DEBATES EN LA IZQUIERDA. Lawfare, corrupción y respeto por la casta judicial: debate con las tergiversaciones del PO

La tergiversación de posiciones es ya un clásico en el PO. Una costumbre que, desde los tiempos de Altamira, se mantiene con fuerza en la redacción de Prensa Obrera. En las últimas horas volvimos a presenciar algo de esto. En un artículo firmado por Roberto Gellert a propósito de la condena a Lázaro Báez se recortan cuidadosamente las citas de otro publicado en La Izquierda Diario. Lo que podría ser un interesante debate sobre un tema más que espinoso -que hace al núcleo del funcionamiento de los Gobiernos capitalistas y por el cuál incluso han caído presidentes en la región- es convertido por el PO en una polémica fácil, construyendo una versión falsa y simplificada de las posiciones del PTS.

La consecuencia es una exposición de las posiciones del propio Partido Obrero acerca de los debates sobre la casta judicial, la corrupción y el lawfare. Descorriendo el velo de las palabras pretenciosas y las frases abstractas, encontramos una política que bien podría definirse como un notorio respeto hacia la casta judicial.

Sobre los modos de citar

Empecemos por lo más burdo del asunto. El columnista del PO, repitiendo una maniobra tradicional, omite linkear la nota con la que polemiza. Nosotros lo haremos por él.

Gellert critica el artículo Lucha contra la corrupción sí, casta judicial y persecución política no, publicado en La Izquierda Diario pocas horas después de la condena a Lázaro Báez, sus hijos y su entorno por lavado de dinero. La condena a 12 años contra el empresario amigo de Néstor y Cristina Kirchner constituyó un hecho que sacudió el tablero político nacional. Más abajo nos referiremos a eso. Ahora volvamos a la polémica.

El artículo de PO afirma que el PTS escribe “Detrás del festejo de la derecha se esconde una operación política similar a la que se han visto muchas veces en América Latina, donde el poder judicial actúa como puntal de los ataques a las libertades democráticas que consiste en la persecución y eventual proscripción de las figuras políticas que no se subordinan a los intereses del gran capital”.

Pero el artículo en La Izquierda Diario dice, textualmente, que “el Poder Judicial actúa como puntal de un ataque a las libertades democráticas que consiste en la persecución y eventual proscripción de las figuras políticas que no se subordinan completamente a los intereses del gran capital”.

El “completamente” no puede ser ignorado. Hace a la explicación de la tensión que existe entre las fracciones más concentradas de la clase dominante y el kirchnerismo como corriente política. El gran empresariado no lo considera su personal político directo. No porque los doce años de esos gobiernos hayan significado un desafío al poder capitalista, sino porque -expresando las tensiones sociales que recorrían el país tras la crítica situación del 2001- esa fuerza se vio forzada a una demagogia constante hacia las grandes masas, cimentada -en parte- a base de un relato contra “las corporaciones”. La emergencia y construcción de Cambiemos fue la vía por la que el poder económico buscó forjar ese personal político directo.

Sería una completa pérdida de tiempo citar aquí las innumerables críticas que pueblan La Izquierda Diario, Ideas de Izquierda y las redes sociales de los principales referentes públicos del PTS contra el kirchnerismo y su subordinación al gran capital. El PO insiste desde hace años con la muletilla del “seguidismo” de nuestro partido a esa corriente. Definición que, por algún extraño e incomprensible motivo, no se aplica a sí mismo tras haber compartido la dirección de la FUBA con los kirchneristas de Patria Grande durante largos años y hasta con La Cámpora de Máximo Kirchner y Andrés Larroque en el último período. Política que, además, fue funcional a encubrir al peronismo histórico que anida -aliado al sector progre- en las aulas de la universidad porteña.

Volviendo al fallo sobre Lázaro Báez, ¿Cómo explica el PO la euforia desencajada que se apoderó de la gran corporación mediática en las horas posteriores al fallo judicial? Tal vez no considere necesario analizar la algarabía de los Magnetto, los Mitre o los Saguier. Pero no puede esquivar su existencia.

¿Esto implica que la gestión del Frente de Todos se opone a los intereses del gran capital? Nadie sensato sostendría eso. Por el contrario, Alberto Fernández avanza en la aplicación de un plan de ajuste en función de hacer “sustentables” los pagos de la deuda pública. De allí que el Frente de Izquierda sea un férreo opositor tanto a la escandalosa sumisión al gran capital financiero internacional, como al conjunto de medidas destinadas a garantizar las ganancias del empresariado en detrimento de las mayorías populares.

De juicios y manipulaciones

Nuestro crítico pretende apurarnos. “Pero PTS: ¿Báez debe ir preso o no? ¿No ha sido él junto a Néstor, Cristina y Alicia causante del vaciamiento de Santa Cruz en desmedro de los docentes, trabajadores de la salud, docentes, cuyas jubilaciones y salarios llegaron a niveles de miseria como fruto de esta política? Esto es omitido puntillosamente por el PTS, que según se deduce de su planteo debiera plantear la libertad de Báez”.

La “deducción” corre por cuenta de Prensa Obrera o del autor de la nota. En ninguna parte del artículo se afirma que Báez sea inocente. Al contrario, señala el lavado de dinero, detalla el enriquecimiento acelerado del empresario y reafirma su ligazón con el poder político del kirchnerismo. Además, denuncia los negociados de la patria contratista, ocurridos bajo todos los gobiernos en las últimas décadas.

Los hechos de corrupción son tan públicos como evidentes. Tanto que ni defensores de Báez -como Parrilli- pueden demostrar que no hayan tenido lugar. La multiplicación exponencial de su patrimonio se certifica en el salto, en pocas décadas, de una a 1412 propiedades diseminadas en el mapa nacional. La relación estrecha con el poder político reemerge si se recuerda que Austral Construcciones fue creada legalmente horas antes de que iniciara la gestión kirchnerista, en 2003.

El ex empresario entró a tallar como parte de una trama de corrupción y negociados en la obra pública que precedió a los años kirchneristas, pero continuó en estos. Lo confirmó, allá por agosto de 2018, la misma Cristina Kirchner cuando en una sesión del Senado osó preguntar “¿Ustedes creen que la patria contratista y la cartelización de la obra pública empezó el 25 de mayo de 2003?”.

Ahora bien, partiendo de este hecho irrefutable, cabría preguntarle a Prensa Obrera ¿considera que no existe ningún tipo de instrumentalización y parcialidad en el conjunto de los procesos que se llevan adelante por corrupción en la obra pública? ¿Cómo explica sino la ausencia de ese enorme conglomerado de apellidos ligados a la patria contratista? ¿En qué banquillo están sentados los funcionarios macristas que ocuparon el poder estatal durante cuatro años?

Solo el grupo Clarín o un ciego podrían negar el intento de instrumentalización de estas causas por corrupción para dirigirlas contra la figura de Cristina Kirchner.

Pero el autor de la nota elige guardar silencio sobre estas cuestiones. Partiendo del hecho cierto de la corrupción, plantea que debe reclamarse “que toda la patria contratista que gobernó con el kirchnerismo y el macrismo comparezca en el banquillo de los acusados (…) reclamar que sean juzgados toda la patria contratista y sus funcionarios políticos coloca una denuncia sobre la totalidad del régimen político que gobernó en las últimas décadas”.

La afirmación, genéricamente correcta, no parte de la realidad política. La casta judicial es un actor evidente en las internas capitalistas y actúa inclinando la balanza hacia un lado o el otro. ¿Se puede hacer caso omiso de las operaciones montadas por la casta judicial de los Rosenkrantz, Lorenzetti, Lijo, Ercolini, Stornelli o Campagnoli, por citar aleatoriamente? ¿Se puede creer en la imparcialidad de la casta históricamente operada por los Stiuso, los Angelici o los Javier Fernández?

La posición del artículo de Prensa Obrera se acerca a una mirada idílica, casi aséptica del Poder Judicial. No está de más recordar que, hace algunos años, Néstor Pitrola defendió al fiscal José María Campagnoli, pidiendo su reposición en la causa en la que se investigaba la corrupción bajo los años kirchneristas.

En esa misma sintonía, el artículo de Prensa Obrera ni siquiera problematiza la resolución del Tribunal Oral Federal N° 4. Pero, como señala un reciente artículo de elDiarioAr, el fallo contra Báez sienta un precedente al validar el acuerdo de arrepentimiento firmado entre el fiscal Marijuán y Leonardo Fariña, a pesar de que éste no pudo demostrar todo lo denunciado.

La decisión permite la utilización a otra escala de la figura del arrepentido. El precedente podría ser utilizado, por ejemplo, en la llamada Causa de los Cuadernos, nacida de las fotocopias de unos cuadernos incinerados, escritos por un chofer que -mágicamente- adivinaba la cantidad de dinero existente en un bolso con solo mirarlo. En la misma, que corrió inicialmente a cargo del difunto Bonadio, los empresarios “arrepentidos” salieron rápidamente de la lista de investigados.

Lawfare y libertades democráticas

El PO termina negando la existencia del lawfare. Amparándose en una denuncia general contra el conjunto de las instituciones del Estado burgués, niega los usos políticos de las causas judiciales y el papel relevante que puede jugar el Poder Judicial a la hora de definir la escena nacional.

Cualquier análisis serio de la realidad latinoamericana en la última década no puede prescindir de la actuación política de la casta judicial. Jueces y fiscales -bajo la nada neutral influencia de EE.UU.- convirtieron a las causas de corrupción en el motor de una mayor penetración imperialista.

¿Podría explicarse el triunfo de Bolsonaro sin la monstruosa operación montada con el Lava Jato -hoy en crisis- para impulsar la destitución de Dilma Rousseff y la posterior detención de Lula? Hacer esta definición no implica tomar partido por el PT, que aplicaba un ajuste abierto desde 2013. Precisamente, el golpe institucional se sostuvo sobre la necesidad burguesa de conquistar un Gobierno aún más ajustador, como fue el de Temer. Posteriormente, como es sabido, la semi-proscripción del PT habilitó el triunfo del candidato del PSL.

Sin embargo, en el marco de la presión creada por el conjunto del régimen golpista, corrientes políticas de la izquierda brasilera cedieron a la presión de plantear una suerte de “cárcel a todos los corruptos” [1].

Salvando múltiples diferencias, es posible establecer una comparación con la política local. El ascenso político de Cambiemos habilitó una proliferación notoria de causas contra los entonces ex funcionarios, muchas de ellas nacidas de denuncias que databan de varios años antes. Si las mismas no habían llegado a los estrados judiciales se debió, esencialmente, al pacto que existió entre el kirchnerismo y la casta judicial. Pacto sonorizado, entre otros, por los apellidos Oyarbide y Stiuso.

Partiendo de hechos escandalosos de corrupción (¿cómo olvidar los bolsos de José López?), en el nuevo Gobierno las causas judiciales se convirtieron en instrumentos para debilitar y subordinar a una fracción política burguesa. En ese sentido, hubo similitudes a lo acontecido en Brasil. Estas afirmaciones, reiteramos, no niegan la corrupción de los años kirchneristas. La Masacre de Once es uno de los más dramáticos testimonios de esas prácticas.

La política del PO, al ignorar las operaciones judiciales de lawfare, termina siendo funcional al discurso de la derecha política y mediática. Es Gellert el que, al no separarse de manera tajante de la casta judicial, “le regala un sector de las masas populares a la demagogia de la derecha”.

Agreguemos una cuestión esencial. La proscripción de un candidato o de una fuerza política por medio de operaciones político-judiciales conlleva un recorte de las libertades democráticas. Bajo este esquema, un juez podría terminar siendo quien habilite o censure una candidatura.

Como marxistas revolucionarios estamos obligados a luchar políticamente contra las corrientes burguesas, más allá de su signo y su relato. Sin embargo, avalar la censura de una de ellas por parte de otras equivale a estrechar la posibilidad de las masas de ejercer -aun en los limitados marcos de la democracia capitalista- su derecho a decidir. Todo ataque de este tipo termina recayendo, en última instancia, sobre la clase obrera y las mayorías populares [2]. Denunciarlos y enfrentarlos resulta primordial para facilitar el terreno de la lucha revolucionaria de la clase obrera.

De reformas, programas y políticas

En la polémica, Prensa Obrera señala que “El PTS propone una salida parlamentaria, cuyos términos están atados a una reforma judicial. Cabe preguntarse si el juicio por jurados es una salida al problema de la corrupción capitalista, que es intrínseca a este régimen”.

Aquí la tergiversación y el recorte vuelven a escena. En su forzada polémica, Prensa Obrera solo menciona los aspectos programáticos, pero elimina una frase de la nota de LID en la que se señala que esas medidas se planten en “la perspectiva de terminar con esta Justicia de clase y el sistema que la sostiene, donde miles de hijos de los sectores populares pueblan las cárceles mientras los ricos delinquen a gusto y piacere”.

¿Dónde está la parte “parlamentaria” de la reforma? El PTS siempre ha planteado la pelea por juicios por jurado y la elección popular de los jueces como parte de una política integral que -mientras apuesta al desarrollo de las tendencias a la autoorganización de las masas- despliega iniciativas y tácticas para socavar la confianza de éstas en los múltiples mecanismos de engaño del Estado burgués. La tan proclamada división de poderes resulta un engranaje esencial de esa maquinaria.

Al polemista se le suma un problema adicional. El Frente de Izquierda Unidad, en su declaración programática de 2019, plantea en el punto 16 la “Elección popular de fiscales y jueces con mandatos revocables. Eliminación de todos sus privilegios de casta. Juicios por jurados”. Ese texto, del que ninguna de las fuerzas integrantes ha renegado, se puede encontrar no solo en La Izquierda Diario sino también en el sitio de Prensa Obrera. ¿Gellert pedirá que el PO retire su firma? ¿Solicitará al menos que sea bajada del sitio web propio? Preguntas de difícil respuesta.

Detrás de los argumentos forzados y los recortes de citas se esconde una posición política de rechazo a cualquier demanda democrática que cuestione los privilegios y el poder de la casta judicial.

Pero, ¿cómo enfrentar ese andamiaje que da sustento a un poder que, orgullosa y conceptualmente, se define como “contramayoritario”? ¿Cómo se avanza en cuestionar una casta aristocrática, ligada por múltiples vínculos al poder económico y político?

La respuesta programática del PO se hace rogar. Más bien, se nos convida con una definición abstracta, metafísica. Recordando la experiencia de la Comuna de París, el autor nos dice que “la supresión de la legislación reaccionaria y de los organismos de espionaje contra la clase obrera no será el resultado de una acción parlamentaria sino de la destrucción del Estado capitalista (…) Se trata de la lucha de clases y de cómo la clase obrera se yergue en una clase consciente de su papel histórico y lucha por suprimir la explotación de la fuerza de trabajo obrera, destruyendo el Estado capitalista y todas sus manifestaciones. Por eso frente a la disputa de las facciones capitalistas: independencia política de los trabajadores”.

La definición resulta tan adecuada para 1871 como para 2021. Funciona ante los debates a los que hacemos referencia y ante cualquier otro eventual tema en el que pueda existir polémica en la izquierda obrera y socialista. Es decir, no responde a los problemas políticos actuales que debe enfrentar una política revolucionara.

Añadamos que el autor olvida o ignora una de las conclusiones fundamentales de la Comuna. Por suerte, Karl Marx siempre nos puede recordar que “los funcionarios judiciales debían perder aquella fingida independencia que sólo había servido para disfrazar su abyecta sumisión a los sucesivos gobiernos, ante los cuales iban prestando y violando, sucesivamente, el juramento de fidelidad. Igual que los demás funcionarios públicos, los magistrados y los jueces habían de ser funcionarios electivos, responsables y revocables”.

El programa de la revocabilidad y la liquidación de los privilegios materiales resultan fundamentales para avanzar en enfrentar el poder de la casta judicial. Negarse a levantar demandas democráticas como estas -en una perspectiva transicional que cuestione el conjunto del Estado burgués- implica dejar la política de lado en aras de un normativismo abstracto. Equivale a evadir una pelea fundamental en la que también se disputa la conciencia de las masas.

Imposible no recordar aquel 4 de agosto de 2016, cuando con la excepción del Partido Obrero, toda la izquierda -más allá de las diferencias políticas- condenó el burdo intento de detener a Hebe de Bonafini. Por el contrario, Néstor Pitrola decidió pedirle a la dirigente de Madres que “se aviniera” a declarar ante el juez Martínez de Georgi. Una decisión demasiado alejada de “la destrucción del Estado burgués” que se vocifera en un portal web.