Todos los hombres del presidente. La renuncia del Canciller Francisco Bustillo y un escándalo cruzado por la influencia del narcotráfico y el abuso de poder

El gobierno del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou se sumergió en una grave crisis, derivada de sus turbias relaciones con el narcotraficante internacional y prófugo de la justicia, Sebastián Marset. Y es que como contábamos en un capítulo anterior, el narcotraficante que es acusado por la justicia paraguaya como el autor intelectual del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, logró fugarse de Dubai (en donde era retenido por posesión de un pasaporte falso) por la tramitación exprés de un pasaporte facilitado por las autoridades uruguayas.

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La consecuencia inmediata de este escándalo es la renuncia del Canciller de la República, Francisco Bustillo, que deberá declarar ante Fiscalía mañana viernes. Bustillo también se encuentra envuelto en el escándalo de la Comisión Técnico Mixta (CTM) de Salto Grande, en donde ingresaron a dedo varios ñoquis del Partido Nacional.

El disparador fue la comparecencia de la ex vicecanciller Carolina Ache ante Fiscalía ayer miércoles por este caso mencionado. La gestión del narco pasaporte le permitió a Marset fugarse (hasta ahora con paradero desconocido) de Dubai. Por los pasillos de Fiscalía vienen desfilando varios altos jerarcas del gobierno de Lacalle Pou por este tema, entre ellos el Ministro del Interior Luis Alberto Heber.

Todo este escándalo estalla, mientras Lacalle Pou se encuentra en una visita oficial a EEUU en donde tendría una reunión con el presidente de dicho país, Joe Biden, mañana viernes.

Bustillo mintió, el gobierno mintió

En sus declaraciones ante Fiscalía, en torno a la tramitación del narco pasaporte, Ache alega que "Lo que sí hice fue avisar a la Dirección de Asuntos Consulares de la Cancillería que se trataba de alguien peligroso cuando el subsecretario de Interior (Guillermo) Maciel me lo comunicó a mí", esta oficina de acuerdo a lo que asegura Ache dependía de Bustillo.

Esta afirmación surge a partir de lo que le había comunicado el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel: “Me escribe por segunda vez, me manda el documento y me dice: ‘Hola, Caro, ¿podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por documento falso? Es un narco muy peligroso y pesado. Saber si sigue detenido o si lo liberaron, lo cual sería terrible’. Esa fue la última vez que hablé con Maciel sobre este tema”.

Ache asegura que hasta ese momento ella desconocía quien era Marset, a diferencia de los otros actores involucrados: "todos ya sabían de quién se trataba (Marset) mucho antes que yo", agregando además que: “Ahora que ya declaré, dejo en claro que fui la única política de este gobierno que renunció y se fue para su casa y paradójicamente no fue ni por haber hecho algo incorrecto ni algo ilegal, todo lo contrario, fue por no haber estado dispuesta a ocultarle comunicaciones a la Justicia y por haberme negado a cometer un delito".

La fuga de Marset tuvo como consecuencia una interpelación Parlamentaria, en donde Bustillo y el resto del gobierno, mintieron abiertamente, asegurando que en el momento de la tramitación del pasaporte no tenían conocimiento de quien era ese narcotraficante, dando además una explicación retorcida, acerca de la celeridad que tomó esta tramitación en especial.

En resumen en contrario a lo que el gobierno declaró en el Parlamento, argumento también sostenido por el presidente Lacalle Pou, de que desconocían de quien se trataba Marset, estas declaraciones y pruebas que aporta Ache, demuestran que mintieron en aquella interpelación. Y esto se acordó en una reunión realizada en una sede del Ministerio del Interior, previo a la interpelación, en donde se acordó esta estrategia de negar que tenían conocimiento de Marset.

Todos los hombres del presidente

Esto último provocó toda otra serie de acontecimientos y delitos posteriores, ya que se volvía clave el ocultar las pruebas que pudieran demostrar que el gobierno sabía del narcotraficante. Explícito en los mensajes, arriba mencionados, que Guillermo Maciel le envía a Carolina Ache, pidiéndole que le averigüe sobre la situación de Marset en Dubai.

Ante el pedido de la Justicia de lo Contencioso Administrativo del contenido de los chats entre Maciel y Ache, que surgió por un pedido de acceso a la información hecha por la oposición. El gobierno toma la decisión de ocultar los mismos. Momento en que emergen las diferencias con la ex vicecanciller que se niega a realizar tal acción. En distintas pruebas aportadas de conversaciones con Bustillo, Ache asegura que Bustillo le pedía reiteradamente que no los aporte a la justicia administrativa: “El ministro, en privado, me pedía que no aporte los whastapps y formalmente y en público me exigía que los aportara, y cuando le pedí instrucciones se lavó las manos”.

En audios de público conocimiento desde ayer, aparece Bustillo diciéndole a Ache: “Busquemos la vuelta para que no tengas que entregar eso, porque ahí te dejan repegada, al cuete. Dejame hablar con Mata para ver si hay algún tipo de forma en la que él pueda hablar con la tipa [Antenor] e incidir”. Cuando Ache le argumenta que también se los va a pedir Fiscalía, Bustillo responde: “Eso es otro cantar, acá hay que ir ganando tiempo y llevándola”, “Que se mande al frente Maciel; vos perdé el celular, estoy imaginando escenarios [...] hay que ir sorteando esto paso a paso”.

De todas formas la ex vicecanciller, inició el trámite de enviar la documentación requerida (con certificación de escribano público), que debía pasar por una oficina dependiente de Bustillo, documentación que nunca llegó al destino correspondiente, porque fue destruida.

Esto último lo sabe Ache, porque asegura que se lo dijo el asesor presidencial Roberto Lafluf, el cual le dijo que el mismo había destruido esa documentación, en una reunión turbia a la que Lafluf la había convocado junto con el subsecretario Maciel en Torre Ejecutiva, con claras intenciones de que sea secreta: “Hola Caro ¿cómo estás? Me pide el presidente tener ahora una reunión contigo y Maciel ahora a las tres una reunión acá en el [piso] 11, sería conveniente ingresar por el garaje [...] soy Roberto Lafluf, te espero”.

Ache declara ante Fiscalía sobre esta reunión que: “En esa reunión, donde estaba efectivamente el subsecretario Maciel, Roberto Lafluf nos pide que borremos los mensajes de Whatsapp, yo sabía que estaba protocolizado y que cuando quería podía tener una copia y lo borré, Maciel también lo borró y a continuación [Lafluf] me solicita que consiga otro escribano y que haga un protocolo con lo que aparecía ahí sin esos mensajes, a lo cual yo me niego”.

La ex vicecanciller asegura que les dijo que ella se negaba a certificar la conversación con escribano público con los chat borrados porque Lafluf le estaba pidiendo que cometiera un delito: “Le dije que lo que él me estaba pidiendo era un delito y que yo no estaba dispuesta a cometer un delito”. Ante lo cual Lafluf: “me dijo que eso no lo puede resolver él, que va a hacer una llamada al presidente, al rato me vuelve a llamar y me dice: ‘presentá todo como está. Lo único que te voy a pedir es que vuelvas a entregar el protocolo’ [las conversaciones con Maciel certificadas por escribano]. ‘¿Y por qué tengo que entregar de nuevo el protocolo?’. ‘Porque no está más porque lo destruí’”.

Toda esta trama de destrucción de pruebas y documentos públicos, derivó en horas, en que Fiscalía abriera una nueva causa penal sobre todos los involucrados.

¿Cómo reaccionó el sistema político?

El Frente Amplio como partido de oposición, pidió la destitución de varios jerarcas, ya que no basta con la renuncia de Bustillo. Se pide que el Ministro del Interior Luis Alberto Heber, el subsecretario del Interior Guillermo Maciel y el asesor presidencial Roberto Lafluf sean destituidos. Se agregó además, de que a Bustillo “lo tendría que haber destituido el presidente”. Además de las declaraciones de varias figuras marcando la vergüenza de la situación y exigiendo que el presidente se expida y tome medidas sobre el tema. La posición general del FA, se mantuvo en estos parámetros moderados, dada la dimensión de la crisis.

En palabras del presidente del FA Fernando Pereira se espera que el presidente Lacalle: “tome las medidas adecuadas para garantizar la institucionalidad, que el país salga de la oscuridad en la que se encuentra en varios temas”, agregando además que el presidente debe: “llamar a un diálogo interpartidario para conversar acerca de cómo fortalecer una institucionalidad que se ha visto deteriorada”. Y haciendo gala de defensores y sostenedores del régimen agregó: “Nadie puede esperar del Frente Amplio una salida destemplada, porque hemos sido garantes de la institucionalidad y de la democracia cuando hemos sido gobierno y cuando hemos sido oposición”.

En realidad, con los elementos que puso sobre la mesa Carolina Ache, la oposición parlamentaria pudo haber apuntado al juicio político al presidente de la República, pero por ahora el FA ha elegido la moderación.

Por otro lado, dentro de la coalición gubernamental, el Partido Colorado y el Partido Independiente eligieron esperar a las declaraciones del presidente. Mientras el líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, fue un poco más duro y manifestó que esperaba la renuncia de varios jerarcas gubernamentales más: “Las responsabilidades son evidentes y no alcanza con la renuncia del canciller”, deslizando además la frase: “Acá claramente hay distintas reparticiones involucradas, las responsabilidades son evidentes. Yo me eduqué en una institución en donde el superior siempre es responsable por omisión o por acción, por no saber es responsable igual”.

No es un error político, no es un caso aislado, es un sistema

Los miembros de la coalición de gobierno y sus analistas asociados, intentan zafar de la situación afiliándose a la teoría del error político. Partiendo de que el otorgamiento del narco pasaporte fue un error y a él se suma la cadena de errores de no reconocer y ocultar responsabilidades. Una postura similar va por el lado de describir la situación como un hecho aislado, postura que se cae por si misma si se hace un recuento no exhaustivo de los casos de corrupción y relaciones turbias del gobierno asociado a la corrupción también del aparato policial: el caso Astesiano de espionaje ilegal (en donde quedaron involucrados jerarcas del gobierno y altos miembros del aparato policial, en donde se hizo toda una maniobra para salvar a Lacalle Pou), el caso del Senador pedófilo y abusador sexual Gustavo Penadés en donde el Ministerio del Interior es investigado por interferir en la investigación, espiar y hostigar a las víctimas de Penadés, entre otros.

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Lo que en realidad demuestra esto es que hay un sistema de corrupción y abuso de poder montado, en donde hay claras señales de influencia del narcotráfico en el funcionamiento del Estado (aparato policial y judicial) y del gobierno. Tomando en cuenta el despliegue del gobierno para garantizar la expedición del pasaporte al narcotraficante de forma exprés y toda la movilización de recursos y acciones para conspirar y ocultar información a la ciudadanía y a la justicia, que llevaron a cabo altas jerarquías del gobierno.

El caso del narco pasaporte demuestra los escandalosos privilegios que tiene el crimen organizado en Uruguay, entrelazados con la corrupción policial y judicial, sumados al accionar turbio de connotados miembros del régimen político. Dejando en evidencia que la “guerra al narcotráfico” con la que se embandera el gobierno, es una mera pantalla demagógica.

La legislación blanda en cuanto al control por el lavado de activos, sostenido por un pequeño grupo de bufetes de abogados con actividad públicamente conocida en relación al narcotráfico desde hace décadas. Con el agregado de una legislación de financiamiento de partidos políticos turbia que deja amplio margen para que el crimen organizado influya e intervenga en el sistema político y por lo tanto en el poder del Estado. Dan las condiciones para que la corrupción y la connivencia con el narcotráfico sean una realidad.

El narcotráfico da sobradas muestras de cómo son una parte integrante más de una casta empresarial que domina las principales actividades económicas de la sociedad y el entrelazamiento profundo entre las actividades legales e ilegales de la misma, en búsqueda siempre de diferentes modalidades de obtener más ganancias.

Y todos ellos estrechamente vinculados y relacionados con el sistema de partidos y de poder estatal, mediante los amiguismos y favores que se intercambian en dicha cúpula social, en donde son totalmente naturalizados los privilegios y el tráfico de influencias entre ellos.

Es un sistema establecido, en donde el poder económico (incluido el narcotráfico), político y estatal, despliegan sus recursos para sostener los privilegios que poseen, por encima del resto de la sociedad.