En los últimos tiempos se ha discutido en torno a “la casta”. El gobierno habla de ella para referirse a quienes deben pagar el ajuste. Pero no sólo el discurso ha servido para ocultar que el “plan motosierra” lo están pagando las mayorías populares, sino para ocultar a la casta empresarial que se beneficia del mismo. En este artículo ensayamos una radiografía del grupo Techint, uno de los grandes ganadores gobierno tras gobierno para evidenciar el rol de la verdadera casta.

Mercado, Estado y Casta

El gobierno de Milei asumió, con ínfulas refundacionales propias del onganiato u otras dictaduras, la perspectiva de modificar la estructura económica nacional en favor del imperialismo norteamericano y el sector financiero de la burguesía. Esta perspectiva “transformadora”, se apoya en un discurso según el cual la responsabilidad de la situación actual del país está relacionada con el accionar de una “casta política” que viene gobernando hace más de 100 años. Ella sería la culpable de “gastar más de lo que se tiene” y de “bancar a la política con la plata de la gente”, generando los desórdenes económicos de la Argentina, particularmente la inflación. Esta idea, empalmó con el descontento hacia los partidos tradicionales de una parte de la población, que en las últimas décadas vio cómo se deterioraban sus condiciones de vida gobernara quien gobernara.

Aunque este discurso puede contrastar con el hecho de que el ajuste en curso no lo está pagando “la casta política” sino los jubilados, los trabajadores, la educación y la salud, aquí queremos hacer énfasis en otro aspecto del problema. Pues esa idea, contiene una gran operación ideológica que resulta muy funcional a los dueños del país, a los grandes empresarios que desde hace décadas vienen empujando para aumentar sus ganancias a costa de los trabajadores. Pues, responsabilizar a la “casta política” de los padecimientos de las grandes mayorías, oculta un dato fundamental para entender la crisis de los últimos años: que existe un puñado de empresarios que concentran gran parte del PBI, a lo cual se sumó en 2018 el látigo del FMI.Entre el gobierno de Macri y el de Alberto Fernández (2015-2023), lograron transferirse unos 100.000 millones de dólares desde el sector asalariado, aumentando su participación en la “torta” de riqueza producida, del 40,2 % al 45,3 % entre 2016 y 2022. De este modo, aquel discurso aleja del foco de esa bronca contra la “política tradicional” a banqueros, terratenientes y grandes empresarios, o sea, a quienes están detrás de la existencia de aquella casta política para convertirse en los grandes ganadores de la crisis.

En este mismo sentido, la contraposición del “mercado” y el “estado” que realiza Milei (y que desde el otro lado asume la oposición peronista), enmascara el mismo problema. En el capitalismo en general, y en el capitalismo dependiente argentino en particular, el Estado ha cumplido y cumple históricamente, a través de los partidos de gobierno (pero también de una “casta” de funcionarios más permanentes: operadores judiciales, lobbistas parlamentarios, etc.), un rol en garantizar los negocios de algunos grupos económicos que representan una especie de “elenco estable” de la economía nacional. En Argentina, las 500 empresas más grandes generan el 16 % del PBI, y apenas 20 compañías controlan el 59,3% del total de las exportaciones que realizan dichas 500 grandes empresas. Se trata de una economía fuertemente extranjerizada, concentrada y dependiente del imperialismo. De este modo, un puñado de empresas tienen un peso decisivo sobre la economía nacional y un enorme poder de veto sobre los gobiernos: al controlar una parte importante del comercio exterior, pueden influir en determinar algunas de las variables centrales de la economía local como el precio de las divisas.

Un ejemplo claro de este sector empresarial, que es parte de una verdadera “casta” de poder económico en Argentina, es la empresa Techint y su actual CEO Paolo Rocca. De hecho, se trata de el grupo que más funcionarios ha logrado colocar en el nuevo gobierno de La Libertad Avanza, poniéndolos en sectores claves que se corresponden con sus intereses corporativos. Veamos elementos de su historia y de su esquema de negocios actual para reconocer los “rasgos biográficos” de esta multinacional.

De Italia a Argentina y luego al mundo. La internacionalización de Techint de la mano del Estado

Los vínculos entre Techint y la intervención estatal para garantizar sus negocios, se remontan a sus orígenes en la Italia de Mussolini. Agostino Rocca (fundador de la empresa y abuelo del actual CEO), se había incorporado con 25 años de edad a la acería Dálmine en la ciudad de Bérgamo. A los pocos años, ya bajo el régimen dictatorial de Mussolini, y en el contexto de la crisis mundial de 1930, la empresa fue intervenida, pasando a ser parte de la cúpula del “Instituto para la Reconstrucción Industrial” (IRI), creado para salvar de la quiebra a los principales bancos italianos (Banca Commerciale Italiana, Gruppo Unicredito y el Banco di Roma). Tras la recuperación económica y bajo la dirección estatal del IRI, se fue transformando en un órgano permanente, que se convirtió en un holding del Estado, ganando un fuerte peso en la economía italiana.

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la caída de Mussolini, Rocca debió irse de Italia acusado de colaborar con el régimen fascista. Es entonces que decide trasladarse a Buenos Aires, no sin antes asegurarse algunos negocios. En contacto con el empresario Torcuato Di Tella, y apoyado en sus vínculos con la Dálmine italiana, acuerda un plan de negocios para la fabricación de tubos sin costura para la empresa SIAM. Aunque este no se concretaría, Rocca transformó el proyecto diseñado para Di Tella en Dálmine-Safta (su primera empresa industrial). A partir de allí, y en el marco del gobierno peronista, comenzó a tejer relaciones carnales con el estado argentino. Uno de los grandes proyectos de esa época, de hecho, estuvo muy relacionado con uno de los últimos, evidenciando la continuidad de estos negocios: se trató de la fabricación de caños para el gasoducto “Presidente Perón” (que podríamos señalar como un antecedente del actual “gasoducto Néstor Kirchner, también concedido a la empresa Techint), que debía unir a la provincia de Buenos Aires con los yacimientos gasíferos de Comodoro Rivadavia, iniciado en 1947 y culminado en 1949.

Lejos de ser un “innovador” o un “genio”, Rocca armó un sistema de negocios que consistía en utilizar la matriz energética y la mano de obra especializada formada en las empresas italianas, con las cuales seguía en contacto.Así, pasa a transformarse en contratista privilegiado del estado, en un momento oportuno: la guerra requería la sustitución de importaciones energéticas y América Latina no contaba con la infraestructura para el transporte del gas y el petróleo que requería el mercado. De este modo, la empresa se fue expandiendo, replicando estos trabajos en Chile, Brasil y otros países del continente. Teniendo al Estado como cliente principal y acreedor (y careciendo prácticamente de competencia), la empresa de Rocca comenzó a diversificar su actividad desde la siderurgia a áreas que complementaban este esquema de negocios, como la construcción y la metalurgia, siendo abastecedor de insumos para empresas estatales como YPF y SOMISA. Así, Techint fue rotando durante estos años entre varios países en función de la coyuntura política y económica de cada lugar, replicando proyectos y trasladando equipos. Ya en 1960, contaba con filiales en Argentina, Brasil, Bolivia, México, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela. En Europa, contaba con sedes en Alemania, Francia, Grecia, Portugal y Turquía, además de poseer oficinas en Estados Unidos. Es decir, un vertiginoso proceso de internacionalización de la mano de trabajos realizados para el Estado.

Pese a este crecimiento, el gran salto cualitativo en su expansión comenzó para Techint bajo la última dictadura militar argentina iniciada en 1976, ya con Roberto Rocca (padre de Paolo) a la cabeza. Entre 1976 y 1988, Techint amplió su red comercial instalando oficinas en Estados Unidos y China, multiplicando sus exportaciones por 16 (¡dieciséis veces!). En esos años, adquirió una empresa productora de motores eléctricos; se asoció con capitales extranjeros y nacionales para proveer la instalación de centrales telefónicas; y se abocó a obras públicas en proyectos hidroeléctricos, nucleares, ferrocarrileros, y ligados a rellenos sanitarios. Estas nuevas áreas, le permitieron incursionar ya no como proveedor sino como empresario del sector: precisamente, Tecpetrol S.A fue constituida el 5 de junio de 1981. Nuevamente de la mano del Estado, la empresa logró diversificar aún más sus actividades y transnacionalizar su actividad ( Castro 2012; Beltrán 2018).

No es casualidad entonces, que como uno de sus principales beneficiarios, Techint haya colaborado con el genocidio de clase perpetrado por la dictura de Videla, y antes con la represión paraestatal impulsada por la Triple A. La intención era clara: eliminar a la vanguardia de trabajadores que desde el ciclo abierto en el Cordobazo de 1969 había protagonizado acciones que ponían en cuestión el esquema de negocios del capitalismo argentino, y que habían tenido entre sus protagonistas a los trabajadores metalúrgicos. Entre ellos los de la emblemática Propulsora Metalúrgica, primera planta del Grupo Techint, y a los metalúrgicos de Dálmine-Siderca en Campana. El resultado de la política represiva, que incluyó la puesta en pie de campos de concentración dentro de la propia empresa, fue que hasta hoy en día, Propulsora de Ensenada cuenta con 19 desaparecidos entre trabajadores y ex-trabajadores, 3 asesinados durante el golpe, al menos 11 detenidos o presos, que luego fueron liberados (4 lograron exiliarse). En Dálmine-Siderca, 80 trabajadores y trabajadoras resultaron víctimas de crímenes de lesa humanidad, 39 están desaparecidas, 7 fueron asesinadas y 34 son sobrevivientes. La empresa sigue impune y ningún gobierno se propuso juzgar a los responsables “civiles” integrantes de los grandes grupos económicos.

El resultado de esta colaboración entre Estado y empresas, para avanzar sobre la clase trabajadora, fue claro para el grupo Techint. Como muestra Ana Castellani (Schorr, 2021), entre 1973 y 1983 el grupo pasó de tener 30 empresas a 46, estando entre los principales beneficiarios junto a Pérez Companc (pasó de tener 10 a 54 empresas) y Macri (7 a 47). Vale destacar que entre los mecanismos directos para estas ganancias extraordinarias, se encuentra el proceso de nacionalización de deuda privada llevado a cabo por la dictadura. Techint, junto con otras empresas, estatizaron su deuda privada por un porcentaje equivalente al 18,7 % de la deuda pública de ese momento.

Sobre esta base, la empresa abordó a su otro gran momento de expansión: el menemismo, que con sus políticas neoliberales avanzó en un plan de privatizaciones y reestructuración de la economía que tuvo nuevamente a Techint entre sus principales beneficiarios. Ya en 1990, el grupo se ubicó como socio minoritario del consorcio que obtuvo la licitación para la operación de telefonía básica en la zona Sur, tras el desmantelamiento de Entel. En 1991, participó en las privatizaciones del transporte de cargas ferroviario, en el estratégico ramal (por su ubicación en un cordón agrícola ganadero- exportador) Rosario-Bahía Blanca, obteniendo también concesiones en rutas y peajes. 1992 fue el año récord de la empresa, pues adquirió la empresa estatal Somisa, luego fusionada con Propulsora para formar Siderar (lo cual implicó quedarse como único actor en el mercado siderúrgico del país y como el único productor de aceros planos). Además, logró ampliarse al sector energético, adquiriendo áreas centrales de YPF, la empresa Transportadora Gas del Norte, y Edelap, dedicada al abastecimiento eléctrico. De este modo, Techint se ubicaba en todo el eslabonamiento de una serie de servicios fuertemente vinculados con el Estado, de los cuales, a su vez era proveedor como financista, como constructor y como proveedor de infraestructura (siguiendo el negocio de la fabricación de tubos de acero sin costura, claves para el transporte de gas).

A su vez, vale destacar que este mecanismo asimilable a lo que se denominó “acumulación por desposesión” [1], en este caso consistente en adquirir empresas estatales a bajo costo y con privilegios para acceder a las licitaciones, se replicó en otros países. Así, en 1998 el grupo ganó la privatización de la empresa siderúrgica venezolana Sidor, logrando controlar casi todo el mercado sudamericano. De este modo, aunque la crisis de la convertibilidad y la desindustrialización generada por el menemismo afectaron a la empresa, fue compensado por el crecimiento de sus exportaciones. Si en los 90 ganó con aquel régimen, tras la devaluación del 2002 volvió a verse beneficiado. Casi como si fuera el dueño del país, en 1999, anticipándose a las consecuencias de la crisis desatada en 1998, Rocca anunciaba los ritmos de lo que ocurriría en la política económica años más tarde: “Todo el mundo se da cuenta de que el tipo de cambio fijo es un problema. Este no es el momento para tocar el tipo de cambio. Pero cuando esté consolidado el próximo gobierno, no tendría que haber inconvenientes en poder anunciar con tranquilidad un régimen de fluctuación cambiaria”. (Página 12, 19/08/1999, extraído de: Beltrán, 2018).

Entre 2002 y 2007, el grupo sacó fuertes ventajas de la devaluación aplicada por Duhalde y administrada por Néstor Kirchner, manteniendo buenas relaciones con el gobierno, estableciendo algunos negocios que terminaron siendo investigados como casos de corrupción, como el “caso Skanska”. Sin embargo, una vez que sus niveles de rentabilidad comenzaron a caer, Rocca comenzó a quitar el apoyo político a los kirchner (mediado posteriormente por los conflictos entre la caja de la ANSES y Siderar), pero también por la oposición a las nacionalizaciones de Hugo Chávez, pese a que Néstor Kirchner intervino directamente para mejorar los términos de la indemnización: U$S 1.970 millones recibiría el holding, de los U$S 1.630 millones de valor real por el 60 % de las acciones de la acería venezolana. Ya en 2008, Techint se mostraba inclinándose por un nuevo proceso devaluatorio y buscando una nueva representación política en Roberto Lavagna y luego en Ernesto Saenz. No obstante estas disputas, el grupo mantuvo relaciones con el gobierno mediante el miembro del directorio puesto por el Estado en Sidear: Axel Kicillof, quien apoyó el otorgamiento de préstamos a bajo costo para lo obtención de maquinarias, subsidios de luz y gas, que le valieron a la empresa ganancias extraordinarias entre 2013 y 2014. Como veremos, esto continuaría con el macrismo.

Vale señalar además que, como sucedió previamente, este avance no fue separado de aplicar medidas contra la clase trabajadora, ensayando nuevas formas de flexibilidad laboral en la propia empresa. Paolo Rocca desarrolló un perfil público fuertemente favorable a una reforma laboral que eximiera a las empresas de posibles juicios por tercerización laboral, como se exhibió durante los gobiernos de Kirchner y Macri. El ensayo comenzó en sus propias empresas desde los años 90 y continuó bajo los sucesivos gobiernos, llegando según estimaciones sindicales a representar un 50% del total de los empleados de las 6 plantas siderúrgicas de Techint (un número por encima del promedio nacional). En el caso de Siderar, se dio una especie de división generacional entre los ex obreros de Somisa y las nuevas generaciones sometidas a una mayor rotación y precarización del trabajo, creando distintos modos de socialización y sindicalización al interior de las empresas. El objetivo no sólo era económico, sino que estaba vinculado a romper los lazos entre distintas generaciones de trabajadores y eliminar sus tradiciones combativas.

Profundización del giro a la actividad petrolera, la especulación financiera y la evasión fiscal

Hacia comienzos del siglo XXI, el proceso que venimos describiendo daba el resultado de un grupo multinacional, con la mayor parte de sus inversiones fuera de las fronteras de Argentina: “alrededor del 85% de los activos de sus principales firmas, el 80% de sus ventas y el 57% de sus empleados provenían de 86 filiales en el exterior, situadas en 27 países diferentes”. Actualmente, Techint se ubica como el principal productor de tubos sin costura en el mundo, y posee unas 100 empresas con unos 20 mil empleados. Como hemos señalado, esta explosiva expansión hubiese sido imposible sin el impulso estatal. Y en Argentina, dada la diversidad de sus actividades, el grupo tiene presencia para hacer lobby y crear influencias sobre sobre los gobiernos mediante distintas vías institucionales: el Centro de Industriales Siderúrgicos, la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de la Construcción, el Consejo Empresario Argentino y la Asociación Empresaria Argentina. A esto se suma la colocación directa de funcionarios en el gobierno, que se profundizó con Milei, además de mecanismos indirectos como la presión sobre el tipo de cambio, o directamente mediante la corrupción de funcionarios.

Durante los últimos años, esta posición se combinó con un fuerte giro hacia el universo de la producción de hidrocarburos y la especulación financiera, dos de los signos que marcan el esquema de negocios que rige a lo que hemos llamado el “régimen del FMI”. La obtención de divisas mediante la explotación de los bienes comunes naturales, que en parte terminan siendo destinados al pago de la deuda y en otra parte a la fuga de capitales .

Aunque el sector hidrocarburífero ya había sido generosamente “estimulado” vía subsidios y exenciones impositivas por Cristina Fernández -con la perspectiva de explotar Vaca Muerta-, impulsando convenios con Chevron y otras empresas. Tras la llegada de Cambiemos al gobierno, junto con el avance en la desregulación del sector financiero, se impulsó la dolarización (y convergencia de valores internacionales) del sector, siendo el empresariado petrolero uno de los más beneficiados por la recomposición de sus precios (Schorr, 2021; Mercatante, 2019). Esto tuvo aparejado la permanente puja por “corregir” los precios de mercado, es decir, impulsar tarifazos sobre la energía para que la clase trabajadora pague el costo de este esquema de negocios.

Para ese entonces, Techint ya tenía un sistema de negocios armado en torno al sector y a los potenciales beneficios en Vaca Muerta. Aunque el primer proyecto masivo de inversiones se realizó entre los años 2014 y 2015 (abarcando centralmente el acuerdo entre YPF y Chevrón en el área Loma Campana), esto se complementó en los años siguientes (sobre todo a partir de 2017) con la fuerte presencia de Tecpetrol en el área de Fortín de Piedra. Esta zona había sido adquirida por Techint en 1992 por la suma de us$ 6.600.000, lo cual resultó curioso por ser un monto alto para una zona de baja productividad. Sin embargo, el secreto estaba en que las áreas adyacentes ya habían sido exploradas por YPF, asegurando posibles beneficios en la zona, a lo cual se sumó la cercanía con zonas gasíferas. Ya durante el macrismo, como ha sido investigado (Sabbatella y Nunes Chas, 2020), la empresa fue beneficiada por la conformación de lo que se denomina “ámbito privilegiado de acumulación de capital”: “Mediante la Resolución 46-e/2017 del ex Ministerio de energía y Minería de la nación, se creó un programa de estímulo a la producción de gas no convencional, al cual tecpetrol se adhirió con su proyecto de producción de shale gas en el yacimiento”. A esto se deben sumar los beneficios directos de los planes “Plan Gas IV”, impulsado por el gobierno del Frente de Todos, y el Plan Gas No Convencional, implementado por el gobierno de Macri, que establecen “estímulos” a la explotación petrolera. Entre enero de 2022 y mayo de 2023, la petrolera de Paolo Rocca recibió $17.169.611.251. A esto se suman los negocios extraordinarios que tienen al estado como cliente (accediendo a ello mediante concursos atravesados por tramas de corrupción) como la provisión de caños para el gasoducto Néstor Kirchner por US$ 700 millones, y la licitación para construirlo por unos US$ 1.800 millones.

Para dar una idea del enorme negocio que esto significa, podemos señalar que en 2019 Tecpetrol sumó ingresos por más de $ 64.000 millones, entre los que se incluyen $ 13.000 millones en subsidios del Estado nacional por la explotación de Vaca Muerta. En 2019, Tecpetrol logró quedarse con $ 4.200 millones de utilidades netas. Los márgenes de utilidad alcanzaron el 6,5%. Como expresión del parasitismo del grupo, resulta interesante señalar que al año siguiente, en 2020, con el inicio de la pandemia, la empresa inscribió a sus trabajadores en el ATP para que el Estado abone el 50 % de sus salarios, incluyendo en la lista al CEO de Techint construcciones, Carlos Eduardo Bacher.

Todas estas ganancias se dan a costa, además, de un enorme impacto ambiental y en vidas obreras. En un contexto mundial signado por la crisis climática y ecológica producida en gran parte por la explotación de combustibles fósiles, la técnica del fracking alimenta y recrudece los efectos: contaminación de ríos, aridez de las tierras, sismos y generación de basurales a cielo abierto. Por otra parte, las condiciones de trabajo brutales en el sector petrolero, garantizadas por leyes a medida de las empresas e implementadas con la complicidad de las burocracias sindicales del sector, habilitaron que en los últimos años se repitan las noticias de muertes por accidentes laborales y enfermedades de todo tipo vinculadas a la actividad petrolera.

En los últimos años, el grupo Techint se incorporó a la extracción de litio en el país, mediante la adquisición del 54% de las acciones de la empresa minera canadiense Alpha Lithium. Uno de los proyectos, ubicado en el Salar Tolillar en Salta, abarca 27.500 hectáreas y ya ha completado la construcción de una planta piloto que actualmente tiene una capacidad de 25 toneladas por año de carbonato de litio equivalente (LCE) y puede procesar alrededor de 1000 litros de salmuera por hora. Como ha sido denunciado, los métodos de extracción, ya sea el evaporítico convencional o el llamado de extracción directa patentada por Livent (DLE, por sus siglas en inglés), consumen enormes cantidades de agua salada y dulce, en una zona caracterizada por la aridez. Esto afecta las cuencas endorreicas y los humedales, que se secan, como las vegas del Río Trapiche en el Salar del Hombre Muerto.

Finalmente, vale destacar que todas estas ganancias obtenidas por el grupo, están lejos de representar algún tipo de “beneficio para el país”. Techint no sólo avanzó en un proceso de deslocalización de sus empresas (de hecho hoy las oficinas de la empresa están radicadas en Países Bajos), sino que logró crear toda una serie de mecanismos de evasión fiscal a lo largo del mundo, creando “empresas fantasmas” o “cáscaras” para “timbear” del dinero obtenido. La mejor muestra de ello es la enorme cantidad de empresas “cáscaras” (casi sin empleados, sin inversión y solo dedicadas a la actividad financiera) en Uruguay, país que otorga muchas ventajas legales en este sentido. En aquel país, Techint cuenta con 14 empresas que en el año 2021 facturaron 7.418 millones de dólares, equivalente al 13% del PBI del país oriental, sin destacar ninguna actividad productiva. Como señala un estudio reciente: "La estructura internacionalizada de Techint facilita la realización de maniobras de manipulación y simulación con la finalidad de eludir y evadir normas tributarias, cambiarias, laborales, etc., de espacios territoriales, así como también, fugar capitales a plazas financieras para su posterior valorización financiera. El objetivo de la planificación fiscal consiste en trasladar ganancias y capitales al exterior hacia países de baja tributación. En este caso, las empresas del grupo Techint en Uruguay se constituyen como cáscaras sin detentar capital fijo. Algunas poseen la particularidad de haber sido registradas como empresas PYMES a pesar de su millonaria facturación". (Gaggero y Zanotti, 2022)

Es decir, se trata de una gran multinacional con un peso decisivo en algunos de los principales resortes de la economía argentina. Al compás del “régimen del FMI”, Techint se fue acomodando (como a lo largo de toda su historia) al esquema de negocios centrado en el extractivismo y la evasión fiscal, apoyándose en todo tipo de beneficios por parte del estado, desde licitaciones (atravesadas por causas de corrupción) hasta subsidios (pese a las ganancias extraordinarias) y normativas específicas en el mundo del trabajo. De este modo, observamos que la empresa logró imponer sus condiciones gobierno tras gobierno, sin importar el signo político, formando una verdadera “casta” (un linaje de poderosos nacido hace más de 80 años) que tiene poder de veto sobre aspectos centrales de la economía nacional.

Colonización del gobierno y lucha de clases

En 1964, Milcíades Peña señalaba en su artículo “Rasgos biográficos de la famosa burguesía industrial argentina”, que la misma era innegablemente popular en aquellos días: “tan famosa como la Dolores de Calatayud y, como esta, absolutamente inocente de las pasiones nacional revolucionarias que le atribuyen sus exaltados festejantes”. De este modo, advertía que las esperanzas sobre su capacidad de oponerse a la dominación imperialista sobre el país, que le atribuían algunos pensadores ligados al peronismo como Jorge Abelardo Ramos o Rodolfo Puiggrós, carecía de bases de sustento. Por el contrario, demostraba pormenorizadamente como aquel sector de las clases dominantes estaba íntimamente ligado a los elementos que se beneficiaban del atraso de la economía nacional: los terratenientes y los capitales extranjeros. Por otra parte, esa burguesía, aunque circunstancialmente tuviese roces con aquellos sectores, temía mucho más al impulso de la acción revolucionaria de las masas que a los posibles avances del imperialismo. Es decir, Peña sostenía que desde el punto de vista de su posición ante las tareas de la liberación nacional, o sea, expulsar al imperialismo y liquidar a los terratenientes, la burguesía nacional era una clase contrarrevolucionaria y antinacional, ya que estaba en contra de las mismas.

Hoy, la “fama” de esa burguesía prácticamente ha desaparecido. No sólo los actuales ideólogos del peronismo (si es que se puede hablar de tal sujeto) han cedido a todo discurso antiimperialista (renunciando a consignas elementales como el no pago de la deuda externa), sino que las propias transformaciones de la economía nacional desde la década del 90 dieron por tierra con aquella perspectiva. Aunque fue un rasgo tendencial durante toda su historia, el neoliberalismo impuso un predominio aplastante del capital extranjero sobre el nacional en la economía local, marcando una declinación de esa fracción de la burguesía en el esquema de negocios argentino. Por otra parte, empresas como Techint, como hemos visto, avanzaron en la transnacionalización y deslocalización. Sus vínculos con el país, por ende, son profundamente parasitarios: inmiscuirse en la política local, en las distintas cajas oscuras del estado, para obtener beneficios extraordinarios que son rápidamente dirigidos a paraísos fiscales.

La crisis de los partidos políticos tradicionales, entre otras cuestiones, tiene que ver con su absoluta incapacidad o con su completo desinterés (en el caso del PRO), por ser representantes políticos de esta burguesía, de sostener un proyecto político alternativo al que propone el FMI, lo cual implica necesariamente apostar a una fuerte transferencia de ingresos de los asalariados a los capitalistas, avanzar en el coloniaje y declararle la guerra a la clase trabajadora.

El gobierno de Milei, más allá de su discurso “anti casta”, está profundamente atravesado por esta dinámica. No sólo sostiene el acuerdo con el FMI que determina gran parte del rumbo de la economía argentina, sino que su gobierno fue colonizado por uno de los representantes más importantes de la “casta empresarial” local: el grupo Techint. Como evidencia de su carácter acomodaticio (ponen “un huevo en cada canasta”), Rocca pasó de apoyar a Massa, a financiar a Milei en menos de un año. En diciembre de 2022 había dicho en una entrevista "le quiero agradecer muy especialmente a Sergio, más allá que estemos o no de acuerdo en todas las medidas que vaya a tomar o haya tomado, quiero reconocer el extraordinario esfuerzo que está haciendo desde la posición de ministro de Economía, en guiar una economía en una situación difícil”. Sin embargo, en paralelo fue uno de los principales aportantes de campaña para el triunfo de Milei (Inurban Inversiones Urbanas Nuevo Milenio SA, una constructora del grupo aportó 20 millones, estando entre los principales cinco “accionistas” de LLA). Como premio, el grupo se quedó con el manejo de YPF, donde pusieron a Horacio Marin, proveniente de Tecpetrol, la empresa del grupo en Vaca Muerta y colocaron a Julio Cordero, abogado de la empresa, nada menos que en la Secretaría de Trabajo (ex Ministerio de trabajo), desde donde se comandan los despidos en el sector público. Desde estas posiciones, el grupo comanda la formulación de una reforma laboral, además de haber dictado varias leyes a medida contempladas en el DNU y la Ley Ómnibus.

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Por lo dicho hasta aquí, se pueden extraer unas breves conclusiones. En primer lugar, que toda política contra “la casta” que no mencione a los grandes empresarios del país, y al grupo Techint en particular, es una operación ideológica destinada a esconder a las clases dominantes del país como actores fundamentales para entender la realidad política, económica y social del país. O dicho de otra forma, para ocultar a la clase capitalista como grupo dominante: si la sociedad está dividida entre “políticos” y “la gente”, se borra la división de clases que atraviesa al capitalismo entre explotados y explotadores. A su vez, esta operación permite encubrir el carácter de clase del estado argentino y su profunda vinculación con los grandes capitales. Por otra parte, el odio legítimo de una parte de la población a los partidos políticos tradicionales tiene que ser dirigido también a los empresarios. Desde la izquierda venimos planteando esta perspectiva en función de que las y los trabajadores puedan reconocer (como decía el viejo George Engel) “quiénes son sus amigos y quiénes sus enemigos”. Tanto el modelo empresarial de Milei como el “estatista” del peronismo, ocultan los múltiples lazos que unen estado y empresariado en Argentina. El carácter dependiente y semicolonial del país, se ancla, en parte, en esa interrelación.

En un país semicolonial y dependiente como Argentina, no existe posibilidad de una salida que sea favorable a las masas trabajadoras sin terminar con el sometimiento al FMI y sus socios locales. Si la “democracia” consiste en ir a votar cada dos años pero los que deciden todos los días están encerrados en oficinas a miles de kilómetros, se vuelve necesario expresar el descontento en las calles e imponer una serie de medidas que nos hagan salir del espiral de crisis cíclicas y saqueos nacionales. Dejar de pagar la ilegítima e ilegal deuda externa, nacionalizar los bancos y el comercio exterior para terminar con la fuga de capitales, y que los salarios sean actualizados automáticamente en relación a la inflación son algunas medidas urgentes en este sentido. Hoy esa perspectiva puede ser encarnada mediante la coordinación de todas las luchas en curso, el establecimiento de un plan de lucha y una huelga general hasta derrocar el ajuste de Milei.

De lo que se trata, desde nuestro punto de vista, es de transformar el odio contra “la casta” en “odio de clase”, en lucha de clases. En las últimas semanas los trabajadores siderúrgicos de Campana se vienen movilizando contra el virtual cierre de Siderar. En las calles cantan “Techint, basura, vos sos la dictadura”. Ahí, en los estudiantes, en las asambleas barriales, en las y los jubilados, está la fuerza para dar esta pelea.

Bibliografía

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