado de COVID-19 en las Américas y al menos mil han muerto por complicaciones del virus".

Por un lado las medidas restrictivas de circulación ordenadas por los gobiernos para evitar la propagación del virus significó una interrupción casi completa del acceso a la salud en alrededor de la mitad de los países de las Américas. Esto se agrava si se tiene en cuenta que las mujeres embarazadas son más vulnerables a las infecciones respiratorias como el Covid-19.

Etienne sostiene que estas restricciones podrían hacer desaparecer más de 20 años de avances en la ampliación del acceso de las mujeres a su salud sexual, planificación familiar y en la lucha contra la mortalidad materna en la Región.

Estimaciones de la ONU señalan que hasta 20 millones de mujeres en las Américas verán interrumpido su control de la natalidad durante la pandemia, ya sea porque los servicios no están disponibles o porque las mujeres ya no tendrán los medios para pagar la anticoncepción.

Esta no es la primera señal de alarma para la salud de las mujeres, ya el año pasado el Guttmacher Institute (un centro de estudios especializado en derechos reproductivos) calculó que una caída de solo el 10 % en el uso de anticonceptivos reversibles a corto y largo plazo, “daría como resultado que 49 millones de mujeres verían insatisfecha su necesidad de anticoncepción moderna en países de ingresos bajos y medios". Esa cifra se sumaría a los 232 millones que, por falta de acceso o información, no utilizaban métodos (antes de la pandemia) anticonceptivos para evitar embarazos no deseados.

La caída en la utilización de métodos anticonceptivos podría resultar, según informó el Fondo de Población de la ONU, en 15 millones de embarazos no deseados adicionales. Esto, a su vez, aumenta la posibilidad de abortos inseguros y, como consecuencia, un mayor índice de mortalidad entre las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Cuando hablamos de acceso a la salud es fundamental tener en cuenta que en la región de las Américas el 79% de las mujeres con empleo trabajan en los sectores de baja productividad o informales, esto se traduce en que no cuentan con una obra social.

En nuestro país

La salud no solo es la ausencia de enfermedades, sino que tiene que estar acompañada de otras variables que hagan posible el estado de bienestar como la alimentación, la vivienda y el acceso a servicios básicos como el agua y la red cloacal.

En nuestro país de cuatro millones de hogares monoparentales, hay 7 de cada 10 en donde una mujer está al frente. El promedio de ingreso que tienen estos hogares apenas alcanza 38.000 pesos.

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Las condiciones en las que las mujeres deben desarrollar su vida cotidiana está condicionada por el lugar físico en donde pueden estar junto con sus hijas e hijos.

Un informe realizado por el Instituto de la Vivienda de la ciudad de Buenos Aires (2018) señala que del total de jefas de hogar el 4,5 por cientos viven en inquilinatos, hoteles, pensiones e inmuebles ocupados. En tanto el 4,2 por ciento en villas de emergencia. Es importante remarcar que más del 50 por ciento de las viviendas con jefas de hogar ubicadas en villas de emergencia se encuentran en situación de hacinamiento.

Por otra parte el INDEC, en el Estudio sobre el impacto de la COVID-19 en hogares del Gran Buenos Aires, señala que casi la mitad (45,8%) de los hogares definieron reducir alimentos como estrategia para afrontar la caída de los ingresos del hogar. A la vez, según una encuesta del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci), entre los hogares que ya reciben la tarjeta Alimentar, 2 de cada 10 (22%) tuvo que reducir la cantidad de comidas diarias de sus hijos e hijas.

Este conjunto de situaciones transforman a las mujeres de Argentina en uno de los grupos más vulnerables, en donde el acceso a la salud se transforma en una arista visagra entre la vida y la muerte.

El reconocimiento de la salud sexual y reproductiva como un servicio esencial es una medida básica e indispensable para la salud integral de las mujeres. Mientras las acciones concretas con los presupuestos necesarios sean solo enunciados de programas mínimos y asistencialistas y los recursos reales sigan siendo destinados a los compromisos de pago de la deuda, por ejemplo, este derecho no estará garantizado para la enorme mayoría de las mujeres de nuestro país.

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