Opinión. La salida no es por derecha, es por izquierda y desde abajo

El miércoles 30 de octubre, el presidente Luis Arce Catacora, en un mensaje a la nación, exigió a Evo Morales el levantamiento inmediato de los bloqueos de carreteras que ya llevan veintiún días. En el caso de no darse esta respuesta, el mandatario manifestó que el gobierno ejercerá sus “facultades constitucionales”: “Exigimos el levantamiento inmediato de todos los puntos de bloqueo. De no escuchar este clamoroso pedido del pueblo, nuestro gobierno ejercerá sus facultades constitucionales para precautelar los intereses del pueblo boliviano”. La intervención del gobierno en los puntos de bloqueo, si bien ha provocado enfrentamientos con heridos y detenidos, ha sido medido en cuanto al nivel de represión, pues lo que pretende el gobierno es evitar el derramamiento de sangre que lo pondría en una situación complicada.

En un último comunicado, con fecha 2 de noviembre, del ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno de Arce Catacora denuncia que la escalada de desestabilización en contra del sistema democrático sigue vigente, pese a que Evo Morales ha planteado un cuarto intermedio en el bloqueo de caminos. En el mismo comunicado denuncia que “tres unidades militares han sido asaltadas por grupos irregulares en la zona del Chapare, en el departamento de Cochabamba, tomando como rehenes a más de doscientos efectivos militares de estas unidades y apropiándose de armamento de guerra y municiones que se encontraba al interior de los recintos castrenses y que son para uso exclusivo de la de la institución armada, lo cual, al margen de ser un grave delito, se constituye una amenaza y un riesgo para toda la población boliviana de impredecibles consecuencias”. En el mismo comunicado, si bien manifiesta la predisposición al diálogo con todos los sectores sociales del país, mantiene su postura inicial -de seguir los bloqueos- de aplicar el peso de la ley a las personas que continúen afectando la seguridad, la paz y la tranquilidad de todos los bolivianos.

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Por su parte, Evo Morales cuestionó las amenazas que lanzó Arce Catacora contra los bloqueos de carreteras y advirtió que “cualquier acto de violencia será de su entera responsabilidad”. También señaló que “Yo tal vez puedo exagerar pero puedo asegurar que hay un levantamiento (de ser capturado), tengo audios que me llegan de militares y policías, los militares me dicen por una parte ‘nos estamos amotinando, no vamos a seguir’, porque están cambiando al mando rápidamente”. Este viernes, Evo Morales, solicitó al Pacto de Unidad que evalúe la declaratoria de un cuarto intermedio en el bloqueo de caminos, al mismo tiempo, se declaró en huelga de hambre y exhortó al gobierno a convocar una mesa de diálogo: “En este afán de cómo cuidar la vida y la situación económica decidí pedir a los compañeros movilizados que pongan en consideración al Pacto de Unidad, a los hermanos que están movilizados analizar un cuarto intermedio del bloqueo de caminos, para evitar hechos de sangre y problemas económicos”. Si bien se ha establecido un cuarto intermedio, aún se mantienen dieciséis puntos de bloqueo, lo que hace que la situación política se encuentre en una tensa calma.

Ante estos hechos sectores de la derecha boliviana se han pronunciado exigiendo la intervención del gobierno para desbloquear las carreteras. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia convocó a reunión de emergencia en la cual exigen, respaldados en la Constitución, reestablecer a las fuerzas del orden la libre circulación. La Unión Juvenil Cruceñista (UJC), la Federación Universitaria Local (FUL) de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) y el Consejo Departamental de la Juventud dieron un plazo de 48 horas a la Policía Boliviana, al ministerio Público y al ministerio de Gobierno para levantar todos los bloqueos.

En el cabildo realizado en Cochabamba -en el que se hizo presente la rearticulada Resistencia Juvenil Cochala (RJC)- se determinó, entre otras resoluciones, “Exigir el levantamiento inmediato e incondicional de todos los bloqueos criminales en las carreteras del país en resguardo del derecho a la libre locomoción consagrado en la Constitución Política del Estado”. Finalmente, mediante un pronunciamiento, el Comité Cívico pro Santa Cruz declaró que “Es absolutamente necesario declarar el Estado de Sitio en el Chapare; como ya lo expresamos días anteriores, de modo que se restablezca el Estado de derecho y se garantice el orden y la paz para todos los bolivianos”.

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Qué intereses expresan estos tres sectores

Las peleas entre el arcismo y el evismo por cuotas de poder y prevendales han provocado una crisis política que se hace necesario analizar. Un primer elemento de análisis para caracterizar la situación nacional es que existe un giro mucho más pronunciado a derecha en las medidas que se quieren dar a la crisis económica y política que atraviesa el país.

En lo que respecta al gobierno de Arce, su respuesta a la crisis económica que se expresa en el alza de precios de los productos de primera necesidad, en la falta de dólares en el mercado, en el desabastecimiento de combustible y en la inflación que ya supera el 5%, viene haciéndolo favoreciendo a los sectores empresariales, agroindustriales y del capital financiero a través de una serie de beneficios y concesiones que se evidencian en la liberación de exportaciones con agilización de trámites; devolución inmediata de CEDEIMs (Certificado de Devolución Impositiva) previa entrega de divisas por exportaciones; eliminación del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF); entre otras medidas que hacen que la crisis la paguen los y las trabajadoras.

Su salida a la crisis política como resultado de las disputas con el sector evista se fundamenta y sostiene en las instituciones represivas del Estado, ya sea en las fuerzas armadas o policiales, y en el poder judicial, como lo viene haciendo en varios puntos de bloqueo de carreteras, lo que evidencia la debilidad del gobierno en el fortalecimiento de sus tendencias autoritarias. En este sentido, estamos en contra del uso de las fuerzas armadas o represivas porque éstas representan a las instituciones que mantienen el orden capitalista burgués, defienden sus intereses de clase y, por ende sostienen y garantizan la explotación y opresión de millones de trabajadores y trabajadoras. Por lo mismo, defendemos el derecho a la libertad de organización y el derecho a la protesta, y también defendemos el derecho para que cualquier organización o agrupación tenga todo el derecho de participar en las elecciones, y no así como se está proscribiendo la candidatura de Evo Morales, que pese a las grandes diferencias que tenemos con el MAS, defendemos su derecho a presentarse como candidato a la presidencia.

En lo que respecta a Evo Morales, el programa y la política que levanta no difiere en esencia a lo que plantea el gobierno de Arce. Por más que Evo Morales tenga una base social popular, campesina e indígena que lo sostiene, no deja de ser una variante burguesa con rasgos populistas. En este sentido, coincide en muchas medidas económicas que el gobierno de Arce viene implementando a favor de la burguesía nacional o que en su gobierno implementó. Por lo mismo, en la crisis política que se ha generado como producto de las disputas entre el arcismo y el evismo, su salida viene de la mano del respaldo que le puedan dar sectores de las fuerzas armadas y policiales.

Si bien el evismo y el arcismo tienen una base social que los sostiene, se hace necesario evidenciar la instrumentalización que ejercen sobre sectores campesinos, indígenas y populares. Las peleas que se han ido dando entre estas dos fracciones del masismo no tienen como propósito dar respuesta a demandas de trabajo, salud, educación o ambientales, sino a intereses personales y prevendalistas, pues como se explica líneas arriba, no son luchas políticas que tengan como necesidad la transformación del sistema capitalista que explota y oprime a la clase trabajadora, sino a políticas que tienen como lógica la administración del Estado burgués en beneficio de los agroindustriales, terratenientes, oligarcas y, también, del capital financiero.

En el caso de la derecha -que si bien anda fragmentada y con poca fuerza, aunque ha ido ganando espacios que le ha ido cediendo el MAS- la única propuesta que tiene para dar una salida a la crisis económica y política, es hacer que la clase trabajadora la asuma. Como salida a la crisis política, en la misma línea que el gobierno de Arce, proponen y exigen medidas represivas apoyadas en las fuerzas armadas y policiales, pero también están dispuestos a buscar soluciones a través de golpes de Estado. Por su carácter de clase, sus intereses pasan por generar ganancias a costa de la explotación y opresión de millones de trabajadores y trabajadoras, y de la destrucción del medio ambiente como hemos podido constatar en los incendios que han provocado en los meses pasados.

Nuestra salida es desde abajo

Ante este escenario de crisis económica y política, lo que toca a los y las trabajadoras es levantar un programa de lucha con independencia de clase, con independencia de los sectores evistas y arcistas, y de la derecha reaccionaria. No podemos darles la mínima confianza ya que en la medida en que escale la crisis económica a ninguno le va a temblar la mano para imponer ajustes a los y las trabajadoras: menos derechos laborales, despidos, mayor precarización, más endeudamiento a través de préstamos que únicamente benefician a los grandes negocios a costa de la miseria y la pobreza de millones de hombres y mujeres trabajadoras, de la destrucción del medio ambiente y de la entrega de nuestros bienes comunes naturales.

Ante la crisis económica y política que va escalando se hace necesario y urgente ir construyendo una alternativa por izquierda y desde abajo. Ninguna de estas tres variantes, evismo, arcismo y la derecha, van a dar una salida a la crisis económica que se avecina. Si bien empiezan a mostrarse signos de descontento en los sectores populares por el alza de los precios, por la falta de trabajo, por la devaluación del boliviano y por la escasez de gasolina, la tendencia es a mayor lucha de clases.

Es en este escenario que se hace urgente recuperar nuestras organizaciones sindicales, barriales, vecinales y sociales para ponerlas al servicio de la clase trabajadora y el pueblo empobrecido, al servicio de la movilización y la lucha. Recuperar los sindicatos e impulsar la movilización independiente de evistas, arcistas y derechistas, nos obliga a tomar tareas urgentes ante una crisis que se viene profundizando y a las peleas que se van a dar en las calles. Solamente la autoorganización de la clase trabajadora del campo y la ciudad, en alianza con el movimiento campesino, con las comunidades indígenas, los sectores populares, el movimiento de mujeres y de las diversidades y disidencias sexuales y de género, con independencia de clase pueden dar una salida a la crisis que atraviesa el país.

Las salidas a la crisis económica, social, política y ambiental que proponemos desde la LORCI tiene que venir de la movilización de la clase trabajadora y del pueblo empobrecido para imponer la nacionalización sin indemnización de la agroindustria, responsable de la destrucción del medio ambiente; el monopolio estatal del comercio exterior bajo control de las y los trabajadores para poner fin a la especulación financiera y de dólares que realizan los empresarios y la creación de una banca estatal única, controlada y gestionada por los y las trabajadoras; el aumento generalizado de salarios en base a la canasta básica familiar; impuestos a las grandes ganancias y desfinanciamiento del presupuesto de la fuerzas represivas para educación, salud y vivienda y no para las ganancias empresariales; y para que la crisis la paguen los agroindustriales, banqueros y empresarios.

Repudiamos los llamados de las diversas fracciones masistas a policías y militares para fortalecer su disputa por candidaturas ya que estos llamados solo empoderan de manera creciente a las instituciones armadas en la intervención política del país.

El gobierno de Arce agrava al protagonismo policial y militar al impedir y obstaculizar la verificación por parte de la Defensoría del Pueblo del estado de salud de las decenas de detenidos por los bloqueos, violando de esta manera los básicos protocolos de derechos humanos. Exigimos la libertad y el desprocesamiento de todxs los detenidos.