Desde el inicio del DNU 260/20, los gobiernos nacional y provincial solo han emitido resoluciones ministeriales y lineamientos del consejo provincial de educación que no dan respuesta para las familias de niñas, niños y jóvenes estudiantes y atacan los derechos laborales de los trabajadores de la educación.
Martes 27 de octubre de 2020 09:25
Hace una semana el gobierno provincial del MPN a través de la Ministra de Educación, Cristina Storioni dio a conocer cuadernillos en los que proponen Orientaciones para pensar las Prácticas de Evaluación y acreditación en contexto de excepcionalidad, obedeciendo a lo que plantean los documentos del Consejo Federal de Educación que dirige el Ministro Trotta.
El cuerpo colegiado del Consejo Provincial de Educación (CPE), emitió las resoluciones 0505/20 y 0506/20, entre otras, firmadas por unanimidad desde el MPN al vocal por la comunidad Leandro Policani y a los vocales gremiales del TEP (representación sindical de afiliación al Frente de Todos),en la que se plantea una serie de indicaciones para la evaluación, acreditación y promoción de estudiantes en contexto de pandemia.
En el cuerpo de esas resoluciones se establece como una unidad pedagógica “la trayectoria escolar” del año 2020- 2021, tanto para el nivel inicial, primario, secundario y las diferentes modalidades en los establecimientos públicos, de gestión estatal y privada de toda la provincia. Y la evaluación en términos conceptuales, bajo los términos “aprobado o en proceso” (pendiente de acreditación) para aquellos estudiantes que no tuvieron contacto con la escuela ni con sus docentes.
Estos lineamientos, una vez más, están muy alejados de dar una solución a la realidad que viene atravesando la comunidad educativa y que los trabajadores de la educación vienen denunciando desde que empezó la pandemia del Covid-19. El Estado se desentendió de garantizar el derecho a la educación en este contexto. No solo no garantizó conectividad sino tampoco condiciones básicas de vida para estudiantes, sus familias y docentes.
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El gobierno aprovecho en estos 7 meses para avanzar en quitarse responsabilidad y delegarla en la escuela, los docentes y las familias. Política que viene de la mano de las reformas educativas promovidas por organismos internacionales como el Banco Mundial o el FMI, que una vez más trae planes de ajuste que implicaran no solo menor presupuesto educativo sino políticas que implicaran mayores niveles de pobreza, la desocupación y problemas de acceso a la vivienda.
No es responsabilidad de las escuelas, de los docentes ni de los estudiantes la política económica que viene haciendo el gobierno en cuanto a no garantizar la educación pública en este contexto. Los trabajadores de la educación no somos responsables de la evaluación y acreditación cuando el gobierno no garantizo el acceso a la educación.
Los supuestos nuevos lineamientos son viejas recetas a los problemas educativos. No hay respuestas de fondo. Por ejemplo en el plano laboral se plantea “la redefinición de los roles, funciones y recursos humanos” en un claro ejemplo de reforma laboral. Además “se habilitaran tutorías” (figura docente para acompañar y recuperar contenidos priorizados) y se proponen “recuperar los PMI (Proyectos de Mejora Institucional)”. Ambos planes precarizan las condiciones de trabajo y estudio y le asignan a los directivos un rol administrador restándole su rol pedagógico. Además en el nivel superior se busca “ fortalecer” las prácticas con “instituciones co formadoras” que abren la puerta a las instituciones privadas o empresas petroleras como ya se avanzó en el nivel medio dejando al descubierto una educación para el modelo productivo de la provincia y del país y no a dar lugar a la construcción del saber desde una mirada integral.
En el aspecto educativo plantea “un acompañamiento al estudiantado en condiciones situadas, en un ambiente colaborativo, cooperante y resiliente (términos que aplican las reformas globales) que permita evaluar en condiciones contextuales”. Una formalidad más, ya que en estos 7 meses de pandemia el gobierno provincial desvío los fondos del presupuesto educativo no solo porque no garantizo los medios para llevar adelante la educación sino también porque decidió no cubrir las vacantes tanto de horas y cargos para que los niños, niñas y estudiantes acceden al derecho a la educación.
Las tan proclamadas trayectorias socioeducativas, que promueven los lineamientos del gobierno, como la enseñanza-evaluación y la necesidad de acreditación demuestran una vez más que lo importante es el tránsito por la escuela y no el verdadero aprendizaje. El gobierno tiene que garantizar el ingreso la permanencia y el egreso con un presupuesto acorde y con medidas urgentes, para ello deberían romper con los ajustes fiscales propuestos por el FMI y el Banco Mundial y no usar a la educación y a la salud pública como variable de ajuste.
Firmar estas resoluciones significan querer instalar la idea de un ciclo lectivo “normal”. No hubo tal normalidad, vivimos una pandemia y hubo políticas que solo se limitaron a encerrarnos sin poner el dinero para salud. El mismo gobierno que se endeudo por 140 millones de dólares para invertirlo en salud es el que manejo discrecionalmente el presupuesto educativo que redujo el presupuesto, cuando era necesario proveer a las familias de todos los medios necesarios para que se conectaran con sus docentes, herramientas, WiFi o en su defecto, paquetes de datos, guardó cargos y horas con el objetivo de “bajar el déficit fiscal”, la frase preferida de todos los ministros de economía cuya línea política es favorecer a empresarios, especuladores y al Banco Mundial y el FMI.
En este contexto la dirección del sindicato aten en manos del tep firmó con el gobierno resoluciones alejadas de la realidad que atraviesa la escuela pública sin consultar al conjunto de los trabajadores de la educación. Desde la comodidad que le otorgan sus puestos en el cpe, no han convocado a ninguna instancia de organización, ni encuentro de trabajadores ni asambleas. Contrariamente a la tradición del democrático aten un par de dirigentes resuelven por los miles de trabajadores de la educación que hay en la provincia.
Desde la agrupación Negra en el Frente Bermellón e independientes, rechazan la Propuesta de Lineamientos Jurisdiccionales en Contextos de Excepcionalidad del gobierno provincial del MPN.
Exigen a la conducción de aten que convoque a asambleas para debatir y decidir sobre los lineamientos jurisdiccionales y del CFE y por todas las demandas que atraviesa la educación pública y sus trabajadores.
Convocamos a todos los y las compañeras a debatir en las escuelas estos lineamientos que son un avance concreto en contra de las condiciones educativas y laborales.
Fernanda Vargas
Secretaria de prensa Aten Plottier, integrante agrupación Negra