Precarización laboral. Las mujeres suman el 60% de inscripciones en el Registro de la Economía Popular

Un nuevo anuncio fue dado por el Gobierno, esta vez de la mano del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En el mismo se indica la inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP) de 2.830.520 personas.

más de un millón y medio de las incripciones (60%) corresponde a mujeres, y el segundo el amplio registro de jóvenes de entre los 18 y 35 años.

Es importante señalar que las personas que se inscriben en este registro realizan actividades informales y precarias, esto hace que no tengan acceso a derechos como una obra social, aportes jubilatorios, vacaciones o aguinaldo.

De acuerdo a sus registros hay dos datos muy significativos: el primero es que más de un millón y medio de las incripciones (60%) corresponde a mujeres, y el segundo el amplio registro de jóvenes de entre los 18 y 35 años.

En los inicios de la pandemia, durante el año pasado, el director Nacional de Economía Social y Desarrollo local, Pablo Chena, señaló que desde el gobierno estiman que hay alrededor de seis millones de personas que se encuentran por fuera del mercado laboral formal.

Decía el funcionario: “Nuestro objetivo es expandir la economía formal a la economía popular, no tratar de meter gente de la economía popular a la economía formal”. Poniendo negro sobre blanco desde el gobierno se apunta a institucionalizar la precariedad laboral. Tanto la informalidad como las tareas más precarias siguen estando sobrerrepresentadas por las mujeres, de acuerdo a los mismos datos dados por el gobierno.

Siguiendo con la información dada a conocer por las autoridades nacionales, si se tiene en cuenta las ramas de actividad: “los Servicios Personales y los Servicios Socio Comunitarios concentran el 61,6%. Dentro de estos grupos, la mayoría son trabajadores/as de comedores y merenderos”.

Que las mujeres realizan en su gran mayoría trabajos precarios no es algo nuevo. En argentina, 1.730.000 mujeres trabajan en casas particulares, de las cuales 1.215.000 lo realizan en la informalidad, según los datos aportados por el Instituto de Estadística y Censos (Indec). Son sostenes de hogar en casi un 42% y el resto, contribuye con su salario a la economía del hogar junto a otros ingresos.

En el conurbano bonaerense, el sector que compone el trabajo doméstico y tareas de cuidado en casas particulares es con 92%, mayoritariamente femenino y a la vez es uno de los más precarizados con el 77,1% de mujeres en situación de trabajo o registrado.

Por otra parte según las inscripciones que recibieron en el ReNaTEP, muchas personas trabajan en comedores comunitarios. En este sentido no podemos dejar de mencionar que como señalábamos en esta nota, a esas mujeres que viven en barrios vulnerables y que garantizan la comida para cientos de personas a diario, el gobierno les paga con planes o programas sociales a través de la inscripción en el Registro Nacional de Comedores, en donde se las define como “colaboradoras” y no como trabajadoras.

Te puede interesar: Las mujeres hacen trabajo comunitario pero el Estado lo considera una "colaboración"

Cadena de precarización

En principio la inscripción en este registro permitiría que quienes realizan actividades informales puedan acceder a un monotributo social, es decir que puedan facturar por la tarea realizada, como así también pagar la mitad de los aportes para tener una obra social.

Sin embargo un dato no menor a tener en cuenta es que estar registrado en el ReNaTEP facilita el acceso a otro programa: Potenciar Trabajo.
¿De qué se trata? El objetivo está planteado para “reforzar y mejorar la situación laboral”. Básicamente se trata de un subsidio que es igual al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil, es decir 14.040 pesos.

Durante el año 2020 la crisis económica agudizada por la pandemia arrojó ganadores y perdedores. Las mujeres jóvenes (14 a 29 años) fueron las más afectadas ya que la desocupación llegó al 28,5%. Si tenemos en cuenta la información que surge del anuncio del gobierno es fácil deducir, además, que las que pueden conseguir un trabajo lo hacen en la informalidad.

La imposibilidad de insertarse en el mercado laboral registrado para las mujeres cada vez es más difícil. Uno de los factores decisivos es el tiempo que tienen que dedicar a las tareas de cuidado. En este sentido el Frente de Izquierda Unidad plantea la reducción de la jornada laboral a seis horas, sin pérdida de salario para que puedan repartirse esos puestos de trabajo entre ocupados y desocupados. De modo que esos seis millones de personas que hoy el gobierno se encarga de que continúen en la informalidad bajo el título de “trabajadores y trabajadoras de la economía popular” accedan finalmente a un sueldo y a derechos que por el momento le siguen siendo negados.

Por otra parte si los anuncios de planes y programas para paliar mínimamente las condiciones de vida de las mujeres de los sectores más vulnerables no cuentan con las partidas presupuestarias necesarias, entonces estamos frente a declaraciones de intención y no a decisiones políticas serias que permitan cambiar la realidad material de la mayoría de las mujeres.