Diputados. Las SAS: cómo se lava dinero con una ley del Congreso

Las SAS (Sociedades por Acciones Simplificadas) son ejemplo de una faceta muy poco comentada y debatida en nuestro país: herramientas legales que vota el Congreso que se suman al andamiaje que ayuda al lavado de activos, la evasión y la elusión fiscal. El narcotráfico fue uno de los negocios beneficiado por la ley que las creó, como demuestra un caso emblema de Rosario. Pero también es utilizada por negocios legales.

Este tipo de sociedades se puso en discusión esta semana en la Cámara de Diputados, a partir de una iniciativa del Frente de Todos que propone un “régimen para transparentarlas”. Invitaron especialistas este jueves, donde quedaron expuestos algunos mecanismos para el lavado de activos y la evasión, con las SAS y otras herramientas. Las exposiciones dejaron al desnudo la necesaria participación estatal en ese entramado. A veces más directa, y otras más indirecta con la ausencia de controles en diferentes ámbitos. Juntos por el Cambio defendió a rajatabla esta legislación que es de su autoría y se opone a cualquier modificación. El oficialismo ahora promueve algunos cambios, intentando borrar que fueron un actor clave para su creación, con sus votos en el Congreso.

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¿Qué son las SAS y cómo funcionan para el lavado de activos?

Uno de los casos que explica el uso que se le ha dado a las SAS está en una investigación judicial de narcotráfico de la ciudad de Rosario. Se descubrió que dos integrantes de la banda “Los Monos” crearon un conglomerado de 40 SAS entre 2018 y 2020 para emitir facturas truchas y así lavar dinero proveniente de ese mercado ilegal. Uno de ellos figuraba como integrante de 29 de esas sociedades. Durante ese período, con esa cobertura legal pudieron “blanquear” $731.485.532 con 8.544 facturas truchas.

“La Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) permite constituir una sociedad de manera rápida y simple a menor costo” explica la página de la AFIP. En 24 horas mediante un trámite online, con mínimos requisitos, cualquiera puede formar este tipo de sociedades y empezar a emitir facturas. “Quienes se encuentren inscriptos como SAS no se encuentran obligados a presentar documentación respaldatoria respecto de sus bienes o cuentas bancarias para solicitar la habilitación de emisión de comprobantes ´A´” completa el instructivo del organismo gubernamental. Un trámite express, y fuera del alcance de controles posteriores. Una ventana legal ideal y atractiva para los circuitos que buscan lavar dinero.

Fue el fiscal de Santa Fe, Walter Rodríguez, quien estuvo a cargo de la investigación que descubrió las 40 SAS de dos miembros de la banda “Los Monos”, y dio detalles en la Comisión de Legislación General de este jueves. Explicó que las 40 sociedades, interrelacionadas entre sí, fueron todas inscriptas en CABA aunque sus integrantes tenían domicilio en Rosario. En ese momento, la jurisdicción porteña era una de las más flexibles para crearlas. En la investigación encontraron otras características: las facturas se emitieron desde dispositivos radicados en su mayoría en el exterior, y las sociedades se mantenían activas por entre 3 y 4 meses. “Cuando percibían algún tipo de control de AFIP, abandonaban el funcionamiento, constituían una nueva, y seguían con misma mecánica” informó el fiscal.

Una de las características de las SAS es que pueden declarar cualquier domicilio sin ningún tipo de certificación del mismo. “En algunos casos se puso de domicilio una plaza, una casa donde no vivía nadie, o numero inventado. Es imposible controlarlas”, completó el inspector general de la IGJ, Ricardo Nissen. “Son sociedades para usarlas y tirarlas”, remató.

Este tipo societario está por fuera de la regulación de la ley general de sociedades, escapando a la obligatoriedad de determinados controles. Por ejemplo no tener que presentar sus estados contables. Cuenta con otras facilidades que detallaron otros expositores. “El 98% de las 12.000 SAS que se inscribieron en la IGJ hasta octubre de 2022, lo hicieron con un estatuto modelo que prevé 43 actividades. Desde agropecuarias, un kiosko, extraer petróleo, o una clínica médica”, dijo otro miembro de ese organismo. El resultado: nadie sabe a qué se dedican verdaderamente, no se conocen sus movimientos patrimoniales, no presentan estados contables, ni hay control de domicilio. Un círculo perfecto con un cartel luminoso de “venga a lavar dinero aquí”.

Un funcionario de la AFIP, brindó más detalles sobre la relación entre las SAS y las facturas truchas. Hasta el 23 de abril de este año “Hay un total de 53.866 SAS, de las cuales 8.980 no se sabe a qué efectos se crearon ya que no tienen ningún impuesto activo”. Luego expuso que, según registros oficiales, “las maniobras de facturación apócrifa es una de las principales fuentes de evasión. La magnitud de este delito tributario se vio incrementada en años previos a la pandemia como consecuencia de la creación de las SAS en 2017”. Mostró con un cuadro que desde ese año se incrementó el volumen de facturas truchas, y las SAS representaron más del 70% de los créditos apócrifos en 2019.

Desde la UIF, Unidad de Información Financiera, revelaron que una investigación del período 2017-2020 arrojó que en nuestro país hay dos tipos societarios catalogados de “alto riesgo” para el lavado de activos: las empresas extranjeras y las SAS. Es decir, son las más utilizadas para esos fines. Aunque las empresas extranjeras aparecieron como el otro de los canales predilectos para el lavado de activos, ningún diputado ni de Juntos por el Cambio ni del Frente de Todos se escandalizó. Tampoco solicitaron más información al respecto para abordarlo como problema. Pasó así, desapercibido.

El juez de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta, aclaró que el uso de estas herramientas societarias no solo sirven para las actividades ilícitas, son también para “la evasión de mercados formales”. Es que otra de las facilidades de las SAS es impositiva: pueden obtener rebajas de hasta un 75% del impuesto a las ganancias por la inversión de capital. Un “capital de inversión” del que nadie pide explicaciones sobre su origen. Así, también es un atractivo para grandes empresas.

¿Quién votó las SAS?

La creación de este tipo societario se remonta a épocas del gobierno de Mauricio Macri. En 2016, bajo el nombre de “Ley de Apoyo al Capital Emprendedor” ingresó como proyecto con la firma de Gabriela Michetti, Marcos Peña y Alfonso Prat Gay.

Rodeada de discursos de “fomento del emprendedurismo” típicos en la ahora opositora alianza de Juntos por el Cambio, la experiencia en los más de 6 años desde su creación echa luz sobre sus usos.

“Parece que los emprendedores eran ´los Monos´" dijo sobre las SAS la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman. Fue cuando se debatió en marzo de este año un proyecto para crear nuevos cargos en el sistema judicial en la provincia de Santa Fe. Uno de los expositores de la IGJ aseguró este jueves “No tienen nada de emprendedores los que hacen las SAS. Vivos todos. Emprendedores ninguno”.

A fines del 2016, la Cámara de Diputados dio media sanción a ese “proyecto emprendedor” con 189 votos afirmativos, 7 negativos y 9 abstenciones. Es decir, tuvo un acompañamiento amplísimo de diputados y diputadas que hoy integran el Frente de Todos. Además del PRO y la UCR que fueron sus impulsores, en la nómina de quienes apoyaron con su voto la creación de las SAS están los nombres de Axel Kicillof, Wado de Pedro, Juliana Di Tullio, Mayra Mendoza, Rodolfo Tailhade, “Cuervo" Larroque, entre otros, también del massismo. Los únicos que la rechazaron y votaron en contra fueron: los cuatro diputados del Frente de Izquierda, Alcira Argumedo, un solo diputado del actual oficialismo, y otro de un bloque de Chubut. En esa sesión, el Frente de Izquierda dejó sentada su posición y alertó de muchos de los problemas que hoy se enumeran.

Las SAS se convirtieron en ley con la aprobación en el Senado que fue en marzo de 2017. Cosechó 59 votos afirmativos y ninguno negativo. Nuevamente, actuales integrantes del oficialismo la acompañaron como José Mayans, Omar Perotti (actual gobernador de Santa Fe), y Anabel Fernández Sagasti.

El proyecto que ahora presenta el Frente de Todos propone “un régimen de transparencia” de las SAS. Lleva la firma de Germán Martínez, Cecilia Moreau y Paula Penacca, y pretende incorporar algunos requisitos elementales para la inscripción de una SAS, junto con otros mecanismos que permitan controlarlas. Aunque no hubo ninguna explicación ni alusión al apoyo que le dieron para permitir su creación.

No es que los actuales diputados del Frente de Todos recién se desayunan la relación entre las SAS y el lavado de activos o la evasión. Fue parte de la discusión en el recinto, y aún así decidieron apoyarla. La intervención de Axel Kicillof en aquella sesión en diputados de 2016 lo grafica: “creemos que bajo el disfraz del emprendedurismo puede ocultarse cierto tipo de decisiones empresarias que pueden valerse de este régimen para posibilitar las peores intenciones de evasión, elusión fiscal y negocios espurios” dijo. Pero acto seguido, Kicillof aclaró “Apoyamos la iniciativa porque no tenemos ninguna objeción a que pequeñas decisiones de emprendedores puedan ser fomentadas y acompañadas”.

Según lo que informaron los especialistas que expusieron este jueves, en la actualidad hay dos jurisdicciones que son las más elegidas para crear SAS. Una es la que actualmente gobierna Axel Kicillof, la provincia de Buenos Aires. La otra es Córdoba, gobernada por Schiaretti. Dos lugares donde ofrecen las condiciones más flexibles y menos controles sobre las SAS. Los expositores contaron que, anteriormente, la predilecta era CABA, gobernada por Horacio Rodríguez Larreta. Pero luego de unas resoluciones de la IGJ que le puso algunos límites a esa laxitud, “los emprendedores” migraron a otros pagos. El juez de la Corte de Santa Fe calificó este mecanismo de elegir la jurisdicción más conveniente para crear la sociedad como un "forum shopping".

Aunque los expositores aclararon que no todas las SAS se conforman para el lavado de activos, y la identificaron como una buena iniciativa para sectores como el de “economía del conocimiento”, dejaron evidencia de las consecuencias de su flexibilidad. Algunos de sus defensores lo hicieron “en nombre de las Pymes”. En ese punto, desde la AFIP lo pusieron en duda con datos: “del total de las 53.866 SAS que fueron creadas, un 50% (27.332) no han tramitado como Pymes”.

La punta del iceberg

Hubo expositores que dejaron al descubierto un problema estructural que pone al Estado como facilitador del lavado o la evasión. El juez santafesino Erbetta fue enfático con un concepto: “No hay controles efectivos en nuestro país” en referencia a diversos organismos del estado y dio varios ejemplos. Se refirió al descontrol en la Hidrovía, o irregularidades del tipo “que un estudio jurídico sea la sede de 100 sociedades”. Agregó sospechas sobre un caso ocurrido en Rosario donde “caen 3 Agentes de Bolsa con una tradición histórica. Desaparecen de una día para otro. Y yo pregunto qué pasó con las Comisión Nacional de Valores que supuestamente debe hacer inspecciones periódicas”. Otro ejemplo: “tenemos investigaciones donde claramente se visualiza la forma fácil en que ingresa ese dinero por ejemplo a asaciones mutuales” en referencia al lavado o la evasión de mercados ilegales y legales. No faltó la mención a un actor estatal clave: las fuerzas de seguridad. El juez indicó que fue la policía de Santa Fe la que desreguló el micro mercado de droga, cediendo control del territorio y pasando a gerenciar estos negocios. Aunque no fue parte de la exposición de Erbetta, el poder judicial también ha sido señalado como parte del entramado narco en varias oportunidades. Uno de los más emblemáticos fue el caso del ex jefe de fiscales de Rosario (Patricio Serjal): señalado por recibir coimas del juego clandestino ligado a bandas narco criminales.

Las SAS son apenas la punta del iceberg de mecanismos extendidos en nuestro país donde se benefician negocios legales e ilegales para evadir, eludir o directamente lavar dinero. A la vez demuestran cómo el Congreso, con acuerdo de las fuerzas mayoritarias, tiene una gran biblioteca de leyes que sirven a los intereses de los grandes poderes económicos.

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